El PP: Franquismo puro y duro

La derecha española no ha podido aguantar más y ha decidido quitarse la careta. Han intentado durante algo más de cuarenta años vender a la opinión pública que era una derecha demócrata y civilizada, pero al final la cabra siempre tira al monte y en este tema no iba a ser una excepción. La semana pasada hemos podido ver como el Partido Popular ha llamado a las cosas como les pide el cuerpo. Debe de ser que el calor veraniego ha ayudado a que se derrita la capa de cera democrática que se impregnaron en el rostro para dar el pego al personal.

Para ellos, Franco no dio un golpe de Estado, la culpa de todo la tuvo la II República y les ha faltado decir que la responsabilidad todo lo sucedido fue de las personas que no votaron a las candidaturas de la CEDA en las elecciones de febrero de 1936. La derecha española y sus satélites, encabezados por la Brunete mediática, acabarán echando en cara a la población de la época que no introdujeran en la urna la papeleta correcta ¡al tiempo! De poco les sirve que diferentes historiadores de reconocido prestigio hayan manifestado que lo sucedido fue un golpe de Estado contra un régimen legítimo y legalmente constituido. A partir de aquí, cualquier cosa que digan pasará a un segundo plano.

Después de la muerte del dictador la inmensa mayoría de la clase política que medraba a la sombra del franquismo inició un proceso de desembarco en una multitud de partidos políticos que acabaron convergiendo en lo que fue UCD y Alianza Popular (PP). Ambos partidos estaban a rebosar de líderes políticos que hacía menos de dos años se paseaban con la camisa azul falangista, la boina roja requeté o con esos uniformes tan pomposos que hemos visto en las imágenes en blanco y negro de las Cortes franquistas o conmemoraciones del régimen ¿Quién no recuerda a Fraga Iribarne con ese uniforme blanco impoluto con una banda con los colores de la bandera franquista y saludando al dictador Franco? Eran los líderes políticos de un régimen basado en la represión y el terror pero que no renunciaban a seguir dominando los resortes políticos y económicos del Estado después de la muerte del dictador. Para ellos el Estado español no era más que su cortijo donde podían campar a sus anchas.

Con la muerte de Franco en noviembre de 1975 las élites franquistas tenían todos los medios a su alcance para realizar una reforma política que les permitiera tener impunidad por todos los delitos cometidos durante el régimen franquista y les permitiera seguir controlando las instituciones para preparar la operación de lifting que daría como resultado la aprobación de la Constitución de 1978. La verdad sea dicha que no lo tuvieron muy complicado, el dictador tuvo una muerte sin muchos sobresaltos, a excepción de los dolores de cabeza que le producían los movimientos de protesta que se daban sobre todo en Euskal Herria y en algunas zonas concretas del Estado.

La mayor parte de esa clase dirigente, representada en la UCD, como no podía ser de otra forma, dio su apoyo sin ningún tipo de reservas al texto constitucional. No dejaba de ser una garantía para que pudiesen seguir controlando los resortes del Estado aunque no gobernasen. Hubo un sector más pequeño, representado por Alianza Popular, que en su momento se opuso. Las huestes de Fraga Iribarne no acababan de asumir lo que suponía para ellos la muerte del dictador, aunque con el paso del tiempo, supieron entender que en esta nueva etapa se podían mover como pez en el agua, pues lo aprobado no dejaba de ser una reforma del franquismo, hasta el extremo que en la jefatura del Estado estaba la persona que designó Franco, algo inaudito en cualquier régimen que se quisiera equiparar a una democracia. Las mentes más avezadas del régimen franquista no tenían dudas al respecto, sabían que el nuevo escenario seguía siendo propicio para que pudieran controlar los aparatos del Estado y seguir haciendo negocios, antes con Franco y luego con el inquilino de la Zarzuela. Y a todo esto habría que añadir que el PSOE y el PCE se plegaron a toda ese bodrio mal llamado Transición española.

No voy a traer a colación lo que en los últimos años de la dictadura se denominó el bunker, y que su expresión política era Blas Piñar y los grupos de extrema derecha que se movían entorno a Fuerza Nueva, pues no dejaban de ser un grupo de nostálgicos que tenían el reloj parado en el 18 de julio de 1936. Con posterioridad muchos de los acólitos de Blas Piñar fueron recogidos con cariño en el regazo primero de AP y posteriormente del PP. Al fin y al cabo el hijo pródigo no dejaba de sentar la cabeza y volver a la casa común de la derecha. Dicho de otra forma, habían logrado reunir en un mismo partido todo el espectro que va desde el centro hasta la extrema derecha. Esa fue la gran obra de Aznar.

