No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Quien no ha querido ver lo que iba a dictaminar el Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE) sólo se puede deber a que en muchas ocasiones las personas confundimos los deseos con la tozuda realidad que está esperando a la vuelta de la esquina para que uno se choque de frente con ella.
El jueves, día 19 de diciembre era una fecha señalada en rojo en el calendario político. Ese día el Poder Judicial español y, por tanto, la democracia española iba a pasar la prueba del algodón democrático en el TJUE. Lo que se dilucidaba en Luxemburgo, sede de este tribunal, era si la Sala del Tribunal Supremo, que ha juzgado el Proces, había actuado conforme a derecho al impedir a Oriol Junqueras adquirir la condición de eurodiputado cuando salió elegido en las elecciones europeas y si tenía que haber sido excarcelado para adquirir dicha condición. Pues bien el resultado de la prueba ha sido de suspenso rotundo.
No me voy a extender en los hechos porque son de sobra conocidos. A lo largo de todo el proceso, las actuaciones, tanto del juez instructor como las realizadas por la Sala del TS que ha juzgado a los acusados por el Proces, no han tenido ningún éxito cuando han tenido que defender sus decisiones judiciales en tribunales de otros miembros de la UE. No han sacado adelante ninguna de sus pretensiones ni el Bélgica, ni en Alemania, ni en Escocia, ni ahora, ante el TJUE. Esto es algo que debería de hacer reflexionar para poder entender todo esto. Que la máxima instancia judicial del Estado español no haya obtenido ninguna respuesta favorable es como para preguntarse a qué se puede deber este ridículo en toda regla.
Para analizar todo esto, quizás habría que analizar las raíces del Poder Judicial del Estado español, sus orígenes, quienes lo controlan, si fueron depurados los elementos franquistas que durante 40 años dieron cobertura en los tribunales a la represión franquista. Estas cuestiones son más propias de un libro que de un artículo porque hay material suficiente para ello. Pero lo que en Europa les debe de llamar la atención es la poca calidad jurídica de la justicia española a la hora de dictar sus resoluciones judiciales.
Dan la imagen que detrás de esas togas hay una patente de corso para tomar decisiones judiciales con fines políticos, o dicho de otra forma, esos jueces actúan al dictado del poder político y toman decisiones para dar cobertura a las políticas que despliega el Poder Ejecutivo. El conflicto catalán ha evidenciado más que nunca esa forma de actuar. Nunca mejor dicho, esta vez se han pasado de frenada. La judicatura española se ha debido pensar que tenía barra libre para campar a sus anchas y que en Europa funcionarían las presiones, cómo las que llevaba realizando Borrell desde que desembarcó en Bruselas para desempeñar las funciones de Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común. Pues bien, esta vez han cosechado otra monumental derrota político-judicial.
Ocurre que cuando un órgano jurisdiccional europeo tiene que dictar una sentencia de esta naturaleza en un proceso en el que se discutía una serie de derechos fundamentales protegidos en el marco de la Unión Europea no podía ponerse de perfil y a los miembros del TJUE no les ha quedado más remedio que zumbar al Tribunal Supremo, autor de uno de los mayores desaguisados judiciales. Todas estas resoluciones formarán parte del libro negro de la justicia española. Irá a continuación de las resoluciones que se han dado en este país desde los procesos por brujería que dirigió la Inquisición en el siglo XVI contra las mujeres de Zugarramurdi hasta los procesos de la dictadura franquista. Esta es la prueba del algodón de la calidad de la justicia española actual que no dista mucho de épocas pretéritas.
Nos encontramos en este barrizal porque el Gobierno del PP abandonó la vía política para solucionar el problema y apostó por ganar la batalla a través de la vía policial y judicial. El Gobierno del PSOE, nacido de la moción de censura, tampoco tuvo el valor político de coger el toro por los cuernos y afrontar el problema territorial y ahora, en plena fase de negociación, al PSOE le ha explotado en la cara la sentencia del TJUE. Los términos de la resolución eran previsibles, porque el informe del abogado general de la UE dictaminó en la misma línea de la sentencia dictada, pero el Gobierno en funciones ha actuado como si esta historia no fuera con él y ha pasado lo que tenía que pasar. Sánchez nos deleitó durante toda la precampaña y campaña electoral con un tono duro, prometiendo mano dura para resolver la crisis de Cataluña, aplicando el 155 digital y amenazando con todos los males del infierno, para ahora necesitar e implorar a ERC un acuerdo de investidura. Todavía resuenan las palabras de Sánchez diciendo que en Cataluña no hay un problema político, que el problema es de convivencia. Pues con la sentencia en la mano y con las diferentes resoluciones dictadas en los diferentes países de la UE la imagen resultante es que además de un problema político los diferentes gobiernos españoles siguen sin asumir la realidad existente, deteriorando aún más su imagen internacional.
Ante esta sentencia el Estado español y sus poderes fácticos tienen dos opciones: la de resolver el fracaso judicial que ha supuesto la sentencia del Proces, declarando nulo de pleno derecho el juicio, poniendo en la calle de forma inmediata a todos los procesados, o, por el contrario, la de enrocarse, sacar pecho, envolverse en la rojigualda. Eso sí, que nadie entienda que esto último como una manifestación de nacionalismo español. Utilizarán el eufemismo de nuevo cuño, patriotismo constitucionalista y manifestarán que desde la UE se está violando la soberanía española, olvidando que los tratados internacionales aprobados en las Cortes Generales forman parte del ordenamiento jurídico español.
