Amnistía versus indultos trampa

La utilización de la figura del indulto ha sido una constante a lo largo de la historia relativamente reciente del Estado español. Las asonadas militares que se dieron a lo largo del siglo XIX solían traer consigo algún tipo de indulto para los militares y políticos afinen a los uniformados que habían salido triunfantes del pronunciamiento de turno. Los golpes de Estado a lo largo del siglo XX fueron otro cantar, pues la característica de estos fue la represión generalizada manu militari, lo que conllevó que se perpetuaran en el poder y que todavía estemos bajo los efectos del que realizaron en julio de 1936.

Desde el momento que el Tribunal Supremo dictó la sentencia en la que condenaba a los políticos independentistas catalanes se han traído a colación dos instrumentos para obtener su excarcelación: amnistía e indulto. Términos que difieren mucho entre sí y que es necesario diferenciarlos.

La amnistía, vocablo de origen griego, tiene su inspiración en Mnemosine (Mνημοσυνη), diosa de la memoria. Y de ahí surge el término amnesia (Pérdida total o parcial de la memoria que impide recordar o identificar experiencias o situaciones pasadas), del que surgirá amnistía, que viene a ser el olvido de los delitos cometidos. La RAE la define como el “perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Por tanto, es el olvido y/o perdón de un tipo de delitos, aplicándose a la totalidad de las personas que lo hayan cometido y llevando aparejada la extinción de responsabilidad, por lo que las personas beneficiadas no tendrán antecedentes penales.

Esto contrasta con la figura del indulto, que viene a ser una medida de gracia por la que se perdona el cumplimiento de la pena a la persona que ha cometido el delito, pero no se le exime de la responsabilidad derivada del delito cometido, pues el delito en sí no desaparece, teniendo un carácter individual, pues sólo se aplica de forma individualizada y no con carácter general a todas las personas que hayan participado en delitos de esa naturaleza. Esto último tiene su importancia como más adelante se verá.

En todo este proceso hay tres posturas diáfanas y antagónicas entre sí. La que representan los partidos de la foto de Colón y sus medios de comunicación afines, la Brunete mediática, que se oponen de forma radical a cualquier tipo de media de gracia para con los presos políticos catalanes. La segunda postura es la que ha utilizado el Gobierno, el indulto únicamente para los nueve políticos condenados por el Tribunal Supremo. Y por último la que defiende el independentismo catalán que reivindica sin ambages la amnistía como solución a este conflicto.

Por lo que respecta a los defensores del inmovilismo poco o nada se puede añadir. Tanto la Brunete mediática como los partidos de la foto de Colón se han enganchado a este banderín, algo, que por otra parte era de todo punto de vista esperable. Es su forma de hacer política y la forma de tener lo más agrupado posible a su rebaño político. Su postura les puede dar ciertos réditos políticos en el resto del Estado y no quieren desaprovechar la ocasión. Lo que no entraba en sus cálculos es que dos estamentos de lo más reaccionario, en los que se apoya el régimen del 78 hayan adoptado una posición diametralmente diferente. Me estoy refiriendo al empresariado español, representado por la CEOE y los obispos.

Haciendo un ejercicio de análisis político comparado, no deja de ser un auténtico sarcasmo que las diferentes consultas que ha organizado la oposición venezolana, al margen del Gobierno venezolano, en ningún momento se hayan visto en la Unión Europea como unos actos en los que se cometieran infracción penal alguna y en el caso de los partidos que se oponen a los indultos, en todo momento alentasen ese tipo de acciones como método de protesta. Da la impresión que lo de organizar consultas a la población al margen de la legalidad vigente incurre en una infracción penal según donde y cuando se realicen. Debe ser que ejercer la legitimidad democrática es patrimonio de unos pocos.

Sin embargo, en el tema que nos ocupa, lo fundamental es contrastar las otras dos opciones existentes para solucionar el problema de los presos políticos catalanes, ver quienes las defiendes y buscar una solución al problema de Catalunya.

Anteriormente he expuesto de forma muy laxa las diferencias existentes entre amnistía e indulto. Ahora bien, ambos conceptos si los llevamos a la praxis política las diferencias se agrandan de forma considerable.

