Ejército democrático versus Ejército español (El Ejército de Vox)

Ejército democrático versus Ejército español (El Ejército de Vox)

Los últimos doscientos años de historia del Estado español está plagada de todo tipo de asonadas militares, sublevaciones, pronunciamientos e injerencias políticas del estamento militar en la vida política. La institución militar ha tenido un deseo desenfrenado de protagonismo en la historia de España, con la peculiaridad que esta institución siempre ha estado copada por familias de clase alta y de rancia tradición militar.

El siglo XIX fue un cúmulo de intervenciones militares, en su mayor parte liberales, aunque también las hubo de tinte conservador. Todos esos pronunciamientos se realizaron con el deseo de intervenir en la política española. Riego, Espartero, O´Donnell, Narváez, Martinez Campos, Pavía son algunos de los nombres más conocidos. Algunos llegaron a presidir diversos gobiernos bajo el reinado de Isabel II. Los pronunciamientos de esa época eran bastante efímeros, puesto que su duración iba ligada al gobierno surgido del pronunciamiento de turno, que en algunos casos era derrocado por otro pronunciamiento. Pero salvando el sexenio democrático con la llegada de la I República, todos tenían un denominador común: la institución monárquica no se ponía en cuestión. Por cierto, la denominación de “sexenio democrático” nos sugiere que antes y después de ese periodo la democracia no era la característica que adornaban a los gobiernos borbónicos.

El siglo XX siguió la estela del que le precedía, pero los golpes militares tuvieron un color muy diferente. Fueron sublevaciones militares de tinte fascista, totalitario y fueron acompañadas de una estrategia basada en la represión y el terror a gran escala.

La primera la protagonizó Miguel Primo de Rivera, con la instauración de un Directorio Militar (1923-1930) y es necesario recordar la colaboración que prestó el PSOE a lo largo de la dictadura de primorriverista.

La segunda sublevación militar desembocó en una guerra civil y es de sobra conocida. La lideraron una serie de militares, entre los que se encontraba Francisco Franco, con el apoyo de organizaciones fascistas y ultracatólicas. Pusieron en práctica una represión despiadada que tuvo su continuidad después de la finalización de la Guerra Civil alargándose a lo largo de cuarenta años.

Durante la dictadura franquista se fue moldeando un ejército que era fiel reflejo del régimen dictatorial y totalitario en el que estaba sumido este país. Fueron varias décadas en las que la impronta franquista echó unas raíces tan fuertes que después de la muerte del dictador esta institución ha seguido controlada por esa cúpula militar que se encuentra muy alejada de los estándares democráticos occidentales.

Esta pequeña introducción que acabo de realizar sobre los últimos 200 años del ejército español  es para poner en contexto el último ensayo que ha escrito Luís Gonzalo Segura, ex teniente del Ejército español, y publicado recientemente bajo el título “El Ejército de Vox; Ediciones Akal  (Foca investigación). El libro, que no supera las 180 páginas, es de una rápida lectura y desde el principio despierta un gran interés al lector.

En este ensayo el autor ha realizado un trabajo pormenorizado y documentado con la finalidad de demostrar algo que es un secreto a voces: el Ejército español en su mayor parte es ultraderechista. Para ello sigue tres líneas de trabajo.

La primera es el análisis de hechos recientes de la política de este país para constatar la ideología mayoritaria dentro del Ejército español. La segunda línea es un trabajo minucioso y detallado de los resultados electorales de abril y noviembre de 2019 en las secciones donde votaban los militares de las diferentes bases y destacamentos del Ejército. La tercera es una relación pormenorizada de las exaltaciones ultraderechistas y actuaciones nada propias de un ejército supuestamente democrático, desde 2015 hasta nuestros días y la impunidad de la que han gozado.

Lo interesante no es sólo lo que dice, sino quién lo dice, porque cualquier persona que no sea ingenua puede llegar a conclusiones muy similares a las que llega el autor: Una persona que ha pasado por la Academia General de Zaragoza y, posteriormente, ha cursado los cursos correspondientes para obtener el grado de teniente. Los que estamos entrados en una edad y realizamos la mili  podemos decir que ese periodo nos sirvió para saber lo que se cocía dentro de las cuatro paredes de un cuartel. Por el contrario, hoy en día la mayor parte de la sociedad desconoce absolutamente el Ejército. Y esto último puede parecer una anécdota pero es muy peligroso como posteriormente se comentará.

A la hora de realizar este ensayo, el autor parte de una premisa: “España es un régimen autoritario moderno de apariencia democrática construido sobre una estructura franquista”. Es difícil mejorar esta definición. Para Luís Gonzalo Segura, esta situación se ha sustentado en “una Constitución escrita por franquistas o rendidos al franquismo para perpetuación de franquistas en el poder y que ha contado con un sustento mediático de franquistas, colaboradores franquistas o rendidos al franquismo. Y de aquel franquismo, esta extravagante democracia”. Con esta sencilla descripción la Transición queda ubicada en lo que fue.

