Carrero Blanco. El guardián del régimen franquista

Carrero Blanco. El guardián del régimen franquista

Este año se cumple medio siglo del atentado en el que perdió la vida el almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno de Franco, a la sazón la persona más importante del régimen, después del dictador.

El hecho que sea el cincuentenario de su muerte está siendo una buena ocasión para que aparezcan diferentes publicaciones en las que profundizan sobre los hechos acaecidos y/o las personas que lo protagonizaron. En este caso, he querido adentrarme en la persona que fue objeto del atentado más importante en la historia de ETA. Quien fuera mano derecha de Franco a lo largo de más de treinta años, merece la pena analizarlo con cierta profundidad y para ello, he recurrido a un ensayo de reciente publicación, que con el título “Carrero Blanco. Historia y memoria” (Editorial Los libros de la Catarata), Juan Antonio Castellanos López realiza un estudio pormenorizado de “la trayectoria del hombre público que fue Luis Carrero Blanco”.

Analizar a Carrero Blanco y su paso por la política es traer a colación una de las etapas más tenebrosa de la historia de España, pues es poner sobre el tapete el golde de Estado fallido de julio de 1936, la Guerra Civil y la instauración de un régimen totalitario durante 40 años, porque Carrero Blanco estuvo en el puente de mando del régimen desde casi sus comienzos hasta poco antes del fallecimiento de Franco. Pero dicho esto, que no deja de ser algo de sobra conocido, es interesante ahondar en la labor oscura y discreta que realizó durante el franquismo, una labor fundamental para que el régimen perdurase tanto tiempo.

El autor, no se limita a realizar un trabajo biográfico de Carrero y lo que fue su periplo político, se adentra en el régimen franquista, las tensiones internas entre las diferentes familias que lo componían y el papel que este jugó desde los puestos que ostentó, pues sobre su persona giraron todas las grandes decisiones políticas de la época, por ello, es imposible entender la dictadura franquista sin tener presente la figura de Carrero Blanco.

Nos encontramos ante un ensayo histórico, en el que el lector va a encontrar un gran número de hechos y decisiones tomadas en la cúpula del régimen franquista donde la sombra de Carrero estuvo siempre presente, muchas de ellas fueron actuaciones públicas, de las que hay crónicas en la prensa de la época, pero sobre las que el autor aporta algunos datos menos conocidos que ayudan al lector a entender las interioridades del régimen franquista.

Al leer el libro, una de las cosas que puede llamar la atención es que durante una primera etapa de su trayectoria política, siendo subsecretario de la Presidencia, llegase a tener una influencia tan grande sobre Franco. La conclusión que el lector puede extraer es que su poder en la sombra era superior al de los miembros del Consejo de Ministros. Esto nos da una idea de lo que representaba Carrero Blanco dentro del organigrama del régimen. Y para ello, en este ensayo se recogen algunos hechos que constatan lo que acabo de mencionar, sobre todo a la hora de ceses y nombramientos de miembros del Gobierno de Franco. Hay que tener presente que Carrero no ocupó asiento en el Consejo de Ministros hasta la crisis ministerial de julio de 1951, en la que fue nombrado ministro subsecretario de la Presidencia, pero como bien señala José Antonio Castellanos, fue más bien una cuestión “meramente nominal”, que le permitía sentarse junto al resto de ministros, porque seguiría desempeñando las mismas funciones.

El ensayo está dividido en dos bloques. El primero es un estudio de la trayectoria política de Carrero Blanco hasta su muerte y el segundo gira en torno al tratamiento colectivo que recibió su figura después de su muerte.

El primer bloque del ensayo, que está dividido en cinco capítulos, nos irá descubriendo la importancia del personaje en lo que fue el devenir del régimen franquista. Y para ello, nos describe de forma somera cuál fue su entorno familiar, su ingreso precoz en la carrera militar, su periplo en la Armada, y alguno de sus avatares cuando se produce el golpe de Estado de 1936 y la Guerra Civil. En estos inicios del ensayo el autor aporta algunos apuntes que serán relevantes en la futura carrera política del personaje. Su incorporación al Consejo Nacional de FET y de las JONS gracias a las relaciones que mantuvo durante la guerra con figuras influyentes, no deja de ser un primer paso, nada despreciable, que será la antesala para entrar a formar parte del entorno gubernamental gracias a su nombramiento como subsecretario de la Presidencia.

Carrero Blanco. Historia y memoria
Carrero Blanco pasando revista a las tropas. 1947 (Wikimedia Commons)

Si bien el autor recalca que su entrada en política no fue buscada, más bien fue producto del devenir de los acontecimientos y su personalidad, es necesario subrayar que “fueron algunos pasos de su trayectoria militar los que sentaron las bases del ingreso en política de Carrero y llegada a puestos de máxima responsabilidad”.

José Antonio Castellanos lo define como “ese estratega que anticipaba con mucho tiempo sus importantes decisiones, el que las pensaba”, y recuerda en este libro que Javier Tusell lo definió “como la eminencia gris del régimen de Franco”. Desde un punto de vista ideológico este ensayo coloca a Carrero dentro de los siguientes parámetros: “catolicismo, conservadurismo, anticomunismo, fidelidad al sistema monárquico, exaltación del valor de autoridad y catalogación del judaísmo y masonería como dos de los grandes enemigos de España”, pudiendo encontrar recogida su ideología en los escritos y documentos que redacto a lo largo de su vida.

A la hora de ubicarlo dentro de las diferentes familias del régimen, el autor no duda en definirlo como “un franquista puro, en el sentido de que su adhesión fundamental lo fue hacia la persona que ocupó la cúspide del sistema implantado en 1939, más incluso que hacia un conglomerado de fuerzas y clanes ideológicos”, alejado de todas las familias que componían el régimen, a las que en ocasiones las veía “como desalineadas y desatentas a la hora de trabajar en la exacta dirección deseada” por Franco. Y para ello, en este ensayo podemos encontrar algunos pasajes del primer discurso que realizó ante las Cortes franquistas nada más ser nombrado presidente del Gobierno (julio 1973), donde se autodefinió en los siguientes términos: “Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del Caudillo, plasmada doctrinalmente en los Principios del Movimiento Nacional y en las Leyes Fundamentales del Reino; mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna”.

Una de las conclusiones que el lector puede extraer de este ensayo es que Carrero fue de los pocos dirigentes políticos del régimen que compartía en su totalidad las esencias ideológicas de Franco. La ideología del dictador no bebía de la misma fuente del falangismo, sin perjuicio que fueran innumerables las cosas que les unían. El hecho que se inclinase por la instauración en el futuro de una monarquía, era motivo de fricción con el deseo falangista de una república nacional-sindicalista, y en todo ese proceder Carrero siempre fue la persona más influyente del entorno del dictador. Si bien Carrero profesaba una fidelidad absoluta a los Principios del Movimiento Nacional, su actuación política se caracterizó por intentar reducir la importancia que tenía el falangismo dentro de las instituciones franquistas y evitar la concentración de poder en el partido único.

En este primer bloque del libro, el autor relata una serie de acciones claves que desplego Carrero para que la dictadura franquista tuviera una vida tan prolongada. La más urgente tenía como objetivo acabar con el aislamiento internacional en la que se encontraba el régimen, y no era otra que su empeño en iniciar los contactos con EEUU, que culminaron en los años cincuenta con la firma de un tratado entre ambos países y la entrada del Estado español en diversos organismos internacionales y, por otro lado, los contactos con el Vaticano que culminarían con la firma del Concordato.

La segunda estaba dirigida a “recuperar un diseño institucional que Carrero imaginaba como ideal para España: la monarquía” y para ello trabajó para que saliese adelante la Ley de Sucesión, que perpetuaba a Franco en el poder, un caudillo con carácter vitalicio, y rompía con el concepto de monarquía hereditaria, porque no era una restauración, sino una instauración monárquica “absolutamente identificada con la España del 18 de julio”. Para el autor “las intensas convicciones monárquicas de carrero harán que encare la cuestión sucesoria como un asunto político de carácter existencial”, y relatará la labor que llevó a cabo para que fuese elegido Juan Carlos de Borbón, descartando otras opciones que se pudieron barajar. Es en ese contexto, cuando en 1969 fue nombrado el futuro sucesor, como príncipe, y procedió a jurar lealtad a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales del Reino.

Si en la cuestión sucesoria el peso de Carrero fue decisivo, otro tanto ocurrió con el deseo de culminar con la arquitectura institucional del régimen franquista. El ensayo incide en la preocupación del almirante para perpetuar el franquismo en ausencia del dictador, el denominado franquismo sin Franco. Para ello puso todo su empeño en aprobar la Ley Orgánica del Estado (LOE). Y en este ensayo se hace hincapié en la importancia que tenía esta norma para el almirante con la finalidad de acotar el poder de Falange dentro de las instituciones del régimen. Batalla que dio dentro del Consejo de Ministros contra los intentos de algunos miembros por reforzar el papel del partido único. Carrero Blanco, en todo momento actuó como el verdadero guardián del régimen franquista.

En el contexto de desastre en el que estaba sumida la economía española, gracias a las políticas autárquicas, el autor expondrá como Carrero apostó por su final y para ello, se produjo la entrada de los conocidos como tecnócratas que pertenecían al Opus Dei.

El autor incide en definir al personaje como un reaccionario inmovilista que se solía poner de manifiesto, entre otras ocasiones, siempre que algún miembro del gabinete intentaba tramitar la ley de asociaciones políticas, donde siempre encontraba a un reacio Carrero, en total sintonía con Franco, pues no querían ni oír hablar de esa posibilidad.

Con su muerte, desaparecía la persona elegida para garantizar un franquismo sin Franco. A partir de este momento, todas las tensiones que ya se vivían en las instituciones de la dictadura se agudizarán, pues nada sería lo mismo.

El segundo bloque del libro de José Antonio Castellanos, que consta de dos capítulos, estudia “el tratamiento que la memoria colectiva ha dispensado” a Carrero Blanco, y para ello hará un repaso desde que se produjo el atentado hasta nuestros días.

Carrero Blanco. Historia y memoria
Lugar al que cayó el coche donde iba Carrero Blanco (Wikimedia Commons)

El ensayo recoge las primeras reacciones que se dieron al atentado, “el impacto que tuvo en un régimen que había hecho del orden y de la quietud social dos de sus pilares fundamentales” y qué movimientos hubo entre las diferentes familias que lo conformaban, una vez que había desaparecido la persona que estaba destinada a ser el “albacea de Franco”. El atentado de ETA fue un factor decisivo para acrecentar las contradicciones de un régimen que ya estaba en crisis. Analiza los pasos que se dieron para la elección del sustituto, Arias Navarro, que es calificado por el autor como un hombre de “impolutas credenciales franquistas”, y al igual que su antecesor, no adscrito a ninguna de las familias que componían el régimen, por lo que se le consideraba fiel al dictador.

Este trabajo expone brevemente las consecuencias del atentado en algunos aspectos, como el protagonismo que adquirió ETA como autora de un atentado de estas características, lo que le convirtió en una cuestión de Estado y las nuevas fórmulas que adoptaron los aparatos del Estado para combatirla, en concreto, con el inicio de operaciones parapoliciales. También dedica un apartado para tratar las consecuencias que el atentado generó dentro de ETA y su evolución posterior, así como el miedo que generó en la oposición antifranquista a la reacción represiva por parte del régimen, pues no hay que olvidar que el día del atentado se iniciaba el juicio a los sindicalistas de CCOO en el conocido como Proceso 1001.

Carrero Blanco. Historia y memoria
Monumento a Luis Carrero Blanco en la localidad de Santoña (Wikimedia Commons)

Por lo que respecta a la actitud del régimen para con Carrero, el autor relata como el régimen lo convirtió en un mártir del franquismo, dando cuenta de una profusión de homenajes que recibió hasta la muerte del dictador.

Este libro recoge algunas de las diversas teorías conspirativas que siempre han circulado sobre los autores del atentado, en los que se pueden encontrar hipótesis de lo más variopintas, que son desterradas por el autor, porque hasta la fecha ninguna tiene un sostén que pueda desvirtuar la autoría de ETA.

