La izquierda y el piolet

La izquierda española vuelve a desenterrar el piolet

“La izquierda tiene esa vocación conspiratoria que le pierde. En toda reunión en la que la izquierda trata de organizarse parece que hay unos cuantos piolets escondidos debajo de la mesa. Supongo que tiene que ver con esa tradición de cuestionarse permanentemente, de hacerse preguntas, que es muy saludable en cierto punto. Pero al mismo tiempo también tiene que ver con la vocación al fracaso, que ha sido un lastre por parte de ciertos sectores de la izquierda”.

Esta reflexión con la que comienzo este artículo es de Ismael Serrano y la he extraído del libro Tomar partido” (Editorial Txalaparta) que el periodista Sergio Gregori Marugán publicó en 2019 y en el que se recogen alrededor de medio centenar de entrevistas a actores políticos, intelectuales, periodistas y personajes visibles del mundo de la izquierda. Y hoy la he rescatado porque si en su momento me pareció muy acertada, desgraciadamente hoy está más vigente que nunca, y algunos se han propuesto no aprender del pasado.

Lo que estamos viviendo en los últimos meses, porque todo esto viene de atrás, raya la esquizofrenia. Algunos han sustituido el piolet por el tuit o el bolígrafo y se han puesto a disparar en medios de comunicación y redes sociales a todo lo que se mueve, haciendo tanto o más daño. No es nuevo este espectáculo, pero sigue siendo igual de bochornoso.

Antes de entrar en harina, voy a dejar algunas cosas claras: en este juego de tronos que nadie busque buenos o malos, y la sensación que acaba teniendo el votante de izquierdas es que esto va de cuatro popes que están jugando a ese tacticismo cruel que lleva a unos a auparse en el poder a costa de otros y acaban arrastrando a las bases de los diferentes bandos a una guerra fratricida. Igual los males de la izquierda pasan porque hay que acabar con tanto liderazgo y esto va dirigido a todas y todos.

Llevamos varias semanas escuchando a Pablo Iglesias y a algunas personas de la dirección de Podemos que para entrar en el proyecto de SUMAR tan sólo es necesario que Yolanda Díaz llegue a un acuerdo bilateral con Podemos en el que la primera acepte la celebración de unas primarias abiertas. Da la sensación que lo único que importa es el método para la elaboración de las listas ¿quizá quieren decir la forma de repartirse los puestos de la candidatura? pues no le han requerido para hablar del programa de gobierno que es lo que le interesa al votante de izquierdas, si Julio Anguita levantara la cabeza. Y han ignorado al resto de formaciones que ya están apoyando el proyecto SUMAR, si se me permite, algo poco respetuoso si se quiere ir de la mano con esas formaciones políticas en una única candidatura.

La respuesta de Yolanda y su equipo hasta hace unos días venía siendo de un perfil bajo, sin entrar en rifirrafes dialécticos, lo cual le estaba obligando a la otra parte a subir el tono y es cuando se han escuchado frases como que Yolanda Yolanda Díaz está actualmente “mucho más cerca políticamente” de Más País, es decir, de Íñigo Errejón, que de Podemos, o que el PSOE quiere una izquierda que la pueda manejar como lo hizo con IU. Lo primero que pienso es si este tipo de declaraciones de verdad sirven para unir, porque la sensación que he extraído es que han ayudado a caldear más el ambiente, y volviendo al contenido de las declaraciones, si es cierto ese acercamiento de Yolanda Díaz a las posiciones de Errejón ¿Podemos se sentiría cómodo en ese proyecto? ¿por qué ese interés de llegar a un acuerdo con Yolanda? ¿no le sería más útil defender su espacio político fuera de la candidatura de Sumar?

En esta historia no hay ni buenos ni malos, ni todo es blanco ni todo es negro, y para entenderlo es necesario tener una mirada retrospectiva y remontarnos cuatro años atrás. Allá por 2020 pasaron muchas cosas, no hacía un mes que el gobierno de coalición PSOE-UP había iniciado su andadura y en una entrevista que Yolanda Díaz concedió al diario El País nos dejaba esta perla: “Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable”. Frase infumable donde las haya, pero parecía premonitoria a la vista del desenlace que tuvo la tan cacareada derogación de la reforma laboral del PP. Pero lo más llamativo es que en aquel momento, primeras semanas de 2020, ante esas declaraciones nadie de Podemos alzó la voz, en aras a defender el compromiso del gobierno de coalición de derogar la reforma laboral de Rajoy, y no voy a entrar en una guerra semántica, porque todo el mundo entiende perfectamente lo que significa derogación. Acababan de empezar a pisar las moquetas de los ministerios e igual estaban deslumbrados por ese nuevo status.

Pocas semanas después vino la pandemia y lo puso todo patas arriba. Y hay que decir que la labor desplegada por el ministerio de Trabajo, sin ser para echar cohetes, sirvió para que la clase trabajadora de este país no se hundiera aún más en la miseria y no me cabe la menor duda que con un gobierno de las derechas las decisiones hubieran sido muy diferentes en perjuicio de la población más vulnerable. Pero muchos de esos decretos, así como los relativos al confinamiento salieron adelante gracias a otras fuerzas políticas,  que para algunos gurús de Podemos están vendidas a los poderes económicos. Parece que a algunos se les ha olvidado con mucha rapidez que para convalidar algunos decretos-ley, anduvieron mendigando votos, pues cada voto en el Congreso valía su peso en oro. Por cierto, hay que decir alto y claro, esos que hoy no parecen que sean tan izquierdas para los defensores de las esencias de la izquierda, cuando subían al estrado del Congreso, exigían al gobierno que fuese más valiente a la hora de tomar medidas, recuerdo discursos de Errejón y Baldoví muy críticos con el gobierno en materia laboral, críticos desde posturas de izquierda. Así son las cosas. Y todo ello sin olvidar ese pacto de mayo de 2020 que los partidos del Gobierno firmaron con EH Bildu, y que nunca cumplieron, para la derogación de la reforma laboral del PP a cambio de una prórroga del Estado de alarma.

Posteriormente vino, e iba siendo hora, la negociación de la reforma laboral y algunos vimos, no sin cierto asombro, que se negoció con todo el mundo, menos con los que había que negociarla: los partidos que facilitaron la investidura. Se hizo todo de espaldas a los representantes de la ciudadanía, la patronal estaba feliz por el acuerdo, y como los números no salían tuvieron que buscar ayuda en Cs, y en la extrema derecha navarra (UPN), aunque sin éxito en este último caso. La puesta en escena de todo ese proceso fue muy clara: aupar a Yolanda Díaz al status de líder de la izquierda y futura candidata a presidenta del Gobierno. Podemos no sólo no lanzó ni una crítica a Yolanda Díaz por una infumable reforma laboral, es que solo faltó pontificarla, y así lo hizo en su discurso la portavoz de Podemos dentro del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos el día que se debatió la reforma laboral en el Congreso. En Podemos nadie discutía el liderazgo de Yolanda Díaz, parecía que iba a ser el Mesías. Y si la reforma laboral propiciada por el gobierno de coalición salió adelante, fue, entre otros, por los votos de Más País y Compromís. Allí estuvieron echando un capote a Unidad Podemos, aunque se quejaron que esta reforma estaba lejos de lo prometido y que con ella no se recuperaban todos derechos perdidos por los trabajadores. Y Yolanda Díaz y su equipo dejaron en la estacada a EH Bildu y a ERC, que decidieron no apoyar ese trágala, recibiendo un aluvión de críticas.

Llama la atención que desde Podemos la crítica se centre en la exigencia de unas primarias abiertas, cosa que en la coalición Unidas Podemos nunca se ha llevado a cabo y cuando la elección de Yolanda Díaz fue un dedazo en toda regla por parte de Pablo Iglesias, ignorando a las bases, una forma de actuar más propia de los partidos tradicionales, todo lo que siempre habían criticado. Por tanto, la legitimidad de Yolanda Díaz se la dio Pablo Iglesias, quizá pensando que por detrás podría mover los hilos de su proyecto, cosa que no parecería muy descabellada si observamos el rol que está adoptando en toda esta trifulca, porque habría que preguntarse cuál es el papel de Pablo Iglesias en todo esto, una persona que al cabo del día realiza muchísimas más declaraciones que Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos y la actitud que tiene en los medios de comunicación es la de la persona que lleva las riendas de Podemos, quien dirige el partido en la sombra, cosa que no favorece nada ni a la actual dirección de Podemos ni al conjunto del partido. El hecho que se haya conocido que hace unos meses se reunieran Yolanda Díaz y Pablo Iglesias para rebajar el tono lo dice todo, pues no se reunió con nadie de la dirección de Podemos, lo hizo con el poder en la sombra.

Aquí se está hablando mucho de la fórmula de un frente amplio y que es necesario que Sumar y Podemos se entiendan para evitar que la derecha obtenga la mayoría absoluta, pero nadie está diciendo absolutamente nada sobre la posibilidad que otras sensibilidades de la izquierda se incorporen a este proyecto, como es el caso de Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez y Anticapitalistas. No deja de ser una sensibilidad más dentro de la izquierda que hasta no hace tanto tiempo compartía espacios con algunas de las organizaciones que están en Sumar y que estuvieron en Podemos.

Si lo expuesto hasta ahora es preocupante, aún lo es más los derroteros por donde están yendo las declaraciones de Yolanda Díaz y algunas personas de su entorno en estos últimos días. Si hasta ahora había jugado un papel amable, da la sensación que ha cambiado el chip y ha pasado de tender la mano a no hacerle ascos a evitar que Podemos se incorpore a Sumar, y frases como “Sumar no será será un fracaso si no está Podemos” no ayudan a crear un ambiente de confluencia.

En toda esta bronca hay mucho de tacticismo y mucho pánico al día después del 28 de mayo. No corren buenos vientos para Unidas Podemos en las municipales y autonómicas y todo el mundo tiene claro que sentarse a negociar con los resultados electorales en la mano va ser más complicado para las formaciones que obtengan un mal resultado, pero sería injusto que ese lastre recayese únicamente sobre Podemos, pues no hay que olvidar que en Unidad Podemos también está IU y debería de compartir esa responsabilidad.

Lo que no puede repetirse es el escándalo de la negociación que se dio en Andalucía para negociar la candidatura de las elecciones autonómicas del año pasado, aunque parece que nadie ha aprendido nada de ese espectáculo bochornoso en el que el motivo de la pelea eran los puestos de las listas y el reparto de la financiación. Y la realidad es que a día de hoy el ambiente está peor que hace un año.

Sería más productivo que explicasen al votante de izquierdas cuál es la estrategia para afrontar los comicios de noviembre, si esta pasa por intentar reeditar un acuerdo de gobierno, como hasta ahora, si se van a centra únicamente en la política institucional como fin en sí mismo o, si por el contrario, piensan recuperar el pulso de la calle. Cuando UP entró a formar parte del gobierno de coalición, renunció a la calle como instrumento de presión, y cuando en algún momento quisieron salir a protestar, su socio de gobierno le hizo ver que no se puede estar gobernando y simultáneamente manifestándose en contra de las decisiones del gobierno.

Y en esas estamos, sería importante saber qué hoja de ruta tienen los diferentes actores de la izquierda, que proyecto de gobierno tienen y si hay o no posibilidad de llegar a confluir en un frente amplio, pero por favor, que todos terminen con este espectáculo lamentable, dejen de conspirar tanto y entierren el piolet.

La Ley Mordaza, el PSOE y el arte de marear la perdiz

La Ley Mordaza

En política cuando se marea la perdiz es porque se quieren dejar las cosas como están. De ello puede dar buena cuenta el PSOE que es un experto en esas lides, y lo acabamos de ver con el fracaso para la derogación de la Ley Mordaza. Se ha tirado alrededor de tres años alargando unas negociaciones en las que desde el primer momento se percibía su falta de voluntad política para derogar las cuestiones más escabrosas de la norma que aprobó el PP durante el gobierno de Rajoy, y a pocos meses para el final de la legislatura, sin haberla consensuado con los grupos que sustentan este gobierno, deciden que se vote en la Comisión de Interior del Congreso sabiendo que no iba a pasar el trámite, porque no tenía los apoyos necesarios.