El actual Partido Popular (PP), por mucho que se disfrace de lagarterana, tiene su inspiración política en la antigua AP, complementada con la manada de políticos que abandonaron el barco de la UCD cuando este se hundía y teniendo como presidente fundador a un ex ministro franquista, Fraga Iribarne. Es de todo el mundo conocido que durante  su mandato como ministro de Información y Turismo (1962-1969) se produjeron acontecimientos siniestros como el fusilamiento de Julián Grimau o el asesinato de Enrique Ruano y como Ministro de Gobernación (1975-1976) se produjeron los asesinatos de cinco trabajadores el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz y dos asesinados en Montejurra por grupos de extrema derecha con la connivencia de los cuerpos policiales. Un personaje tan siniestro que en cualquier país democrático hubiera sido sentado en un banquillo, en España presidió el partido más importante de la derecha ¡Atado y bien atado!

Teniendo claro los orígenes de la actual derecha española, no debería coger de sorpresa a nadie el posicionamiento de los dirigentes del Partido Popular. Con la aparición de VOX se ha proyectado una imagen que tiene como pilar fundamental el colocar a VOX en la extrema derecha para de esta forma situar al PP en el espacio del centro-derecha y conforme a esos estándares democráticos equiparar el PP a la CDU de Ángel Merkel o a La República en Marcha de Emmanuel Macron. Lo que no deja de ser la cuadratura del círculo, algo habitual en la política española.

Este arranque de sinceridad por parte del PP y su entorno que han tenido al blanquear el golpe de Estado de julio de 1936 no se puede pasar por alto. Después de todo lo visto, una vez más no hay lugar a dudas que el PP no reúne los estándares de la derecha democrática europea. Las diferencias entre el PP y la CDU de Ángela Merkel son abismales. Mientras la líder alemana tiene prohibido a los políticos de su partido de llegar a acuerdos con la extrema derecha alemana, el PP no sólo no pone reparos a pactar con VOX, sino que en muchos momentos asimila el discurso de VOX como suyo. Prueba palpable que las diferencias entre ambos partidos son de matices. Otro tanto ocurre con el líder francés, Macron, que ha dibujado una línea muy nítida que separa a su partido de la extrema derecha francesa y europea.

En muchos momentos se está diciendo que VOX está ganando la batalla ideológica, cosa que es cierta, pero si tenemos presente que muchos de los dirigentes de VOX hasta fechas recientes militaban en el PP, ostentando cargos políticos de cierta relevancia, la conclusión es que el PP de forma más o menos expresa siempre ha sido el heredero político del franquismo, aunque hayan moderado su discurso. Ahora, con la irrupción tan importante de VOX, el PP se ha visto obligado a abrir el baúl de sus esencias y a rescatar su verdadera ideología, lo que le lleva a hacer declaraciones todo pelaje y a posicionarse del lado de los militares golpistas del 36.

No parece que haya ayudado a solventar esta situación la pertenencia del Estado español a algunas estructuras supranacionales como son la UE y la OTAN. El hecho que el PP haya convivido con partidos demócratas y, por tanto, antifascistas de la Europa Occidental, no ha servido para nada. Si acaso para blanquear a la derecha franquista española, lo cual no deja de ser un fracaso para la derecha europea.

En el modelo político de las democracias parlamentarias que se dan en la Europa Occidental nos encontramos con una serie de partidos que se desenvuelven entre el centro-derecha y la derecha, marcando distancias con la extrema derecha. Son partidos herederos de una tradición conservadora, liberal o democristiana que marcan sus diferencias de forma muy nítida con la extrema derecha. Esa es la gran diferencia existente con la derecha española.

Para encontrar una derecha que tenga un pedigrí democrático en el Estado español hay que poner la vista en los partidos de derechas que hay tanto en Catalunya como Euskal Herria. En Catalunya la antigua CiU y los que hoy son sus herederos: PNC y PDeCAT, así como en Euskal Herria el PNV, son los únicos representantes de una derecha que no tienen ningún nexo de unión con el régimen franquista. El hecho que pertenezcan a naciones con reivindicaciones históricas dentro del Estado español, como el hecho que se posicionaran en favor de la II República cuando el golpe de Estado de 1936, lo que les acarreo sufrir la represión de la dictadura franquista, hace que sirva para poder ver con mayor nitidez la diferencia entre la derecha franquista y la derecha democrática.