Analiza algunos sucesos que se han vivido en este país protagonizados por miembros de la cúpula militar y que en cualquier país democrático hubieran sido atajados de raíz por el poder político. Por el contrario, en el Estado español los poderes políticos han mirado para otro lado y esos acontecimientos han tenido el blanqueo de la prensa española.

Explica los acontecimientos que se produjeron con la publicación del Manifiesto de los Mil en julio-agosto de 2018. Fue promovido por 200 altos mandos militares (generales, coroneles y tenientes coroneles) y que posteriormente se adhirieron un gran número de altos mandos hasta llegar a la cifra de 1.000 mandos. La finalidad era responder a la decisión del Gobierno del PSOE de exhumar el cadáver del dictador para sacarlo del Valle de los Caídos. También trata la actitud de las Fuerzas Armadas en el conflicto de Cataluña, las injerencias y actuaciones que han realizado. Han actuado con toda impunidad.

Realiza una muy atinada reflexión a la hora de analizar la cúpula militar. El autor manifiesta que los mandos militares, mientras están en activo, esconden su ideología para hacerla pública cuando pasan a la reserva. Es una forma de salvaguardar su posición profesional, pero en cuanto tienen ocasión hacen gala de esa ideología.

Hay otro dato en el que Luís Gonzalo Segura incide para explicar esta situación. Es el acuerdo tácito existente a lo largo de estos últimos cuarenta años entre las élites políticas y la cúpula militar. La clase política y, en concreto, los diferentes gobiernos del PSOE han sido los convidados de piedra ante el funcionamiento interno del Ejército. En virtud de ese “acuerdo tácito” los militares han tenido y tienen carta blanca para campar a su antojo en los cuarteles y, a cambio, no causar ningún problema en la calle. Nunca ha habido un intento de democratización de esta institución. Para dar consistencia a este planteamiento en la segunda parte de este ensayo realiza una pormenorizada enumeración de las aberraciones que han cometido y que han pasado desapercibidas por la falta de firmeza de los diferentes gobiernos y la cierta complicidad de la mayor parte de la prensa.

Analiza la irrupción de militares en las listas electorales de VOX en las elecciones autonómicas de Andalucía y el blanqueo informativo por parte de los medios del Régimen del 78. Desde las elecciones de 1977 nunca se había dado un desembarco en política de estas características por parte del estamento militar y de la Guardia Civil. Aporta un dato muy revelador: La suma de los militares que se han presentado en las listas electorales del resto de partidos a lo largo de la historia no alcanza el número de los que se han enganchado al banderín de Vox.

La división del voto de derecha en tres partidos (PP, Vox y Cs) y el análisis de las secciones electorales donde votan los miembros del Ejército, también ha servido para comprobar que una inmensa mayoría de los militares son de derechas y, más concretamente, son ultraderechistas que hasta hace pocas fechas eran el ala ultra del PP y ahora tienen otra opción política en la que encajan a la perfección.

A mí, particularmente, me ha parecido muy interesante la crítica que realiza a la izquierda. La desidia por dominar el Ejército se une al deseo de las élites por controlarlo y pone sobre la mesa un ejemplo irrefutable. En los más de 50 folios del acuerdo de gobierno entre PSOE y UP, no hay ninguna mención a la regeneración de las Fuerzas Armadas españolas. Igual esto nos sirve para entender el motivo por el que en las ruedas de prensa del Gobierno durante este Estado de alarma hay más altos mandos militares que miembros del Gobierno. Igual es una cuestión de cuotas de poder.

En el libro se realiza un estudio pormenorizado de los resultados de Vox en las diferentes secciones de los colegios electorales donde votan militares y sus familias, con análisis comparativos con los datos que Vox ha obtenido en esas provincias. Todo el estudio va acompañado de una serie de cuadros y tablas que son de gran utilidad.

Ni que decir tiene que recomiendo su lectura a cualquier persona que tenga interés por el temas y preocupación por el ascenso de la extrema derecha en el Estado español.

La factura de la fiesta de los Pactos de la Moncloa

La crisis sanitaria producida por el coronavirus nos ha asomado en un abrir y cerrar de ojos al abismo de una nueva crisis económica. Estamos en un escenario que nos es absolutamente nuevo. Ante esta situación, en el Estado español se han alzado voces que plantean la necesidad de reeditar unos pactos similares a los Pactos de la Moncloa para superar esta situación de emergencia económica.