Hay varios detalles que no se pueden dejar pasar por alto y que corroboran la nula predisposición del PSOE para derogar la Ley Mordaza. El más importante es que este proyecto de ley no ha sido impulsado por el Gobierno, por contrario, es producto de una proposición de ley que presentó en 2020 uno de los partidos que facilitaron la investidura, el PNV. El Ministerio del Interior en ningún momento ha tenido voluntad política para elaborar un proyecto de ley para derogarla, algo lógico conociendo a quién dirige Interior, Grande-Marlaska. Solo hay que recordar que la Ley Mordaza fue aplicada con total arbitrariedad durante el periodo de pandemia, a excepción de los barrios pudientes, como el barrio de Salamanca de Madrid, que eran el oasis del incumplimiento.

La proposición de ley presentada por el PNV fue aprobada, faltaría más, puesto que al PSOE no le quedaba más remedio que votar sí, pero con el bagaje parlamentario que posee a sus espaldas, supo utilizar todo tipo de argucias parlamentarias para que la proposición de ley fuera dando tumbos por los pasillos del Congreso, en algunos momentos durmiera el sueño de los justos y en otras ocasiones estuviera sumida en un proceso de negociaciones interminables en las que no se desatascarían las cuestiones más importantes, y así lograr el objetivo de empantanar este tema. El PSOE, que cuando es necesario se alía con quién haga falta, no le hubiera hecho ascos a recibir algún apoyo de la bancada ultra para lograr sus pretensiones.

Conociendo todo esto, y con un PSOE enrocado, plantear votarla en comisión era la antesala del fracaso, puesto que era conocido que con ese texto en la mano habría partidos que no apoyarían su tramitación y visto lo sucedido, no parece que este final le haya disgustado mucho.

Una vez que ha sido rechazado el texto votado, era el turno de la maquinaria de propaganda para buscar culpables, en vez de centrarse en las causas de su rechazo. Para ello la prensa progre de Madrid no ha perdido la ocasión de encontrar chivos expiatorios, señalando a ERC y EH Bildu. Lo mismo que sucedió con la reforma laboral, que llegó cocinada al Congreso, no se podía tocar una coma porque eso podía importunar a la CEOE, aunque estos no tuvieran representación parlamentaria, y para ello no hicieron ascos al apoyo de Ciudadanos y a pactar con UPN, pero esto último les salió el tiro por la culata. Y aunque salió adelante por el error  del diputado Casero (PP) en la votación, en esa ocasión arreciaron una cascada de críticas a los partidos aliados del gobierno que votaron en contra.  Parece que es un sacrilegio no seguir los dictados del gobierno.

No es nuevo este modus operandi del PSOE, por un lado, en actos públicos habla de derogar la Ley Mordaza, pero, por otro lado, su actuación parlamentaria se aleja de sus declaraciones, y para ello utiliza todo tipo de argucias, abriéndose a procesos negociadores interminables. Este gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para haber derogado la Ley Mordaza, pero esto parece que pasa de largo. Los diferentes análisis, editoriales y comentarios en tertulias, acerca de lo que ha sucedido con la Ley Mordaza y la polvareda que ha levantado el voto en contra de EH Bildu y ERC en la Comisión del Congreso han obviado buscar las causas para ceñirse al único argumento ventajista: si alguien sufre los efectos de la Ley Mordaza, ello se debe única y exclusivamente a EH Bildu y ERC que han votado en contra. Curioso argumento, cuando el gobierno actual ha aplicado esta ley a destajo, y qué decir del PNV, que le ha faltado tiempo para acusar a EH Bildu y ERC de este fracaso, pero desde el Departamento de Interior del Gobierno Vasco se aplica la Ley Mordaza como una apisonadora, ignorando el mandato del Parlamento Vasco en el que le instaba que no sea aplicada.

La postura del PSOE va más allá de un hipotético miedo a los sindicatos policiales, como se ha llegado a decir, cosa que no niego. La cuestión es que hay que tener presente que nunca han cuestionado el modelo policial, ni los modos de actuación. Si por algo ha destacado este partido desde que llegó al gobierno por primera vez, en 1982, es por el perfil que han tenido sus ministros del Interior y sus modos, personajes como Barrionuevo, Corcuera, Belloch, Rubalcaba, Grande-Marlaska no los voy a descubrir ahora. Han aprobado todo tipo de leyes que han vulnerado los derechos y libertades: leyes antiterroristas, la de la patada en la puerta, etc….

En lo sustancial, no hay diferencias entre el modelo de seguridad del PSOE y del PP, varían los matices, porque no deja de ser uno de los pilares del régimen del 78, por ello había preceptos de la Ley Mordaza con los que se sienten muy cómodos. Y otro tanto le ocurre al PNV.

Los motivos por los que los aliados del gobierno no han apoyado el texto en comisión se centran en tres temas que son los pilares de la ley que se pretendía derogar y que salían de rositas. La prohibición de las pelotas de goma, que en ningún momento entraba en los planes del PSOE y el PNV, pues solo hay que ver como los dos partidos que están coaligados en el Gobierno Vasco han actuado en el caso de Iñigo Cabacas, muerto a consecuencia del disparo de una pelota de goma por parte de la Ertzaintza.

El caso de la negativa a derogar las entregas en caliente de inmigrantes, una vulneración de los derechos humanos, hecho que ha sido denunciado por diversas ONGs, y que a uno le hace pensar que es la coartada perfecta para que vuelvan ocurrir casos como el de la valla de Melilla.

Finalmente, el dejar vigente las faltas de respeto a la autoridad e infracciones por desobediencia es otro de los motivos que han propiciado ese rechazo, que es de gran importancia si se quiere blindar los derechos y libertades. Es algo que vemos continuamente cuando se produce un desahucio, una concentración, etc…, en el que se aplican de forma arbitraria estas infracciones, con el agravante que supone el valor que se da a la versión policial en detrimento de la que aporte el denunciado, algo que hemos visto en diferentes procesos judiciales.

Estos días muchos de los comentarios se fundamentaban en que al menos era una derogación parcial, aunque los apartados más importantes quedasen inmaculados. Esa teoría del mal menor, que nos lleva a renunciar a nuestros planteamientos para aceptar que las cosas queden igual, pero con un barniz más atrayente, en vez de poner el foco en aquellos que no han cumplido con su compromiso, que en este caso era la derogación de la Ley Mordaza, y no su reforma.

Si hubiese voluntad política en el PSOE, cosa que dudo, esta ley se puede derogar en menos de 15 días, tan sencillo como volver a presentar una proposición de ley y que sea tramitada por vía de urgencia de la siguiente forma: “Artículo único: Quedan derogados todos los artículos de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad. Vuelven a entrar en vigor toda legislación que quedó derogada con esta ley”. Dicho esto, no nos dejemos engañar, y partir de aquí todo lo que quieran decir es volver a marear la perdiz.

La soberanía popular a merced de las togas

La soberanía popular a merced de las togas

El panorama político español se asemeja a la teoría del filósofo presocrático Zenón de Elea, que argumentaba que una flecha disparada no se mueve, puesto que el movimiento no existe. En  la política española ocurre algo similar, parece como si no pasase el tiempo, da igual el momento, porque ya se encarga la derecha extrema y la extrema derecha de repetir continuamente la misma situación vivida con anterioridad, que no es otra que deslegitimar la voluntad popular expresada en las urnas cuando no obtienen el resultado electoral deseado.

Es un bucle que lo vivimos cuando ganó las elecciones Rodríguez Zapatero, cuando prosperó la moción de censura contra M. Rajoy y con las elecciones de 2019 que propiciaron el actual gobierno de coalición y en esas se encuentran las derechas, instaladas en el  discurso de negar legitimidad al gobierno de coalición y para ello todo vale. Tampoco nos debería de extrañar todo esto, pues a lo largo de la historia ha sido una constante esta forma de actuar, como es el caso de los dos periodos republicanos, que como no fueron del gusto de la derecha española, lo que no ganaron en las urnas, lo lograron en el caso de la I República de la mano del general Pavía y en la II República con el golpe de Estado de Franco.

Es conveniente no pasar por alto los arrebatos a los que nos tienen acostumbrados cuando hay procesos electorales en Catalunya, la Comunidad Autónoma Vasca o en la Comunidad Foral de Navarra, pues siempre tienen la misma solución al problema: ilegalizar todo aquello que no les gusta y en algunos casos, como es en Navarra, les entra la histeria porque las opciones independistas son imprescindibles para que haya gobiernos de progreso.

No soportan el no controlar los poderes legislativo y ejecutivo. Toda esta forma de actuar de las derechas españolas acaba teniendo una consecuencia letal, que no es otra que el discurso golpista de la extrema derecha acaba engullendo a toda la derecha española y se enzarzan en una competición por ver quien va más lejos, y empujados por esa inercia del todo vale, acaban actuando al margen de los estándares democráticos.

Desde los días previos a la votación de investidura en enero de 2020 hasta hoy no han escatimado recursos para derribar a este gobierno y la inmensa mayoría de ellos al margen de los cauces democráticos. Los días previos a la investidura de Sánchez ya enseñaron sus credenciales, cuando algunos diputados del PSOE recibieron amenazas para que votaran en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Esto no era más que el principio de la estrategia de acoso y derribo al actual gobierno y para ello la única solución que se les pasa por la cabeza es un golpe de estado, ahora bien, ¿qué tipo de golpe? ¿a la antigua usanza? Es aquí donde a algunos les pueden surgir las dudas. La extrema derecha no ha tenido ni tiene dudas al respecto, ha realizado varios guiños a los militares y en algunos casos, sencilla y llanamente, ha solicitado su intervención. El resto de la derecha no es que le haga ascos, pero son más de guardar las formas. Ellos no van a hacer un llamamiento de esa naturaleza, pero si se da la oportunidad, les faltará tiempo para apuntarse.

Ante esta disyuntiva, la derecha ha apostado por el comodín del Poder Judicial. Es consciente que mientras este Gobierno no se atreva a presentar en el Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que se cambien las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siguen teniendo el control de la Justicia. Esta estrategia ya la utilizaron durante el periodo en el que Zapatero fue presidente del Gobierno y la siguen utilizando, viendo los excelentes réditos que obtienen.

Desde que en 1985 el Gobierno de Felipe González aprobó la LOPJ la derecha ha tenido fijación con esa ley. Nunca le gustó la fórmula de elección del CGPJ. No olvidaré aquellos años en la facultad de derecho en la que el profesorado conservador aprovechaba cualquier clase que impartían para denunciar que esa ley quebrantaba la separación de poderes, los mismos docentes que no dudaban en alabar la legislación administrativa o procesal aprobada durante la dictadura franquista. Así funcionan las cosas en la derecha española.

Curiosamente, la contradicción le surge a la derecha cuando suele llegar al gobierno porque nunca ha tocado esa ley. Se ha beneficiado de ella y como el PSOE no deja de ser un partido del régimen siempre ha aceptado los acuerdos que le han ofrecido los diferentes gobiernos del PP para la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, pero en los que el PP salía beneficiado, pues era el partido que gobernaba.

La derecha siempre ha intentado hacer un discurso tramposo en lo referente a la elección del Poder Judicial. Plantean que sean los jueces los que elijan a los órganos del Poder Judicial, todo ello sustentado en la separación de poderes y sin que intervengan en su elección los otros dos poderes, el Legislativo y Ejecutivo. Este planteamiento obvia algo tan importante como que la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. Y con la actual Constitución en la mano la única fórmula para que el Poder Judicial emane del pueblo es mediante su elección por parte de quienes son sus representantes.

En los países con democracias representativas hay diferentes sistemas de elección, pero me voy a quedar con el existente en EEUU, nada sospechoso de izquierdoso ni de bolivariano. En el caso norteamericano el Tribunal Supremo es elegido por el presidente de EEUU con el consejo y consentimiento del Senado que lo tiene que confirmar. Los jueces federales suelen ser elegidos de forma similar a los del Tribunal Supremo. Y por lo que respecta al resto de los jueces, suelen ser elegidos de varias formas: Los hay donde los elige la Asamblea Legislativa de cada Estado, es decir, el poder legislativo, en otros Estado es el Gobernador el que los elige, es de decir, el poder ejecutivo y hay estados donde son elegidos mediante votación directa. En ningún caso son elegidos entre los propios jueces.

