Durante las últimas semanas estamos asistiendo a un bombardeo continuo de declaraciones por parte de los partidos que representan el liberalismo económico, en las que se enuncian las medidas fiscales que van a tomar en el caso que logren gobernar. El hecho que nos encontremos en una precampaña, de facto, para las elecciones municipales y autonómicas, también está sirviendo para que hablen sobre medidas de gobierno que competen al Gobierno Central.

En el Estado español en estos momentos el discurso liberal en materia económica está representado por el bloque que forman PP, Ciudadanos y VOX, porque en materia económica no hay grandes diferencias entre las tres formaciones, pero me atrevería a decir que en las políticas fiscales también son muy similares, estando inmersos en una carrera por ver cuál de los tres partidos realiza las propuestas más liberales en esta materia.

La ofensiva de estas formaciones es la rebaja y, en algunos casos, supresión de impuestos directos. Algunas de sus propuestas oscilan entre una rebaja en IRPF y Sociedades y la supresión del impuesto sobre patrimonio y de sucesiones. Ni que decir tiene que no se plantean rebajar el coste de las innumerables tasas existentes sobre todo en las CCAA y en los municipios, que son las que afectan de forma directa a la ciudadanía.

Esta ofensiva no siendo nueva, pues ya la han realizado en otros momentos, en este caso se me antoja mucho más preocupante por diversos motivos de sobra conocidos.

Desde un enfoque puramente técnico-fiscal a estos planteamientos, hay que plantearles muchas objeciones por las que pueden ser refutados. Cuando todavía las administraciones públicas no han recuperado, en algunos impuestos, los niveles de ingresos anteriores a la crisis ya están planteando nuevas rebajas fiscales.  Si bien las previsiones eran que casi se recuperara el nivel de recaudación en el ejercicio de 2017, hay un dato importante: la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en 2017 se situaría en el cincuenta por ciento de la recaudación de 2007, año anterior al inicio de la crisis.

Están focalizando la rebaja en el impuesto sobre sociedades cuando en realidad las grandes empresas en el mejor de los casos no llegan ni al diez por ciento en su tipo efectivo[1] (el tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades es del veinticinco por ciento). Ello se debe a la cascada de deducciones a las que se pueden acoger y a la ingeniería fiscal que aplican las grandes empresas al no tributar todos los beneficios obtenidos en el Estado español.

En la rebaja que pretenden aplicar en el IRPF, sin duda alguna, el segmento más beneficiado es el de las rentas medias-altas, pues tiene como objetivo reducir los tramos de tributación y rebajar el tipo en las rentas más altas.

Todas estas medidas no sólo son obstáculo para la recuperación de los ingresos públicos con los que poder hacer frente al gasto social, inversión pública que genere empleo de calidad, sino, lo que es más grave: se va ensanchando la grieta en lo que respecta al aumento de las desigualdades sociales.

Pero, siendo importante lo que he expuesto hasta ahora, lo más preocupante es sin duda alguna el triunfo de la hegemonía ideológica liberal que se está dando no solo en el Estado español sino en toda Europa y que está llevando a dilapidar el Estado del bienestar del que hemos disfrutado en la Europa Occidental además de hacer retroceder muchas décadas en lo que respecta a la consecución de derechos y libertades en el ámbito socioeconómico.

Para analizar esta deriva es necesario remontarse a los precursores de estas políticas liberales: Reagan y Thatcher. En los años 80 del siglo XX, ellos pusieron en marcha medidas con el objetivo de la reducción radical del Estado. Esto se reflejó en la minoración de los ingresos públicos y en el adelgazamiento del gasto público, excepto en defensa y orden público –política de fortalecimiento del Estado como instrumento coactivo- lo que va abocar a los recortes en todo lo relativo al Estado del bienestar. A esto hay que sumar por un lado la caída de la URSS y de los países representantes de la economía estatalizada lo que conllevó la desaparición de un enemigo estratégico para la ideología liberal. Ante esta situación la socialdemocracia no sólo no ha sabido dar una respuesta a todos estos cambios sino que ha terminado siendo asimilada por las teorías liberales, como se refleja en la Tercera Vía auspiciada por el Partido Laborista británico de la mano de Tony Blair y que posteriormente se propagaron por toda Europa Occidental.