El autor expone como el atentado ha servido para que hayan aparecido diferentes obras en las que se habla de Carrero y del atentado del que fue objeto. De los diferentes libros que han aparecido le dedica un espacio al que escribió Eva Forest en 1974, que con el título “Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero”, los autores del atentado relatan no sólo lo que fue la preparación del atentado, sino también el análisis político que les llevó a realizar el atentado.

Carrero Blanco. Historia y memoria
Calle Almirante Carrero Blanco en San Pedro del Pinatar (Murcia). (Wikimedia Commons)

Esta obra estudia cuál ha sido la valoración de la figura de Carrero Blanco una vez que el dictador desaparece, dando paso a la etapa actual. Es en esta parte del ensayo donde proporciona una panorámica del trato que recibió en diferentes espacios, como puede ser el televisivo, audiovisual y en el espacio público (monumentos, calles en su memoria, etc…). Este pasaje del libro es interesante porque sirve para ver la diferente actitud que ha habido en los medios de comunicación públicos, en función de quién gobernase y las disputas políticas que ha generado, similares a las que han surgido con la aprobación de leyes como de la de Memoria Histórica o Memoria Democrática. De hecho homenajearlo como “víctima” perfectamente se puede interpretar como un enaltecimiento de la dictadura.

Es interesante cuando el autor entra a exponer diferentes teorías donde ubicar la figura Carrero, al igual que Melitón Manzanas, dentro de la dicotomía victima-victimario, cuestión que “sigue siendo un asunto objeto de discusión en España”. Si no hay duda que es considerado victimario, en su calidad de autor intelectual de violencia política practicada por el régimen franquista, a la hora de considerarle víctima, el ensayo recoge diversas opiniones al respecto, para que el lector tenga una visión amplia de este debate.

Quiero mencionar la argumentación del profesor de derecho penal José León Alapont, que se encuentra recogida en este libro, que plantea que conforme a la legislación penal, a Carrero no se le puede considerar una víctima del terrorismo, puesto que “ni habría supuesto un ataque a nuestro Estado democrático y social de derecho, ni habría alterado la paz pública, ni tampoco originó ningún estado de miedo en nuestra sociedad. Y, por tanto, quienes asesinaron a Carrero Blanco no podrían ser definidos como terroristas ni el almirante asesinado una víctima del terrorismo”, pues es la que, a mi modo de ver, mejor contextualiza los hechos que se vivieron ese 20 de diciembre de 1973, en plena dictadura franquista.

Para concluir, decir que la lectura de este ensayo sirve para que las generaciones que no han conocido la dictadura y al personaje más importante de ella, después del dictador, puedan obtener los datos necesarios para entender lo que fue el régimen franquista por dentro y el papel que desempeñó Carrero Blanco en todo ese tiempo.

Carrero Blanco. Historia y memoria
Carrero Blanco. Historia y memoria

Ciudadana Leonor. La confianza se obtiene en las urnas

Ciudadana Leonor. La confianza se obtiene en las urnas

En algunas ocasiones procuro abstraerme de ciertos acontecimientos que se dan en el centro de Madrid, pues en mi vida cotidiana los puedo esquivar desde la distancia geográfica y, ni que decir de la distancia ideológica. Es lo que tiene vivir en una ciudad de estas dimensiones, que uno puede evitar todos los fastos que organiza el Régimen del 78 como si tal cosa, pero esta vez ha sido imposible, el bombardeo mediático ha superado mi deseo de aislamiento. Para empezar  el día, me encontré un mensaje en mi móvil de un amigo muy madrugador, que desde el corazón del Goierri ya se encargó de recordarme, con grandes dosis de ironía, el sarao que se iba a dar ayer por la mañana en Madrid; cuando salí a desayunar a media mañana, ahí estaba el televisor del bar con las imágenes en directo desde el Congreso. Parecía que me perseguía como las siete plagas de Egipto.

Eso era el Madrid oficial, el que tiraba la casa por la ventana para engalanar todas las calles por donde iba a pasar el cortejo, donde la pompa y el boato lo copaba todo, aderezado de coches oficiales por doquier y donde la prensa del papel couché iba a tener materia para unas cuantas semanas. Pero ayer, como todos los días del año, también había otro Madrid que vivía al margen de todo lo que sucedía en el Congreso y en el Palacio Real. Era el de los jóvenes que iban en el autobús a sus clases en los institutos o universidad, el currela de la construcción que se dirigía a tajo con su mochila donde llevaba el almuerzo, y que seguro que  ese día llegó a casa de la misma forma que salió por la mañana, de noche. Al mediodía el trajín de la ciudad era como cualquier otro día, como si el fiestón que habían organizado las élites políticas no fuera con ellos.

Ciudadana Leonor. La confianza se obtiene en las urnas
Leonor, Felipe VI y Pedro Sánchez

Los fastos entorno al juramento de la Constitución por parte de la hija mayor del Felipe Borbón solo se pueden definir como una tomadura de pelo colectiva a la ciudadanía. Este vodevil que organizaron en el Congreso ha sido un insulto a la todas esas personas que no llegan a fin de mes, que están en las listas de espera de la Sanidad Pública, que no tienen posibilidad de llevar a un hijo a una guardería pública, que no tienen un colegio o instituto público en su barrio, pero que les dicen que la monarquía es la institución garante de la democracia, necesaria para que todos seamos más felices en el Reino de Blancanieves. Y me reafirmo en esta opinión cuando escucho los discursos que realizaron en el día de ayer para dorarse la píldora los unos a los otros. El pronunciado por el Borbón no se sale del guion, la nación, se entiende que sacrosanta e indivisible, la monarquía, obvio, porque de lo contrario se les acaba el chollo, y la defensa de la Constitución, que parezca que es una monarquía moderna, aunque si es necesario montar un golpe de Estado, se monta, y si no que se lo pregunten al abuelo.

Como el discurso que le han redactado a Leonor da para mucho, me voy a centrar en una frase que ha sido con la que más nos han bombardeado los medios de comunicación. La  ciudadana Leonor ha pedido que confiemos en ella. Lo dicho, nos quieren tomar por tontos.

A esta señorita habría que decirle que la confianza en democracia se obtiene en las urnas. Yo sé que eso para alguien que pertenece a la institución monárquica, que ha vivido en palacio rodeado de cortesanos, no entra dentro de sus parámetros. La confianza no se obtiene haciendo un simulacro de mili, jurando la Constitución y diciendo que la va a cumplir, y menos viniendo de un Borbón, pues nos sería el primer Borbón, y esperemos que sea el último, que se ha saltado la Constitución que estaba vigente en ese momento, Fernando VII fue el precursor, y a partir de entonces, cada vez que el orden constitucional no era del agradado de los borbones, no tenían reparo alguno en liarla parda. Las conspiraciones palaciegas han sido una práctica muy habitual durante los siglos XIX y XX.

Ciudadana Leonor. La confianza se obtiene en las urnas
Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera

Su estirpe está reñida con las urnas. Solo hay que recordar la etapa de la Restauración borbónica, donde el pucherazo electoral era algo consustancial al régimen que se instauró después de la Primera República, el rey golpista Alfonso XIII ya se encargó de apoyar la asonada militar de Miguel Primo de Rivera, desterrando la voluntad del pueblo, y del emérito no es necesario hablar, pues no hay día que no conozcamos alguna de las suyas. El que el dictador nombrase como su sucesor a su abuelo, no deja de ser una perla más de la dinastía borbónica, de la que se sienten profundamente agradecidos, lo que significa que carecen de un mínimo de pedigrí democrático.

Ciudadana Leonor. La confianza se obtiene en las urnas
Pancarta en favor de la consulta del 1 de octubre

Si todos sus antepasados han tenido un problema con la voluntad popular y el sufragio universal, mención especial merece su padre. Cuando al “preparao” le mencionan la palabra urna, le debe de salir urticaria. Producto de ello fue su intervención el 3 de octubre de 2017, ante la consulta organizada en Catalunya. No podía soportar que el pueblo catalán quisiera elegir su futuro sin tutelas ni ataduras. Bueno son los borbones, pues con las cosas de comer no se juegan, ya otro rey del mismo nombre, Felipe V no dudó en atacar Catalunya porque querían defenderse de sus políticas centralistas. Lo que ocurrió ese 3 de octubre sirvió para que al pueblo le quedase claro que la monarquía española no tiene reparo en tomar partido en política, no es una institución moderadora, lo que nos permite cuestionar su papel.

Esta jovencita al pedir que confiemos en ella, nos está pidiendo un acto de fe hacia ella, y va a ser que no. Si quiere lo tiene fácil, tan sencillo como presentarse a unas elecciones. No me cabe la menor duda que más de un partido político daría lo que sea por llevarla en sus filas, habría tiros entre VOX y el PP por incluirla en sus listas, y más de un dirigente del PSOE no le haría asco el intentar seducirla, haciéndola ver que con el PSOE en el gobierno, su abuelo campó a sus anchas y que siempre ha defendido a la monarquía.

Los borbones van tan “sobraos” que no han tenido mejor ocurrencia que celebrar en el Palacio de El Pardo la fiesta familiar del cumpleaños  de la susodicha. Aunque si uno lo mira con cierta frialdad, no es una ocurrencia cualquiera y no deja de ser un recordatorio de agradecimiento por haber nombrado sucesor del dictador al abuelo de la cumpleañera.

No necesita que confiemos en ella, tiene a su favor la inmunidad que le da el actual ordenamiento jurídico, pues una vez que llegue a ser reina gozará del status de inviolabilidad, igual que su padre y su abuelo. Como tiene buenos maestros en el arte de defraudar a las arcas públicas y realizar oscuros negocios, es imposible que confiemos en ella.

Ciudadana Leonor. La confianza se obtiene en las urnas
Proclamación de Felipe VI

La monarquía no representa los valores democráticos, radicalmente contraria al principio de igualdad, en pleno siglo XXI es un obstáculo para que cualquier Estado pueda avanzar. En el actual momento, en el que los derechos sociales están siendo atacados diariamente, donde los servicios públicos, Sanidad, Enseñanza y pensiones públicas están sufriendo todo tipo de recortes, nos imponen como futura reina a una persona que ni acude a la Sanidad Pública, que ha estudiado toda la vida en colegios privados y que no va a depender de una pensión como el común de los mortales. Estamos como para confiar en ella. Nos mean y dicen que llueve.

Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron

Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron

Cuando en diciembre de 2018 Vox irrumpió por primera vez en las instituciones, entrando en el Parlamento andaluz, el Estado español dejaba de ser la excepción en la Unión Europea, pues hasta la fecha ningún partido con un perfil ultraderechista había logrado representación parlamentaria en el Estado español. A partir de esa fecha cada convocatoria electoral era un paso para que entrasen en el Congreso, Senado, parlamentos autonómicos y ayuntamientos. Se empezó a normalizar la presencia de la ultraderecha de tal forma que el entrar en algún gobierno autonómico o ayuntamiento de capital de provincia sólo era cuestión de tiempo, puesto que sus votos eran imprescindibles en la ecuación para que hubiera gobiernos de derecha extrema. Al fin y al cabo, muchos de sus lideres se habían forjado  en el partido que representaba las esencias del posfranquismo, que no es otro que el Partido Popular, pues primero Alianza Popular y luego el PP sirvieron de “paraguas a muchos franquistas que no renunciaban a su pasado”.

La trayectoria de Vox de los últimos cinco años ha sido ascendente hasta que se han topado con el primer gran retroceso electoral; pero hasta llegar a la situación actual, en la que son la tercera fuerza política en el Congreso, la ultraderecha ha tenido que realizar una larga travesía del desierto en la que en ciertos momentos estaba sumida en la irrelevancia política. Este batacazo electoral  ha servido para que las diferencias y tensiones internas hayan salido a relucir con más profusión que en otras ocasiones, aunque el oscurantismo que reina en la dirección de Vox en muchos momentos dificulta conocer más en profundidad los entresijos de esta formación política. Lo que no cabe duda es que las aguas ultras bajan algo revueltas. Por ello, para conocer lo que es Vox, sus orígenes y quienes dirigen el partido exige sumergirse en el túnel del tiempo para echar la mirada a varias décadas atrás, porque es imprescindible conocer el pasado para entender el presente. Eso es lo que hace el periodista Xavier Rius Sant en el libro “Vox, los ultras que nunca se fueron” (Editorial Akal 2023).

