27 de septiembre, una fecha para conmemorar la lucha antifranquista

27 de septiembre, una fecha para conmemorar la lucha antifranquista

Ayer, 27 de septiembre, se cumplieron 47 años de los últimos fusilamientos del franquismo. Estando todavía mucha gente despertándose del resultado electoral de Italia y haciéndose la pregunta retórica de cómo ha podido pasar que en Italia el fascismo del siglo XXI haya ganado unas elecciones, nos encontramos que las barbaridades que hizo el fascismo a lo largo de 40 años en el Estado español siguen siendo la preocupación de una minoría. Fiel reflejo de ello es la falta de un acto institucional por parte de un Gobierno que se autodefine progresista y de izquierdas y que ha aprobado a bombo y platillo la nueva Ley de Memoria Democrática y la nula repercusión que ha tenido en los medios de comunicación.

Empiezo por el final, es decir, por los medios de comunicación. Si digo que los medios que componen la Brunete mediática están al servicio de los grandes poderes económicos no estoy desvelando ningún secreto y que para estos poderes el fascismo no sólo no es su preocupación, sino que perfectamente puede llegar a ser su aliado táctico y estratégico, es algo que lo estamos comprobando en el día a día. Por ello, la estrategia de esos medios de comunicación en su labor de blanquear al fascismo en el Estado español no debería de llamar la atención a nadie que esté medianamente informado, lo que conlleva el olvido de hechos como los que se produjeron el 27 de septiembre de 1975. Lo que debería de llamar la atención es la gran cantidad de medios que en la actualidad se pueden definir como condescendiente con el golpe de Estado de julio de 1936 y con la dictadura franquista.

Lo realmente triste y grave es que la prensa que se puede enclavar en un espacio democrático y progresista, salvado contadas excepciones, parece que ha decidido meter en el cajón del olvido unos hechos que deberían de ser recordados todos años.

A lo largo de esta legislatura este Gobierno no ha dado muestras palpables de querer recordar esta fecha de una forma solemne. A nivel institucional este hecho sencillamente no existe. Parece que hay que contentarse con que los actos que se convocan no sean prohibidos, bajo el pretexto que se daba un enaltecimiento del terrorismo, como ocurrió con algunos homenajes que se intentaron celebrar en la pasada década. Parece como si los homenajes haya que hacerlos de tapadillo.

La lucha contra la dictadura franquista, en general, debería de ser motivo de estudio y admiración en cualquier régimen que se precie de democrático y, en particular, tanto por parte del Gobierno como de la prensa que defiende unos valores democráticos y antifascistas. De hecho, es algo habitual que en el Estado francés, como en otros estados europeos, todos los años se celebre la victoria contra el nazismo, fascismo, o como se quieran denominar los movimientos totalitarios que se dieron en los años 20 y 30 del siglo XX. Y para ello existen fechas emblemáticas, como puede ser la liberación de París o de Berlín, esta última por parte de las tropas soviéticas. Todo esto sólo sirve para hacer chirriar, aún más si cabe, la sala de máquinas de lo que hoy se denomina democracia española.

En el Estado español no existe ninguna fecha similar a las comentadas anteriormente por la sencilla razón que el fascismo murió plácidamente en la cama. Ello nos llevaría a plantear que en ausencia de buscar una fecha que significara la victoria contra el fascismo, un estado que se precie de ser democrático debería buscar otra que sirva para homenajear a todos aquellos luchadores antifranquistas y, en ese caso se hace difícil pensar que haya una fecha mejor que el 27 de septiembre, día en el que la dictadura franquista fusiló a cinco militantes antifranquistas. En esa fecha el régimen biológicamente estaba en las últimas, puesto que el dictador duró algo menos de dos meses. El problema radica en que políticamente el régimen ha durado mucho más, puesto que todavía estamos sufriendo las consecuencias políticas de dicho periodo dictatorial y ese el mayor obstáculo para institucionalizar el 27 de septiembre como día de la lucha antifranquista.

Esa fecha reúne todos los requisitos necesarios para que sea un día de recuerdo a todas las personas que durante los cuarenta años de dictadura lucharon contra el franquismo, primero defendiendo la legalidad republicana y después luchando contra la dictadura militar. Los militantes antifranquistas fusilados sufrieron detenciones, torturas y un simulacro de juicio en el que se vulneraron todo tipo de garantías para condenarlos a muerte.