Es necesario recordar que en la década de los 80 las políticas liberales fueron aplicadas de forma generalizada en Latinoamérica, lo que generó un empobrecimiento de la población, dando lugar al crecimiento de las diferencias sociales de forma exponencial. Estas líneas de actuación  son las que estamos viviendo en la Europa Occidental desde finales de los 90 y han ido in crescendo hasta nuestros días.

En la Europa Occidental, en lo referente a las políticas económicas, las diferencias entre los partidos denominados socialdemócratas y los que representan las teorías liberales y reaccionarias son de matiz. En caso del Estado español durante los gobiernos de Felipe González ya se dieron los primeros pasos para la aplicación de reformas que podían haber sido firmadas por la derecha, y esta línea fue seguida por los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Reformas fiscales en las que se beneficiaba a las rentas más altas y a las grandes empresas pactadas con la derecha catalana (CiU) y vasca (PNV), aprobación de la ley de empresas de trabajo temporal, reformas laborales, etc. La integración del Estado español en la CEE con el PSOE trae consigo la destrucción del tejido industrial, sobre todo dentro de la esfera del sector público, para convertirlo en un país de servicios, siendo el precursor de la cultura del pelotazo. Han avanzado hacia la desaparición del modelo productivo existente en favor de sectores íntimamente unidos a la especulación: sector de la construcción y sector financiero, fomentando la precariedad en el empleo. Y como colofón, las élites políticas del Estado español (PP-PSOE) haciendo una dejación de la soberanía popular, modifican la Constitución para anteponer los intereses de la oligarquía y de los poderes financieros europeos a los de la ciudadanía. Algo similar se ha vivido en toda Europa con las peculiaridades de cada Estado.

Uno de los objetivos de las élites políticas ha sido desclasar a la sociedad, para que pierda el nexo de unión con otras personas de su misma clase y así fortalecer la cultura del individualismo, base de la ideología liberal, en detrimento de la concepción colectiva de la sociedad. Hoy en día, cuando a alguien que percibe un salario se le dice que es clase trabajadora huye del término y buscan otra denominación para evitar definirse de esa forma, sobre todo prefieren definirse como “clase media” aun siendo asalariados. No dejan de ser eufemismos que ocultan la realidad. El filósofo Slavoj Žižek tiene un término que entiendo que puede ser válido: “burguesía asalariada”, pues no hay que olvidar que una persona que vive de un salario por sí misma no tiene independencia económica, lo que en términos socioeconómicos le hace ser una persona vulnerable.

 A lo anteriormente expuesto hay que añadirle el interés existente de los poderes económicos y políticos porque la población pierda el interés por la política. Todo ello lleva a esa hegemonía que tiene el discurso liberal en la sociedad actual.

Las diferencias entre las élites políticas son de matices porque, en lo que respecta a su contenido, las diferencias han desaparecido. La población lo percibe en gran medida, lo que en muchos casos llevan a sectores de la población a conclusiones como “qué más da votar a unos y a otros si van a hacer lo mismo” o a pensar “entre el original (la derecha) y la copia (la socialdemocracia) siempre el original”. Es aquí donde se visibiliza la hegemonía del discurso liberal que domina en Europa y que ha conducido a la situación que estamos viviendo en la actualidad, pues el liberalismo ha conseguido que la estructura jurídico-política de los regímenes existentes se sustente en normas de profundo contenido liberal, lo que les da la ventaja que aunque el que gobierne sea el adversario no tenga margen de maniobra para poder hacer otras políticas.

Para romper con esta dinámica, lo primero que se tiene que dar es una transformación en la hegemonía del discurso existente en la sociedad. Es imposible  invertir esta situación si en amplias capas de la población no hay un cambio en la forma de ubicarse dentro de la sociedad. El cambio no se producirá mientras la mayor parte de la población ignore que forma parte de una gran franja en la que están olvidados a la hora de la toma de decisiones que les afectan de forma directa. Además el control de la toma de decisiones está en manos de unas élites minoritarias que aglutinan el poder gracias a esa inacción social. Por tanto, es fundamental que la sociedad dé el paso de convertirse en sujeto político activo e intervenga de forma activa para influir en la toma de decisiones. Si bien es verdad que últimamente ha habido diferentes movimientos políticos, en Europa, que han intentado canalizar el descontento de la población, el balance a fecha de hoy no parece que sea muy alentador.

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[1] La Agencia Tributaria ha publicado que el tipo efectivo sobre el resultado contable de las grandes empresas es del 6,14%.