Los defensores del indulto hay que situarlos en los partidos que forman el Gobierno de coalición, aunque con matices a lo largo del tiempo. Por un lado, tenemos al PSOE, que no hace tanto tiempo apoyaba la aplicación del 155 y apoyaba los procedimientos judiciales que se abrieron en la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, porque había que salvaguardar “el Estado de derecho”. Es decir, abogaba por buscar una salida judicial a un problema político. Pedro Sánchez no hacía más que enseñar una de las mil versiones que lleva sacando a la luz desde que dirige los designios del PSOE.

Por lo que respecta a la postura de Podemos, esta se ha movido en no judicializar el problema catalán y en contra de los procesos judiciales abiertos. Y una vez que se hizo pública la sentencia, abogó por los indultos, entre otros motivos, por una cuestión importante: derogar el delito de secesión. Postura lógica, porque con la sentencia en la mano la aplicación de esta figura penal se podía convertir en un instrumento para criminalizar cualquier tipo de protesta en el marco de una huelga general, movilización como el 15M o protestas antidesahucio. Desde los partidos de la izquierda enseguida percibieron que la sentencia del TS ponía en peligro algunos derechos fundamentales.

Para el Gobierno la búsqueda más sencilla para que los nueve condenados por el Tribunal Supremo obtuviesen la libertad ha sido utilizar la figura del indulto. De esta forma han salido a la calle, aunque seguirán impedidos para el ejercicio de ningún tipo de cargo público, pues no se les anulan ni las inhabilitaciones y las responsabilidades civiles que les fueron impuestas. Los indultos han sido decretados con una serie de condicionantes que impiden a los indultados poder ejercer una actividad política plena. Así, de esta medida no se han podido beneficiar ni los que tomaron el camino del exilio ni todas aquellas personas que están inmersas en otra serie de procedimientos penales como consecuencia del procés. Esta cuestión es fundamental, porque con la medida que ha adoptado el Consejo de ministros los únicos beneficiados son un número reducidísimo de personas si lo comparamos con todas las personas que continúan imputadas en otras instancias judiciales.

El Gobierno está vendiendo los indultos en clave de magnanimidad con los presos políticos catalanes, pero eso no se corresponde con otras acciones que está llevando a cabo. Sin ir más lejos, el Gobierno ha quedado retratado estos días con algunas de sus actuaciones y sus declaraciones. El dar marcha atrás en la reforma del Código Penal que está preparando en lo referente a la derogación del delito de sedición, alegando que no hay un supuesto consenso con los partidos que apoyaron la investidura es una muestra que no está por la labor de adecuar el Código Penal español a los estándares democráticos. No deja de ser el mantenimiento de la legislación que le da cobertura para volver a encarcelar a quien vuelva a poner urnas. Otro botón de muestra han sido las manifestaciones de rechazo al informe del Consejo de Europa contra España por el juicio del procés. Esta actitud es más típica de la Turquía de Erdogán o de la Rusia de Putin, o de un hipotético gobierno de coalición entre  Casado y Abascal. Lo que no tiene un pase es que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe de esta forma, pero quizás todo sea producto de intentar sacar a relucir una de las mil caras que tiene el líder del PSOE. Y ese intento de intentar contentar a los que desde su partido han puesto el grito en el cielo por los indultos.

El Gobierno está vendiendo estos indultos como la fórmula mágica que va a servir para solucionar el problema de Catalunya, sin querer abordar el problema de fondo que es tan sencillo como que las reivindicaciones de una parte muy importante de la ciudadanía catalana no pueden ser ejercidas porque el marco jurídico-político actual lo impide y hablar de otras cuestiones no deja de desviar la atención y marear la perdiz. La imposibilidad de poder ejercer el derecho a decidir el modelo de país en el que quiere vivirla ciudadanía catalana choca de forma sistemática con el muro que forma el régimen del 78. El drama existente es que gane quien gane en las elecciones catalanas, los partidos que pierden, que casualmente siempre son los mismos, pueden dormir tranquilos porque las reivindicaciones de los partidos que forman el bloque vencedor no pueden ponerse en práctica y sus programas electorales acaban siendo papel mojado o, en su defecto, si lo quieren poner en práctica, les espera el palo y tente tieso. El Gobierno ha ido posponiendo de forma reiterada la reunión de la mesa de diálogo y mientras el tiempo y la legislatura transcurre, siendo el margen de maniobra cada vez es más corto pues la legislatura no corre, vuela.

