Enseñanzas que nos deja el cierre de Egunkaria

Enseñanzas que nos deja el cierre de Egunkaria

El pasado sábado se podía leer en la edición digital del diario Berria, que su director, Martxelo Otamendi, se jubila. El decano de los directores “con obligado pasaporte español” ha llegado a la edad de jubilación. Y no se retira por gusto, pero, como bien dice, hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Enamorado de su profesión, piensa seguir unido a ella, aunque de forma menos intensa.

El hecho que Martxelo Otamendi de un paso a un lado, después de 30 años dirigiendo primero el diario Euskaldun Egunkaria y posteriormente el diario Berria, y que este año se cumplieran 20 años del cierre de Egunkaria por orden del juez de la Audiencia Nacional (AN), Juan del Olmo, fue la excusa perfecta para que un grupo de personas del mundo de la cultura y el periodismo de Madrid organizasen el pasado jueves 1 de junio, un acto-homenaje al diario Egunkaria y a su director Martxelo Otamendi en el Ateneo La Maliciosa[1].

Para quienes desconozcan lo que hace 20 años sucedió con el diario Euskaldun Egunkaria y haciendo un esfuerzo para poder sintetizarlo en pocas líneas, decir que el 20 de febrero de 2003, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó el cierre del diario y detuvo a diez personas de la dirección del periódico, de las cuales cinco sufrieron un proceso judicial que se alargó hasta 2010, año en el que fueron juzgados y absueltos, con una sentencia de las más duras que ha dictado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la que desmontaba una a una todas las acusaciones existentes, dejando a la altura del betún todas actuaciones del juez instructor Juan del Olmo.

La Sala de lo Penal de la AN recoge en su sentencia que el cierre no se ajustó a derecho, pues vulneró derechos fundamentales como la libertad de información y expresión, obviando preceptos constitucionales que garantizan estos derechos y que los acusados en ningún momento habían incurrido en delito alguno, pero el daño estaba hecho. El calvario que pasaron los cinco personas que se sentaron en el banquillo es indescriptible, y como muestra, reseñar las palabras del presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Gómez Bermúdez, en este acto. Arrancó su intervención diciendo que el caso Egunkaria “fue un error judicial enorme, al menos en la fase de instrucción”, para llegar a afirmar que “el Tribunal tuvo la firme convicción que en este caso hubo malos tratos y torturas” y en la sentencia, la Sala de lo Penal reprocha la falta de control de la incomunicación por parte del juez instructor.

La comunidad euskaldun[2] se vio privada del único periódico escrito íntegramente en euskera, si bien, fue momentáneamente, porque los 150 trabajadores de Egunkaria se pusieron manos a la obra para que al día siguiente saliera un periódico de 16 páginas, gracias a la infraestructura de un diario local de Gipuzkoa. Fueron un ejemplo que perdurará en el tiempo. Por lo que respecta a la respuesta de la ciudadanía fue histórica, en Donostia se vivió la manifestación más grande que ha habido en esa ciudad, hubo una movilización sin precedentes en todo Euskal Herria que superó cualquier previsión y las muestras de solidaridad se dieron a nivel internacional. El Estado se encontró con una respuesta que no esperaba.

Después haber asistido al acto-homenaje a Martxelo Otamendi, que éste lo hizo extensivo a todos los trabajadores de Egunkaria, creo que es necesario hacer una reflexión sosegada de lo que se vivió hace 20 años, desde la perspectiva de lo que estamos viviendo en la actualidad, porque algunas de las intervenciones del jueves en el Ateneo La Maliciosa, sin hacer una comparación directa entre aquella época y el momento actual, dieron algunos datos que permiten relacionar ambos contextos.

Intervención de Martxelo Otamendi
Intervención de Martxelo Otamendi

Algunos de los intervinientes, en concreto los periodistas Luís Rodríguez de Aizpeolea y Martxelo Otamendi contextualizaron el cierre del diario Egunkaria y la detención de sus directivos en un momento muy concreto: gobernaba Aznar con mayoría absoluta y desde 2001 la derecha mediática, es decir, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, estaban inmersos en una guerra sin cuartel contra el nacionalismo vasco en su conjunto, elevando el tono de sus comentarios, e intentando criminalizar instituciones, partidos y medios de comunicación que no comulgaban con sus postulados. Era una campaña en la que se criminalizaron ideas políticas. En su particular ofensiva inquisitorial cabían todos: desde el entonces lehendakari Ibarretxe, pasando por entidades financieras, centros educativos que representaban un modelo educativo diferente al que a ellos les gustaría, hasta editoriales y distribuidoras de libros. La teoría del todo es ETA era una larga sombra que teniendo su inicio en los autos del juez Garzón, se extendía como una mancha de aceite por tertulias, editoriales de prensa y todo ello con la finalidad de dar cobertura mediática a la política desplegada por el gobierno de Aznar.