Si de alguna forma tendría que definir el libro de Xavier Rius Sant, no dudaría en decir que es un compendio de la historia de la ultraderecha española de los últimos 50 años. Gracias al trabajo de campo que ha realizado a lo largo de los años, el autor realiza un análisis pormenorizado de las organizaciones del espectro de la ultraderecha y un seguimiento de los líderes que estaban detrás de cada una de ellas; va desgranando todos los intentos que han realizado para sacar la cabeza del pozo donde han estado desde la muerte del dictador, y en todo momento teniendo presente que un sector importante de la ultraderecha ha invernado dentro del PP, porque fuera hacía mucho frio, sobre todo, para aquellos que querían tener algún cargo de relevancia o, simplemente vivir de alguna prebenda que les pudiera caer del partido, y sin olvidar que siempre eran bienvenidos en el PP, organización que tenía como objetivo unir a toda la derecha, incluido al sector más ultra y cuyo fundador fue un ministro de Franco, con un currículum que para ellos quisieran muchos de los líderes de la ultraderecha española.

Ese relato exhaustivo de la trayectoria del conjunto de la ultraderecha española, es fundamental para adentrarse en el nacimiento de Vox a finales de 2013 y conocer sus orígenes. El ensayo de Xavier Rius Sant es premonitorio de muchos de los movimientos y de las tensiones internas que está viviendo Vox desde las elecciones de julio.

Los fundadores de Vox

Xavier Rius arranca el libro haciendo un repaso biográfico de los que, en su opinión, fueron los padres de Vox, y no es casualidad que arranque con Ortega Smith, pues reúne una serie de requisitos que para el autor le hace valedor de lo que hoy en día representa Vox. Desde sus años jóvenes y su militancia activa en Falange y de las JONS, donde fue un autor prolijo de artículos en diversas publicaciones falangistas, muy proactivo en su labor militante y guardián de los principios del nacionalsindicalismo, para después de dar algún que otro tumbo político, se cruzase en su camino Santiago Abascal, al que unirá su futuro político hasta el día de hoy. Es la persona que rentabilizará ante el electorado de derechas las horas de televisión en su faceta de acusación popular de  Vox contra los líderes del Procés y la labor oscura de los fines de semana de recorrer todos los rincones del Estado para visitar a los afiliados que Vox tenía y animarlos a que lo dieran todo por la causa, y con la premisa de que “un ideal superior estará por encima de todo” y dirigiendo siempre el partido con manu militari.

Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron
Santiago Abascal y Ortega Smith en Vistalegre

Al hablar del que es el actual líder y caudillo de Vox, Santiago Abascal, Xavier Rius nos acerca a sus orígenes, nieto del alcalde franquista de Amurrio e hijo de político primero de Alianza Popular y posteriormente del PP, que tuvo diferentes cargos públicos. Repasa las dificultades de carácter económico en las que estuvo sumido Abascal en 2009, llegando a ser embargada su vivienda, y  su conjura “para nunca volver a pasar hambre ni tener un sueldo inferior a 5.000 euros”. De chiringuito en chiringuito, gracias a su protectora, Esperanza Aguirre, y luego entrando en Vox, cuando tuvo constancia que había dinero fresco para poder garantizarse un suculento sueldo a cargo del partido. Este ensayo no deja lugar a dudas, es un arribista en toda regla, corroborado con las informaciones que se están publicando estos días sobre la financiación, a través de Vox, de la fundación Disenso de la que Abascal es presidente, la cual se beneficia de los beneficios fiscales que disfrutan las fundaciones.

El autor nos desvelará que si bien Vox propone la supresión de ayudas públicas a la financiación de partidos y sindicatos, no lo hace con las fundaciones, porque estas últimas son la herramienta que han utilizado estas gentes para medrar hasta que han entrado en las instituciones, como la fundación DENAES, fundación que Abascal fundó en 2006, siendo militante del PP o Concordia de Vidal-Quadras, que han recibido importantes subvenciones de las administraciones, sobre todo, de las que estaban a frente personas cercanas a ellos, como es el caso de Esperanza Aguirre, en su etapa de presidenta de la Comunidad de Madrid. Reniegan de lo público pero no pueden pasar sin vivir a costa de lo público.

En este ensayo el lector puede constatar cómo Abascal da un golpe de mano para hacerse con el control de Vox y ser nombrado presidente en cuanto tiene constancia que hay dinero suficiente como para poder asignarse un sueldo acorde a sus necesidades.

Si bien dedica unas páginas al matrimonio Espinosa de los Montero-Rocío Monasterio y a Vidal-Quadras, al ser de las personas que estuvieron en Vox desde el primer momento y del papel que cada uno representaba en el nuevo partido, Xavier Rius, a lo largo de este ensayo, se detendrá en otras, que no habiendo sido fundadores de Vox, acabarán desempeñando un papel protagonista en Vox, como es el caso de Jorge Buxadé e Ignacio Garriga. En este libro se hace un análisis de sus trayectorias políticas, pues ambos serán muy influyentes en la línea ideológica de Vox.

La ultraderecha española

No cabe duda que para entender lo que es Vox, es necesario tener una visión global de lo que ha sido la ultraderecha española en los últimos 50 años, pues como en el libro de Xavier Rius se recalcará con asiduidad, muchos de los líderes de Vox proceden de ese puzle de organizaciones. Por ello, hay un capítulo en este libro que viene a ser un resumen de la historia de las organizaciones políticas de ultraderecha más importantes que ha habido en los últimos cincuenta años. En este repaso encontraremos a los nacional-socialistas de CEDADE, las diferentes siglas en el ámbito del falangismo, la Fuerza Nueva de Blas Piñar, organizaciones que practicaban el terrorismo como el Frente de la Juventud, que fue una escisión de Fuerza Nueva, y un sinfín de siglas que surgirán en los años noventa y primeros de este siglo, donde todos se conocen, pero su cainismo es lo suficientemente importante, como para que entre ellos estén la mayor parte del tiempo a la greña. Procedentes de todas esas organizaciones hoy en día hay destacados diputados de Vox en el Congreso, parlamentos autonómicos y ayuntamientos.

El autor hará un repaso con datos de cada una de las personas que han liderado diferentes proyectos políticos fallidos de la ultraderecha y que han acabado recalando en Vox, algunos de los cuales han tenido condenas por actos violentos con motivo de su actividad política. Es curioso que nadie haya cuestionado la idoneidad moral de estas personas para que puedan ejercer la política, ni les han pedido ningún tipo de arrepentimiento y no han sido portada en ningún medio de comunicación.

Algunos de esos grupos de ultraderecha tenían su ámbito de actuación en Catalunya, organizaciones de carácter xenófobo, que intentarán exportar su proyecto a otros lugares del Estado español; en este ensayo hay un análisis pormenorizado de su actividad política que desarrollaron en la primera década de este siglo, centrando su línea de actuación en que la inmigración recibía todas las ayudas de la administración en detrimento de los de casa, y su estrategia se basaba en el todo vale, trufada de todo tipo de bulos y manipulación de datos. Todo un preludio de lo que será la forma de hacer política de Vox.

En todo ese popurrí de organizaciones ultraderechistas, Xavier Rius hace una mención a una organización que se hizo famosa en su posición contra el Procés y que ha sido ensalzada por gran parte de la prensa española, es Sociedad Civil Catalana, puesto que sus principales dirigentes son de ideología ultraderechista.

La ideología de Vox

La irrupción de Vox generó un debate acerca de donde se enclavaba su ideología, si era un partido fascista, del entorno de la ultraderecha o simplemente era un PP pero más duro, dudas que quedan despejadas en este ensayo, gracias a que el autor muestra la evolución de Vox desde su fundación hasta la actualidad.

Xavier Rius nos develará que en sus inicios Vox “no se presentaba como un partido ultra, sino como un partido liberal conservador, contrario al Estado autonómico, y defensor del nacionalismo español y del derecho a la vida y a la familia tradicional”. El programa con el que se presentó a las elecciones europeas “era más propio de una escisión del PP partidaria de un Estado centralista que de la ultraderecha xenófoba o eurófoba”, muy lejos de las propuestas de los partidos ultras europeos, y más cercano a un partido ultraliberal en posiciones económicas y conservador en lo moral y religioso, “totalmente opuestas al proteccionismo social del falangismo”, era una línea ideológica donde el matrimonio Espinosa de los Monteros-Monasterio se sentían como pez en el agua.

Esta posición inicial será arrinconada para ir ocupando una posición ideológica propia del sector más duro de la ultraderecha europea, y para ello es fundamental la influencia de algunas de las personas que sin haber estado en la fundación de Vox, llegarán a liderar Vox, como es el caso del anteriormente mencionado, Jorge Buxadé, exfalangista, ex militante del PP y miembro del Opus Dei, que se convertirá en uno de los ideólogos de cabecera del partido ultra, siendo elegido en marzo de 2020 vicepresidente primero y responsable de acción política; convirtiéndose en el número 2 de Vox. Dentro de ese selecto grupo que recalan en Vox llegando a tener puestos de gran relevancia, además de Buxadé, está el anteriormente mencionado Ignacio Garriga, Rafael Bardají, que fue director de política internacional de FAES y fervoroso prosionista y Kiko Méndez Monasterio.

El autor se detendrá en analizar la ideología de Buxadé, a través de los discursos que realizará en actos públicos de Vox, pero, sobre todo, gracias al libro que publicó con el título “Soberanía: por qué la nación es valiosa y merece la pena defenderla”, en el que detalla cuál es su ideología, que se fundamenta en una nación indisoluble, una familia tradicional basada en una ley natural y la religión. Está en contra del sistema de partidos, y en algunos actos de Vox llega a manifestar que las instituciones propias del pueblo español son “familia, sindicato, municipio y corporación profesional”, que no es otra cosa que lo recogido en el apartado 6 de la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, redacción tomada del punto sexto del programa de Falange de 1934.

Para Xavier Rius, hay cuatro elementos que definen a Vox: el primero es que “no niegan la legitimidad del Alzamiento Nacional del 18 de julio, que provocó la Guerra Civil, ni la gran dictadura que vino después”. Llegan a manifestar, en palabras de Ignacio Garriga, que “el régimen vigente ha arrebatado libertad a los españoles”. El segundo es que rechazan el sistema de partidos políticos, que “ha asestado un golpe letal al sistema democrático”. Son más de democracia orgánica, donde no haya partidos políticos, todo ello inspirado en la ideología falangista. El tercero es la negación de la legitimidad de las comunidades autónomas y de las regiones. Y el cuarto, es la estructura piramidal del partido en el que no existe la democracia interna, ni hay posibilidad de mostrar las discrepancias con la dirección, adoleciendo de una total falta de transparencia.

La parte que obvian del discurso falangista es la relativa al “control de los medios de producción y la nacionalización de empresas o la banca”. En materia económica son más de ultraliberalismo thatcheriano y de reducir los impuestos, sobre todo a las clases altas.

Vox, un partido donde reina el oscurantismo

Si en algo se distingue Vox del resto de los partidos es en el oscurantismo en su funcionamiento interno. Xavier Rius realiza una exhaustiva labor en este aspecto, aportando un sinfín de datos al respecto.

Este ensayo se adentra en Vox, desde su fundación, que se planificó con personas de paja para no aparecer los verdaderos cerebros del proyecto y no levantar sospechas en el Ministerio del Interior, cuyo titular era Jorge Fernández Díaz. Nos dará a conocer el papel que desempeñó Vidal-Quadras en ese momento y cómo logró dinero fresco y a fondo perdido con origen en los muyahidines iraníes para financiar el partido, lo que les permitió sobrevivir durante un tiempo, ya que algunos de sus líderes ya no vivián gracias a ningún chiringuito público.

Gracias a este trabajo el lector irá descubriendo que un reducidísimo número de personas tendrá las riendas del partido, actuando sin ninguna transparencia en los órganos de decisión, motivo por el que se darán gran número de dimisiones en todos los órganos del partido. El trato vejatorio y la defenestración de las voces críticas serán una constante, ejecutándolas Ortega Smith con mano de hierro, durante el tiempo que fue secretario general, la mano derecha y larga de Abascal.

Y para finalizar llega el momento de preguntarse

¿Qué es Vox? ¿qué espectro sociológico representa Vox?