La estrategia del Gobierno de coalición es bastante simple: busca romper el bloque independentista a través de unos indultos trampa, pues sólo neutralizan el caso de nueve personas, dejando la situación empantanada para otras muchas que no son tan mediáticas. Es una estrategia legítima, pero, al mismo tiempo, carente de ética y un tanto peligrosa. Es peligrosa porque con la salida de los presos condenados por el procés, se ha encontrado una reivindicación unánime de amnistía, como fórmula para resolución del conflicto, al margen de las diferencias existentes entre las organizaciones independentistas. En un tema de esta naturaleza, las diferencias han quedado aparcadas para unirse en la reivindicación de la amnistía. Si el Gobierno pensaba que desde las filas del independentismo iba a recibir el aplauso generalizado es que no ha entendido nada hasta el momento.

La postura del independentismo en defensa de la amnistía como única forma de solución del conflicto tiene su fundamento en varias cuestiones.  Partiendo de la definición que he realizado de amnistía, en términos políticos esta no se ciñe únicamente al olvido y/o perdón de un tipo de delitos para todas las personas que lo hayan cometido. La aplicación de una amnistía política va más allá, pues suele ser la consecuencia última del reconocimiento de los objetivos políticos que persiguen los condenados, lo que conlleva que no tenga razón de ser la condenada que en su día les impusieron.

En términos políticos la amnistía viene a ser el respaldo a la lucha o actividad política que han ejercido las personas condenadas y beneficiadas por la aplicación de esta medida y elevar su lucha a ejemplo para toda la sociedad con la extinción del delito para la totalidad de personas que se puedan afectar. Es por ello, que cuando una medida de esta naturaleza es concedida por algún gobierno suele llevar aparejada algún acuerdo entre las partes beligerantes. Todo esto con el añadido que los delitos por los que fueron condenados se resumen en poner urnas para que la población participase de un referendum.

El independentismo catalán ha sido un ejemplo a la hora de utilizar métodos pacíficos, algo que no ha pasado desapercibido en Europa, por más que desde el Ministerio del interior hayan tenido una actitud intoxicadora, con la cooperación necesaria de los medios de comunicación cercanos a la extrema derecha española. Mucho más fructífero hubiera sido que este gobierno hubiese realizado tiempo atrás una labor pedagógica para explicar a la ciudadanía que la puesta en libertad de los presos políticos catalanes era una cuestión de higiene democrática y explicar que la represión a quien tiene por objetivo poner urnas es propia de otros países y/u otros tiempos. Los próximos meses van a ser cruciales en el desenlace del conflicto Catalunya-España. La pelota está en el tejado del Gobierno español para poder desatascar una situación que se lleva arrastrando a lo largo del tiempo. Debe de tener voluntad política para abordar el problema con valentía y hacer pedagogía con la población del resto del Estado para que entiendan la naturaleza del conflicto y que muchos sectores abandonen el lema del “a por ellos” que pusieron en marcha los partidos de la derecha extrema y la extrema derecha española en 2017 durante los meses del procés. En política buscar la cuadratura del círculo sólo sirve para tropezarse con el mismo obstáculo

Nubarrones en el horizonte político de la izquierda

La victoria contundente que el PP ha obtenido en las elecciones autonómicas madrileñas está alertando la posibilidad de un cambio de ciclo político. Si nos guiamos por las encuestas que se están publicando, la derecha podría obtener una mayoría absoluta en el Congreso de los diputados.