Si uno se para a pensar un momento, lo primero que le viene a la cabeza es que han pasado 20 años y la situación empieza a tener tintes bastante similares, con el agravante de que es susceptible de empeorar. Acabamos de vivir una campaña electoral por parte de la derecha extrema y la extrema derecha que en su mayor parte ha girado alrededor de ETA, organización que dejó de atentar hace más de once años y que hace más de cinco años de disolvió, y la derecha mediática ha sido el altavoz de ese mensaje. Todo esto ha sido algo más que la campaña del barro. La derecha mediática está haciendo el papel que le han asignado para allanar el camino a un futuro gobierno PP-VOX y la deriva autoritaria que puede tomar.

Si a principios de siglo el gobierno de Aznar aprobó una nueva Ley de Partidos Políticos, con la finalidad de ilegalizar a izquierda abertzale, en esta campaña algunos líderes de la extrema derecha, con Ayuso a la cabeza, han vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de ilegalizar a EH Bildu, aunque los órganos judiciales españoles manifestaron en su momento que reunía todos los requisitos para ser un partido legal. Es por ello que plantean modificar la actual legislación para darle una nueva vuelta de tuerca, con la finalidad de lograr sus objetivos.

No parece que hayamos avanzado mucho, más bien se están dando pasos atrás. Hasta ahora este tipo de medidas sólo se han aplicado en lo relacionado con el contencioso vasco, pero no sería nada descabellado que quieran dar un paso más allá. Y me estoy refiriendo a que con un gobierno de mayoría absoluta de la extrema derecha se extendiesen estas políticas a partidos y organizaciones de otras latitudes que en la actualidad están sufriendo un auténtico linchamiento mediático por los mismos medios de comunicación que a principios de los años 2000 actuaron de forma similar con Egunkaria, la izquierda abertzale y el nacionalismo vasco en general. Sin duda alguna uno de los puntos de mira podría ser Catalunya y los partidos independentistas y no sería descartable que todo lo que se mueve a la izquierda del PSOE fuese otra diana. Frases repetidas a modo de martillo pilón, gobierno ilegítimo, socialcomunistas, bolivarianos, enemigos de la unidad de España, etc…, sirven para ir preparando a la opinión pública para justificar otro tipo de actuaciones.

Las enseñanzas que nos ha dejado el caso Egunkaria son varias. La primera es el riesgo latente a que se sigan vulnerando derechos fundamentales, como la libertad de información y expresión, que empiezan por apuntar a todos aquellos medios que no siguen la línea editorial de la derecha mediática, para que un gobierno afín pase a otra fase. Y esto es extensible a partidos políticos y todo tipo de organizaciones políticas y del tejido asociativo.

Y para finalizar, el otro aprendizaje que nos deja este caso es que una respuesta tan masiva y contundente, como la que dio la sociedad vasca, sirvió para que el Estado fuese consiente que había encontrado algo más que una piedra en un zapato. Es primordial una sociedad organizada y movilizada para frenar el cercenamiento de los derechos y libertades fundamentes por parte de gobiernos con tics totalitario

[1] Quien esté interesado en ver el acto-homenaje, dejo el enlace de la crónica que Iñaki Alrui ha escrito en loquesomos.org y donde se puede ver el acto-homenaje en su totalidad: https://loquesomos.org/madrid-un-abrazo-solidario-a-egunkaria/

[2] Euskaldun: Persona que habla euskera.

Egunkaria libre!
Cartel en favor del diario Egunkaria

Belloch. Una imagen cutre del estado de derecho

Belloch. Una imagen cutre del estado de derecho

Hay una película americana de 1992 titulada Algunos hombres buenos, cuyo protagonista es Tom Cruise, (1992), un teniente de la Marina de EEUU que le asignan la defensa de dos marines estadounidenses, acusados de haber asesinado a un compañero en la base militar de Guantánamo (Cuba).