En el prólogo del libro es definido como “un potaje de ultranacionalistas, de convencidos de que nos hemos rendido ante ETA, de aquellos que están seguros de que los independentistas destruirán España, de los angustiados por la emigración que creen que nos invade, de los beatos que quieren imponer su moral, de los herederos del fascismo, o de personas que simplemente no entienden avances o claves de convivencia actuales y trabajadores que se ven seducidos por su populismo”, y al hilo del título del libro, sus dirigente “son ultras que siempre han estado aquí, pero ahora han vuelto organizados aprovechando vientos a favor”.

Para el autor, Vox es el punto de confluencia de exdirigentes y exmilitantes del PP, “franquistas de ayer que estaban en este último partido, resignados a ser demócratas” y “antiguos militantes del amplio abanico de los grupos de ultraderecha”.

Desde un punto de vista sociológico, Vox recaba apoyos en ese estereotipo de personas desubicadas en la sociedad del siglo XXI, en la que no están adaptadas a los avances de la sociedad, que son el caldo perfecto para mediatizar su opinión a través de la factoría de los bulos que construye la ultraderecha.

Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron

Lo preocupante en este ascenso de la ultraderecha española de la mano de Vox es que sus ideas están calando en la sociedad mediante la batalla cultural que lleva dando en los últimos años. El espacio sociológico de la ultraderecha siempre ha existido en el Estado español, pues no olvidemos que el dictador murió plácidamente en la cama, y muchos seguidores han estado invernando en el PP,  pero el crecimiento de su base social ha salido fuera de los ámbitos de la ultraderecha o del PP y su discurso ha calado en otros sectores de la sociedad. El tiempo nos día si los partidos democráticos saben dar una respuesta y devolver a la ultraderecha a la marginalidad política.

El libro de Xavier Rius Sant es de obligada lectura para todo aquel que quiera estudiar más a fondo a la ultraderecha, porque para combatir algo, primero hay que conocerlo.

Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron
Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron

La izquierda y el piolet

La izquierda española vuelve a desenterrar el piolet

“La izquierda tiene esa vocación conspiratoria que le pierde. En toda reunión en la que la izquierda trata de organizarse parece que hay unos cuantos piolets escondidos debajo de la mesa. Supongo que tiene que ver con esa tradición de cuestionarse permanentemente, de hacerse preguntas, que es muy saludable en cierto punto. Pero al mismo tiempo también tiene que ver con la vocación al fracaso, que ha sido un lastre por parte de ciertos sectores de la izquierda”.

Esta reflexión con la que comienzo este artículo es de Ismael Serrano y la he extraído del libro Tomar partido” (Editorial Txalaparta) que el periodista Sergio Gregori Marugán publicó en 2019 y en el que se recogen alrededor de medio centenar de entrevistas a actores políticos, intelectuales, periodistas y personajes visibles del mundo de la izquierda. Y hoy la he rescatado porque si en su momento me pareció muy acertada, desgraciadamente hoy está más vigente que nunca, y algunos se han propuesto no aprender del pasado.

Lo que estamos viviendo en los últimos meses, porque todo esto viene de atrás, raya la esquizofrenia. Algunos han sustituido el piolet por el tuit o el bolígrafo y se han puesto a disparar en medios de comunicación y redes sociales a todo lo que se mueve, haciendo tanto o más daño. No es nuevo este espectáculo, pero sigue siendo igual de bochornoso.

Antes de entrar en harina, voy a dejar algunas cosas claras: en este juego de tronos que nadie busque buenos o malos, y la sensación que acaba teniendo el votante de izquierdas es que esto va de cuatro popes que están jugando a ese tacticismo cruel que lleva a unos a auparse en el poder a costa de otros y acaban arrastrando a las bases de los diferentes bandos a una guerra fratricida. Igual los males de la izquierda pasan porque hay que acabar con tanto liderazgo y esto va dirigido a todas y todos.

Llevamos varias semanas escuchando a Pablo Iglesias y a algunas personas de la dirección de Podemos que para entrar en el proyecto de SUMAR tan sólo es necesario que Yolanda Díaz llegue a un acuerdo bilateral con Podemos en el que la primera acepte la celebración de unas primarias abiertas. Da la sensación que lo único que importa es el método para la elaboración de las listas ¿quizá quieren decir la forma de repartirse los puestos de la candidatura? pues no le han requerido para hablar del programa de gobierno que es lo que le interesa al votante de izquierdas, si Julio Anguita levantara la cabeza. Y han ignorado al resto de formaciones que ya están apoyando el proyecto SUMAR, si se me permite, algo poco respetuoso si se quiere ir de la mano con esas formaciones políticas en una única candidatura.

La respuesta de Yolanda y su equipo hasta hace unos días venía siendo de un perfil bajo, sin entrar en rifirrafes dialécticos, lo cual le estaba obligando a la otra parte a subir el tono y es cuando se han escuchado frases como que Yolanda Yolanda Díaz está actualmente “mucho más cerca políticamente” de Más País, es decir, de Íñigo Errejón, que de Podemos, o que el PSOE quiere una izquierda que la pueda manejar como lo hizo con IU. Lo primero que pienso es si este tipo de declaraciones de verdad sirven para unir, porque la sensación que he extraído es que han ayudado a caldear más el ambiente, y volviendo al contenido de las declaraciones, si es cierto ese acercamiento de Yolanda Díaz a las posiciones de Errejón ¿Podemos se sentiría cómodo en ese proyecto? ¿por qué ese interés de llegar a un acuerdo con Yolanda? ¿no le sería más útil defender su espacio político fuera de la candidatura de Sumar?

En esta historia no hay ni buenos ni malos, ni todo es blanco ni todo es negro, y para entenderlo es necesario tener una mirada retrospectiva y remontarnos cuatro años atrás. Allá por 2020 pasaron muchas cosas, no hacía un mes que el gobierno de coalición PSOE-UP había iniciado su andadura y en una entrevista que Yolanda Díaz concedió al diario El País nos dejaba esta perla: “Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable”. Frase infumable donde las haya, pero parecía premonitoria a la vista del desenlace que tuvo la tan cacareada derogación de la reforma laboral del PP. Pero lo más llamativo es que en aquel momento, primeras semanas de 2020, ante esas declaraciones nadie de Podemos alzó la voz, en aras a defender el compromiso del gobierno de coalición de derogar la reforma laboral de Rajoy, y no voy a entrar en una guerra semántica, porque todo el mundo entiende perfectamente lo que significa derogación. Acababan de empezar a pisar las moquetas de los ministerios e igual estaban deslumbrados por ese nuevo status.

Pocas semanas después vino la pandemia y lo puso todo patas arriba. Y hay que decir que la labor desplegada por el ministerio de Trabajo, sin ser para echar cohetes, sirvió para que la clase trabajadora de este país no se hundiera aún más en la miseria y no me cabe la menor duda que con un gobierno de las derechas las decisiones hubieran sido muy diferentes en perjuicio de la población más vulnerable. Pero muchos de esos decretos, así como los relativos al confinamiento salieron adelante gracias a otras fuerzas políticas,  que para algunos gurús de Podemos están vendidas a los poderes económicos. Parece que a algunos se les ha olvidado con mucha rapidez que para convalidar algunos decretos-ley, anduvieron mendigando votos, pues cada voto en el Congreso valía su peso en oro. Por cierto, hay que decir alto y claro, esos que hoy no parecen que sean tan izquierdas para los defensores de las esencias de la izquierda, cuando subían al estrado del Congreso, exigían al gobierno que fuese más valiente a la hora de tomar medidas, recuerdo discursos de Errejón y Baldoví muy críticos con el gobierno en materia laboral, críticos desde posturas de izquierda. Así son las cosas. Y todo ello sin olvidar ese pacto de mayo de 2020 que los partidos del Gobierno firmaron con EH Bildu, y que nunca cumplieron, para la derogación de la reforma laboral del PP a cambio de una prórroga del Estado de alarma.

Posteriormente vino, e iba siendo hora, la negociación de la reforma laboral y algunos vimos, no sin cierto asombro, que se negoció con todo el mundo, menos con los que había que negociarla: los partidos que facilitaron la investidura. Se hizo todo de espaldas a los representantes de la ciudadanía, la patronal estaba feliz por el acuerdo, y como los números no salían tuvieron que buscar ayuda en Cs, y en la extrema derecha navarra (UPN), aunque sin éxito en este último caso. La puesta en escena de todo ese proceso fue muy clara: aupar a Yolanda Díaz al status de líder de la izquierda y futura candidata a presidenta del Gobierno. Podemos no sólo no lanzó ni una crítica a Yolanda Díaz por una infumable reforma laboral, es que solo faltó pontificarla, y así lo hizo en su discurso la portavoz de Podemos dentro del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos el día que se debatió la reforma laboral en el Congreso. En Podemos nadie discutía el liderazgo de Yolanda Díaz, parecía que iba a ser el Mesías. Y si la reforma laboral propiciada por el gobierno de coalición salió adelante, fue, entre otros, por los votos de Más País y Compromís. Allí estuvieron echando un capote a Unidad Podemos, aunque se quejaron que esta reforma estaba lejos de lo prometido y que con ella no se recuperaban todos derechos perdidos por los trabajadores. Y Yolanda Díaz y su equipo dejaron en la estacada a EH Bildu y a ERC, que decidieron no apoyar ese trágala, recibiendo un aluvión de críticas.

Llama la atención que desde Podemos la crítica se centre en la exigencia de unas primarias abiertas, cosa que en la coalición Unidas Podemos nunca se ha llevado a cabo y cuando la elección de Yolanda Díaz fue un dedazo en toda regla por parte de Pablo Iglesias, ignorando a las bases, una forma de actuar más propia de los partidos tradicionales, todo lo que siempre habían criticado. Por tanto, la legitimidad de Yolanda Díaz se la dio Pablo Iglesias, quizá pensando que por detrás podría mover los hilos de su proyecto, cosa que no parecería muy descabellada si observamos el rol que está adoptando en toda esta trifulca, porque habría que preguntarse cuál es el papel de Pablo Iglesias en todo esto, una persona que al cabo del día realiza muchísimas más declaraciones que Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos y la actitud que tiene en los medios de comunicación es la de la persona que lleva las riendas de Podemos, quien dirige el partido en la sombra, cosa que no favorece nada ni a la actual dirección de Podemos ni al conjunto del partido. El hecho que se haya conocido que hace unos meses se reunieran Yolanda Díaz y Pablo Iglesias para rebajar el tono lo dice todo, pues no se reunió con nadie de la dirección de Podemos, lo hizo con el poder en la sombra.

Aquí se está hablando mucho de la fórmula de un frente amplio y que es necesario que Sumar y Podemos se entiendan para evitar que la derecha obtenga la mayoría absoluta, pero nadie está diciendo absolutamente nada sobre la posibilidad que otras sensibilidades de la izquierda se incorporen a este proyecto, como es el caso de Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez y Anticapitalistas. No deja de ser una sensibilidad más dentro de la izquierda que hasta no hace tanto tiempo compartía espacios con algunas de las organizaciones que están en Sumar y que estuvieron en Podemos.

Si lo expuesto hasta ahora es preocupante, aún lo es más los derroteros por donde están yendo las declaraciones de Yolanda Díaz y algunas personas de su entorno en estos últimos días. Si hasta ahora había jugado un papel amable, da la sensación que ha cambiado el chip y ha pasado de tender la mano a no hacerle ascos a evitar que Podemos se incorpore a Sumar, y frases como “Sumar no será será un fracaso si no está Podemos” no ayudan a crear un ambiente de confluencia.

En toda esta bronca hay mucho de tacticismo y mucho pánico al día después del 28 de mayo. No corren buenos vientos para Unidas Podemos en las municipales y autonómicas y todo el mundo tiene claro que sentarse a negociar con los resultados electorales en la mano va ser más complicado para las formaciones que obtengan un mal resultado, pero sería injusto que ese lastre recayese únicamente sobre Podemos, pues no hay que olvidar que en Unidad Podemos también está IU y debería de compartir esa responsabilidad.

Lo que no puede repetirse es el escándalo de la negociación que se dio en Andalucía para negociar la candidatura de las elecciones autonómicas del año pasado, aunque parece que nadie ha aprendido nada de ese espectáculo bochornoso en el que el motivo de la pelea eran los puestos de las listas y el reparto de la financiación. Y la realidad es que a día de hoy el ambiente está peor que hace un año.