Este nuevo panorama que hace unos meses parecía harto improbable, es producto de un desgaste del actual Gobierno de coalición que en poco menos de dos años ha sido incapaz de poner todos los medios para ejecutar el acuerdo de Gobierno que aprobaron en diciembre de 2019 y plasmarlo en una batería de leyes e iniciativas que sirvieran para dejar sin efecto la involución que fue la etapa del PP en el Gobierno de la mano de Mariano Rajoy.

El documento que firmaron en su día PSOE y Unidas Podemos (UP), sin ser la panacea, era lo suficientemente interesante como para poder avanzar en el camino de la recuperación de derechos fundamentales civiles y sociales. Este Gobierno durante el tiempo de legislatura que ha consumido debía de haber impulsado una batería de leyes e iniciativas que negociadas previamente con las formaciones políticas que posibilitaron su investidura, sirvieran para derribar toda la involución que se vivió durante la etapa neoliberal del PP.

Cierto es que los primeros meses de la pandemia trastocaron ese calendario de actuaciones y hasta se podría admitir que el Ministerio de Trabajo diese prioridad a toda esa batería de Decreto-leyes que están siendo imprescindibles para sofocar la situación laboral de millones de trabajadores como consecuencia del confinamiento y la pandemia y durante los primeros meses dejase a un lado la derogación de la reforma laboral del PP. Lo que no tiene lógica es que diese un auténtico parón en el resto de temas y que este Gobierno no haya avanzado en el cumplimento de su propia hoja de ruta que elaboró y que fue instrumento fundamental para que los socios que lo sustentan facilitasen la investidura.

Con la perspectiva que está dando el transcurso de casi año y medio de gobierno, y la inacción en la que está sumido, la conclusión que se obtiene es sencilla. Todo se resume en el bloqueo que existe desde dentro de la mayoría del gobierno a la hora de sacar adelante el programa pactado por PSOE y UP y el modus operandi está siendo diáfano.

Para ello es necesario tener una mirada retrospectiva. La situación que está viviendo este Gobierno tiene su origen en las circunstancias que llevaron a que se diese este acuerdo de coalición. Este gobierno es producto de una repetición electoral, pues las elecciones de abril de 2019, aun dando a los dos partidos que forman la coalición de gobierno una mayoría superior a la que tienen en la actualidad, fue imposible que llegasen a un acuerdo.

En los meses posteriores a las elecciones de abril de 2019 un hipotético acuerdo entre PSOE y UP se antojaba harto complicado. No sólo hay diferencias ideológicas y políticas entre ambas formaciones. La cuestión va a allá. Estos dos partidos representan dos conceptos diametralmente opuestos de modelo jurídico-político que quieren para el Estado. El PSOE es un ferviente defensor del Régimen del 78, lo que lleva aparejado que no cuestione la monarquía y las instituciones surgidas a partir de 1978, posicionándose en contra del derecho de autodeterminación de los diferentes pueblos del Estado español y, a nivel socioeconómico cuando ha gobernado ha realizado políticas neoliberales, bordeando esa línea casi inapreciable que le separa del PP, teniendo una relación de gran complicidad con los poderes económicos.

Frente a esta posición de partido sostenedor del régimen heredero del franquismo, está UP que se alinea en una posición crítica contra las esencias de este régimen, manteniendo una actitud muy crítica con todos esos poderes con los que el PSOE no tiene problema alguno para salir en la misma fotografía.

Ante esta situación era tremendamente complicado que hubiera cierto grado de química entre ambas partes, aunque alguien dirá que la política es el arte de lo imposible y cosas más raras se han visto. La realidad se imponía y no hubo acuerdo, entre otras cosas, porque lo que realmente seducía al PSOE era llegar a un acuerdo con Ciudadanos (Cs), pues la suma de ambos partidos en el Congreso les daba una mayoría absoluta, sin tener que necesitar ningún otro apoyo. Que el PSOE se decantaba por esta opción es algo que está probado porque algunos líderes del PSOE han reconocido que esa era la opción que barajaban en su partido. La negativa reiterada por parte del líder de Cs para hablar con Sánchez y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con UP, abocó a una repetición electoral, pero el nuevo escenario que surgió en noviembre dejó al PSOE sin margen de maniobra. Con un Cs reducido a la mínima expresión, el PSOE tuvo que hacer de la necesidad virtud y negociar con UP un acuerdo de gobierno y un programa que a día de hoy todo hace iniciar que no cree mucho en él.