En el interrogatorio que Tom Cruise realiza en la vista oral al comandante  de la base militar, tiene la habilidad de lograr sacarlo de sus casillas hasta el extremo que acaba reconociendo que había dado la orden a los dos acusados de aplicar un código rojo al marine asesinado. Un código rojo no es otra cosa que aplicar un castigo al margen de las normas de régimen interno. Y como cabe de esperar, estas cosas no suelen terminar bien, en este caso acabo en muerte.

La escena del interrogatorio al comandante de la base de Guantánamo es muy interesante. El militar interrogado, embriagado de ardor guerrero, le responde al abogado defensor con la siguiente frase: “no tengo ni el tiempo ni las ganas de explicarme ante un hombre (se refiere al abogado) que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en el que la proporciono”. En resumen, y para que todo el mundo lo entienda: para salvaguardar la libertad, el ejército estadounidense tiene barra libre para todo, el fin justifica los medios. En el Estado español la frase análoga sería la que dijo Felipe González: “el Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas” y dentro de ella todos tenemos claro a qué se refería.

Lo anterior no deja de ser una película que nos puede servir para conocer como son las cosas entre EEUU y, en concreto, entre sus militares, sobre todo en lugares como Guantánamo, que se ha convertido en los últimos veinte años en una macro cárcel de prisioneros procedentes en su inmensa mayoría de Oriente Medio, y donde los derechos fundamentales de los detenidos no existen, están privados de libertad de forma indefinida, sin ningún tipo de protección jurídica.

A diferencia de la película Algunos hombres buenos, últimamente algunos exministros del PSOE, durante la etapa de Felipe González no hace falta sacarlos de sus casillas, sólo necesitan una entrevista distendida para contar algunas de sus hazañas durante aquella etapa. Da la impresión que los que fueron ministros en los diferentes gobiernos de Felipe González se han venido arriba, como el comandante de la base americana de Guantánamo. A muchos no nos ha pillado de sorpresa, pues teníamos pocas dudas o mejor dicho, ninguna de lo que habían sido aquellos años. Lo que ha variado es que algunos protagonistas parece que llegados a una edad ya no les importa soltarlo ante un micrófono. Primero fue Barrionuevo cuando relató que ordeno la puesta en libertad del ciudadano francés  Segundo Marey secuestrado por el GAL y que ordenó el secuestro del Jose María Larretxea, y en fechas recientes ha sido Juan Alberto Belloch, quien llegó a ostentar simultáneamente las carteras de Justicia e Interior en el periodo 1994-1996, el que ha soltado algunas perlas que no se pueden dejar pasar por alto.

En la entrevista que Juan Alberto Belloch ha concedido hace unos días a El Español no queda ningún atisbo de duda en los métodos que se han utilizado en el Estado español a la hora de defender lo que denominan el Estado de derecho, ha plasmado negro sobre blanco como funcionaban los poderes del Estado y, en concreto, en lo referente a los derechos fundamentales y la integridad física de los detenidos. En dicha entrevista dice: “Hice general a Galindo porque, pese a maltratar a los detenidos, era el mejor en la lucha antiterrorista. Tuvo permiso de Interior para sus métodos hasta que yo se lo quité”.

Hasta la fecha, no había habido ninguna declaración de ningún exministro ni alto cargo del Gobierno que reconociera, aunque fuese con el término eufemístico de maltrato, que la tortura era una práctica generalizada. Si bien tengo que realizar una precisión al respecto: Fernando López Agudín, quien fuera director general de Relaciones Informativas y Sociales del Ministerio de Justicia e Interior, durante la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia e Interior y siendo Margarita Robles secretaria de Estado de Interior, publicó un libro que no hay que echarlo en saco roto. Bajo el título “En el laberinto. Diario de Interior 1994-1996”, recoge en diferentes pasajes del libro la práctica de la tortura por parte de los cuerpos policiales destacados en Euskal Herria. El término que utilizaban para definir este método es el de “trabajar con red”. En dicha obra relata, entre otros temas del momento, que desde la Secretaría de Estado de Interior se intentó que esa práctica desapareciera. El tiempo nos ha demostrado que la realidad fue bien distinta, pues los casos de torturas persistieron, la colaboración de todas las instancias implicadas (judiciales y gubernamentales) para su erradicación brilló por su ausencia y cuando de forma aislada los tribunales dictaban alguna sentencia condenatoria, ya se encargaba el Poder Ejecutivo de que no se aplicase y de dictar el oportuno indulto.