El problema radica en dos cuestiones: En primer lugar, la judicatura española no fue depurada de elementos franquistas, puesto que los mismos que dictaban sentencias en el Tribunal de Orden Público contra militantes antifranquistas, pasaron a impartir justicias desde la Audiencia Nacional y siguieron subiendo en el escalafón hasta llegar en algunos casos al Tribunal Supremo ¿se puede imaginar uno un juez leal a los principios del movimiento nacional impartiendo justicia bajo unos parámetros democráticos? La derecha es la mejor conocedora de todo esto y en segundo lugar, algo tan o más importante es que el acceso a la judicatura, como a otros cuerpos de la Administración del Estado, en la realidad es muy restringido para la población. Son cuerpos en los que los apellidos pesan mucho, no es extraño encontrar sagas familiares. No hay que olvidar que son oposiciones que su preparación conlleva un coste económico nada desdeñable. En ese caldo de cultivo la derecha sabe que tiene todas las de ganar. Así las cosas hay una oligarquía judicial que controla el Poder judicial.

Ante esta situación el Gobierno de coalición ha actuado acomplejado y en cierta forma dividido, porque desde Unidas Podemos siempre han tenido claro que era primordial modificar las mayorías para la elección del CGPJ. La propuesta de UP era reformular el concepto de mayorías, pasando de tres quintas partes a mayoría absoluta y que estuviera apoyada por un número de grupos parlamentarios. Estuvieron a punto de sacar esta reforma adelante pero al final el PSOE, que no deja de ejercer de partido del régimen dio un paso atrás.

Ahora el problema es que al no haber actuado con anterioridad y dejarlo para el final de la legislatura le está pasando factura, pues la derecha política y judicial se veían que lograban llegar a las elecciones del año que viene siguiendo todo como hasta ahora. Al impulsar el Gobierno esta reforma con cierta urgencia, la derecha que probablemente no se esperara este movimiento ha decido romper el juego parlamentario e intentar dar un golpe de estado a través de los jueces conservadores del TC.

El acto de recurrir al Tribunal Constitucional para que paralice el debate de la modificación de una ley en el Congreso, no es que vaya contra el Estado de derecho, es que va en contra de toda esencia democrática. Esto va más allá de la judicialización de la política, es un intento de golpe de Estado para lo que necesita la cooperación necesaria de quien va a estudiar dicho recurso, en este caso el TC. Si finamente prohíbe el poder debatir y votar una modificación legislativa, sería de facto la suspensión de la potestad legislativa del Parlamento. Esto no sería una intromisión de un Poder en otro, sino la toma del Poder por parte de una aristocracia judicial.

Lo que se está dilucidando no es que el TC estudie si una ley aprobada por el Parlamento es constitucional o, por el contrario, vulnera algún precepto constitucional. Lo que se está poniendo sobre la mesa es si el Poder Legislativo tiene potestad para poder realizar su labor legislativa sin tutelas externas. Sería entendible que después de que se aprobase el proyecto de ley fuese recurrido ante el TC, pero si todavía no se sabe ni cómo va a quedar redactado, y con el añadido que posteriormente tiene que pasar por el Senado ¿qué amparo constitucional solicita la derecha? ¿que el TC consiga lo que en el Congreso y Senado no puede lograr porque es  minoría? Sin duda, esto es un golpe de Estado.

Es curioso ver como en el PSOE y los medios de comunicación progresistas han saltado todas las alarmas, sobre todo porque el TC va a estudiar el amparo solicitado por el PP para evitar el debate y aprobación de una ley por parte del Congreso. Habría que recordarles que el PP no es la primera vez que utiliza este método para cercenar debates en un órgano legislativo. El Gobierno de M. Rajoy lo hizo de forma reiterada para prohibir debates en el Parlament de Catalunya. En ese momento el PSOE no ofreció ninguna resistencia y la prensa progresista no se manifestó con la misma fuerza que ahora. Y en ese momento se estaba creando un precedente gravísimo, porque se llamó  golpistas a los que ponían urnas y demócratas a los que aplicaban el 155 y amordazaban al Parlament al prohibir adoptar debatir y adoptar resoluciones.

He dejado para el final una cuestión que desde este lado del Atlántico parece que no se le está dando la importancia que tiene. Todos los think tank de las derechas golpistas latinoamericanas tienen conexiones con las derechas españolas que últimamente está muy activas en Latinoamérica, sobre todo VOX. Y los resultados en esa parte del globo los estamos viendo a diario Cada vez que pueden las derechas utilizan cualquier fórmula para derrocar a los gobiernos de izquierdas.

Es imposible saber cuál será la decisión del TC, si prosperarán las recusaciones presentadas por el PSOE y UP contra algunos magistrados por tener interés directo en que no se renueve el TC. Lo que no cabe dida es que la situación es de extremada gravedad y, como es de suponer, no se espera ninguna comparecencia del inquilino de la Zarzuela.

Belloch. Una imagen cutre del estado de derecho

Belloch. Una imagen cutre del estado de derecho

Hay una película americana de 1992 titulada Algunos hombres buenos, cuyo protagonista es Tom Cruise, (1992), un teniente de la Marina de EEUU que le asignan la defensa de dos marines estadounidenses, acusados de haber asesinado a un compañero en la base militar de Guantánamo (Cuba).

En el interrogatorio que Tom Cruise realiza en la vista oral al comandante  de la base militar, tiene la habilidad de lograr sacarlo de sus casillas hasta el extremo que acaba reconociendo que había dado la orden a los dos acusados de aplicar un código rojo al marine asesinado. Un código rojo no es otra cosa que aplicar un castigo al margen de las normas de régimen interno. Y como cabe de esperar, estas cosas no suelen terminar bien, en este caso acabo en muerte.

La escena del interrogatorio al comandante de la base de Guantánamo es muy interesante. El militar interrogado, embriagado de ardor guerrero, le responde al abogado defensor con la siguiente frase: “no tengo ni el tiempo ni las ganas de explicarme ante un hombre (se refiere al abogado) que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en el que la proporciono”. En resumen, y para que todo el mundo lo entienda: para salvaguardar la libertad, el ejército estadounidense tiene barra libre para todo, el fin justifica los medios. En el Estado español la frase análoga sería la que dijo Felipe González: “el Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas” y dentro de ella todos tenemos claro a qué se refería.

Lo anterior no deja de ser una película que nos puede servir para conocer como son las cosas entre EEUU y, en concreto, entre sus militares, sobre todo en lugares como Guantánamo, que se ha convertido en los últimos veinte años en una macro cárcel de prisioneros procedentes en su inmensa mayoría de Oriente Medio, y donde los derechos fundamentales de los detenidos no existen, están privados de libertad de forma indefinida, sin ningún tipo de protección jurídica.

A diferencia de la película Algunos hombres buenos, últimamente algunos exministros del PSOE, durante la etapa de Felipe González no hace falta sacarlos de sus casillas, sólo necesitan una entrevista distendida para contar algunas de sus hazañas durante aquella etapa. Da la impresión que los que fueron ministros en los diferentes gobiernos de Felipe González se han venido arriba, como el comandante de la base americana de Guantánamo. A muchos no nos ha pillado de sorpresa, pues teníamos pocas dudas o mejor dicho, ninguna de lo que habían sido aquellos años. Lo que ha variado es que algunos protagonistas parece que llegados a una edad ya no les importa soltarlo ante un micrófono. Primero fue Barrionuevo cuando relató que ordeno la puesta en libertad del ciudadano francés  Segundo Marey secuestrado por el GAL y que ordenó el secuestro del Jose María Larretxea, y en fechas recientes ha sido Juan Alberto Belloch, quien llegó a ostentar simultáneamente las carteras de Justicia e Interior en el periodo 1994-1996, el que ha soltado algunas perlas que no se pueden dejar pasar por alto.

En la entrevista que Juan Alberto Belloch ha concedido hace unos días a El Español no queda ningún atisbo de duda en los métodos que se han utilizado en el Estado español a la hora de defender lo que denominan el Estado de derecho, ha plasmado negro sobre blanco como funcionaban los poderes del Estado y, en concreto, en lo referente a los derechos fundamentales y la integridad física de los detenidos. En dicha entrevista dice: “Hice general a Galindo porque, pese a maltratar a los detenidos, era el mejor en la lucha antiterrorista. Tuvo permiso de Interior para sus métodos hasta que yo se lo quité”.

Hasta la fecha, no había habido ninguna declaración de ningún exministro ni alto cargo del Gobierno que reconociera, aunque fuese con el término eufemístico de maltrato, que la tortura era una práctica generalizada. Si bien tengo que realizar una precisión al respecto: Fernando López Agudín, quien fuera director general de Relaciones Informativas y Sociales del Ministerio de Justicia e Interior, durante la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia e Interior y siendo Margarita Robles secretaria de Estado de Interior, publicó un libro que no hay que echarlo en saco roto. Bajo el título “En el laberinto. Diario de Interior 1994-1996”, recoge en diferentes pasajes del libro la práctica de la tortura por parte de los cuerpos policiales destacados en Euskal Herria. El término que utilizaban para definir este método es el de “trabajar con red”. En dicha obra relata, entre otros temas del momento, que desde la Secretaría de Estado de Interior se intentó que esa práctica desapareciera. El tiempo nos ha demostrado que la realidad fue bien distinta, pues los casos de torturas persistieron, la colaboración de todas las instancias implicadas (judiciales y gubernamentales) para su erradicación brilló por su ausencia y cuando de forma aislada los tribunales dictaban alguna sentencia condenatoria, ya se encargaba el Poder Ejecutivo de que no se aplicase y de dictar el oportuno indulto.

Las afirmaciones de Belloch viniendo de un ex juez no hay por donde cogerlas. Tuvo la poca catadura moral de no impulsar una investigación judicial para que fuesen estudiados todos los casos de torturas, ni de cesar inmediatamente a Rodríguez Galindo para ponerlo delante de un juez. Y para que la escena fuese más vergonzante, lo ascendieron a general ¿qué más podía pedir Galindo? Y todo esto lo hace un ministro que durante el tiempo que permaneció en la carrera judicial fue fundador y destacado miembro de la Asociación Jueces para la Democracia y cuando dejó la política volvió a ejercer como juez. Con este bagaje uno tiene derecho a dudar de su profesionalidad como persona que se ha dedicado a impartir justicia. De ministro no fue capaz de poner en manos de la justicia a una persona del que tenía conocimiento que había infringido la ley, porque no vale con decir que él le quitó el permiso para usar esos métodos ¿y los torturados hasta esa fecha no merecían una justicia reparadora? ¿Hizo algo para esclarecer la muerte de Mikel Zabalza y que los culpables fueran juzgados? Se limitó a hacer borrón y cuenta nueva, al estilo de la Transición, como si lo pasado no contase y  le quitó el permiso para que siguiese torturando, es decir, que a partir de ese momento no tenía el visto bueno del ministro, lo que no quería decir que no continuase utilizando esas prácticas.

El problema es que cuando esa forma de actuar está tan arraigada y ha tenido toda la cobertura del régimen, decirle a una persona como Rodríguez Galindo que le quitaba el permiso para torturar es como decirle que a partir de ese momento Belloch se limpiaba las manos como Pilatos, pero poco más. Para que esa orden hubiera tenido un grado de seriedad, el ministro tenía que haber adoptado una serie de medidas mucho más profundas, sin ir más lejos, la depuración total de los cuerpos policiales, empezando por Rodríguez Galindo, que estaban infectados de elementos franquistas, igual que en estos momentos. Nada ha cambiado. Salvando las distancias parece que entre Guantánamo e Intxaurrondo había alguna que otra semejanza. El poder que ostentaban los que dirigían ambos lugares podía ser superior al que tenía un ministro.

Si este fragmento de la entrevista realizada a Belloch es muy grave, tanto o más es la escasa repercusión que ha tenido en muchos ámbitos de la vida política.

En el terreno político sencillamente no ha tenido eco. La extrema derecha (PP VOX y Cs) no tiene ningún interés en ello, pues esas prácticas las enmarcan en lo que denominan la defensa de la Patria. El PSOE en todas esas cuestiones tiene por costumbre ponerse de perfil, sabe perfectamente como actuaron sus mayores en la década de los 80, pero lo más importante es no poner en tela de juicio nada que pueda afectar a la perdurabilidad del Régimen del 78. Pero lo más preocupante es que a la izquierda el PSOE no se ha alzado ninguna voz para denunciar la tortura en un régimen que se define como democrático ni para tener alguna iniciativa. Parece que todo esto está amortizado. Y en este caso, alzar la voz en este tema no deja de ser un ejercicio de memoria democrática y de defensa del estado de derecho.

