La soberanía popular a merced de las togas

El panorama político español se asemeja a la teoría del filósofo presocrático Zenón de Elea, que argumentaba que una flecha disparada no se mueve, puesto que el movimiento no existe. En  la política española ocurre algo similar, parece como si no pasase el tiempo, da igual el momento, porque ya se encarga la derecha extrema y la extrema derecha de repetir continuamente la misma situación vivida con anterioridad, que no es otra que deslegitimar la voluntad popular expresada en las urnas cuando no obtienen el resultado electoral deseado.

Es un bucle que lo vivimos cuando ganó las elecciones Rodríguez Zapatero, cuando prosperó la moción de censura contra M. Rajoy y con las elecciones de 2019 que propiciaron el actual gobierno de coalición y en esas se encuentran las derechas, instaladas en el  discurso de negar legitimidad al gobierno de coalición y para ello todo vale. Tampoco nos debería de extrañar todo esto, pues a lo largo de la historia ha sido una constante esta forma de actuar, como es el caso de los dos periodos republicanos, que como no fueron del gusto de la derecha española, lo que no ganaron en las urnas, lo lograron en el caso de la I República de la mano del general Pavía y en la II República con el golpe de Estado de Franco.

Es conveniente no pasar por alto los arrebatos a los que nos tienen acostumbrados cuando hay procesos electorales en Catalunya, la Comunidad Autónoma Vasca o en la Comunidad Foral de Navarra, pues siempre tienen la misma solución al problema: ilegalizar todo aquello que no les gusta y en algunos casos, como es en Navarra, les entra la histeria porque las opciones independistas son imprescindibles para que haya gobiernos de progreso.

No soportan el no controlar los poderes legislativo y ejecutivo. Toda esta forma de actuar de las derechas españolas acaba teniendo una consecuencia letal, que no es otra que el discurso golpista de la extrema derecha acaba engullendo a toda la derecha española y se enzarzan en una competición por ver quien va más lejos, y empujados por esa inercia del todo vale, acaban actuando al margen de los estándares democráticos.

Desde los días previos a la votación de investidura en enero de 2020 hasta hoy no han escatimado recursos para derribar a este gobierno y la inmensa mayoría de ellos al margen de los cauces democráticos. Los días previos a la investidura de Sánchez ya enseñaron sus credenciales, cuando algunos diputados del PSOE recibieron amenazas para que votaran en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Esto no era más que el principio de la estrategia de acoso y derribo al actual gobierno y para ello la única solución que se les pasa por la cabeza es un golpe de estado, ahora bien, ¿qué tipo de golpe? ¿a la antigua usanza? Es aquí donde a algunos les pueden surgir las dudas. La extrema derecha no ha tenido ni tiene dudas al respecto, ha realizado varios guiños a los militares y en algunos casos, sencilla y llanamente, ha solicitado su intervención. El resto de la derecha no es que le haga ascos, pero son más de guardar las formas. Ellos no van a hacer un llamamiento de esa naturaleza, pero si se da la oportunidad, les faltará tiempo para apuntarse.

Ante esta disyuntiva, la derecha ha apostado por el comodín del Poder Judicial. Es consciente que mientras este Gobierno no se atreva a presentar en el Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que se cambien las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siguen teniendo el control de la Justicia. Esta estrategia ya la utilizaron durante el periodo en el que Zapatero fue presidente del Gobierno y la siguen utilizando, viendo los excelentes réditos que obtienen.

Desde que en 1985 el Gobierno de Felipe González aprobó la LOPJ la derecha ha tenido fijación con esa ley. Nunca le gustó la fórmula de elección del CGPJ. No olvidaré aquellos años en la facultad de derecho en la que el profesorado conservador aprovechaba cualquier clase que impartían para denunciar que esa ley quebrantaba la separación de poderes, los mismos docentes que no dudaban en alabar la legislación administrativa o procesal aprobada durante la dictadura franquista. Así funcionan las cosas en la derecha española.

Curiosamente, la contradicción le surge a la derecha cuando suele llegar al gobierno porque nunca ha tocado esa ley. Se ha beneficiado de ella y como el PSOE no deja de ser un partido del régimen siempre ha aceptado los acuerdos que le han ofrecido los diferentes gobiernos del PP para la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, pero en los que el PP salía beneficiado, pues era el partido que gobernaba.

La derecha siempre ha intentado hacer un discurso tramposo en lo referente a la elección del Poder Judicial. Plantean que sean los jueces los que elijan a los órganos del Poder Judicial, todo ello sustentado en la separación de poderes y sin que intervengan en su elección los otros dos poderes, el Legislativo y Ejecutivo. Este planteamiento obvia algo tan importante como que la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. Y con la actual Constitución en la mano la única fórmula para que el Poder Judicial emane del pueblo es mediante su elección por parte de quienes son sus representantes.

En los países con democracias representativas hay diferentes sistemas de elección, pero me voy a quedar con el existente en EEUU, nada sospechoso de izquierdoso ni de bolivariano. En el caso norteamericano el Tribunal Supremo es elegido por el presidente de EEUU con el consejo y consentimiento del Senado que lo tiene que confirmar. Los jueces federales suelen ser elegidos de forma similar a los del Tribunal Supremo. Y por lo que respecta al resto de los jueces, suelen ser elegidos de varias formas: Los hay donde los elige la Asamblea Legislativa de cada Estado, es decir, el poder legislativo, en otros Estado es el Gobernador el que los elige, es de decir, el poder ejecutivo y hay estados donde son elegidos mediante votación directa. En ningún caso son elegidos entre los propios jueces.