Sería más productivo que explicasen al votante de izquierdas cuál es la estrategia para afrontar los comicios de noviembre, si esta pasa por intentar reeditar un acuerdo de gobierno, como hasta ahora, si se van a centra únicamente en la política institucional como fin en sí mismo o, si por el contrario, piensan recuperar el pulso de la calle. Cuando UP entró a formar parte del gobierno de coalición, renunció a la calle como instrumento de presión, y cuando en algún momento quisieron salir a protestar, su socio de gobierno le hizo ver que no se puede estar gobernando y simultáneamente manifestándose en contra de las decisiones del gobierno.

Y en esas estamos, sería importante saber qué hoja de ruta tienen los diferentes actores de la izquierda, que proyecto de gobierno tienen y si hay o no posibilidad de llegar a confluir en un frente amplio, pero por favor, que todos terminen con este espectáculo lamentable, dejen de conspirar tanto y entierren el piolet.

La Ley Mordaza, el PSOE y el arte de marear la perdiz

La Ley Mordaza

En política cuando se marea la perdiz es porque se quieren dejar las cosas como están. De ello puede dar buena cuenta el PSOE que es un experto en esas lides, y lo acabamos de ver con el fracaso para la derogación de la Ley Mordaza. Se ha tirado alrededor de tres años alargando unas negociaciones en las que desde el primer momento se percibía su falta de voluntad política para derogar las cuestiones más escabrosas de la norma que aprobó el PP durante el gobierno de Rajoy, y a pocos meses para el final de la legislatura, sin haberla consensuado con los grupos que sustentan este gobierno, deciden que se vote en la Comisión de Interior del Congreso sabiendo que no iba a pasar el trámite, porque no tenía los apoyos necesarios.

Hay varios detalles que no se pueden dejar pasar por alto y que corroboran la nula predisposición del PSOE para derogar la Ley Mordaza. El más importante es que este proyecto de ley no ha sido impulsado por el Gobierno, por contrario, es producto de una proposición de ley que presentó en 2020 uno de los partidos que facilitaron la investidura, el PNV. El Ministerio del Interior en ningún momento ha tenido voluntad política para elaborar un proyecto de ley para derogarla, algo lógico conociendo a quién dirige Interior, Grande-Marlaska. Solo hay que recordar que la Ley Mordaza fue aplicada con total arbitrariedad durante el periodo de pandemia, a excepción de los barrios pudientes, como el barrio de Salamanca de Madrid, que eran el oasis del incumplimiento.

La proposición de ley presentada por el PNV fue aprobada, faltaría más, puesto que al PSOE no le quedaba más remedio que votar sí, pero con el bagaje parlamentario que posee a sus espaldas, supo utilizar todo tipo de argucias parlamentarias para que la proposición de ley fuera dando tumbos por los pasillos del Congreso, en algunos momentos durmiera el sueño de los justos y en otras ocasiones estuviera sumida en un proceso de negociaciones interminables en las que no se desatascarían las cuestiones más importantes, y así lograr el objetivo de empantanar este tema. El PSOE, que cuando es necesario se alía con quién haga falta, no le hubiera hecho ascos a recibir algún apoyo de la bancada ultra para lograr sus pretensiones.

Conociendo todo esto, y con un PSOE enrocado, plantear votarla en comisión era la antesala del fracaso, puesto que era conocido que con ese texto en la mano habría partidos que no apoyarían su tramitación y visto lo sucedido, no parece que este final le haya disgustado mucho.

Una vez que ha sido rechazado el texto votado, era el turno de la maquinaria de propaganda para buscar culpables, en vez de centrarse en las causas de su rechazo. Para ello la prensa progre de Madrid no ha perdido la ocasión de encontrar chivos expiatorios, señalando a ERC y EH Bildu. Lo mismo que sucedió con la reforma laboral, que llegó cocinada al Congreso, no se podía tocar una coma porque eso podía importunar a la CEOE, aunque estos no tuvieran representación parlamentaria, y para ello no hicieron ascos al apoyo de Ciudadanos y a pactar con UPN, pero esto último les salió el tiro por la culata. Y aunque salió adelante por el error  del diputado Casero (PP) en la votación, en esa ocasión arreciaron una cascada de críticas a los partidos aliados del gobierno que votaron en contra.  Parece que es un sacrilegio no seguir los dictados del gobierno.

No es nuevo este modus operandi del PSOE, por un lado, en actos públicos habla de derogar la Ley Mordaza, pero, por otro lado, su actuación parlamentaria se aleja de sus declaraciones, y para ello utiliza todo tipo de argucias, abriéndose a procesos negociadores interminables. Este gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para haber derogado la Ley Mordaza, pero esto parece que pasa de largo. Los diferentes análisis, editoriales y comentarios en tertulias, acerca de lo que ha sucedido con la Ley Mordaza y la polvareda que ha levantado el voto en contra de EH Bildu y ERC en la Comisión del Congreso han obviado buscar las causas para ceñirse al único argumento ventajista: si alguien sufre los efectos de la Ley Mordaza, ello se debe única y exclusivamente a EH Bildu y ERC que han votado en contra. Curioso argumento, cuando el gobierno actual ha aplicado esta ley a destajo, y qué decir del PNV, que le ha faltado tiempo para acusar a EH Bildu y ERC de este fracaso, pero desde el Departamento de Interior del Gobierno Vasco se aplica la Ley Mordaza como una apisonadora, ignorando el mandato del Parlamento Vasco en el que le instaba que no sea aplicada.

La postura del PSOE va más allá de un hipotético miedo a los sindicatos policiales, como se ha llegado a decir, cosa que no niego. La cuestión es que hay que tener presente que nunca han cuestionado el modelo policial, ni los modos de actuación. Si por algo ha destacado este partido desde que llegó al gobierno por primera vez, en 1982, es por el perfil que han tenido sus ministros del Interior y sus modos, personajes como Barrionuevo, Corcuera, Belloch, Rubalcaba, Grande-Marlaska no los voy a descubrir ahora. Han aprobado todo tipo de leyes que han vulnerado los derechos y libertades: leyes antiterroristas, la de la patada en la puerta, etc….

En lo sustancial, no hay diferencias entre el modelo de seguridad del PSOE y del PP, varían los matices, porque no deja de ser uno de los pilares del régimen del 78, por ello había preceptos de la Ley Mordaza con los que se sienten muy cómodos. Y otro tanto le ocurre al PNV.

Los motivos por los que los aliados del gobierno no han apoyado el texto en comisión se centran en tres temas que son los pilares de la ley que se pretendía derogar y que salían de rositas. La prohibición de las pelotas de goma, que en ningún momento entraba en los planes del PSOE y el PNV, pues solo hay que ver como los dos partidos que están coaligados en el Gobierno Vasco han actuado en el caso de Iñigo Cabacas, muerto a consecuencia del disparo de una pelota de goma por parte de la Ertzaintza.

El caso de la negativa a derogar las entregas en caliente de inmigrantes, una vulneración de los derechos humanos, hecho que ha sido denunciado por diversas ONGs, y que a uno le hace pensar que es la coartada perfecta para que vuelvan ocurrir casos como el de la valla de Melilla.

Finalmente, el dejar vigente las faltas de respeto a la autoridad e infracciones por desobediencia es otro de los motivos que han propiciado ese rechazo, que es de gran importancia si se quiere blindar los derechos y libertades. Es algo que vemos continuamente cuando se produce un desahucio, una concentración, etc…, en el que se aplican de forma arbitraria estas infracciones, con el agravante que supone el valor que se da a la versión policial en detrimento de la que aporte el denunciado, algo que hemos visto en diferentes procesos judiciales.

Estos días muchos de los comentarios se fundamentaban en que al menos era una derogación parcial, aunque los apartados más importantes quedasen inmaculados. Esa teoría del mal menor, que nos lleva a renunciar a nuestros planteamientos para aceptar que las cosas queden igual, pero con un barniz más atrayente, en vez de poner el foco en aquellos que no han cumplido con su compromiso, que en este caso era la derogación de la Ley Mordaza, y no su reforma.

Si hubiese voluntad política en el PSOE, cosa que dudo, esta ley se puede derogar en menos de 15 días, tan sencillo como volver a presentar una proposición de ley y que sea tramitada por vía de urgencia de la siguiente forma: “Artículo único: Quedan derogados todos los artículos de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad. Vuelven a entrar en vigor toda legislación que quedó derogada con esta ley”. Dicho esto, no nos dejemos engañar, y partir de aquí todo lo que quieran decir es volver a marear la perdiz.

La soberanía popular a merced de las togas

La soberanía popular a merced de las togas

El panorama político español se asemeja a la teoría del filósofo presocrático Zenón de Elea, que argumentaba que una flecha disparada no se mueve, puesto que el movimiento no existe. En  la política española ocurre algo similar, parece como si no pasase el tiempo, da igual el momento, porque ya se encarga la derecha extrema y la extrema derecha de repetir continuamente la misma situación vivida con anterioridad, que no es otra que deslegitimar la voluntad popular expresada en las urnas cuando no obtienen el resultado electoral deseado.

Es un bucle que lo vivimos cuando ganó las elecciones Rodríguez Zapatero, cuando prosperó la moción de censura contra M. Rajoy y con las elecciones de 2019 que propiciaron el actual gobierno de coalición y en esas se encuentran las derechas, instaladas en el  discurso de negar legitimidad al gobierno de coalición y para ello todo vale. Tampoco nos debería de extrañar todo esto, pues a lo largo de la historia ha sido una constante esta forma de actuar, como es el caso de los dos periodos republicanos, que como no fueron del gusto de la derecha española, lo que no ganaron en las urnas, lo lograron en el caso de la I República de la mano del general Pavía y en la II República con el golpe de Estado de Franco.

Es conveniente no pasar por alto los arrebatos a los que nos tienen acostumbrados cuando hay procesos electorales en Catalunya, la Comunidad Autónoma Vasca o en la Comunidad Foral de Navarra, pues siempre tienen la misma solución al problema: ilegalizar todo aquello que no les gusta y en algunos casos, como es en Navarra, les entra la histeria porque las opciones independistas son imprescindibles para que haya gobiernos de progreso.

No soportan el no controlar los poderes legislativo y ejecutivo. Toda esta forma de actuar de las derechas españolas acaba teniendo una consecuencia letal, que no es otra que el discurso golpista de la extrema derecha acaba engullendo a toda la derecha española y se enzarzan en una competición por ver quien va más lejos, y empujados por esa inercia del todo vale, acaban actuando al margen de los estándares democráticos.

Desde los días previos a la votación de investidura en enero de 2020 hasta hoy no han escatimado recursos para derribar a este gobierno y la inmensa mayoría de ellos al margen de los cauces democráticos. Los días previos a la investidura de Sánchez ya enseñaron sus credenciales, cuando algunos diputados del PSOE recibieron amenazas para que votaran en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Esto no era más que el principio de la estrategia de acoso y derribo al actual gobierno y para ello la única solución que se les pasa por la cabeza es un golpe de estado, ahora bien, ¿qué tipo de golpe? ¿a la antigua usanza? Es aquí donde a algunos les pueden surgir las dudas. La extrema derecha no ha tenido ni tiene dudas al respecto, ha realizado varios guiños a los militares y en algunos casos, sencilla y llanamente, ha solicitado su intervención. El resto de la derecha no es que le haga ascos, pero son más de guardar las formas. Ellos no van a hacer un llamamiento de esa naturaleza, pero si se da la oportunidad, les faltará tiempo para apuntarse.

Ante esta disyuntiva, la derecha ha apostado por el comodín del Poder Judicial. Es consciente que mientras este Gobierno no se atreva a presentar en el Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que se cambien las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siguen teniendo el control de la Justicia. Esta estrategia ya la utilizaron durante el periodo en el que Zapatero fue presidente del Gobierno y la siguen utilizando, viendo los excelentes réditos que obtienen.