Para finalizar, en el ámbito periodístico, como no podía ser de otra forma, este fragmento de la entrevista ha pasado bastante inadvertido. Los medios de comunicación han puesto el foco en todo lo que tenía que ver con Luís Roldán. Tiene su lógica que todo lo relativo a la tortura no sea atractivo para la inmensa mayoría de la prensa española. Se han pasado la vida negando su existencia, y enmarcando las denuncias que se producían en que todo era una estrategia de ETA en la que instaba a sus militantes para que denunciaran torturas. Llegaron al extremo de hablar de la existencia de un manual en que se recogía como debían de actuar ante el juez, por tanto, hubiera sido un milagro que de la noche a la mañana admitieran que en el Estado español la tortura ha sido una práctica. La prensa española no deja de servir al poder, sólo hay que ver quienes controlan sus consejos de administración y no hay que olvidar la lluvia de millones que reciben de las Administraciones Públicas. Pero sí que he echado en falta que la prensa más progresista hubiera realizado alguna referencia a este fragmento de la entrevista. Parece ser que aquí vende más hablar de Guantánamo o Abu Ghraib, que hablar de lo que sucede en casa. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Solo cabe esperar que un tercer ministro de Felipe González tenga a bien animarse ante un micrófono y se explaye. Corcuera calienta que sales.

27 de septiembre, una fecha para conmemorar la lucha antifranquista

27 de septiembre, una fecha para conmemorar la lucha antifranquista

Ayer, 27 de septiembre, se cumplieron 47 años de los últimos fusilamientos del franquismo. Estando todavía mucha gente despertándose del resultado electoral de Italia y haciéndose la pregunta retórica de cómo ha podido pasar que en Italia el fascismo del siglo XXI haya ganado unas elecciones, nos encontramos que las barbaridades que hizo el fascismo a lo largo de 40 años en el Estado español siguen siendo la preocupación de una minoría. Fiel reflejo de ello es la falta de un acto institucional por parte de un Gobierno que se autodefine progresista y de izquierdas y que ha aprobado a bombo y platillo la nueva Ley de Memoria Democrática y la nula repercusión que ha tenido en los medios de comunicación.

Empiezo por el final, es decir, por los medios de comunicación. Si digo que los medios que componen la Brunete mediática están al servicio de los grandes poderes económicos no estoy desvelando ningún secreto y que para estos poderes el fascismo no sólo no es su preocupación, sino que perfectamente puede llegar a ser su aliado táctico y estratégico, es algo que lo estamos comprobando en el día a día. Por ello, la estrategia de esos medios de comunicación en su labor de blanquear al fascismo en el Estado español no debería de llamar la atención a nadie que esté medianamente informado, lo que conlleva el olvido de hechos como los que se produjeron el 27 de septiembre de 1975. Lo que debería de llamar la atención es la gran cantidad de medios que en la actualidad se pueden definir como condescendiente con el golpe de Estado de julio de 1936 y con la dictadura franquista.

Lo realmente triste y grave es que la prensa que se puede enclavar en un espacio democrático y progresista, salvado contadas excepciones, parece que ha decidido meter en el cajón del olvido unos hechos que deberían de ser recordados todos años.

A lo largo de esta legislatura este Gobierno no ha dado muestras palpables de querer recordar esta fecha de una forma solemne. A nivel institucional este hecho sencillamente no existe. Parece que hay que contentarse con que los actos que se convocan no sean prohibidos, bajo el pretexto que se daba un enaltecimiento del terrorismo, como ocurrió con algunos homenajes que se intentaron celebrar en la pasada década. Parece como si los homenajes haya que hacerlos de tapadillo.

La lucha contra la dictadura franquista, en general, debería de ser motivo de estudio y admiración en cualquier régimen que se precie de democrático y, en particular, tanto por parte del Gobierno como de la prensa que defiende unos valores democráticos y antifascistas. De hecho, es algo habitual que en el Estado francés, como en otros estados europeos, todos los años se celebre la victoria contra el nazismo, fascismo, o como se quieran denominar los movimientos totalitarios que se dieron en los años 20 y 30 del siglo XX. Y para ello existen fechas emblemáticas, como puede ser la liberación de París o de Berlín, esta última por parte de las tropas soviéticas. Todo esto sólo sirve para hacer chirriar, aún más si cabe, la sala de máquinas de lo que hoy se denomina democracia española.

En el Estado español no existe ninguna fecha similar a las comentadas anteriormente por la sencilla razón que el fascismo murió plácidamente en la cama. Ello nos llevaría a plantear que en ausencia de buscar una fecha que significara la victoria contra el fascismo, un estado que se precie de ser democrático debería buscar otra que sirva para homenajear a todos aquellos luchadores antifranquistas y, en ese caso se hace difícil pensar que haya una fecha mejor que el 27 de septiembre, día en el que la dictadura franquista fusiló a cinco militantes antifranquistas. En esa fecha el régimen biológicamente estaba en las últimas, puesto que el dictador duró algo menos de dos meses. El problema radica en que políticamente el régimen ha durado mucho más, puesto que todavía estamos sufriendo las consecuencias políticas de dicho periodo dictatorial y ese el mayor obstáculo para institucionalizar el 27 de septiembre como día de la lucha antifranquista.

Esa fecha reúne todos los requisitos necesarios para que sea un día de recuerdo a todas las personas que durante los cuarenta años de dictadura lucharon contra el franquismo, primero defendiendo la legalidad republicana y después luchando contra la dictadura militar. Los militantes antifranquistas fusilados sufrieron detenciones, torturas y un simulacro de juicio en el que se vulneraron todo tipo de garantías para condenarlos a muerte.

Un Estado que apueste por ensalzar los valores democráticos debe de tener presente una serie fechas en las que se conmemoren hechos de esta naturaleza. Si la Diada, día nacional de Catalunya se homenaje a los que defendieron Barcelona de las tropas borbónicas, el 19 de julio se homenajea en Amaiur a los defensores del Reino de Navarra o el 2 de mayo se recuerda al pueblo de Madrid que se sublevó contra las tropas francesas, falta un día en el que se recuerde a los que dieron su vida por la libertad durante el franquismo. Y el mejor día es el 27 de septiembre, fecha en la que la dictadura franquista fusiló a cinco militantes antifascistas. Y lo demás es seguir blanqueando al franquismo y los cuarenta años de dictadura fascista.

Hagan juego señores, pero la patronal siempre gana

Hagan juego señores, pero la patronal siempre gana

Lo sencillo sería recurrir a la frase que allá por 1990 inmortalizó el futbolista británico Gary Lineker y que decía que “el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania”. A mí me ha venido a la mente porque en la política española si hay alguien que siempre gana es la patronal, siendo indiferente el color del gobierno y las mayorías que haya en el Congreso. Los Garamendi y Cía duermen tranquilos, la maquinaria por la que hacen crecer de forma exponencial sus plusvalías a cuenta de la clase trabajadora funciona a destajo incasablemente de noche y de día, teniendo la tranquilidad que todos los vientos van a soplar a su favor. Da igual que sea en materia laboral como en el campo de la fiscalidad, la deriva legislativa existente desde los años 80 ha girado en reducir derechos laborales, incrementar los ajustes salariales y aprobar grandes reformas fiscales que han ido dejando de gravar los beneficios empresariales y a las grandes fortunas.

Hagan juego señores, pero la patronal siempre gana
Antonio Garamendi. Presidente de la CEOE

Cuando se pusieron los mimbres para que arrancase el acuerdo de gobierno uno de los pilares fue la derogación de la reforma laboral del PP, que a finales del año pasado vimos que era un deseo que se esfumaba en aras a llegar a grandes acuerdos con los agentes sociales, para acabar siendo una reforma de la reforma. Para apuntalar ese viraje se intentó vender a la población las bondades de un acuerdo en el que estuvieran patronal y sindicatos. Se hicieron discursos grandilocuentes más parecidos al País de las Maravillas por el que se paseó Alicia, pero una de las cosas que llamaba la atención es lo satisfecha que estaba la patronal y su entorno, hasta el extremo que las tuvieron tiesas con el PP, que en ese momento lideraba Casado. Personajes nada dudosos como Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo en los gobiernos de Rajoy y ahora en nómina de la CEOE, y antiguos pesos pesados del PP salieron en defensa de ese acuerdo, llegando a pedir al PP la abstención. Pero una de las cosas que más rechinaba eran los piropos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz lanzaba a la patronal por el acuerdo alcanzado.

No hay que ser muy avezado para tener claro que el papel que jugó la patronal fue inteligente. Entró al juego de la negociación con la carta que se levantaba de las negociaciones si se traspasaban ciertas líneas sabiendo que por parte del Gobierno había un deseo de llegar a un acuerdo a tres bandas (Gobierno, patronal y sindicatos). Eran conocedores que tenían de su lado a parte del Gobierno representado por los ministros del PSOE y en la negociación tenía enfrente a dos sindicatos totalmente apesebrados (CCOO y UGT). Solo les faltaba neutralizar a Unidas Podemos, que era algo relativamente sencillo sabiendo que la ministra de Trabajo y futura candidata a Presidenta del Gobierno tenía muchísimo interés en buscar una fotografía en la que estuvieran Gobierno, patronal y sindicatos, aunque tuviese que renunciar a liderar una reforma más progresiva y valiente, pues esa imagen la podía catapultar como líder de su nuevo proyecto político. El final de ese vodevil es de sobra conocido, pues hasta su aprobación en el Congreso fue más propio de una ópera bufa.

Lo que ocurre es que en estos tiempos en los que reina la zozobra y la incertidumbre en todos los ámbitos, y en especial en el económico con una inflación galopante, este Gobierno y, sobre todo su ministra de Trabajo y los sindicatos se han encontrado con algo que era esperable: una postura de la patronal muy nítida, consistente en no negociar nada que suponga la merma de sus beneficios. Los empresarios saben que el incremento de los salarios, excepto el SMI, no los puede regular el Gobierno, por el contrario, dependen de la negoción colectiva en el marco de cada convenio y no se van a mover de ese punto. Esta postura de la patronal, que por otra parte era del todo esperable, ha llevado a la ministra de Trabajo a apoyar las reivindicaciones sindicales y a realizar una crítica a la patronal en las que se ha quedado sola, porque la parte socialista del Gobierno no está por la labor de enemistase con la patronal. Son muchos años en los que el PSOE ha estado más cerca de la patronal que de los trabajadores, y sus dirigentes, en el mejor de los casos, se limitan a realizar declaraciones contra las grandes empresas que en realidad van más dirigidas a llenar los oídos de sus votantes que a adoptar políticas concretas para revertir la gravedad del momento actual.

Esta situación de bloqueo en lo que concierne a la negociación salarial no va a desparecer con la actual correlación de fuerzas existentes en el ámbito político, puesto que el PSOE va a torpedear cualquier medida que se pueda tomar en el marco de las relaciones laborales para presionar a la patronal, aunque ,sin duda alguna, es el momento ideal para cambiar la legislación en materia de despidos, como en materia de ajustes de empleo colectivos como pueden ser los ERE o ERTE, viendo que se avecina un incremento del paro debido a los efectos que está causando la situación política internacional (no es únicamente la guerra entre Rusia y Ucrania la que está generando la coyuntura actual).

Sería un paso muy importante hacer una modificación legislativa que sirviese para que un empresario antes de despedir a un trabajador se lo tuviera que pensar dos veces porque no le iba a salir gratis. Cuestiones como la recuperación de los 45 día por año en los despidos, el incremento en el tope de la indemnización de 2 a 4 años, la supresión de algunos supuestos a la hora de realizar ERES o ERTES, como la reducción de la facturación, puesto que no es sinónimo de reducción de beneficios o generación pérdidas y su aprobación por la autoridad laboral y el reconocimiento de los salarios de tramitación, serían cuestiones importantes para garantizar a los trabajadores unas condiciones de protección mínimas.