A esta derecha de las naciones históricas del Estado español, que no voy a poner en cuestión su trayectoria demócrata lo que si se le puede exigir es que no cometan algunos de los errores que cometieron en el pasado, al llegar a acuerdos con el PP que fueron funestos y que con posterioridad se les volvieron en su contra. Pactos como el del Majestic, firmado entre el PP y CiU que sirvió para que Aznar llegase a la Moncloa o el acuerdo que firmaron Arzallus y Aznar en Génova 13, sede del PP en 1996, con la finalidad de apuntalar aún más al Gobierno del PP, sólo sirvieron para blanquear y fortalecer a la extrema derecha española.

Después de lo acontecido la semana pasada con el bochornoso espectáculo que dio Pablo Casado rodeado de franquistas convictos, en el que se jaleo el golpe de Estado de julio de 1936, se ha abierto la veda para reescribir la historia. Para esa labor la derecha franquista tiene a su disposición a un gran número de dirigentes políticos del PP, VOX y Cs y a una legión de periodistas y tertulianos de la prensa más reaccionaria, alguno de los cuales ya llevan tiempo haciendo gala de ese revisionismo histórico. Ante este intento de reescribir la historia la única postura de los demócratas pasa por reivindicar el papel de la II República, como régimen legal y legítimamente constituido que fue derrocado mediante el uso de la violencia y trazando una línea muy nítida que separa a los demócratas de los golpistas franquistas y sus amigos.

Reforma laboral: ¿derogación o maquillaje?

En octubre de 1981 se celebró un pleno en el Congreso de los diputados para aprobar la entrada de España en la OTAN. En aquel momento Felipe González tuvo una intervención en la que manifestó que “debemos responder a los planes del Gobierno diciendo que si entramos en la OTAN por mayoría simple del Parlamento saldremos de la OTAN por una decisión de mayoría simple del Parlamento”.

A partir de aquí la historia es de sobra conocida. Cuando el PSOE llegó al Gobierno ni hubo votación en el Congreso para salir por mayoría simple, ni se posicionó en contra de la OTAN en el referéndum que organizó en vísperas de finalizar su primera legislatura. En esa consulta Felipe González echó toda la carne en el asador para que saliera el sí y aquí paz y después gloria.

La realidad nos demostró que una vez que España entró en la OTAN esa decisión vino para quedarse. Han pasado casi cuarenta años desde que se aprobó la entrada y a día de hoy parece harto complicado que se produzca una salida de esta organización supranacional.

Todo lo que aconteció con todo lo relativo a la OTAN a principios de los ochenta me está recordando, salvando las distancias, el proceso abierto para la derogación de la reforma laboral. Un proceso que viene precedido por una posición nítida tanto en los programas electorales que los dos partidos que gobiernan (PSOE y UP), como en el documento que elaboraron para gobernar en coalición. Esa posición se resumía en la derogación de la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP. Pero en la actualidad una vez más, no se sabe muy bien que es lo que está persiguiendo el Gobierno, ni los objetivos que se ha marcado. Esto que estamos viviendo, como lo que se vivió con el tema de la OTAN o en otros temas políticos, tienen un denominador común: todas esas decisiones que aprueban los gobiernos y que tienen como objetivo políticas en contra de las mayorías sociales una vez que han salido adelante vienen para quedarse, bien en su totalidad o en parte. Pero siempre sobrevive algo de lo que han aprobado. Esa es su victoria.

La ministra de Trabajo en la actualidad tiene abiertas unas conversaciones-negociaciones con los agentes sociales para no se sabe muy bien si derogar la reforma laboral que aprobó el PP en febrero de 2012, realizar una reforma de la reforma del PP, valga la redundancia, o ni una cosa ni la otra.

En los acuerdos de Gobierno que firmaron PSOE y UP en diciembre de 2019 se recogía una batería de medidas que se podían estructurar en dos grandes apartados formados, por una parte, por la derogación de la reforma laboral de febrero de 2012 y por otro, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Dentro del apartado referente a la derogación de la reforma laboral, a su vez, se podría hablar de dos subapartados. El primero sería la derogación de la reforma laboral en su conjunto y el segundo, la derogación “con carácter urgente” de algunas materias de esa reforma laboral hasta que se procediera a la derogación total de la reforma laboral. Alguna de esas materias de derogación urgente ya ha sido aprobada, como es el caso de “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”.

Lo que no tiene ningún tipo de explicación racional es la inacción del Gobierno, a través de la ministra de Trabajo para derogar de forma urgente  cuestiones que se recogen en el pacto de Gobierno como “las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo”, “la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, modificaciones como la del “art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”, la limitación de “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa” y la revisión del “mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.