Las afirmaciones de Belloch viniendo de un ex juez no hay por donde cogerlas. Tuvo la poca catadura moral de no impulsar una investigación judicial para que fuesen estudiados todos los casos de torturas, ni de cesar inmediatamente a Rodríguez Galindo para ponerlo delante de un juez. Y para que la escena fuese más vergonzante, lo ascendieron a general ¿qué más podía pedir Galindo? Y todo esto lo hace un ministro que durante el tiempo que permaneció en la carrera judicial fue fundador y destacado miembro de la Asociación Jueces para la Democracia y cuando dejó la política volvió a ejercer como juez. Con este bagaje uno tiene derecho a dudar de su profesionalidad como persona que se ha dedicado a impartir justicia. De ministro no fue capaz de poner en manos de la justicia a una persona del que tenía conocimiento que había infringido la ley, porque no vale con decir que él le quitó el permiso para usar esos métodos ¿y los torturados hasta esa fecha no merecían una justicia reparadora? ¿Hizo algo para esclarecer la muerte de Mikel Zabalza y que los culpables fueran juzgados? Se limitó a hacer borrón y cuenta nueva, al estilo de la Transición, como si lo pasado no contase y  le quitó el permiso para que siguiese torturando, es decir, que a partir de ese momento no tenía el visto bueno del ministro, lo que no quería decir que no continuase utilizando esas prácticas.

El problema es que cuando esa forma de actuar está tan arraigada y ha tenido toda la cobertura del régimen, decirle a una persona como Rodríguez Galindo que le quitaba el permiso para torturar es como decirle que a partir de ese momento Belloch se limpiaba las manos como Pilatos, pero poco más. Para que esa orden hubiera tenido un grado de seriedad, el ministro tenía que haber adoptado una serie de medidas mucho más profundas, sin ir más lejos, la depuración total de los cuerpos policiales, empezando por Rodríguez Galindo, que estaban infectados de elementos franquistas, igual que en estos momentos. Nada ha cambiado. Salvando las distancias parece que entre Guantánamo e Intxaurrondo había alguna que otra semejanza. El poder que ostentaban los que dirigían ambos lugares podía ser superior al que tenía un ministro.

Si este fragmento de la entrevista realizada a Belloch es muy grave, tanto o más es la escasa repercusión que ha tenido en muchos ámbitos de la vida política.

En el terreno político sencillamente no ha tenido eco. La extrema derecha (PP VOX y Cs) no tiene ningún interés en ello, pues esas prácticas las enmarcan en lo que denominan la defensa de la Patria. El PSOE en todas esas cuestiones tiene por costumbre ponerse de perfil, sabe perfectamente como actuaron sus mayores en la década de los 80, pero lo más importante es no poner en tela de juicio nada que pueda afectar a la perdurabilidad del Régimen del 78. Pero lo más preocupante es que a la izquierda el PSOE no se ha alzado ninguna voz para denunciar la tortura en un régimen que se define como democrático ni para tener alguna iniciativa. Parece que todo esto está amortizado. Y en este caso, alzar la voz en este tema no deja de ser un ejercicio de memoria democrática y de defensa del estado de derecho.

Para finalizar, en el ámbito periodístico, como no podía ser de otra forma, este fragmento de la entrevista ha pasado bastante inadvertido. Los medios de comunicación han puesto el foco en todo lo que tenía que ver con Luís Roldán. Tiene su lógica que todo lo relativo a la tortura no sea atractivo para la inmensa mayoría de la prensa española. Se han pasado la vida negando su existencia, y enmarcando las denuncias que se producían en que todo era una estrategia de ETA en la que instaba a sus militantes para que denunciaran torturas. Llegaron al extremo de hablar de la existencia de un manual en que se recogía como debían de actuar ante el juez, por tanto, hubiera sido un milagro que de la noche a la mañana admitieran que en el Estado español la tortura ha sido una práctica. La prensa española no deja de servir al poder, sólo hay que ver quienes controlan sus consejos de administración y no hay que olvidar la lluvia de millones que reciben de las Administraciones Públicas. Pero sí que he echado en falta que la prensa más progresista hubiera realizado alguna referencia a este fragmento de la entrevista. Parece ser que aquí vende más hablar de Guantánamo o Abu Ghraib, que hablar de lo que sucede en casa. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Solo cabe esperar que un tercer ministro de Felipe González tenga a bien animarse ante un micrófono y se explaye. Corcuera calienta que sales.