Desde que en 1985 el Gobierno de Felipe González aprobó la LOPJ la derecha ha tenido fijación con esa ley. Nunca le gustó la fórmula de elección del CGPJ. No olvidaré aquellos años en la facultad de derecho en la que el profesorado conservador aprovechaba cualquier clase que impartían para denunciar que esa ley quebrantaba la separación de poderes, los mismos docentes que no dudaban en alabar la legislación administrativa o procesal aprobada durante la dictadura franquista. Así funcionan las cosas en la derecha española.

Curiosamente, la contradicción le surge a la derecha cuando suele llegar al gobierno porque nunca ha tocado esa ley. Se ha beneficiado de ella y como el PSOE no deja de ser un partido del régimen siempre ha aceptado los acuerdos que le han ofrecido los diferentes gobiernos del PP para la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, pero en los que el PP salía beneficiado, pues era el partido que gobernaba.

La derecha siempre ha intentado hacer un discurso tramposo en lo referente a la elección del Poder Judicial. Plantean que sean los jueces los que elijan a los órganos del Poder Judicial, todo ello sustentado en la separación de poderes y sin que intervengan en su elección los otros dos poderes, el Legislativo y Ejecutivo. Este planteamiento obvia algo tan importante como que la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. Y con la actual Constitución en la mano la única fórmula para que el Poder Judicial emane del pueblo es mediante su elección por parte de quienes son sus representantes.

En los países con democracias representativas hay diferentes sistemas de elección, pero me voy a quedar con el existente en EEUU, nada sospechoso de izquierdoso ni de bolivariano. En el caso norteamericano el Tribunal Supremo es elegido por el presidente de EEUU con el consejo y consentimiento del Senado que lo tiene que confirmar. Los jueces federales suelen ser elegidos de forma similar a los del Tribunal Supremo. Y por lo que respecta al resto de los jueces, suelen ser elegidos de varias formas: Los hay donde los elige la Asamblea Legislativa de cada Estado, es decir, el poder legislativo, en otros Estado es el Gobernador el que los elige, es de decir, el poder ejecutivo y hay estados donde son elegidos mediante votación directa. En ningún caso son elegidos entre los propios jueces.

El problema radica en dos cuestiones: En primer lugar, la judicatura española no fue depurada de elementos franquistas, puesto que los mismos que dictaban sentencias en el Tribunal de Orden Público contra militantes antifranquistas, pasaron a impartir justicias desde la Audiencia Nacional y siguieron subiendo en el escalafón hasta llegar en algunos casos al Tribunal Supremo ¿se puede imaginar uno un juez leal a los principios del movimiento nacional impartiendo justicia bajo unos parámetros democráticos? La derecha es la mejor conocedora de todo esto y en segundo lugar, algo tan o más importante es que el acceso a la judicatura, como a otros cuerpos de la Administración del Estado, en la realidad es muy restringido para la población. Son cuerpos en los que los apellidos pesan mucho, no es extraño encontrar sagas familiares. No hay que olvidar que son oposiciones que su preparación conlleva un coste económico nada desdeñable. En ese caldo de cultivo la derecha sabe que tiene todas las de ganar. Así las cosas hay una oligarquía judicial que controla el Poder judicial.

Ante esta situación el Gobierno de coalición ha actuado acomplejado y en cierta forma dividido, porque desde Unidas Podemos siempre han tenido claro que era primordial modificar las mayorías para la elección del CGPJ. La propuesta de UP era reformular el concepto de mayorías, pasando de tres quintas partes a mayoría absoluta y que estuviera apoyada por un número de grupos parlamentarios. Estuvieron a punto de sacar esta reforma adelante pero al final el PSOE, que no deja de ejercer de partido del régimen dio un paso atrás.

Ahora el problema es que al no haber actuado con anterioridad y dejarlo para el final de la legislatura le está pasando factura, pues la derecha política y judicial se veían que lograban llegar a las elecciones del año que viene siguiendo todo como hasta ahora. Al impulsar el Gobierno esta reforma con cierta urgencia, la derecha que probablemente no se esperara este movimiento ha decido romper el juego parlamentario e intentar dar un golpe de estado a través de los jueces conservadores del TC.

El acto de recurrir al Tribunal Constitucional para que paralice el debate de la modificación de una ley en el Congreso, no es que vaya contra el Estado de derecho, es que va en contra de toda esencia democrática. Esto va más allá de la judicialización de la política, es un intento de golpe de Estado para lo que necesita la cooperación necesaria de quien va a estudiar dicho recurso, en este caso el TC. Si finamente prohíbe el poder debatir y votar una modificación legislativa, sería de facto la suspensión de la potestad legislativa del Parlamento. Esto no sería una intromisión de un Poder en otro, sino la toma del Poder por parte de una aristocracia judicial.

Lo que se está dilucidando no es que el TC estudie si una ley aprobada por el Parlamento es constitucional o, por el contrario, vulnera algún precepto constitucional. Lo que se está poniendo sobre la mesa es si el Poder Legislativo tiene potestad para poder realizar su labor legislativa sin tutelas externas. Sería entendible que después de que se aprobase el proyecto de ley fuese recurrido ante el TC, pero si todavía no se sabe ni cómo va a quedar redactado, y con el añadido que posteriormente tiene que pasar por el Senado ¿qué amparo constitucional solicita la derecha? ¿que el TC consiga lo que en el Congreso y Senado no puede lograr porque es  minoría? Sin duda, esto es un golpe de Estado.

Es curioso ver como en el PSOE y los medios de comunicación progresistas han saltado todas las alarmas, sobre todo porque el TC va a estudiar el amparo solicitado por el PP para evitar el debate y aprobación de una ley por parte del Congreso. Habría que recordarles que el PP no es la primera vez que utiliza este método para cercenar debates en un órgano legislativo. El Gobierno de M. Rajoy lo hizo de forma reiterada para prohibir debates en el Parlament de Catalunya. En ese momento el PSOE no ofreció ninguna resistencia y la prensa progresista no se manifestó con la misma fuerza que ahora. Y en ese momento se estaba creando un precedente gravísimo, porque se llamó  golpistas a los que ponían urnas y demócratas a los que aplicaban el 155 y amordazaban al Parlament al prohibir adoptar debatir y adoptar resoluciones.

He dejado para el final una cuestión que desde este lado del Atlántico parece que no se le está dando la importancia que tiene. Todos los think tank de las derechas golpistas latinoamericanas tienen conexiones con las derechas españolas que últimamente está muy activas en Latinoamérica, sobre todo VOX. Y los resultados en esa parte del globo los estamos viendo a diario Cada vez que pueden las derechas utilizan cualquier fórmula para derrocar a los gobiernos de izquierdas.

Es imposible saber cuál será la decisión del TC, si prosperarán las recusaciones presentadas por el PSOE y UP contra algunos magistrados por tener interés directo en que no se renueve el TC. Lo que no cabe dida es que la situación es de extremada gravedad y, como es de suponer, no se espera ninguna comparecencia del inquilino de la Zarzuela.

Belloch. Una imagen cutre del estado de derecho

Belloch. Una imagen cutre del estado de derecho

Hay una película americana de 1992 titulada Algunos hombres buenos, cuyo protagonista es Tom Cruise, (1992), un teniente de la Marina de EEUU que le asignan la defensa de dos marines estadounidenses, acusados de haber asesinado a un compañero en la base militar de Guantánamo (Cuba).

En el interrogatorio que Tom Cruise realiza en la vista oral al comandante  de la base militar, tiene la habilidad de lograr sacarlo de sus casillas hasta el extremo que acaba reconociendo que había dado la orden a los dos acusados de aplicar un código rojo al marine asesinado. Un código rojo no es otra cosa que aplicar un castigo al margen de las normas de régimen interno. Y como cabe de esperar, estas cosas no suelen terminar bien, en este caso acabo en muerte.

La escena del interrogatorio al comandante de la base de Guantánamo es muy interesante. El militar interrogado, embriagado de ardor guerrero, le responde al abogado defensor con la siguiente frase: “no tengo ni el tiempo ni las ganas de explicarme ante un hombre (se refiere al abogado) que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en el que la proporciono”. En resumen, y para que todo el mundo lo entienda: para salvaguardar la libertad, el ejército estadounidense tiene barra libre para todo, el fin justifica los medios. En el Estado español la frase análoga sería la que dijo Felipe González: “el Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas” y dentro de ella todos tenemos claro a qué se refería.

Lo anterior no deja de ser una película que nos puede servir para conocer como son las cosas entre EEUU y, en concreto, entre sus militares, sobre todo en lugares como Guantánamo, que se ha convertido en los últimos veinte años en una macro cárcel de prisioneros procedentes en su inmensa mayoría de Oriente Medio, y donde los derechos fundamentales de los detenidos no existen, están privados de libertad de forma indefinida, sin ningún tipo de protección jurídica.

A diferencia de la película Algunos hombres buenos, últimamente algunos exministros del PSOE, durante la etapa de Felipe González no hace falta sacarlos de sus casillas, sólo necesitan una entrevista distendida para contar algunas de sus hazañas durante aquella etapa. Da la impresión que los que fueron ministros en los diferentes gobiernos de Felipe González se han venido arriba, como el comandante de la base americana de Guantánamo. A muchos no nos ha pillado de sorpresa, pues teníamos pocas dudas o mejor dicho, ninguna de lo que habían sido aquellos años. Lo que ha variado es que algunos protagonistas parece que llegados a una edad ya no les importa soltarlo ante un micrófono. Primero fue Barrionuevo cuando relató que ordeno la puesta en libertad del ciudadano francés  Segundo Marey secuestrado por el GAL y que ordenó el secuestro del Jose María Larretxea, y en fechas recientes ha sido Juan Alberto Belloch, quien llegó a ostentar simultáneamente las carteras de Justicia e Interior en el periodo 1994-1996, el que ha soltado algunas perlas que no se pueden dejar pasar por alto.

En la entrevista que Juan Alberto Belloch ha concedido hace unos días a El Español no queda ningún atisbo de duda en los métodos que se han utilizado en el Estado español a la hora de defender lo que denominan el Estado de derecho, ha plasmado negro sobre blanco como funcionaban los poderes del Estado y, en concreto, en lo referente a los derechos fundamentales y la integridad física de los detenidos. En dicha entrevista dice: “Hice general a Galindo porque, pese a maltratar a los detenidos, era el mejor en la lucha antiterrorista. Tuvo permiso de Interior para sus métodos hasta que yo se lo quité”.

Hasta la fecha, no había habido ninguna declaración de ningún exministro ni alto cargo del Gobierno que reconociera, aunque fuese con el término eufemístico de maltrato, que la tortura era una práctica generalizada. Si bien tengo que realizar una precisión al respecto: Fernando López Agudín, quien fuera director general de Relaciones Informativas y Sociales del Ministerio de Justicia e Interior, durante la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia e Interior y siendo Margarita Robles secretaria de Estado de Interior, publicó un libro que no hay que echarlo en saco roto. Bajo el título “En el laberinto. Diario de Interior 1994-1996”, recoge en diferentes pasajes del libro la práctica de la tortura por parte de los cuerpos policiales destacados en Euskal Herria. El término que utilizaban para definir este método es el de “trabajar con red”. En dicha obra relata, entre otros temas del momento, que desde la Secretaría de Estado de Interior se intentó que esa práctica desapareciera. El tiempo nos ha demostrado que la realidad fue bien distinta, pues los casos de torturas persistieron, la colaboración de todas las instancias implicadas (judiciales y gubernamentales) para su erradicación brilló por su ausencia y cuando de forma aislada los tribunales dictaban alguna sentencia condenatoria, ya se encargaba el Poder Ejecutivo de que no se aplicase y de dictar el oportuno indulto.

Las afirmaciones de Belloch viniendo de un ex juez no hay por donde cogerlas. Tuvo la poca catadura moral de no impulsar una investigación judicial para que fuesen estudiados todos los casos de torturas, ni de cesar inmediatamente a Rodríguez Galindo para ponerlo delante de un juez. Y para que la escena fuese más vergonzante, lo ascendieron a general ¿qué más podía pedir Galindo? Y todo esto lo hace un ministro que durante el tiempo que permaneció en la carrera judicial fue fundador y destacado miembro de la Asociación Jueces para la Democracia y cuando dejó la política volvió a ejercer como juez. Con este bagaje uno tiene derecho a dudar de su profesionalidad como persona que se ha dedicado a impartir justicia. De ministro no fue capaz de poner en manos de la justicia a una persona del que tenía conocimiento que había infringido la ley, porque no vale con decir que él le quitó el permiso para usar esos métodos ¿y los torturados hasta esa fecha no merecían una justicia reparadora? ¿Hizo algo para esclarecer la muerte de Mikel Zabalza y que los culpables fueran juzgados? Se limitó a hacer borrón y cuenta nueva, al estilo de la Transición, como si lo pasado no contase y  le quitó el permiso para que siguiese torturando, es decir, que a partir de ese momento no tenía el visto bueno del ministro, lo que no quería decir que no continuase utilizando esas prácticas.