Para poder abordar la necesidad o no de unos pactos de esta naturaleza, similares a los que se firmaron en 1977, es necesario hacer un ejercicio de memoria histórica, para poder ubicar lo que fueron los Pactos de la Moncloa en el contexto de la época, y a partir de ahí evaluar si en la actualidad es la solución para toda la ciudadanía en su conjunto.

Los Pactos de la Moncloa fueron firmados por las fuerzas políticas y sindicales en octubre de 1977, pero se empezaron a gestar pocos días después de las elecciones el 15 junio de 1977. Eran las primeras elecciones después de cuarenta años de dictadura franquista. Desde la muerte del dictador se había puesto en marcha el proceso de reforma política y se iban quemando etapas sin que en ningún momento el establishment viera peligrar su status quo. Los aparatos del Estado franquista no habían sido depurados y en lo concerniente a los poderes económicos la oligarquía que se enriqueció a la sombra del franquismo seguía controlando todo el entramado económico. Suarez a la hora de formar el primer gobierno de la UCD nombra vicepresidente económico a Enrique Fuentes Quintana, quien sólo estuvo ocho meses en el cargo, pero que fue uno de los ideólogos de esos pactos.

El proceso de reforma de las instituciones franquistas para amoldarlas a lo que se podría denominar una democracia de corte occidental iba encarrilada. Los partidos más importantes de la oposición democrática habían renunciado a sus planteamientos iniciales y aceptaron este proceso político de reformas políticas que en ningún momento cuestionaba las instituciones franquistas, pues iban a ser los cimientos del régimen del 78 que estaba por venir. No muy lejos quedaban los posicionamientos en favor de la ruptura democrática y de no reconocer a un régimen que fuera heredero del régimen franquista. Sin ir más lejos, en 1976, todos los partidos de la izquierda parlamentaria estaban en contra del proceso que aceptaron con posterioridad.

Dentro de ese contexto es necesario recordar la profunda crisis económica que se vivía en aquellos años, fruto de la crisis del petróleo surgida en 1973. Un pais con una estructura económica y un sistema fiscal obsoleto que estaba pensado para beneficiar a las élites económicas, con una tasa de paro que rondaba el 6% y una inflación superior al 40%. Algo propio de un régimen antiguo y totalitario. A nivel sociolaboral, había una gran conflictividad laboral. Por poner un ejemplo, hacía poco más de un año de las luchas obreras que se vivieron en Vitoria-Gasteiz y que costaron la vida a cinco trabajadores a mano de las fuerzas policiales.

Toda esta situación llevó a las élites políticas a plantear unos acuerdos para “salvar al Estado de la catástrofe”. Fueron invitados todos los partidos del arco parlamentario y los recién legalizados sindicatos, en concreto, UGT y CCOO.

La realidad era que esos pactos iban a servir para encajar todas las estructuras socio-económicas del franquismo en el proceso de reforma política. En esos pactos no se puso en entredicho el origen de las riquezas de la oligarquía de la época, pues estaban pensados para eso, para que a partir de entonces nadie los pusiera en duda. Si la acumulación de capitales había sido gracias a las políticas del régimen franquista eso quedaba en el cajón del olvido. Este paso era fundamental para salvaguardar a las grandes familias y que a partir de ese momento tuviera todo un nuevo rol democrático.

Unos de los objetivos de estos acuerdos era realizar un ajuste en la clase trabajadora de la época. Para ello era necesario involucrar en la causa a los dos sindicatos que en ese momento eran los más importantes en el mundo laboral, UGT y CCOO, y que, a su vez, eran correa de transmisión de los dos partidos del centro-izquierda con mayor peso parlamentario (PSOE y PCE).

El texto aprobado tenía dos partes: una de reformas económicas y otra de reformas políticas. Por lo que respecta a las primeras, que es lo que ahora nos interesa, algunas de las cuestiones que afectaban de lleno a la ciudadanía de la época eran las siguientes: Se limitaba la subida de los salarios al 20% cuando en el momento de la firma la inflación se situaba alrededor del 30%, llegando el año siguiente al 40%. Esto no dejaba de ser una bajada del poder adquisitivo de los trabajadores, pues perdían, en el mejor de los casos un 10% de poder adquisitivo. Si algún convenio colectivo no respetaba la subida estipulada se permitía el despido del 5% de la plantilla y a esa empresa se le retiraban las ayudas crediticias y fiscales. En los puestos de trabajo de nueva creación ocupados por jóvenes se podrá despedir libremente durante los dos primeros años. Los efectos fueron tan catastróficos para la población que la tasa de paro se disparó del 5,6% de la población activa a finales de 1977 al 25% en los siguientes años, llegando a los cinco millones de parados.