Eso y no otro motivo es lo que empujó a Sánchez a mover ficha a las pocas horas de las elecciones de noviembre de 2019. El PSOE, además de representar lo que representa, uno de los pilares del régimen, no deja de ser una máquina electoral que le obliga imperiosamente a estar en el poder para poder mantener su estructura como partido. Este tipo de partidos tienen muchos estómagos que alimentar y para ello su oxígeno es ostentar el poder en las diferentes administraciones. Eso le abocó a Sánchez a olvidar todo lo que había dicho en campaña y a abrirse a negociar no sólo con UP, sino con otras fuerzas políticas para que los números le dieran la presidencia del gobierno.

En el caso hipotético que se hubiera dado la posibilidad de haber llegado a un acuerdo con Cs después de las primeras elecciones, la relación entre ambos partidos no hubiera estado tan salpicada de diferencias y enfrentamientos entre ambos socios. Sólo hay que ver como el PSOE comparte gobierno con el PNV en la CAV y las diferencias son mínimas. Alguna que otra surge cuando se habla de un nuevo Estatuto, porque ahí le sale al PSOE la vena jacobina, pero por el resto de temas suele ser una balsa de aceite. Y algo similar se puede decir del gobierno de coalición que comparte en Cantabria con el PRC. Las diferencias son de andar por casa.

Este Gobierno está controlado por el PSOE y en algunos momentos los ministros de UP dan la sensación que son auténticos jarrones decorativos, surgiendo las profundas diferencias cuando se tropiezan con algún tema de los que vienen recogidos en el acuerdo de gobierno.

En el caso de los proyectos de ley que tienen que sacar adelante los ministerios controlados por el PSOE, el ministro en cuestión suele ignorar bastante el contenido y el espíritu del documento de forma casi sistemática, sacando adelante borradores de documentos que lo que consiguen es el enfrentamiento con sus socios de gobierno, que frecuentemente se traslada a los medios de comunicación con declaraciones cruzadas. Todo esto lo único que logra es soliviantar a los socios del Gobierno de coalición y, a partir de ese momento el esperpento está servido. Casos como el de la ley de vivienda que se tramita a través del ministerio de que controla Jose Luís Ábalos o la reforma de las pensiones que controla Escrivá están siendo la muestra palpable que los ministros del PSOE están ignorando un día sí y otro también los acuerdos firmados.

En el caso de los proyectos de ley que elaboran los ministerios controlados por UP, la estrategia del PSOE está siendo tanto o más sangrante. Al llegar los borradores a las inmediaciones del Gobierno. Es decir, cuando el ministro de turno de UP los lleva a la comisión de secretarios y subsecretarios, que la preside la vicepresidenta del gobierno, es el momento en el que la lugarteniente de Pedro Sánchez pone en marcha toda la maquinaria para aparcar esas iniciativas. Utilizando todo tipo de argucias jurídicas, como la solicitud de informes, la duda de la constitucionalidad de las iniciativas que se presentan, etc… La realidad es que ministerios como el de Igualdad han sido incapaces hasta el momento de aprobar ningún proyecto de ley en todo este tiempo. Ni el proyecto de  del “Solo sí es sí”, que es la ley estrella de este ministerio y que lleva una tramitación de más de un año, ni la ley trans han sido capaces de llegar al Consejo de ministros para que sea aprobada y se remita al Parlamento.

A todo esto hay que añadir la imagen que están dando en los medios de comunicación, que ávidos de carnaza informativa, esto les viene como anillo al dedo. Pero lo más grave es la percepción que recibe la ciudadanía. Porque todo esto acaba generando frustración en el electorado y al final se acaba imponiendo la decepción.