El problema es que cuando esa forma de actuar está tan arraigada y ha tenido toda la cobertura del régimen, decirle a una persona como Rodríguez Galindo que le quitaba el permiso para torturar es como decirle que a partir de ese momento Belloch se limpiaba las manos como Pilatos, pero poco más. Para que esa orden hubiera tenido un grado de seriedad, el ministro tenía que haber adoptado una serie de medidas mucho más profundas, sin ir más lejos, la depuración total de los cuerpos policiales, empezando por Rodríguez Galindo, que estaban infectados de elementos franquistas, igual que en estos momentos. Nada ha cambiado. Salvando las distancias parece que entre Guantánamo e Intxaurrondo había alguna que otra semejanza. El poder que ostentaban los que dirigían ambos lugares podía ser superior al que tenía un ministro.

Si este fragmento de la entrevista realizada a Belloch es muy grave, tanto o más es la escasa repercusión que ha tenido en muchos ámbitos de la vida política.

En el terreno político sencillamente no ha tenido eco. La extrema derecha (PP VOX y Cs) no tiene ningún interés en ello, pues esas prácticas las enmarcan en lo que denominan la defensa de la Patria. El PSOE en todas esas cuestiones tiene por costumbre ponerse de perfil, sabe perfectamente como actuaron sus mayores en la década de los 80, pero lo más importante es no poner en tela de juicio nada que pueda afectar a la perdurabilidad del Régimen del 78. Pero lo más preocupante es que a la izquierda el PSOE no se ha alzado ninguna voz para denunciar la tortura en un régimen que se define como democrático ni para tener alguna iniciativa. Parece que todo esto está amortizado. Y en este caso, alzar la voz en este tema no deja de ser un ejercicio de memoria democrática y de defensa del estado de derecho.

Para finalizar, en el ámbito periodístico, como no podía ser de otra forma, este fragmento de la entrevista ha pasado bastante inadvertido. Los medios de comunicación han puesto el foco en todo lo que tenía que ver con Luís Roldán. Tiene su lógica que todo lo relativo a la tortura no sea atractivo para la inmensa mayoría de la prensa española. Se han pasado la vida negando su existencia, y enmarcando las denuncias que se producían en que todo era una estrategia de ETA en la que instaba a sus militantes para que denunciaran torturas. Llegaron al extremo de hablar de la existencia de un manual en que se recogía como debían de actuar ante el juez, por tanto, hubiera sido un milagro que de la noche a la mañana admitieran que en el Estado español la tortura ha sido una práctica. La prensa española no deja de servir al poder, sólo hay que ver quienes controlan sus consejos de administración y no hay que olvidar la lluvia de millones que reciben de las Administraciones Públicas. Pero sí que he echado en falta que la prensa más progresista hubiera realizado alguna referencia a este fragmento de la entrevista. Parece ser que aquí vende más hablar de Guantánamo o Abu Ghraib, que hablar de lo que sucede en casa. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Solo cabe esperar que un tercer ministro de Felipe González tenga a bien animarse ante un micrófono y se explaye. Corcuera calienta que sales.

27 de septiembre, una fecha para conmemorar la lucha antifranquista

27 de septiembre, una fecha para conmemorar la lucha antifranquista

Ayer, 27 de septiembre, se cumplieron 47 años de los últimos fusilamientos del franquismo. Estando todavía mucha gente despertándose del resultado electoral de Italia y haciéndose la pregunta retórica de cómo ha podido pasar que en Italia el fascismo del siglo XXI haya ganado unas elecciones, nos encontramos que las barbaridades que hizo el fascismo a lo largo de 40 años en el Estado español siguen siendo la preocupación de una minoría. Fiel reflejo de ello es la falta de un acto institucional por parte de un Gobierno que se autodefine progresista y de izquierdas y que ha aprobado a bombo y platillo la nueva Ley de Memoria Democrática y la nula repercusión que ha tenido en los medios de comunicación.

Empiezo por el final, es decir, por los medios de comunicación. Si digo que los medios que componen la Brunete mediática están al servicio de los grandes poderes económicos no estoy desvelando ningún secreto y que para estos poderes el fascismo no sólo no es su preocupación, sino que perfectamente puede llegar a ser su aliado táctico y estratégico, es algo que lo estamos comprobando en el día a día. Por ello, la estrategia de esos medios de comunicación en su labor de blanquear al fascismo en el Estado español no debería de llamar la atención a nadie que esté medianamente informado, lo que conlleva el olvido de hechos como los que se produjeron el 27 de septiembre de 1975. Lo que debería de llamar la atención es la gran cantidad de medios que en la actualidad se pueden definir como condescendiente con el golpe de Estado de julio de 1936 y con la dictadura franquista.

Lo realmente triste y grave es que la prensa que se puede enclavar en un espacio democrático y progresista, salvado contadas excepciones, parece que ha decidido meter en el cajón del olvido unos hechos que deberían de ser recordados todos años.

A lo largo de esta legislatura este Gobierno no ha dado muestras palpables de querer recordar esta fecha de una forma solemne. A nivel institucional este hecho sencillamente no existe. Parece que hay que contentarse con que los actos que se convocan no sean prohibidos, bajo el pretexto que se daba un enaltecimiento del terrorismo, como ocurrió con algunos homenajes que se intentaron celebrar en la pasada década. Parece como si los homenajes haya que hacerlos de tapadillo.

La lucha contra la dictadura franquista, en general, debería de ser motivo de estudio y admiración en cualquier régimen que se precie de democrático y, en particular, tanto por parte del Gobierno como de la prensa que defiende unos valores democráticos y antifascistas. De hecho, es algo habitual que en el Estado francés, como en otros estados europeos, todos los años se celebre la victoria contra el nazismo, fascismo, o como se quieran denominar los movimientos totalitarios que se dieron en los años 20 y 30 del siglo XX. Y para ello existen fechas emblemáticas, como puede ser la liberación de París o de Berlín, esta última por parte de las tropas soviéticas. Todo esto sólo sirve para hacer chirriar, aún más si cabe, la sala de máquinas de lo que hoy se denomina democracia española.

En el Estado español no existe ninguna fecha similar a las comentadas anteriormente por la sencilla razón que el fascismo murió plácidamente en la cama. Ello nos llevaría a plantear que en ausencia de buscar una fecha que significara la victoria contra el fascismo, un estado que se precie de ser democrático debería buscar otra que sirva para homenajear a todos aquellos luchadores antifranquistas y, en ese caso se hace difícil pensar que haya una fecha mejor que el 27 de septiembre, día en el que la dictadura franquista fusiló a cinco militantes antifranquistas. En esa fecha el régimen biológicamente estaba en las últimas, puesto que el dictador duró algo menos de dos meses. El problema radica en que políticamente el régimen ha durado mucho más, puesto que todavía estamos sufriendo las consecuencias políticas de dicho periodo dictatorial y ese el mayor obstáculo para institucionalizar el 27 de septiembre como día de la lucha antifranquista.

Esa fecha reúne todos los requisitos necesarios para que sea un día de recuerdo a todas las personas que durante los cuarenta años de dictadura lucharon contra el franquismo, primero defendiendo la legalidad republicana y después luchando contra la dictadura militar. Los militantes antifranquistas fusilados sufrieron detenciones, torturas y un simulacro de juicio en el que se vulneraron todo tipo de garantías para condenarlos a muerte.

Un Estado que apueste por ensalzar los valores democráticos debe de tener presente una serie fechas en las que se conmemoren hechos de esta naturaleza. Si la Diada, día nacional de Catalunya se homenaje a los que defendieron Barcelona de las tropas borbónicas, el 19 de julio se homenajea en Amaiur a los defensores del Reino de Navarra o el 2 de mayo se recuerda al pueblo de Madrid que se sublevó contra las tropas francesas, falta un día en el que se recuerde a los que dieron su vida por la libertad durante el franquismo. Y el mejor día es el 27 de septiembre, fecha en la que la dictadura franquista fusiló a cinco militantes antifascistas. Y lo demás es seguir blanqueando al franquismo y los cuarenta años de dictadura fascista.

Hagan juego señores, pero la patronal siempre gana

Hagan juego señores, pero la patronal siempre gana

Lo sencillo sería recurrir a la frase que allá por 1990 inmortalizó el futbolista británico Gary Lineker y que decía que “el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania”. A mí me ha venido a la mente porque en la política española si hay alguien que siempre gana es la patronal, siendo indiferente el color del gobierno y las mayorías que haya en el Congreso. Los Garamendi y Cía duermen tranquilos, la maquinaria por la que hacen crecer de forma exponencial sus plusvalías a cuenta de la clase trabajadora funciona a destajo incasablemente de noche y de día, teniendo la tranquilidad que todos los vientos van a soplar a su favor. Da igual que sea en materia laboral como en el campo de la fiscalidad, la deriva legislativa existente desde los años 80 ha girado en reducir derechos laborales, incrementar los ajustes salariales y aprobar grandes reformas fiscales que han ido dejando de gravar los beneficios empresariales y a las grandes fortunas.

Hagan juego señores, pero la patronal siempre gana
Antonio Garamendi. Presidente de la CEOE

Cuando se pusieron los mimbres para que arrancase el acuerdo de gobierno uno de los pilares fue la derogación de la reforma laboral del PP, que a finales del año pasado vimos que era un deseo que se esfumaba en aras a llegar a grandes acuerdos con los agentes sociales, para acabar siendo una reforma de la reforma. Para apuntalar ese viraje se intentó vender a la población las bondades de un acuerdo en el que estuvieran patronal y sindicatos. Se hicieron discursos grandilocuentes más parecidos al País de las Maravillas por el que se paseó Alicia, pero una de las cosas que llamaba la atención es lo satisfecha que estaba la patronal y su entorno, hasta el extremo que las tuvieron tiesas con el PP, que en ese momento lideraba Casado. Personajes nada dudosos como Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo en los gobiernos de Rajoy y ahora en nómina de la CEOE, y antiguos pesos pesados del PP salieron en defensa de ese acuerdo, llegando a pedir al PP la abstención. Pero una de las cosas que más rechinaba eran los piropos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz lanzaba a la patronal por el acuerdo alcanzado.

No hay que ser muy avezado para tener claro que el papel que jugó la patronal fue inteligente. Entró al juego de la negociación con la carta que se levantaba de las negociaciones si se traspasaban ciertas líneas sabiendo que por parte del Gobierno había un deseo de llegar a un acuerdo a tres bandas (Gobierno, patronal y sindicatos). Eran conocedores que tenían de su lado a parte del Gobierno representado por los ministros del PSOE y en la negociación tenía enfrente a dos sindicatos totalmente apesebrados (CCOO y UGT). Solo les faltaba neutralizar a Unidas Podemos, que era algo relativamente sencillo sabiendo que la ministra de Trabajo y futura candidata a Presidenta del Gobierno tenía muchísimo interés en buscar una fotografía en la que estuvieran Gobierno, patronal y sindicatos, aunque tuviese que renunciar a liderar una reforma más progresiva y valiente, pues esa imagen la podía catapultar como líder de su nuevo proyecto político. El final de ese vodevil es de sobra conocido, pues hasta su aprobación en el Congreso fue más propio de una ópera bufa.