Un Estado que apueste por ensalzar los valores democráticos debe de tener presente una serie fechas en las que se conmemoren hechos de esta naturaleza. Si la Diada, día nacional de Catalunya se homenaje a los que defendieron Barcelona de las tropas borbónicas, el 19 de julio se homenajea en Amaiur a los defensores del Reino de Navarra o el 2 de mayo se recuerda al pueblo de Madrid que se sublevó contra las tropas francesas, falta un día en el que se recuerde a los que dieron su vida por la libertad durante el franquismo. Y el mejor día es el 27 de septiembre, fecha en la que la dictadura franquista fusiló a cinco militantes antifascistas. Y lo demás es seguir blanqueando al franquismo y los cuarenta años de dictadura fascista.

Hagan juego señores, pero la patronal siempre gana

Hagan juego señores, pero la patronal siempre gana

Lo sencillo sería recurrir a la frase que allá por 1990 inmortalizó el futbolista británico Gary Lineker y que decía que “el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania”. A mí me ha venido a la mente porque en la política española si hay alguien que siempre gana es la patronal, siendo indiferente el color del gobierno y las mayorías que haya en el Congreso. Los Garamendi y Cía duermen tranquilos, la maquinaria por la que hacen crecer de forma exponencial sus plusvalías a cuenta de la clase trabajadora funciona a destajo incasablemente de noche y de día, teniendo la tranquilidad que todos los vientos van a soplar a su favor. Da igual que sea en materia laboral como en el campo de la fiscalidad, la deriva legislativa existente desde los años 80 ha girado en reducir derechos laborales, incrementar los ajustes salariales y aprobar grandes reformas fiscales que han ido dejando de gravar los beneficios empresariales y a las grandes fortunas.

Hagan juego señores, pero la patronal siempre gana
Antonio Garamendi. Presidente de la CEOE

Cuando se pusieron los mimbres para que arrancase el acuerdo de gobierno uno de los pilares fue la derogación de la reforma laboral del PP, que a finales del año pasado vimos que era un deseo que se esfumaba en aras a llegar a grandes acuerdos con los agentes sociales, para acabar siendo una reforma de la reforma. Para apuntalar ese viraje se intentó vender a la población las bondades de un acuerdo en el que estuvieran patronal y sindicatos. Se hicieron discursos grandilocuentes más parecidos al País de las Maravillas por el que se paseó Alicia, pero una de las cosas que llamaba la atención es lo satisfecha que estaba la patronal y su entorno, hasta el extremo que las tuvieron tiesas con el PP, que en ese momento lideraba Casado. Personajes nada dudosos como Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo en los gobiernos de Rajoy y ahora en nómina de la CEOE, y antiguos pesos pesados del PP salieron en defensa de ese acuerdo, llegando a pedir al PP la abstención. Pero una de las cosas que más rechinaba eran los piropos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz lanzaba a la patronal por el acuerdo alcanzado.

No hay que ser muy avezado para tener claro que el papel que jugó la patronal fue inteligente. Entró al juego de la negociación con la carta que se levantaba de las negociaciones si se traspasaban ciertas líneas sabiendo que por parte del Gobierno había un deseo de llegar a un acuerdo a tres bandas (Gobierno, patronal y sindicatos). Eran conocedores que tenían de su lado a parte del Gobierno representado por los ministros del PSOE y en la negociación tenía enfrente a dos sindicatos totalmente apesebrados (CCOO y UGT). Solo les faltaba neutralizar a Unidas Podemos, que era algo relativamente sencillo sabiendo que la ministra de Trabajo y futura candidata a Presidenta del Gobierno tenía muchísimo interés en buscar una fotografía en la que estuvieran Gobierno, patronal y sindicatos, aunque tuviese que renunciar a liderar una reforma más progresiva y valiente, pues esa imagen la podía catapultar como líder de su nuevo proyecto político. El final de ese vodevil es de sobra conocido, pues hasta su aprobación en el Congreso fue más propio de una ópera bufa.

Lo que ocurre es que en estos tiempos en los que reina la zozobra y la incertidumbre en todos los ámbitos, y en especial en el económico con una inflación galopante, este Gobierno y, sobre todo su ministra de Trabajo y los sindicatos se han encontrado con algo que era esperable: una postura de la patronal muy nítida, consistente en no negociar nada que suponga la merma de sus beneficios. Los empresarios saben que el incremento de los salarios, excepto el SMI, no los puede regular el Gobierno, por el contrario, dependen de la negoción colectiva en el marco de cada convenio y no se van a mover de ese punto. Esta postura de la patronal, que por otra parte era del todo esperable, ha llevado a la ministra de Trabajo a apoyar las reivindicaciones sindicales y a realizar una crítica a la patronal en las que se ha quedado sola, porque la parte socialista del Gobierno no está por la labor de enemistase con la patronal. Son muchos años en los que el PSOE ha estado más cerca de la patronal que de los trabajadores, y sus dirigentes, en el mejor de los casos, se limitan a realizar declaraciones contra las grandes empresas que en realidad van más dirigidas a llenar los oídos de sus votantes que a adoptar políticas concretas para revertir la gravedad del momento actual.