Por lo que respecta al Trío de Colón, está en modo gallinero, mucho cacareo y aplicando a rajatabla la segunda opción. Tampoco se les puede pedir más, Quod natura non dat, Salmantica non præstat. Y la Brunete mediática sigue confundiendo sus deseos con la realidad, e instalado en su nube particular.
Buen artículo, pero esta vez tengo discrepar en el fondo de la argumentación. Seguramente sea unos de los ciegos que no quieren ver o por lo menos tuerto.
Creo que explicar la actuación más que discutible de la justicia española en clave de reminiscencias del antiguo régimen empieza a ser un poco caduco. Conflictos nacionalistas hay en toda Europa y su tratamiento por los diferentes Estados no son demasiado finos, y no se deben a antiguos regímenes sino más bien a un conflicto de poder.
Por otro lado, hay que destacar que la consulta al TJE la lanza el propio TS seguramente por error de cálculo y según dicen por un cambio de jurisprudencia en Luxemburgo, los expertos podréis confirmar esto o no.
Y, finalmente, la sentencia parece que niega la mayor, pero solo se posiciona en el hecho de la inmunidad o no de esta persona para recoger el acta, y más cuestionando el procedimiento seguido.
Pero según la parte interesada pone en cuestión la sentencia, e incluso quien mató a manolete.
En fin, cuidado con las argumentaciones basadas en el pasado que empiezan a no ser suficientes y con venirse arriba que se ha convertido en el deporte nacional.
No obstante, buen artículo.
En primer lugar muchas gracias por participar con tu comentario.
El articulo tiene como objetivo poner en cuestión las actuaciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en todo lo concerniente a Proces y a las personas que han sido condenadas en dicho proceso pero teniendo presente todas circunstancias políticas que rodean a este proceso. Pues bien, llego a la conclusión que la justicia española no es independiente del poder político. Actúa al dictado de los aparatos del Estado, sin preservar su independencia.
En una conferencia que dio una de las letradas que ha llevado la defensa de uno de los procesados ya auguraba mucho antes de empezar el juicio que todo esto acabaría resolviéndose en los tribunales europeos porque las actuaciones judiciales que se habían llevado a lo largo de todo el procedimiento habían vulnerado en reiteradas ocasiones los derechos fundamentales y procesales de los acusados. Pues bien, parece que sus augurios no están yendo muy desencaminados.
De entrada, no quiero dejar pasar un detalle. No hace tanto tiempo que el TEDH ha publicado una sentencia en la que le dan un correctivo a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El TEDH falló a favor de Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao en relación con la causa que tuvieron ante el TS por un supuesto delito desobediencia. La Corte de Estrasburgo consideró que en el proceso judicial, se vulneró el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ya que se vulneró su derecho a un juicio justo. Casualmente uno de los miembros del tribunal que los juzgó fue Marchena.
Es sintomático las reiteradas sentencias del TEDH condenando al Estado español porque los jueces no investigan las denuncias por torturas. Y a esto hay que añadir que en lo relativo al Proces ningún tribunal de varios países europeos le han dado la razón. A ver si vamos a pensar que en Europa hay un contubernio contra España. Pues no. Por el contrario, lo que es una evidencia es que a la hora dictar sentencias que tienen un marcado componente político los magistrados actúan en función de las necesidades del gobierno de turno y para preservar al régimen. Independencia cero. Pues bien, ante esto, a la justicia europea no le queda más remedio que poner dosis de cordura. Y esto no va de conflictos nacionalistas. Va más allá. Esto va de independencia del Poder Judicial, pero, sobre todo, de preservar los derechos fundamentales recogidos en los diferentes Tratados Internacionales que ha firmado el Estado español, lo que hace que esos Tratados formen parte del ordenamiento jurídico interno de este país. Es decir, va de democracia. Hoy es por el tema de Cataluña pero nadie nos asegura que en otro tema de una transcendencia similar, en la que se cuestiona al régimen actual la judicatura actúe conforme a derecho. Y no olvidemos que la judicatura, al igual otros aparatos del Estado, salió intacta durante la mal llamada Transición. Los mismos jueces que condenaban a políticos, sindicalistas, estudiantes, etc…, y defendían en sus sentencias al régimen franquista continuaron formando parte de la judicatura y siguieron dictando sentencias bajo el nuevo régimen.
Efectivamente la Sala del TS es la que lanza la pregunta al TJUE: No sé si pensando en quitarse la patata caliente de encima o que les darían la razón. Lo que si que ha quedado claro es que el tiro le ha salido por la culata y lo más grave es que a día de hoy no ha cumplido la sentencia y para embarrar más el tema ha preguntado a las diferentes partes del proceso que emitan una opinión al respecto ¿Pero que opinión tienen que emitir? ¿Qué busca el Tribunal con esa solicitud?¿Estará buscando que a través de lo que manifiesten las partes se diluya su responsabilidad? Todo esto es un disparate jurídico. De hecho, algún catedrático conocido de Derecho Constitucional ya había pronosticado todo lo que ha pasado hasta el momento.