Lo que ocurre es que en estos tiempos en los que reina la zozobra y la incertidumbre en todos los ámbitos, y en especial en el económico con una inflación galopante, este Gobierno y, sobre todo su ministra de Trabajo y los sindicatos se han encontrado con algo que era esperable: una postura de la patronal muy nítida, consistente en no negociar nada que suponga la merma de sus beneficios. Los empresarios saben que el incremento de los salarios, excepto el SMI, no los puede regular el Gobierno, por el contrario, dependen de la negoción colectiva en el marco de cada convenio y no se van a mover de ese punto. Esta postura de la patronal, que por otra parte era del todo esperable, ha llevado a la ministra de Trabajo a apoyar las reivindicaciones sindicales y a realizar una crítica a la patronal en las que se ha quedado sola, porque la parte socialista del Gobierno no está por la labor de enemistase con la patronal. Son muchos años en los que el PSOE ha estado más cerca de la patronal que de los trabajadores, y sus dirigentes, en el mejor de los casos, se limitan a realizar declaraciones contra las grandes empresas que en realidad van más dirigidas a llenar los oídos de sus votantes que a adoptar políticas concretas para revertir la gravedad del momento actual.

Esta situación de bloqueo en lo que concierne a la negociación salarial no va a desparecer con la actual correlación de fuerzas existentes en el ámbito político, puesto que el PSOE va a torpedear cualquier medida que se pueda tomar en el marco de las relaciones laborales para presionar a la patronal, aunque ,sin duda alguna, es el momento ideal para cambiar la legislación en materia de despidos, como en materia de ajustes de empleo colectivos como pueden ser los ERE o ERTE, viendo que se avecina un incremento del paro debido a los efectos que está causando la situación política internacional (no es únicamente la guerra entre Rusia y Ucrania la que está generando la coyuntura actual).

Sería un paso muy importante hacer una modificación legislativa que sirviese para que un empresario antes de despedir a un trabajador se lo tuviera que pensar dos veces porque no le iba a salir gratis. Cuestiones como la recuperación de los 45 día por año en los despidos, el incremento en el tope de la indemnización de 2 a 4 años, la supresión de algunos supuestos a la hora de realizar ERES o ERTES, como la reducción de la facturación, puesto que no es sinónimo de reducción de beneficios o generación pérdidas y su aprobación por la autoridad laboral y el reconocimiento de los salarios de tramitación, serían cuestiones importantes para garantizar a los trabajadores unas condiciones de protección mínimas.

El problema reside en que el PSOE no está por esa labor, ni se le pasa por la imaginación enfrentarse a los empresarios y, como siempre, lo apuesta a la mejora de la coyuntura económica. Algo similar a lo que le pasó a Zapatero en su segundo mandato. No se enfrenta al poder económico porque eso sería tanto como romper con los consensos que ha habido en el Estado español para apuntalar al Régimen del 78.

Toda esta situación ha llevado a una situación un tanto insólita. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha posicionado del lado de las reivindicaciones salariales de los sindicatos, lanzando mensajes muy críticos con la patronal. Algo a lo que hasta la fecha no estábamos acostumbrados, pero la realidad es que se ha quedado sola dentro del Gobierno, porque desde el socio de Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, ya se han encargado de lanzar algunas flores al empresariado español. Una vez más la imagen que proyecta este Gobierno es de una profunda división a la hora de tratar cuestiones tan importantes como la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, volviendo a dar munición a la derecha.

La hipótesis de que se avecina un otoño caliente con movilizaciones obreras reclamando un incremento salarial que palie los efectos de la inflación, si bien van a tener como objetivo la patronal, pueden acabar pasando factura al Gobierno que haya en ese momento y el actual lleva sufriendo un desgaste feroz desde la aparición de la pandemia, hace más de dos años, por lo que esto podría incrementar su desgaste, con el alborozo de la patronal. Sin presentarse a las elecciones conseguirían cargarse a un gobierno que sin haberse sido beligerante con los empresarios, al menos, no se ha posicionado descaradamente al lado de estos.

Las movilizaciones sindicales están totalmente justificadas, pero tan importe como esta fórmula de presión, es la de saber transmitir al conjunto de la ciudadanía a quién van dirigidas las movilizaciones y en quién recae la responsabilidad de las protestas, y esto último se me antoja complicado si vemos que la inmensa mayoría de los medios de comunicación están alienados con la derecha política y económica, si es que no pertenecen directamente a la Brunete mediática, lo que aprovecharán para atacar al Gobierno de coalición.

Lo preocupante del momento es que si en 2023 la derecha obtuviese una mayoría suficiente para recuperar el poder, la diferencia con el actual Ejecutivo sería clara. Aparcaría todo tipo de concertación entre los agentes sociales, los sindicatos pasarían a un segundo plano, para volver a legislar a golpe de decreto-ley, dando la enésima vuelta de tuerca a los derechos laborales de los trabajadores mediante una norma que llegaría redactada a la Moncloa en un correo electrónico con remite de la CEOE. Y el juego seguiría siendo el mismo, la patronal gobierne quien gobierne seguiría marcando las pautas legislativas, en unos casos con un descaro insultante y en otros de forma más sibilina, pero siempre volcada en esa ofensiva emprendida por el capital para ir recortando los derechos de los trabajadores. Y siendo todo esto que he escrito algo tan obvio, parece que si se plasma en un papel da la sensación que es un escrito con tintes incendiarios. Así es el tiempo en el que nos ha tocado vivir, en el que está triunfando de forma contundente la defensa de los intereses individuales a los colectivos. Eso del sálvese quien pueda.

El secuestro de Pablo González. El precio del periodismo independiente

El secuestro de Pablo González. El precio del periodismo independiente

No corren buenos tiempos para la defensa de los derechos y libertades fundamentales en Europa Occidental. Derechos como los de libertad de expresión, manifestación o información llevan tiempo siendo cercenados de forma alarmante. No es que sea una cosa de anteayer, pues la degradación de la democracia de corte liberal se lleva produciendo desde hace décadas y, casualmente, los primeros pasos de esta deriva coinciden en el tiempo con la caída de los países de Europa del Este, al inicio de la década de los noventa. Cuando el capitalismo dejó de tener competencia pasó a enseñar su verdadera faz. La situación continuó acrecentándose después de los atentados del 11-S, recientemente la pandemia que hemos sufrido en los últimos dos años ha sido la excusa perfecta para continuar en esa dirección y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania ha supuesto la última vuelta de tuerca en esa deriva de recortes de derechos.

Cualquier escenario siempre es bueno para que desde los gobiernos y las organizaciones supranacionales se cercenen derechos individuales y colectivos. En unos casos la excusa es salvaguardar la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Así lo empezamos a sufrir después de los atentados del 11-S, con ilegalizaciones de organizaciones políticas, al amparo de que todo podía ser terrorismo, con listas interminables de organizaciones que de la noche a la mañana pasaban a ser terroristas. En otros casos, escudándose en la seguridad sanitaria, como lo vivido durante la pandemia. Eso sí, en este caso, se viese como se viese, el recorte de derechos fundamentales fue arbitrario, y así lo pudimos comprobar a lo largo de los diferentes confinamientos que tuvimos en los dos últimos años. Derechos fundamentales como el de manifestación, se podían ejercer en función del barrio al que perteneciesen los manifestantes. Y ahora la guerra en Europa del Este está sirviendo para que los gobiernos europeos apliquen leyes pensadas para situaciones de guerra, pero sin estar en guerra, puesto que está localizada de forma muy nítida; es una contienda ente Ucrania y Rusia, y no pasa por las mentes de la  OTAN ni la UE la idea de formalmente ser parte directa en el conflicto.

Detrás de todo este recorte de derechos individuales y colectivos, lo que está habiendo es un intento de control de la disidencia política e ideológica, y para ello el paso fundamental que están dando los estados es la manipulación de la información. Esta tiene que llegar a la ciudadanía lo suficientemente cocinada para que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia, pero que sirva a los intereses de los que dominan en los países occidentales.

En todo este deterioro de la salud democrática, los medios de comunicación son la herramienta perfecta para que el Poder pueda llevar a cabo toda esta estrategia, y el periodismo independiente se acaba convirtiendo en la mayor víctima. Los aparatos de los Estados se apoyan en los grandes medios de comunicación que pertenecen a los grandes grupos económicos para la defensa de sus intereses y los periodistas de esos medios no dejan de ser marionetas en manos de los que dirigen esos medios de comunicación.

En este ambiente de manipulación informativa, tienen que andarse con cuidado todos aquellos profesionales del periodismo que son independientes y que tienen un compromiso con la sociedad y con el derecho a una información veraz.

Desde que dio comienzo el conflicto entre Ucrania y Rusia los estados que forman parte de la OTAN y la UE están utilizando la información como el arma más importante para ganar la batalla ante la opinión pública, por lo que el derecho a la información ha pasado a mejor vida. Desde Occidente se ha criticado duramente la actuación del Gobierno ruso en esta materia, pero las diferencias entre ambas partes son más bien de matices. La prohibición de poder ver canales de televisión ruso en Europa occidental es una vulneración del derecho a una información plural. Da la impresión que sólo buscan el pensamiento único. Y con todo esto que acabo de exponer no  justifico la decisión de Putin de invadir Ucrania, pues son cuestiones diferentes.

En este conflicto no quieren testigos que cuenten las cosas que ven, porque la verdad pone en peligro los intereses de toda esa maquinaria montada para que la ciudadanía se forme una opinión en función de los intereses de los países occidentales y cuando hay algún periodista que su objetivo es informar al margen de los poderes mediáticos no deja de ser una persona molesta.

En esta situación se encuentra el periodista vasco Pablo González, que lleva más de 130 días secuestrado e incomunicado en una prisión de Polonia, bajo la acusación de ser espía ruso. Para denunciar esta situación y solidarizarse con el Pablo González, el pasado jueves, 7 de julio, se celebró en Euskal-Etxea de Madrid un acto en el que intervinieron personas de diferentes ámbitos[1]. También intervino mediante videoconferencia Oihana Goiriena, compañera de Pablo González.

Este caso está sirviendo para poder observar el grado de rusofobia que se está trasladando a la ciudadanía. El hecho que Pablo González tenga doble pasaporte, español y ruso, al ser hijo de uno de los niños de la guerra que acabó recalando en la URSS, que domine el ruso y sea un conocedor de los países de esa zona, habiendo estado como periodista en el Dombás, ha servido para estigmatizarlo desde el momento que se conoció su detención.

Del acto quisiera destacar algunas cuestiones que son importantes para poder entender el nivel informativo que se está dando en Europa occidental entorno del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Desde la óptica jurídica el magistrado Martín Pallín definió esta situación como un secuestro judicial. La detención se ha producido en un país que no es parte directa en el conflicto, puesto que Polonia y Rusia no están en guerra. Se están vulnerado todo tipo de legislación y tratados europeos, que son de obligado cumplimiento en Polonia al ser miembro de la UE. Pablo González se encuentra en un régimen de incomunicación en el que se le ha prohibido tener un abogado de su confianza y tener una comunicación con su familia. Y dentro de esta situación la abogada Silvia Arribas denunció la pasividad del Gobierno español que se ha limitado a darle asistencia consular mediante tres visitas que le ha realizado el cónsul español. La UE en este caso está mirando para otro lado, sabiendo de las dudas que desde hace tiempo ha generado en este organismo la judicatura polaca.

Desde la óptica del derecho a la información, el panorama que describieron diferentes intervinientes del mundo del periodismo fue bastante negro. Las diversas intervenciones que se dieron en la sala tuvieron un denominador común: hicieron hincapié en la falta de solidaridad por parte de los profesionales del periodismo y la falta de sensibilidad que se vive en nuestra sociedad ante situaciones de este tipo.

El grado de abandono que está sufriendo Pablo González llega al extremo que si uno intenta buscar en Internet la única crónica sobre el acto es la que ha escrito Iñaki Alrui, para el digital LoqueSOMOS. Aquí os dejo el enlace de la crónica para quien esté interesado: https://loquesomos.org/desde-madrid-pablo-gonzalez-libertad.

El apagón informativo está funcionando a la perfección en una sociedad en la que se presume que es transparente. Y en palabras de la periodista Teresa Aranguren, nos encontramos en un contexto de pensamiento único.

Para finalizar, es de agradecer que el salón de actos de Euskal-Etxea de Madrid haya podido servir para ser un altavoz de la solidaridad con el periodista Pablo González, puesto que un acto de esta naturaleza no es lo más atrayente para muchos auditorios.


[1] Los intervinientes fueron Lola, del Colectivo de Madres contra la Represión, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, Ana María Pascual, periodista de Público, Silvia Arribas, abogada de la Asociación Libre de Abogadas y la periodista Teresa Aranguren.