Esta situación de bloqueo en lo que concierne a la negociación salarial no va a desparecer con la actual correlación de fuerzas existentes en el ámbito político, puesto que el PSOE va a torpedear cualquier medida que se pueda tomar en el marco de las relaciones laborales para presionar a la patronal, aunque ,sin duda alguna, es el momento ideal para cambiar la legislación en materia de despidos, como en materia de ajustes de empleo colectivos como pueden ser los ERE o ERTE, viendo que se avecina un incremento del paro debido a los efectos que está causando la situación política internacional (no es únicamente la guerra entre Rusia y Ucrania la que está generando la coyuntura actual).

Sería un paso muy importante hacer una modificación legislativa que sirviese para que un empresario antes de despedir a un trabajador se lo tuviera que pensar dos veces porque no le iba a salir gratis. Cuestiones como la recuperación de los 45 día por año en los despidos, el incremento en el tope de la indemnización de 2 a 4 años, la supresión de algunos supuestos a la hora de realizar ERES o ERTES, como la reducción de la facturación, puesto que no es sinónimo de reducción de beneficios o generación pérdidas y su aprobación por la autoridad laboral y el reconocimiento de los salarios de tramitación, serían cuestiones importantes para garantizar a los trabajadores unas condiciones de protección mínimas.

El problema reside en que el PSOE no está por esa labor, ni se le pasa por la imaginación enfrentarse a los empresarios y, como siempre, lo apuesta a la mejora de la coyuntura económica. Algo similar a lo que le pasó a Zapatero en su segundo mandato. No se enfrenta al poder económico porque eso sería tanto como romper con los consensos que ha habido en el Estado español para apuntalar al Régimen del 78.

Toda esta situación ha llevado a una situación un tanto insólita. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha posicionado del lado de las reivindicaciones salariales de los sindicatos, lanzando mensajes muy críticos con la patronal. Algo a lo que hasta la fecha no estábamos acostumbrados, pero la realidad es que se ha quedado sola dentro del Gobierno, porque desde el socio de Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, ya se han encargado de lanzar algunas flores al empresariado español. Una vez más la imagen que proyecta este Gobierno es de una profunda división a la hora de tratar cuestiones tan importantes como la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, volviendo a dar munición a la derecha.

La hipótesis de que se avecina un otoño caliente con movilizaciones obreras reclamando un incremento salarial que palie los efectos de la inflación, si bien van a tener como objetivo la patronal, pueden acabar pasando factura al Gobierno que haya en ese momento y el actual lleva sufriendo un desgaste feroz desde la aparición de la pandemia, hace más de dos años, por lo que esto podría incrementar su desgaste, con el alborozo de la patronal. Sin presentarse a las elecciones conseguirían cargarse a un gobierno que sin haberse sido beligerante con los empresarios, al menos, no se ha posicionado descaradamente al lado de estos.

Las movilizaciones sindicales están totalmente justificadas, pero tan importe como esta fórmula de presión, es la de saber transmitir al conjunto de la ciudadanía a quién van dirigidas las movilizaciones y en quién recae la responsabilidad de las protestas, y esto último se me antoja complicado si vemos que la inmensa mayoría de los medios de comunicación están alienados con la derecha política y económica, si es que no pertenecen directamente a la Brunete mediática, lo que aprovecharán para atacar al Gobierno de coalición.

Lo preocupante del momento es que si en 2023 la derecha obtuviese una mayoría suficiente para recuperar el poder, la diferencia con el actual Ejecutivo sería clara. Aparcaría todo tipo de concertación entre los agentes sociales, los sindicatos pasarían a un segundo plano, para volver a legislar a golpe de decreto-ley, dando la enésima vuelta de tuerca a los derechos laborales de los trabajadores mediante una norma que llegaría redactada a la Moncloa en un correo electrónico con remite de la CEOE. Y el juego seguiría siendo el mismo, la patronal gobierne quien gobierne seguiría marcando las pautas legislativas, en unos casos con un descaro insultante y en otros de forma más sibilina, pero siempre volcada en esa ofensiva emprendida por el capital para ir recortando los derechos de los trabajadores. Y siendo todo esto que he escrito algo tan obvio, parece que si se plasma en un papel da la sensación que es un escrito con tintes incendiarios. Así es el tiempo en el que nos ha tocado vivir, en el que está triunfando de forma contundente la defensa de los intereses individuales a los colectivos. Eso del sálvese quien pueda.