Lo poco positivo que trajeron los Pactos de la Moncloa fue la reforma fiscal que se puso en marcha y que trajo consigo la desaparición de los impuestos que gravaban las diferentes rentas (trabajo, capital, etc…) para crear el Impuesto sobre la Renta y la reforma del Impuesto sobre Sociedades, aunque las presiones de ciertos sectores lograron que algunos aspectos de la reforma no salieran adelante.

El tiempo demostró que el ajuste se cebó con las clases más humildes y, por el contrario, no se cumplieron las medidas que iban a ser beneficiosas para la gran mayoría de la población.

Teniendo una somera idea de lo que fueron los Pactos de la Moncloa de 1977, hay que plantearse cuál es la intención de sus nuevos patrocinadores. Da la sensación que las dos almas del Gobierno están siendo las impulsoras de una iniciativa que está abocada al fracaso por múltiples razones.

Desde una óptica política, en este momento no hay condiciones objetivas para que haya un acuerdo de esta naturaleza con una oposición de derechas que en muchos momentos no reconoce la legitimidad del actual Gobierno, llegando a esgrimir un discurso que en algunos casos bordea la línea del golpismo. Pero desde una óptica socio-económica es materialmente imposible llegar a ningún acuerdo con los partidos que son los representantes del ultraliberalismo europeo y responsables de los recortes de todos los servicios públicos, dejando al Estado del bienestar como un solar. Son los arietes de las políticas privatizadoras, defensores a ultranza de las reformas fiscales que han traído consigo el abandono de la progresividad en las políticas fiscales, lo que ha generado que las rentas más altas aporten mucho menos y, por tanto, baje la recaudación ¿Alguien puede llegar a pensar que se puede llegar a un acuerdo con los responsables de todo este desaguisado?

En el supuesto hipotético que se llegara a crear una mesa con los partidos políticos y otras organizaciones sociales habría que analizar las diferencias estratégicas de los dos partidos del Gobierno a la hora de plantear unos pactos de esta naturaleza. No tienen los mismos intereses el PSOE y UP. En la actualidad tienen un programa de gobierno, pero esos hipotéticos pactos sobrepasarían los límites de ese pacto y en ese momento se empezarían a vislumbrar las diferencias internas de este Gobierno y eso sería contraproducente para el Gobierno porque la derecha tendría una ocasión idónea para torpedear al gobierno de coalición. Y no hay que olvidar que deberían de contar con los partidos que ayudaron a que triunfara la investidura de Sánchez, por eso de la aritmética.

Lo que más me llama la atención es la postura de Pablo Iglesias,  abogando por un pacto entre todas las fuerzas políticas y sociales siendo sabedor que en este tipo de acuerdos las oligarquías y las clases altas suelen ser los que, de una u otra forma, ganan la partida. Parece que quiere emular a Santiago Carrillo cuando se firmaron los Pactos de la Moncloa de 1977. El líder del PCE salió en la foto, pero los trabajadores fueron los que pagaron la factura de la fiesta.

Una vez que esta crisis sanitaria se haya superado, el Gobierno tiene que adoptar una serie de medidas que no puede obviar. Debe reforzar el papel del sector público en todos los ámbitos como herramienta para proteger a la mayor parte de la población, sobre todo, aquella que es más vulnerable. Para ello tiene que realizar una serie de reformas urgentes que desmonten el desastre generado por las políticas neoliberales que se han llevado durante muchos años, tanto por los gobiernos del PP como por los gobiernos del PSOE.

Para finalizar, no es muy lógica la forma en la que el Gobierno está abriendo la fuente del dinero para las empresas. No puede ser que el Estado cargue con las ayudas al sector privado a cambio de nada. Estos días se ha abierto la veda del chorro de dinero a las empresas por parte de las entidades financieras, pero con la garantía del Estado, a través del ICO, sin que a estas empresas se les exijan contrapartidas, además, lógicamente, de la devolución del dinero prestado. Está siendo un descontrol total y absoluto, porque una de las cosas que se debería de exigir a las empresas que quieren acceder a estos fondos es la prohibición de la destrucción de empleo ¿Dónde están los beneficios de las empresas en los últimos años? No es muy normal que en menos de un mes las empresas hayan pasado de tener una situación financiera en algunos casos buena y en otros razonable, a que ahora estén en la ruina más absoluta.

Soy partidario que para que las empresas puedan acceder ayudas del Estado o con la garantía de éste, se analicen sus estados financieros para comprobar si la situación de las empresas antes del Estado de alarma era buena, mala o regular. No se puede consentir que empresas bien saneadas y con una capacidad financiera para hacer frente a la crisis se puedan acoger a este tipo de ayudas o desde el primer momento empiecen a aplicar ERTES. La crisis vuelve a ser una bicoca para las empresas. Reciben ayudas públicas y con la excusa de la situación económica tienen barra libre para hacer ajustes laborales. Lo dicho, la factura de la fiesta siempre la pagan los mismos.