El problema reside en que el PSOE no está por esa labor, ni se le pasa por la imaginación enfrentarse a los empresarios y, como siempre, lo apuesta a la mejora de la coyuntura económica. Algo similar a lo que le pasó a Zapatero en su segundo mandato. No se enfrenta al poder económico porque eso sería tanto como romper con los consensos que ha habido en el Estado español para apuntalar al Régimen del 78.

Toda esta situación ha llevado a una situación un tanto insólita. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha posicionado del lado de las reivindicaciones salariales de los sindicatos, lanzando mensajes muy críticos con la patronal. Algo a lo que hasta la fecha no estábamos acostumbrados, pero la realidad es que se ha quedado sola dentro del Gobierno, porque desde el socio de Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, ya se han encargado de lanzar algunas flores al empresariado español. Una vez más la imagen que proyecta este Gobierno es de una profunda división a la hora de tratar cuestiones tan importantes como la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, volviendo a dar munición a la derecha.

La hipótesis de que se avecina un otoño caliente con movilizaciones obreras reclamando un incremento salarial que palie los efectos de la inflación, si bien van a tener como objetivo la patronal, pueden acabar pasando factura al Gobierno que haya en ese momento y el actual lleva sufriendo un desgaste feroz desde la aparición de la pandemia, hace más de dos años, por lo que esto podría incrementar su desgaste, con el alborozo de la patronal. Sin presentarse a las elecciones conseguirían cargarse a un gobierno que sin haberse sido beligerante con los empresarios, al menos, no se ha posicionado descaradamente al lado de estos.

Las movilizaciones sindicales están totalmente justificadas, pero tan importe como esta fórmula de presión, es la de saber transmitir al conjunto de la ciudadanía a quién van dirigidas las movilizaciones y en quién recae la responsabilidad de las protestas, y esto último se me antoja complicado si vemos que la inmensa mayoría de los medios de comunicación están alienados con la derecha política y económica, si es que no pertenecen directamente a la Brunete mediática, lo que aprovecharán para atacar al Gobierno de coalición.

Lo preocupante del momento es que si en 2023 la derecha obtuviese una mayoría suficiente para recuperar el poder, la diferencia con el actual Ejecutivo sería clara. Aparcaría todo tipo de concertación entre los agentes sociales, los sindicatos pasarían a un segundo plano, para volver a legislar a golpe de decreto-ley, dando la enésima vuelta de tuerca a los derechos laborales de los trabajadores mediante una norma que llegaría redactada a la Moncloa en un correo electrónico con remite de la CEOE. Y el juego seguiría siendo el mismo, la patronal gobierne quien gobierne seguiría marcando las pautas legislativas, en unos casos con un descaro insultante y en otros de forma más sibilina, pero siempre volcada en esa ofensiva emprendida por el capital para ir recortando los derechos de los trabajadores. Y siendo todo esto que he escrito algo tan obvio, parece que si se plasma en un papel da la sensación que es un escrito con tintes incendiarios. Así es el tiempo en el que nos ha tocado vivir, en el que está triunfando de forma contundente la defensa de los intereses individuales a los colectivos. Eso del sálvese quien pueda.

El secuestro de Pablo González. El precio del periodismo independiente

El secuestro de Pablo González. El precio del periodismo independiente

No corren buenos tiempos para la defensa de los derechos y libertades fundamentales en Europa Occidental. Derechos como los de libertad de expresión, manifestación o información llevan tiempo siendo cercenados de forma alarmante. No es que sea una cosa de anteayer, pues la degradación de la democracia de corte liberal se lleva produciendo desde hace décadas y, casualmente, los primeros pasos de esta deriva coinciden en el tiempo con la caída de los países de Europa del Este, al inicio de la década de los noventa. Cuando el capitalismo dejó de tener competencia pasó a enseñar su verdadera faz. La situación continuó acrecentándose después de los atentados del 11-S, recientemente la pandemia que hemos sufrido en los últimos dos años ha sido la excusa perfecta para continuar en esa dirección y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania ha supuesto la última vuelta de tuerca en esa deriva de recortes de derechos.

Cualquier escenario siempre es bueno para que desde los gobiernos y las organizaciones supranacionales se cercenen derechos individuales y colectivos. En unos casos la excusa es salvaguardar la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Así lo empezamos a sufrir después de los atentados del 11-S, con ilegalizaciones de organizaciones políticas, al amparo de que todo podía ser terrorismo, con listas interminables de organizaciones que de la noche a la mañana pasaban a ser terroristas. En otros casos, escudándose en la seguridad sanitaria, como lo vivido durante la pandemia. Eso sí, en este caso, se viese como se viese, el recorte de derechos fundamentales fue arbitrario, y así lo pudimos comprobar a lo largo de los diferentes confinamientos que tuvimos en los dos últimos años. Derechos fundamentales como el de manifestación, se podían ejercer en función del barrio al que perteneciesen los manifestantes. Y ahora la guerra en Europa del Este está sirviendo para que los gobiernos europeos apliquen leyes pensadas para situaciones de guerra, pero sin estar en guerra, puesto que está localizada de forma muy nítida; es una contienda ente Ucrania y Rusia, y no pasa por las mentes de la  OTAN ni la UE la idea de formalmente ser parte directa en el conflicto.

Detrás de todo este recorte de derechos individuales y colectivos, lo que está habiendo es un intento de control de la disidencia política e ideológica, y para ello el paso fundamental que están dando los estados es la manipulación de la información. Esta tiene que llegar a la ciudadanía lo suficientemente cocinada para que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia, pero que sirva a los intereses de los que dominan en los países occidentales.

En todo este deterioro de la salud democrática, los medios de comunicación son la herramienta perfecta para que el Poder pueda llevar a cabo toda esta estrategia, y el periodismo independiente se acaba convirtiendo en la mayor víctima. Los aparatos de los Estados se apoyan en los grandes medios de comunicación que pertenecen a los grandes grupos económicos para la defensa de sus intereses y los periodistas de esos medios no dejan de ser marionetas en manos de los que dirigen esos medios de comunicación.

En este ambiente de manipulación informativa, tienen que andarse con cuidado todos aquellos profesionales del periodismo que son independientes y que tienen un compromiso con la sociedad y con el derecho a una información veraz.

Desde que dio comienzo el conflicto entre Ucrania y Rusia los estados que forman parte de la OTAN y la UE están utilizando la información como el arma más importante para ganar la batalla ante la opinión pública, por lo que el derecho a la información ha pasado a mejor vida. Desde Occidente se ha criticado duramente la actuación del Gobierno ruso en esta materia, pero las diferencias entre ambas partes son más bien de matices. La prohibición de poder ver canales de televisión ruso en Europa occidental es una vulneración del derecho a una información plural. Da la impresión que sólo buscan el pensamiento único. Y con todo esto que acabo de exponer no  justifico la decisión de Putin de invadir Ucrania, pues son cuestiones diferentes.

En este conflicto no quieren testigos que cuenten las cosas que ven, porque la verdad pone en peligro los intereses de toda esa maquinaria montada para que la ciudadanía se forme una opinión en función de los intereses de los países occidentales y cuando hay algún periodista que su objetivo es informar al margen de los poderes mediáticos no deja de ser una persona molesta.

En esta situación se encuentra el periodista vasco Pablo González, que lleva más de 130 días secuestrado e incomunicado en una prisión de Polonia, bajo la acusación de ser espía ruso. Para denunciar esta situación y solidarizarse con el Pablo González, el pasado jueves, 7 de julio, se celebró en Euskal-Etxea de Madrid un acto en el que intervinieron personas de diferentes ámbitos[1]. También intervino mediante videoconferencia Oihana Goiriena, compañera de Pablo González.

Este caso está sirviendo para poder observar el grado de rusofobia que se está trasladando a la ciudadanía. El hecho que Pablo González tenga doble pasaporte, español y ruso, al ser hijo de uno de los niños de la guerra que acabó recalando en la URSS, que domine el ruso y sea un conocedor de los países de esa zona, habiendo estado como periodista en el Dombás, ha servido para estigmatizarlo desde el momento que se conoció su detención.

Del acto quisiera destacar algunas cuestiones que son importantes para poder entender el nivel informativo que se está dando en Europa occidental entorno del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Desde la óptica jurídica el magistrado Martín Pallín definió esta situación como un secuestro judicial. La detención se ha producido en un país que no es parte directa en el conflicto, puesto que Polonia y Rusia no están en guerra. Se están vulnerado todo tipo de legislación y tratados europeos, que son de obligado cumplimiento en Polonia al ser miembro de la UE. Pablo González se encuentra en un régimen de incomunicación en el que se le ha prohibido tener un abogado de su confianza y tener una comunicación con su familia. Y dentro de esta situación la abogada Silvia Arribas denunció la pasividad del Gobierno español que se ha limitado a darle asistencia consular mediante tres visitas que le ha realizado el cónsul español. La UE en este caso está mirando para otro lado, sabiendo de las dudas que desde hace tiempo ha generado en este organismo la judicatura polaca.

Desde la óptica del derecho a la información, el panorama que describieron diferentes intervinientes del mundo del periodismo fue bastante negro. Las diversas intervenciones que se dieron en la sala tuvieron un denominador común: hicieron hincapié en la falta de solidaridad por parte de los profesionales del periodismo y la falta de sensibilidad que se vive en nuestra sociedad ante situaciones de este tipo.

El grado de abandono que está sufriendo Pablo González llega al extremo que si uno intenta buscar en Internet la única crónica sobre el acto es la que ha escrito Iñaki Alrui, para el digital LoqueSOMOS. Aquí os dejo el enlace de la crónica para quien esté interesado: https://loquesomos.org/desde-madrid-pablo-gonzalez-libertad.

El apagón informativo está funcionando a la perfección en una sociedad en la que se presume que es transparente. Y en palabras de la periodista Teresa Aranguren, nos encontramos en un contexto de pensamiento único.

Para finalizar, es de agradecer que el salón de actos de Euskal-Etxea de Madrid haya podido servir para ser un altavoz de la solidaridad con el periodista Pablo González, puesto que un acto de esta naturaleza no es lo más atrayente para muchos auditorios.


[1] Los intervinientes fueron Lola, del Colectivo de Madres contra la Represión, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, Ana María Pascual, periodista de Público, Silvia Arribas, abogada de la Asociación Libre de Abogadas y la periodista Teresa Aranguren.

El constante maltrato al electorado de izquierdas

El constante maltrato al electorado de izquierdas

No era mi intención escribir línea alguna sobre las elecciones andaluzas, más que nada, porque el final de la película era muy previsible, en el ambiente no había duda alguna que se iba a dar el tercer resultado consecutivo en unas elecciones autonómicas en las que el PSOE pincharía y la izquierda española volvería a darse otro batacazo y de esa forma se cumpliría un guion escrito con mucho tiempo de antelación. Algunos partidos ya habían perdido las elecciones desde el momento en el que fueron convocadas. La única duda era si el PP obtendría la mayoría absoluta, como así ha ocurrido al final del proceso electoral.

El motivo que me han hecho cambiar de opinión a la hora de escribir esto, lo podría resumir en que con los resultados en la mano, es imposible que algunos líderes que se denominan de izquierdas maltraten peor a su potencial electorado.

Escuchar al candidato del PSOE decir que el mal resultado de su partido se debe a que no se ha movilizado el votante de izquierdas es un insulto a toda aquella persona que se siente de izquierdas y que es vilipendiada día tras día por parte de un partido, el PSOE, que desde que llegó por primera vez a gobernar, allá por 1982, ha realizado políticas de derechas en el Estado español, y en Andalucía en particular. Ante este fracaso, al candidato del PSOE habría que recordarle algunas cuestiones que son imprescindibles para entender lo que le ha pasado a su partido.

Las políticas del PSOE en Andalucía no han sido muy diferentes de las realizadas por el PP. Durante los más de 35 años que el PSOE gobernó en esa comunidad, las políticas de izquierda brillaron por su ausencia, sobre todo, cuando no necesito el apoyo de IU. Su acción de gobierno, en muchas ocasiones, las separaba de las del PP una línea difusa, llegando a conseguir que el electorado no encontrase diferencias entre ambos. Un ejemplo es el de la Sanidad Pública. Estando de acuerdo que es un ejercicio muy sano criticar continuamente el furor del PP para privatizar la gestión de la Sanidad en las comunidades donde gobierna, como es el caso de Díaz Ayuso en Madrid, también es necesario recordar que cuando ha gobernado el PSOE en Andalucía ha realizado las mismas políticas. Durante muchos años los hospitales que se construyeron en Andalucía bajo los mandatos del PSOE fueron de gestión privada.