Estas cuestiones que he relacionado vienen recogidas de forma expresa en el acuerdo firmado por los partidos que forman el Gobierno de coalición y en buena lógica debía de haberlas derogado de forma urgente, como así han hecho con “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”.

En buena lógica, los esfuerzos del Gobierno se deberían de dirigir a la derogación de la reforma laboral por el mismo mecanismo que utilizó el gobierno del PP, decreto-Ley, sin tener que entrar a negociar con los agentes sociales. No es que sea malo negociar con ellos, para escuchar sus puntos de vista, pero hay que señalar dos cuestiones que muchas veces se omiten con facilidad.

La primera es para resaltar que esta forma de proceder es perniciosa para una de las partes, en este caso los trabajadores. Cuando el PP aprobó la reforma laboral no abrió ningún tipo de negociación con los representantes de los trabajadores y ahora para derogarla el Ministerio de Trabajo ha abierto un proceso negociador que no se sabe muy bien en qué va a acabar. No se está siguiendo ni el mismo criterio ni lo que en un primer momento acordaron los integrantes del Gobierno de coalición: la derogación de la reforma laboral de 2012.

La segunda cuestión se asienta en tener claro donde reside la soberanía popular y de donde emanan los poderes, para a partir de ese punto tener claro el proceso que se debe seguir para hacer un cambio legislativo de esta naturaleza. Si la soberanía reside en el pueblo, éste elige a los órganos legislativos (Congreso y Senado), y si los elegidos han sido bajo un programa electoral, todo lo que sea salirse de ese cauce no deja de ser una adulteración del mandato popular. Hay una diferencia grandísima entre escuchar a los agentes sociales y sentarse con ellos para acordar un texto legislativo para luego presentarlo en las Cortes. Con esta forma de actuar, se les ha dado capacidad legislativa a unos señores que sin necesidad de presentarse a unas elecciones van a poder participar en la elaboración de la legislación laboral. De ahí que un proceso interminable de reuniones con patronal y sindicatos a lo único que lleva es a que los primeros estén tensando las negociaciones para dilatarlas en el tiempo y que no se cambie nada de la legislación vigente y en el supuesto que se cambie que sea lo menos posible.

A la patronal la reforma laboral de Mariano Rajoy le pareció fantástica, porque el PP no deja de ser el partido que defiende los intereses de las élites y los empresarios de este país, y no deja pasar la oportunidad de legislar en favor de los colectivos a los que representa. Sutil diferencia con la izquierda cuando gobierna, que suele ser incapaz de llevar al BOE las propuestas de su programa electoral.

Por todo ello, lo razonable en estos momentos sería su derogación mediante otro decreto-ley para volver a la situación previa. Cualquier otro camino es alejarse del documento que los partidos que forman el Gobierno suscribieron para presentarse a la investidura y lo único que consigue es generar muchas dudas a los partidos que facilitaron tanto la moción de censura como la investidura del Gobierno actual.

Tampoco es comprensible que todos los temas que iban a derogar “con carácter urgente” no se hayan realizado a día de hoy en su totalidad. Un decreto-ley de esa naturaleza no requiere más que de voluntad política, pues técnicamente no tiene gran complejidad.

Si pasamos a leer la prensa de estos días es significativo que utilizan frases como “la reforma laboral de Díaz” o “la reforma laboral del Ministerio de Trabajo”, etc…  No es casualidad que usen estos términos, pues de las informaciones existentes lo que lleva a pensar es que el Gobierno no está planteando una derogación de la reforma laboral que aprobó el PP, sino de una reforma de la reforma, es decir, ¿lo podríamos llamar la contrarreforma? El chiste fácil que a uno le viene a la mente es que esperemos que no sea como la Contrarreforma de la Iglesia en tiempos de Lutero.

Esta forma de proceder únicamente beneficia a la patronal, representada en la negociación por la CEOE y CEPYME. Su estrategia es clara, pero sencilla al mismo tiempo. Pasa por dilatar estas negociaciones con el objetivo de arañar todo lo posible y que se apruebe lo más tarde posible y esperar a que en las próximas elecciones acceda al Gobierno otros partidos más cercanos a sus intereses, sin olvidar que los empresarios juegan con la carta del Caballo de Troya que tienen dentro del Gobierno, la ministra Calviño. No van a encontrar mejor aliado que ella y con la remodelación del Gobierno ha obtenido más poder aún si cabe.

A la opinión pública nos pueden contar lo que sea pero al final la realidad suele ser tozuda y lo que nos estamos encontrando es que cada miércoles el BOE no publica ningún decreto-ley que recoja lo que acordaron los partidos que forman parte de este Gobierno y todo lo que no se publica en el BOE no deja de ser política virtual.