La táctica que está siguiendo UP de criticar a posteriori algunas de las decisiones que previamente han sido aprobadas en Consejo de ministros, no pasa de ser una forma bastante burda de hacer oposición desde dentro del Gobierno. Las decisiones que se adoptan en ese órgano son colegiadas y no es muy coherente actuar de esta forma. UP realmente quiere actuar como si fuese un socio del Gobierno a través de un acuerdo de legislatura, en el que le permite tener una libertad mucho mayor. Pero la apuesta de la dirección de Podemos fue la de gobierno de coalición por encima de todo. Entrar en el Gobierno al precio que fuese y el resultado es que en menos de dos años han quemado al líder del partido y de la coalición. Pésimo negocio pues no parece que su estancia en el gobierno les esté deparando mejores perspectivas electorales.

Por el contrario, estas cosas no le pasan a la derecha. Cuando gobiernan no se andan con miramientos si una ley se ajusta a la Constitución o si puede levantar ampollas en la opinión pública. La derecha llega al Gobierno para servir unos intereses, tienen muy claros que tener a su disposición el Boletín Oficial del Estado es la mayor herramienta existente para aplicar sus políticas. Cuanto antes sea publicado en el Boletín la norma que quieran sacar adelante, ellos ponen todos los medios para lograr sus objetivos. Entonces ¿por qué le pasa a este Gobierno? Por una combinación de factores. El nulo entusiasmo del PSOE en sacar adelante la hoja de ruta acordada con su socio y la incapacidad política que está demostrando UP en el Gobierno.

Al margen de la pandemia y lo que ha acarreado, Podemos se ha volcado en el trabajo institucional, olvidando sus origines que no son otros que las calles y plazas. Lo del partido movimiento se ha quedado para los documentos políticos. Ha obviado la importancia que tiene la presión en la calle para poder azuzar a su socio de gobierno y lo que ha conseguido es que la extrema derecha se haya adueñado de la calle y que este partido se distancie más de su verdadero pulmón que es la capacidad movilizadora que se supone que es una de las esencias de la izquierda.

Todo esto siendo algo obvio, es una situación que se repite con gran frecuencia allá donde la izquierda llega a gobernar, exceptuando honrosas excepciones. La izquierda para que llegue al poder tienen que darse unas condiciones muy determinadas y a eso hay que añadir que los obstáculos que tiene que sortear no tienen comparación con la facilidad que tiene la derecha para ganar unas elecciones. Por ello no es comprensible que cuando la izquierda logra constituir gobiernos más o menos progresistas se diluya en ellos. Entran en una especie de burbuja y, lo que es más grave, se abre una brecha entre el gobierno y la calle.

Este gobierno olvida que las posiciones no están ganadas de por vida. El votante ya no es como hace cuarenta años que era fiel a unas ideas o a unas siglas. La ciudadanía está en constante movimiento y evolución y cuando observa que no hay diferencia entre las políticas de la derecha y la izquierda acaba votando a la extrema derecha populista porque les vende un discurso plagado de demagogia pero que les suena bien.

A este gobierno ya le empieza a correr el cronómetro, pues casi ha consumido la mitad de la legislatura y hay que tener presente que sacar adelante las diferentes leyes lleva unos plazos en función del tipo de norma que sea. Si a esto le añadimos que para que la ciudadanía pueda percibir la aplicación de toda esa nueva legislación tiene que pasar un periodo para que se vean los resultados. Los plazos se acortan y este año es fundamental para dar un impulso político. Las dudas radican de la voluntad política que tenga el PSOE en cumplir el documento de gobierno de coalición.

Toda esta inacción no hace sino allanar el camino a la derecha para que en las próximas citas electorales pueda lograr mayorías suficientes para poder gobernar. En estos momentos en los que por Europa corre el viento de los populismos de extrema derecha, los partidos que forman el Gobierno tienen la responsabilidad de retomar la iniciativa para hacer de muro de contención. No pueden estar pendientes de que los números salgan gracias a que en Catalunya y Euskal Herria los partidos de la foto de Colón son testimoniales. Ellos tienen que poner los mimbres necesarios para recuperar la ilusión en el electorado que les votó. En sus manos está limpiar el horizonte de los nubarrones que representa las derechas o que se oscurezca el futuro más inmediato.