Uno de los problemas que arrastra el PSOE es que no asimila que el votante ya no tiene una identificación o sentimiento inquebrantable a lo largo del tiempo con unas siglas. Esto ya no funciona como los sentimientos con un club de fútbol que son para toda la vida. Hoy en día una persona es capaz de cambiar su voto de toda la vida, máxime si, como he dicho anteriormente, las diferencias con su oponente son imperceptibles. Esto le llevaba ocurriendo al PSOE en Andalucía desde hace tiempo, pero parece que no se quieren enterar. Deben de seguir echando de menos esa época en la que para ganar las elecciones sacaban a pasear a Felipe González y Alfonso Guerra y con cuatro frases y un poco de gracejo andaluz, les era más que suficiente para cubrir sus expectativas electorales.

Cuando gobierna el PSOE suele ser una auténtica heroicidad que realice políticas de izquierda en materia socioeconómica, o para poner en su sitio a las multinacionales de la energía, como ocurre en estos momentos tan complicados que estamos pasando. Es incapaz de adoptar medidas que no sean paños calientes y que sirvan para mejorar de forma sustancial la situación de los sectores más humildes de la población, aunque ello colisione con los privilegios de unos pocos. Ante esta situación que se repite de forma cíclica cuando llega al gobierno, es imposible que el electorado de izquierdas se movilice masivamente en unas elecciones en favor de estas siglas y ocurra que el PP cada vez obtiene mejores resultados en los barrios más deprimidos  de Andalucía.

Un dato que hay que tener en cuenta es que el PSOE de Andalucía ha sido, junto al PSOE de Extremadura y Castilla-La Mancha, el estandarte del PSOE más rancio de todo el Estado español. Ese PSOE de mantilla y castañuela, que se ha montado a caballo, al igual que un señorito andaluz, enarbolando todos los símbolos de la derecha más rancia, que ha criticado cualquier gesto para solucionar los conflictos de carácter plurinacional, que ha sido reacio a más no poder con los pactos alcanzados por la dirección de su partido a la hora de formar gobierno y que ha criticado duramente cualquier acuerdo con independentistas vascos o catalanes, como si fueran una banda de apestados y no olvidemos que aplaudieron fervorosamente la aplicación del 155 en Catalunya por parte del Gobierno del PP. Cualquiera de esas intervenciones que realizan los dirigentes del PSOE de esas comunidades las puede haber realizado perfectamente cualquier líder de la ultraderecha española. Un partido que en Andalucía no ha evolucionado en el tiempo y no ha sabido hacer pedagogía por esas tierras para asumir la realidad de un Estado plurinacional. Han preferido envolverse en la bandera española, al más puro estilo de la extrema derecha, sin tener en cuenta que cuando se entra en ese juego al final lo pierden, porque ese discurso es una de las señas de identidad de la ultraderecha española.

La izquierda andaluza (cuando hablo de la izquierda me refiero única y exclusivamente a todo ese espectro a la izquierda del PSOE) iba a estas elecciones con una mochila repleta de problemas que venía arrastrando de tiempo atrás y que han terminado de explotar en cuanto fueron convocadas las elecciones.

Los problemas empezaron hace algo más de dos años con la ruptura de Anticapitalistas con Podemos derivadas de las diferencias políticas insalvables. Dos formas concepciones antagónicas a la hora de analizar el momento político, pero sobre todo, de las estrategias a seguir. La situación se agravó y llegó a ser lamentable cuando los miembros de UP expulsaron del grupo parlamentario a los miembros de Anticapitalistas entre las que se encontraba Teresa Rodríguez y el posterior intento frustrado de UP para privarles de las actas de diputados autonómicos. Una acción, la de intentar que perdieran sus actas, que generó muchas dudas legales y que no prosperó, pero que dejó una herida imposible de cicatrizarse a medio plazo, lo que auguraba que cada uno recorrería caminos diferente.

Si todo lo anterior presagiaba un futuro poco halagüeño, no era nada para el espectáculo que nos tenían reservado para los meses previos a las elecciones. Bajo el nombre Por Andalucía, la mayoría de los grupos de izquierdas crearon una candidatura en la que Podemos e IU eran las formaciones con mayor peso. Pero ese proceso ha sido uno de los capítulos más lamentables de la izquierda que uno pueda recordar. Los navajazos entre Podemos e IU a la hora de ver quien lideraba la candidatura, el reparto de las subvenciones y la imagen por parte Podemos, llegando fuera de plazo su adhesión a la candidatura, han servido para ahuyentar al votante de izquierdas. Pero como todo este esperpento no les debía de parecer suficiente, la guinda al pastel ha sido cuando la candidatura de Por Andalucía impugnaba la presencia de Adelante Andalucía en los debates televisados. El cainismo de la izquierda en estado puro. En la candidatura de Por Andalucía, tampoco han sabido dar una imagen de unidad a lo largo de la campaña y eso el votante lo percibe. Cada partido ha realizado la campaña un poco por su lado. En los mítines los líderes de unos partidos no coincidían con los de otros partidos. Mas que una candidatura, era la suma de muchas siglas. Todo esto ha ayudado a que se diese un fracaso histórico.

Claro, cuando uno escucha las declaraciones de la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, en las que para justificar el fracaso de su candidatura, culpa a Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) de los malos resultados por presentarse en solitario y dividir a la izquierda no deja de ser un insulto a la inteligencia. Inma nieto, una de las responsables de la expulsión de Teresa Rodríguez y los suyos del grupo parlamentario que compartían en la anterior legislatura andaluza acusa a esta de la división de la izquierda. Las declaraciones de la candidata de Por Andalucía tenían una explicación: era la manera de desviar la atención de un fracaso que llevaba fraguándose varios años, pero que el proceso para crear la candidatura Por Andalucía lo ha acabado rematando.

Si la izquierda andaluza arrastraba los problemas anteriormente descritos, en el caso de la candidatura Por Andalucía, en la que las formaciones más importantes son Podemos e IU, hay que añadir un problema de fondo en su discurso. Es muy complicado querer hacer una campaña de izquierdas con el bagaje que estos dos partidos están teniendo en el gobierno de coalición. Se hace difícil hablar de políticas progresistas en esta campaña cuando IU y Podemos forman parte de un gobierno que no es capaz de aplicarlas. Cada vez que tienen que aprobar alguna medida parece el parto de los montes. La postura de estos dos partidos es muy complicada, pues se antoja bastante difícil y, si se me apura, incómodo estar en un gobierno y a su vez desde fuera apoyar iniciativas que critican la acción del gobierno al que pertenecen.

Sin ser un buen resultado el de Adelante Andalucía, ha conseguido cubrir los objetivos que se habían marcado, que no era otro que entrar en el Parlamento andaluz. Aun teniendo una candidata muy conocida, el objetivo era complicado. La posibilidad de poder de tener voz en el un parlamento autonómico les va a permitir confrontar su discurso con el resto de fuerzas políticas.

La campaña realizada por el PSOE y las candidaturas de izquierda han servido para constatar que no han sido incapaces de acorralar al candidato del PP. Este salió ileso y si se me apura, fortalecido después de los dos debates de televisión. Los partidos a la izquierda han vuelto a entrar al trapo de pedir al candidato del PP que explicase si iba a gobernar o no con VOX. Una pregunta innecesaria, puesto que después de las elecciones de diciembre de 2018 el PP de Moreno Bonilla ya recurrió a VOX para poder lograr la investidura y visto lo visto en Castilla y León, la pregunta ya está respondida. Ante esa obcecación, el efecto que han conseguido ha sido el contrario al deseado, puesto que un porcentaje de votantes del PSOE han apoyado al candidato del PP para evitar que dependiera de los votos de la ultraderecha. Y a su vez, ante todo este despropósito, más de un votante de izquierdas, ha entendido que el voto útil era apoyar al PSOE como mal menor. Todo esto ha generado un corrimiento del electorado hacia la derecha.

A todo este movimiento de votos que se fueron al PP procedentes de votantes del PSOE, hay que añadir que VOX se pasó de frenada durante la campaña exigiendo entrar en el gobierno del PP si este no lograba la mayoría absoluta. Su insistencia fue de tal tono que lo que han conseguido es facilitarle al PP una victoria que probablemente hace unos meses no contaban que fuera de esta magnitud.

Después de las elecciones de Andalucía, el futuro del Gobierno de coalición pende de un hilo. Las consecuencias de la guerra están siendo diabólicas, máxime si le añadimos las secuelas que se arrastraba desde la pandemia. Si en las próximas semanas no es capaz de tomar medidas de carácter económico de envergadura para neutralizar la actual situación, a finales de año estará clínicamente muerto. Este mensaje le está llegando por activa y por pasiva, porque el margen de tiempo cada vez es menor y el poco crédito que le queda se le acaba.

La alternativa republicana. Un ejercicio de higiene democrática

Realizar una propuesta republicana en el Estado español debería de situarse dentro de la normalidad democrática, pero, hoy en día sigue siendo un ejercicio complejo, al seguir estigmatizada por algunos sectores de la ciudadanía, al percibirla como una propuesta de la izquierda rupturista que siempre tuvo un tono crítico con la Transición y con lo que vino de la mano de ésta: el régimen del 78.

El pilar en el que el régimen del 78 tenía previsto sustentarse era la Constitución y dentro de ese pack venía incluida la monarquía, institución que el dictador ya se había encargado de recuperar como forma de gobierno a través de la Ley de Sucesión que fue aprobada en 1947, reservándose la potestad de nombrar al futuro monarca. Cuando entendió que era el momento, designó al que sería el futuro rey y el nuevo régimen surgido de la Constitución del 78 no solo no puso reparo alguno a dicho nombramiento, sino que acabó por encumbrar a la monarquía como vértice superior de la pirámide del régimen. La estrategia del régimen era que no hubiese posibilidad de elección, el todo o nada.

Al hablar de república a uno le viene a la mente las dos experiencias que ha habido a lo largo de la historia y que tienen como denominador común el intento de modernizar el Estado español para asemejarlo a los países europeos de la época, pero sucumbieron a los ataques que recibieron desde el primer momento por las élites existentes, más preocupadas en salvaguardar sus privilegios e intereses económicos que en el avance de la sociedad del momento.

Desde que accedió al trono el rey Juan Carlos I la llama republicana ha estado siempre encendida, aunque durante bastantes lustros no haya tenido la suficiente intensidad para abrir un debate en la población. Pero en los últimos diez años las tornas han ido cambiando y desde hace tiempo la institución monárquica no pasa precisamente por sus mejores momentos y es que se han vivido situaciones que han deteriorado su imagen hasta el extremo que hace algunas décadas esta circunstancia hubiera sido inimaginable.

En toda esa vorágine de escándalos de corrupción en los que el epicentro está siendo la monarquía representada por quien ha sido figura visible en los últimos cuarenta años, Juan Carlos I, pero sin olvidar a otros miembros destacados de la Corona, me parece interesante traer aquí el libro  “La alternativa republicana” de Hugo Martínez Abarca (Editorial Catarata), publicado en junio de 2021. Es un ensayo en el que su autor realiza un repaso histórico de los últimos cuarenta y cinco años y para ello desarrolla su trabajo bajo los siguientes ejes: la figura de los dos monarcas que ha habido durante ese periodo, examina la construcción del mito de la Transición y la corrupción que ha inundado las estructuras políticas y económicas del régimen del 78.

Antes de pasar a comentar el libro, no quisiera pasar por alto el prólogo realizado por Luís Alegre. En un libro de estas características, en el que se hace un relato de las últimas cuatro décadas, realiza algunas reflexiones que merece la pena tenerlas presente, como qué es el patriotismo y en lo que lo han convertido todos aquellos que diariamente utilizan ese término como arma arrojadiza.

Al hablar de la monarquía, Luís Alegre lanza algunas preguntas que a lo largo de este libro encontraremos las respuestas. Se pregunta “si la monarquía tiene más poder que el que nos imaginamos”, algo que no se recoge en ningún texto legal, y va más allá cuando se pregunta “si es la piedra angular desde la que se articula y constituye la arquitectura de las élites”. Luís Alegre quizá realiza una de las mejores definiciones de lo que es la Corona al decir que “es símbolo de la unidad y permanencia de una arquitectura de élites dispuestas a bloquear cualquier opción de progreso allí donde despunte en los más mínimo”.