El problema radica en dos cuestiones: En primer lugar, la judicatura española no fue depurada de elementos franquistas, puesto que los mismos que dictaban sentencias en el Tribunal de Orden Público contra militantes antifranquistas, pasaron a impartir justicias desde la Audiencia Nacional y siguieron subiendo en el escalafón hasta llegar en algunos casos al Tribunal Supremo ¿se puede imaginar uno un juez leal a los principios del movimiento nacional impartiendo justicia bajo unos parámetros democráticos? La derecha es la mejor conocedora de todo esto y en segundo lugar, algo tan o más importante es que el acceso a la judicatura, como a otros cuerpos de la Administración del Estado, en la realidad es muy restringido para la población. Son cuerpos en los que los apellidos pesan mucho, no es extraño encontrar sagas familiares. No hay que olvidar que son oposiciones que su preparación conlleva un coste económico nada desdeñable. En ese caldo de cultivo la derecha sabe que tiene todas las de ganar. Así las cosas hay una oligarquía judicial que controla el Poder judicial.

Ante esta situación el Gobierno de coalición ha actuado acomplejado y en cierta forma dividido, porque desde Unidas Podemos siempre han tenido claro que era primordial modificar las mayorías para la elección del CGPJ. La propuesta de UP era reformular el concepto de mayorías, pasando de tres quintas partes a mayoría absoluta y que estuviera apoyada por un número de grupos parlamentarios. Estuvieron a punto de sacar esta reforma adelante pero al final el PSOE, que no deja de ejercer de partido del régimen dio un paso atrás.

Ahora el problema es que al no haber actuado con anterioridad y dejarlo para el final de la legislatura le está pasando factura, pues la derecha política y judicial se veían que lograban llegar a las elecciones del año que viene siguiendo todo como hasta ahora. Al impulsar el Gobierno esta reforma con cierta urgencia, la derecha que probablemente no se esperara este movimiento ha decido romper el juego parlamentario e intentar dar un golpe de estado a través de los jueces conservadores del TC.

El acto de recurrir al Tribunal Constitucional para que paralice el debate de la modificación de una ley en el Congreso, no es que vaya contra el Estado de derecho, es que va en contra de toda esencia democrática. Esto va más allá de la judicialización de la política, es un intento de golpe de Estado para lo que necesita la cooperación necesaria de quien va a estudiar dicho recurso, en este caso el TC. Si finamente prohíbe el poder debatir y votar una modificación legislativa, sería de facto la suspensión de la potestad legislativa del Parlamento. Esto no sería una intromisión de un Poder en otro, sino la toma del Poder por parte de una aristocracia judicial.

Lo que se está dilucidando no es que el TC estudie si una ley aprobada por el Parlamento es constitucional o, por el contrario, vulnera algún precepto constitucional. Lo que se está poniendo sobre la mesa es si el Poder Legislativo tiene potestad para poder realizar su labor legislativa sin tutelas externas. Sería entendible que después de que se aprobase el proyecto de ley fuese recurrido ante el TC, pero si todavía no se sabe ni cómo va a quedar redactado, y con el añadido que posteriormente tiene que pasar por el Senado ¿qué amparo constitucional solicita la derecha? ¿que el TC consiga lo que en el Congreso y Senado no puede lograr porque es  minoría? Sin duda, esto es un golpe de Estado.

Es curioso ver como en el PSOE y los medios de comunicación progresistas han saltado todas las alarmas, sobre todo porque el TC va a estudiar el amparo solicitado por el PP para evitar el debate y aprobación de una ley por parte del Congreso. Habría que recordarles que el PP no es la primera vez que utiliza este método para cercenar debates en un órgano legislativo. El Gobierno de M. Rajoy lo hizo de forma reiterada para prohibir debates en el Parlament de Catalunya. En ese momento el PSOE no ofreció ninguna resistencia y la prensa progresista no se manifestó con la misma fuerza que ahora. Y en ese momento se estaba creando un precedente gravísimo, porque se llamó  golpistas a los que ponían urnas y demócratas a los que aplicaban el 155 y amordazaban al Parlament al prohibir adoptar debatir y adoptar resoluciones.

He dejado para el final una cuestión que desde este lado del Atlántico parece que no se le está dando la importancia que tiene. Todos los think tank de las derechas golpistas latinoamericanas tienen conexiones con las derechas españolas que últimamente está muy activas en Latinoamérica, sobre todo VOX. Y los resultados en esa parte del globo los estamos viendo a diario Cada vez que pueden las derechas utilizan cualquier fórmula para derrocar a los gobiernos de izquierdas.

Es imposible saber cuál será la decisión del TC, si prosperarán las recusaciones presentadas por el PSOE y UP contra algunos magistrados por tener interés directo en que no se renueve el TC. Lo que no cabe dida es que la situación es de extremada gravedad y, como es de suponer, no se espera ninguna comparecencia del inquilino de la Zarzuela.