Hugo Martínez Abarca, a la hora de realizar el relato de estos últimos cuarenta y cinco años, divide el libro en tres bloques en los que narrará como se ha ido moldeando y retorciendo el relato de la Transición (lo que el autor denomina “la construcción del mito de la Transición”), la deriva de la monarquía a lo largo de este periodo, para finalizar tratando de enfocar lo que debe de ser hoy en día una alternativa republicana. Y todo el relato va acompañado de algo que ha sido el santo y seña de la monarquía española y de las élites económicas y políticas: la corrupción estructural, siendo la monarquía la cabeza más visible.

Todo proyecto de cambio necesita tener un nombre y para el autor no hay otro que el de república, un nombre que “representa una ruptura con el pasado”, pero ello exige “eliminar muchísimas connotaciones hoy asociadas en España a la república y enriquecerla con connotaciones más compartidas, modernas y esperanzadoras”. Y es en este aspecto donde este ensayo supone una ruptura con la defensa que se hace de la república desde la izquierda. En palabras de Hugo Martínez Abarca, la propuesta republicana “pasa por hacer de la república una imagen de un proyecto popular y democrático” que englobe la modernidad, la justicia, la ecología, el feminismo y que sea europeo.

La “vinculación simbólica y emocional” de la república con la izquierda española es el principal impedimento que tiene este término para poder ser el nombre del cambio en España. Por ello plantea una alternativa no sólo republicana para España, sino también al tipo de republicanismo. Porque si en innumerables ocasiones los acérrimos defensores de la monarquía son quienes más la empujan al abismo, “la república como bandera de la izquierda imposibilita su emergencia como motor del cambio de país”. La II República, anhelo histórico de la izquierda, pertenece a un tiempo histórico diferente al que vivimos en la actualidad y la llegada de una república solo puede lograrse si se da un movimiento que englobe a la mayor parte de la ciudadanía.

La primera parte del ensayo, bajo el título “formación del espíritu de la Transición”, es un repaso de lo que fue realmente la Transición y la posterior idealización de esta etapa, mediante la creación de un relato. El autor cuando habla de este periodo lo realiza en los siguientes términos: “Cuando hablamos de la Transición (con mayúsculas) en realidad hablamos de un relato a medio camino entre lo místico y lo épico que se construyó muchísimo después, básicamente entre 1995 y 2002 “.

Trata algunas cuestiones de todo ese periodo como el tan idolatrado “consenso”. Una palabra que formaba parte de la retórica de la Transición. Hugo Martínez Abarca realiza un análisis crítico a este concepto y en lo que se ha convertido. Pues el consenso “dificulta todo cambio” y “la justicia nunca se conquista por gracioso acuerdo con quien se beneficia de la injusticia”, todo lo contrario que la democracia pues una de las virtudes consiste en ser la herramienta para gestionar las diferencias existentes en una sociedad plural. Una de las características de la democracia, es que “canaliza de forma pacífica y legítima los disensos”. Pero el consenso ha acabado transformándose en “derecho de veto” de los sectores más inmovilistas a la hora de poder realizar cualquier cambio que reclama la sociedad.

Para el autor, la sacralización de la Transición ha sido un instrumento de gran utilidad para el “conservadurismo” tanto de izquierdas como de derechas, pues ha servido para impedir cualquier tipo de cambio y ha impedido solucionar problemas que se arrastraban desde el inicio de este período.

Sin embargo, para Martínez Abarca, la cultura política de la Transición llegó a su fin con la llegada de Aznar pues antepondrá el partido al Estado, llegando a usar “el llamado constitucionalismo, la Transición y el 78 como identidad propia”.

Explica de forma sucinta las dos diferentes etapas de lo que fue el periodo de Aznar en el Gobierno. Una primera en la que ensalza a Azaña, como intelectual y político por su labor para “construir en España una democracia moderna e ilustrada” y a Cánovas como “demócrata moderado y con sentido de Estado”. La segunda etapa fue la que se vivió durante su segunda legislatura en la que gozó de mayoría absoluta. Desarrolla el cambio radical de discurso que se da a partir de ese momento, impulsando el revisionismo histórico, haciendo un nuevo relato de la Transición con la finalidad de acometer “una construcción ideológica usando la idea del patriotismo constitucional y retorciéndola hasta hacerla sinónimo de nacionalismo español”.  El régimen del 78 se “definía por dos valores: unidad de España y monarquía”. Y lo más grave de este discurso era que todo aquel que se saliera ni era constitucionalista y ni era demócrata. Toda esa etapa se convierte en lo que Martínez Abarca llama “autoritarismo liberal”. Es la época en la que se da un recorte de libertades políticas en nombre de la lucha contra ETA, hasta llegar a construir una teoría de que “todo lo que no sea PP es susceptible de ser ETA”.

Para el autor, la cultura de la Transición ha sido derrotada, sobre todo con la llegada del 15M, pero lo que no ha sido derrotado hasta la fecha es el régimen del 78, pues las instituciones han sobrevivido a todos los movimientos que han puesto en tela de juicio la política de las últimas décadas.

La segunda parte del libro, sin duda, entra a fondo con la institución monárquica. El hecho que a partir de 1995 se fuera haciendo un relato de la Transición cada vez más restrictivo, lo convertía en algo cada vez más excluyente, pero también su aislamiento era mayor, hasta llegar un momento que cada vez más personas se ubicaban más lejos de lo que representaba Transición y el régimen del 78.

En el ensayo se va recogiendo una serie de factores que van haciendo perder legitimidad democrática a la monarquía, entrando en una deriva en la que cada vez menos españoles se sienten representados por esta institución hasta llegar el momento en el que Juan Carlos I se ve obligado a abdicar.

El autor destaca la fragilidad actual de la monarquía al tener “dos gravísimos problemas, el generacional y el territorial”, debido al rechazo que suscita esta institución entre los nacidos en democracia y los nacionalistas vascos y catalanes. Y eso le hace tener “un problema de futuro”. Pero incide en el factor generacional como “el más estructural a largo plazo”.  Esto se ve reflejado en las diferentes encuestas y estudios que se han realizado sobre la institución.

Hace una defensa por la que los republicanos no pueden esperar a que la monarquía caiga con el paso del tiempo gracias al crecimiento de su rechazo. La propuesta republicana tiene un recorrido importante en la regeneración democrática, teniendo presente las dudas que pueden surgir en muchos ciudadanos a la hora de sumarse a la opción republicana pues el hecho que la monarquía tenga un rechazo no es sinónimo que la alternativa sea aceptada.

Repasará los negocios ilegales del emérito, su conexión con el tejido empresarial español, como desde el inicio de la Transición “el Estado se ponía al servicio de los negocios corruptos de Juan Carlos I” y como llegado el momento entrará en esta ecuación el Parlamento, gracias a los partidos que sustentan el régimen (PSOE, PP, Cs y VOX), para hacer saltar por los aires los principios del Estado de derecho. De hecho, el autor lo describe diciendo que “la protección al monarca hacía retorcer (vulnerar) la legalidad hasta el extremo que hacían pensar que de una monarquía parlamentaria estábamos pasando a un parlamento monarquizado”. Todo ello ha creado un ambiente para que la corrupción se haya institucionalizado. Un efecto dominó que tiene su origen en la cúspide de la pirámide del Estado y que se ramifica por el resto del poder político y económico. Para ello aportará una serie de casos de prácticas corruptas, algunas de dominio público y otras que han podido pasar más desapercibidas para gran parte de la opinión pública.

Si para el autor “lo mejor que podía pasar a la monarquía para no ser cuestionada es pasar desapercibida, formar parte del paisaje”, la monarquía empieza a salir de la irrelevancia política para tomar partido en cuestiones de carácter político. El caso más grave y con mayor repercusión que recoge el ensayo es el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, a raíz de la movilización soberanista que se dio en Catalunya con motivo del 1 de octubre. Rompe con el papel que había tenido la monarquía de 1978 para “tomar partido de forma beligerante con una posición que no era unánime” en el conjunto de la sociedad. Y en este tema quiero rescatar la reflexión que realiza Luís Alegre en el prólogo de este ensayo, al señalar que es “la quiebra definitiva de la legitimidad monárquica” al renunciar a su función moderadora y arbitral. El hecho que se haya posicionado en este tema y guardar silencio sobre otros temas le acaban dejando en evidencia. Y sin ir más lejos, estos días el rey ha vuelto a actuar de parte al no informar a todos los partidos sobre su patrimonio, limitándose a informar a los que sustentan el actual régimen. A dado la espalda una parte muy importante de la ciudadanía para hacer política sin tener legitimidad alguna.

El ensayo también recoge dos momentos en los que la monarquía toma partido para “consolidar los factores culturales e ideológicos más conservadores, tradicionalistas y ligados al catolicismo”. Uno es la entrevista que Pilar Urbano hizo en 2009 a Sofía, en la que “destapa los planteamientos más reaccionarios de la reina frente a los avances que estaba dando la sociedad española”, posicionamientos que en muchos casos ni la extrema derecha los lleva al extremo de los planteamientos de la emérita.

El otro es el acto de nombramiento de príncipe de Asturias, tanto cuando fue nombrado Felipe de Borbón, como cuando ha sido nombrada su hija Leonor. Dos discursos similares, llenos de valores tradicionalistas cristianos en los que la nación española está unida al cristianismo y a la lucha contra los musulmanes que nacieron y vivieron en la Península Ibérica, señalándolos como enemigos invasores.

La tercera parte del ensayo, que titula “el emperador está desnudo”, la inicia haciendo un símil entre el traje del emperador y la Transición, pues cualquier parecido del relato con la realidad es pura coincidencia. Martinez Abarca continúa con un rápido repaso de la crisis de 2008, el colapso del sistema financiero, el saqueo de las cajas de ahorros, siendo el Estado el que financió todo el desastre, pero pagando un alto coste los trabajadores, siendo el recorte de derechos laborales una de las herramientas más utilizadas. Pero donde hace una parada importante es en lo que denomina “tres fotos de familia”: El Escorial, en referencia a la boda de la hija de Aznar, pues fue la foto de la Gürtel, Bankia, para explicar lo que supuso esta entidad financiera en la compra de voluntades de políticos de la oposición e Iñaki, para hablarnos de la corrupción de la Casa Real, a través del yerno del rey y sobre el que hubo un procedimiento judicial con condena.

Se adentra en lo que supuso el 15 M. Esa nueva generación que ponía en tela de juicio la Transición, el bipartidismo, la apelación a una “democracia real” y que se posicionaba en contra de las elites políticas y económicas. Ese discurso que recogió Podemos en su primera etapa basado en dos conceptos: la denuncia de las élites y el antagonismo entre los de abajo frente a los de arriba. Al analizar toda esta etapa, se adentra a exponer la evolución que se dio en Podemos, desde su nacimiento como herramienta que nace como la maduración del 15M. Si el Podemos inicial era una expresión política necesaria, puesto que la no participación en política era regalar las instituciones a las élites que habían controlado todo hasta la fecha, hay un posterior abandono de ese “discurso innovador, rupturista y transversal heredado del 15M”, para recuperar el discurso de la izquierda clásica, utilizando la república como eje aglutinador de la izquierda.

Sin duda, esta es la parte más herética del libro, pues junto con algunos argumentos que realiza en la introducción, es donde construye un discurso que rompe con la tradición republicana existente y Martínez Abarca lo expresa en los siguientes términos: “la república como bandera de la izquierda imposibilita su emergencia como motor del cambio de país”. Aboga por una república incluyente, defensora de los derechos y libertades más avanzadas, contrapuesta a la corrupción y enemiga de las élites. Una república despojada de “tradiciones identitarias políticas del pasado”. En esta línea trata el tema de los símbolos y, en concreto, el de la bandera, que entiende que la ve más como la representación de la nostalgia que de la esperanza republicana.

Reivindica la modificación del imaginario colectivo, para desterrar los episodios más reaccionarios de la historia, para unir la lucha por la república con una serie de acontecimientos históricos dignos ser tenidos en cuenta. De todos ellos voy a enumerar únicamente tres: El modelo federal de la I Republica Española de la mano de Pi i Margal,  la solidaridad internacional reflejada en las Brigadas Internacionales y la aportación a la lucha antifascista durante la II Guerra Mundial.

El ensayo de Hugo Martínez Abarca es una aportación que podrá tener detractores dentro del espacio republicano, pero que es necesaria tenerla en cuenta si se quiere construir un discurso que sirva para atraer a todas aquellas personas que ven a la monarquía como el mayor obstáculo para lograr una transformación pero les falta dar el paso para percibir a la I Republica del siglo XXI como un ejercicio de higiene democrática.

La izquierda española está en bucle

Parece que la izquierda española sigue instalada en su particular bucle y no tiene mucha intención de salir de él. Siempre que tiene un fracaso electoral se habla de abrir un proceso de reflexión para conjurarse y salir de la deriva en la que se encuentra desde hace tiempo, pero la realidad es que desde 2016 es incapaz de superar esta tendencia en la que se ha instalado.

La situación ha pasado de ser preocupante a, si se me apura, dramática, puesto que el reloj corre en su contra. El calendario electoral se le va echando encima y se me antoja un tanto complicado que sea capaz de salir de la tormenta que tiene encima. No hay territorio, comunidad autónoma o nación del Estado español en la que no haya tenido un fracaso electoral.

A todo esto, hay que añadirle que la extrema derecha empieza a ver reflejados sus resultados de las elecciones generales de noviembre de 2019 en las CCAA donde se han realizado elecciones, como es el caso de Castilla y León. Y parece que algunas élites pensantes de la izquierda española, para tapar los fracasos propios y evitar buscar respuesta a sus problemas, han puesto el foco en el peligro que supone la extrema derecha, actitud que no es nueva, y algunos se han metido en la espiral de siempre; que si un cordón sanitario para aislar a la extrema derecha, que hay que blindarse contra VOX, etc… En relación con esto, ha habido una catarata de análisis en medios de comunicación digitales del espacio de la izquierda, así como en redes sociales, en las que se analiza el fenómeno del ascenso de la extrema derecha, pero echo en falta una crítica profunda sobre lo que le sucede a la izquierda estatal. Es lo de siempre, más preocupados por los demás que por los problemas propios. Y ahora con los enredos existentes en el PP, estamos todos más pendientes del adversario que de corregir la deriva que se vive en nuestra casa.

Ante esta descomposición de la izquierda que se está viviendo, a mí me vienen a la mente algunas preguntas-reflexiones de lo más sencillas.

¿Cuál es el problema que se da en la izquierda? ¿su caída se debe al crecimiento de la extrema derecha o es producto de sus propios errores? O dicho de otro modo ¿No será que el crecimiento de la extrema derecha es consecuencia de los errores de la izquierda? Entonces ¿No sería lo lógico profundizar donde falla la izquierda y preguntarse por qué mucha gente que votaba esta opción ahora le ha dado la espalda? Lo que está claro es que esos ciudadanos que no hace tanto tiempo votaban a la izquierda nacida del 15M no se han esfumado por arte de magia. Siguen en el mismo lugar donde se encontraban hace unos años, pero han dado la espalda a la izquierda surgida del 15M para vaya uno a saber si se han ido a la abstención, por sentirse defraudados o, por el contrario, se han dejado seducir por ese discurso de la extrema derecha.

En la izquierda siempre ha flotado esa actitud en la que cuando se cosecha algún fracaso se mira con cierta superioridad intelectual a ese votante que por su condición socioeconómica debería de ser un voto fiel de la izquierda y, en cambio, vota opciones diametralmente opuestas. ¿Alguna vez hemos pensado si el problema radica en nosotros?

Para buscar respuestas a la crisis en la que está sumida la izquierda quizá haya que recurrir a análisis sencillos y no perderse por las ramas. Voy a exponer de forma somera algunas pequeñas ideas al respecto para que luego cada cual saque sus propias conclusiones.

Si un gran porcentaje de votantes han dejado de votar a la izquierda es porque el grado de satisfacción ha desaparecido y/o porque no ha cumplido con las expectativas creadas. Este es un mal endémico en la izquierda. Cuando llega al poder le cuesta tremendamente tomar iniciativas de calado, se pierde en grandes discursos. Luego esas decisiones que toma llegan tarde y mal al BOE, y algunas veces ni llegan. Se quedan en auténticos brindis al sol. 

Tiene una grandísima incapacidad de legislar para revertir las políticas que realiza la derecha. Y lo voy a resumir en dos temas de sobra conocidos: el fracaso de la derogación de la reforma laboral, pues sólo se ha derogado una parte minúscula de lo que aprobó la derecha cuando gobernó y la Ley Mordaza, que vuelve a ocurrir lo mismo que con la reforma laboral. En el caso de la Ley Mordaza, hasta tal punto es preocupante, que ha tenido que llegar el Consejo de Europa para solicitar que realicen una reforma de calado para adecuar la legislación española a los estándares democráticos y equipararla a las normas europeas e internacionales de derechos humanos. Que después de dos años de gobierno tenga que venir un organismo internacional y te diga eso, no cabe duda que algo falla en una acción de gobierno que se define como progresista y/o de izquierdas.

Es muy preocupante que después de algo más de dos años de gobierno hayan sido incapaces de sacar adelante la ley de vivienda, que ha ocasionado continuos enfrentamientos entre los socios de gobierno, la ley del “solo si es si”, la Ley de Memoria Democrática y la reforma fiscal, y por lo que respecta a la nueva Ley de Universidades ni está ni se la espera a corto plazo. El anterior ministro de Universidades Manuel Castells, que pasó con más pena que gloria por el ministerio de Universidades, lo que logró es poner en pie de guerra a toda la comunidad universitaria, sobre todo al alumnado de la universidad pública, llegando a organizarle una huelga en otoño pasado.

De la situación de Catalunya poco o nada hay que añadir. Este Gobierno está dando largas a sentarse con el Govern en la mesa de diálogo y lo apuesta todo a las disensiones entre los partidos que forman el bloque independentista. No tiene interés alguno en abordar este tema. Actúa en clave electoral y quiere evitar la pérdida de votos en otros territorios ¿no sería más lógico que hiciera una política didáctica en el resto del Estado explicando que la cuestión de Catalunya se resuelve dialogando, con más dosis de democracia y escuchando a la opinión de la ciudadanía catalana?

Si todo esto es grave, lo es mucho más ver cómo esta semana el PSOE se ha unido a PP, VOX y Cs para tumbar las propuestas de reforma fiscal pactadas por UP con los socios de investidura. El PSOE puede votar tranquilamente junto con la extrema derecha sin inmutarse. Eso sí, en los días previos a la votación de la reforma laboral, en un estado de semi histeria, salía el ministro Félix Bolaños acusando a otras formaciones de izquierdas de salir en la foto votando junto al bloque de extrema derecha. La desvergüenza no tiene límites.

Anteriormente he mencionado que el Gobierno no ha sido capaz de sacar adelante la Ley de Memoria Democrática que está invernando en el Congreso, porque es consciente que con la redacción actual no le dan los números para aprobarla, pero es que en sus actuaciones diarias es incapaz de cumplir con la ley vigente (La Ley de Memoria Histórica). Esta semana ha vuelto a salir publicado que en el cuartel de Loyola hay una exposición sobre la División Azul. Y lo grave es que tiene todas las bendiciones de la ministra de Defensa y equipara esa exposición a otras exposiciones vinculadas a republicanos ¡Hay que tener estómago! Luego nos extrañamos de que haya grupos de Whassap de militares que digan las barbaridades que dicen. Tienen barra libre.

Con este tipo de políticas erráticas ¿alguien se extraña que no se dé una sangría de votos en la izquierda? y para tapar toda esta inacción de gobierno queda muy bien sacar el fantasma que viene la extrema derecha. De hecho, eso harán cuando se acerquen los procesos electorales y nos dirán que viene el lobo y apelarán a la responsabilidad para evitar que el fascismo entre en las instituciones. El problema es que igual ni yendo a votar y pasando lista se logra pararlo, porque el crecimiento de la extrema derecha es directamente proporcional a la incapacidad de este gobierno por hacer políticas en beneficio de las clases populares. Claro, luego tocará encomendarse a que en Catalunya, Euskal Herria y Galiza, las izquierdas soberanistas obtengan unos buenos resultados que impidan la mayoría absoluta de la extrema derecha. Lo que se suele decir, que vengan otros a sacar las castañas del fuego.

Dentro de la necesidad de hacer un análisis crítico dentro de la izquierda habría que lanzar de nuevo algunas preguntas, que reconozco que a día de hoy la respuesta puede ser un tanto ventajista después de haber visto lo que ha sucedido en estos dos últimos años ¿merecía la pena desgastarse en un gobierno de coalición con el PSOE en el que los choques han sido continuos? ¿Ha valido la pena renunciar a la calle y centrarse únicamente en la política institucional para ser la muletilla del PSOE? porque el vacío dejado en la calle lo ha ocupado la extrema derecha y ahora va a ser complicado recuperar el terreno perdido y ¿ha merecido la pena entrar en un gobierno que se ha limitado a hacer políticas neoliberales? ¿Lo poco que se ha conseguido en lo que va de legislatura se podía haber conseguido mediante un acuerdo de legislatura sin necesidad de abrasarse en un gobierno con tintes neoliberales?

Si la izquierda tiene que brillar por algo es por pisar el suelo de las ciudades y pueblos para conocer los problemas de la gente. No puede encerrarse en un despacho en el que llegan los datos de la subida del IPC, la energía, los carburantes o los alquileres en un informe frio. Las estadísticas son incapaces de transmitir los problemas de la gente y no vale ocultarse tras factores externos aunque los haya. Los números dicen que la economía crece, pero la realidad es que la brecha social sigue acrecentándose y cada vez aumenta más las personas en riesgo de exclusión.  

En el fracaso de la izquierda en las elecciones de Castilla y León hay que añadir dos problemas que la izquierda no se ha molestado en afrontarlos. En primer lugar su jacobinismo, pues todo lo relativo a los territorios es diseñado y decidido desde las direcciones ubicadas en Madrid, se hace y deshace de arriba abajo. En las elecciones de 2015 se pudo entender esa forma de actuar por la situación de excepcionalidad para echar al PP de las instituciones, pero a día de hoy esa forma de actuar está abocada al fracaso. Hay que respetar la plurinacionalidad del Estado español, pero con hechos. No basta con frases grandilocuentes.

El segundo problema es su desapego por el mundo rural. Respecto a esto último, en cuanto se saca a la izquierda de los problemas de las grandes ciudades o núcleos urbanos de cierta entidad se difumina. En los programas electorales lleva ideas muy importantes de y calado para afrontar los problemas que tiene el mundo rural, pero le falta realizar un trabajo a pie de obra. Da la impresión que da por perdida esa batalla, obviando que en algunos momentos ha obtenido buenos resultados o, al menos, mucho mejores que los cosechados en estas elecciones autonómicas. Porque no quisiera pensar que se deba a ver el mundo rural como algo de menor importancia y que no está a la altura intelectual de la izquierda urbanita, porque en muchas ocasiones esa es la sensación que uno puede percibir.

Ahora un sector de la izquierda se quiere volver a encomendar a un proyecto que su atractivo es la persona que lo va a liderar, Yolanda Diaz, o al menos esa es la esperanza a la que se intentan agarrar. De entrada soy bastante escéptico con los resultados que se vayan a obtener. Si el objetivo es parar la sangría de votos, puede ayudar algo, pero un proyecto tiene que ser algo más que la imagen de una persona, por mucho carisma que tenga, porque no vale de nada que lo tenga entre los convencidos, su imagen tiene que servir para atraer a otros y no sólo mantener a los incondicionales. Pero el problema es más profundo, es de agotamiento del proyecto y de distanciamiento entre los votantes y los dirigentes de la izquierda. En el fondo, la sensación es que se está apostando por un proyecto personalista para no poner sobre debatir sobre los problemas de fondo.

En esta reflexión he dejado a un lado de forma consciente el debate existente para que haya una única candidatura de izquierdas. Ese es un tema importante, pero sin un diagnóstico profundo de la situación actual, de nada sirven montar nuevas plataformas y proyectos. En esto último la izquierda tiene una experiencia contrastada, pero crear nuevas candidaturas no garantiza ganar elecciones.