La crisis sanitaria producida por el coronavirus nos ha asomado en un abrir y cerrar de ojos al abismo de una nueva crisis económica. Estamos en un escenario que nos es absolutamente nuevo. Ante esta situación, en el Estado español se han alzado voces que plantean la necesidad de reeditar unos pactos similares a los Pactos de la Moncloa para superar esta situación de emergencia económica.

Para poder abordar la necesidad o no de unos pactos de esta naturaleza, similares a los que se firmaron en 1977, es necesario hacer un ejercicio de memoria histórica, para poder ubicar lo que fueron los Pactos de la Moncloa en el contexto de la época, y a partir de ahí evaluar si en la actualidad es la solución para toda la ciudadanía en su conjunto.

Los Pactos de la Moncloa fueron firmados por las fuerzas políticas y sindicales en octubre de 1977, pero se empezaron a gestar pocos días después de las elecciones el 15 junio de 1977. Eran las primeras elecciones después de cuarenta años de dictadura franquista. Desde la muerte del dictador se había puesto en marcha el proceso de reforma política y se iban quemando etapas sin que en ningún momento el establishment viera peligrar su status quo. Los aparatos del Estado franquista no habían sido depurados y en lo concerniente a los poderes económicos la oligarquía que se enriqueció a la sombra del franquismo seguía controlando todo el entramado económico. Suarez a la hora de formar el primer gobierno de la UCD nombra vicepresidente económico a Enrique Fuentes Quintana, quien sólo estuvo ocho meses en el cargo, pero que fue uno de los ideólogos de esos pactos.

El proceso de reforma de las instituciones franquistas para amoldarlas a lo que se podría denominar una democracia de corte occidental iba encarrilada. Los partidos más importantes de la oposición democrática habían renunciado a sus planteamientos iniciales y aceptaron este proceso político de reformas políticas que en ningún momento cuestionaba las instituciones franquistas, pues iban a ser los cimientos del régimen del 78 que estaba por venir. No muy lejos quedaban los posicionamientos en favor de la ruptura democrática y de no reconocer a un régimen que fuera heredero del régimen franquista. Sin ir más lejos, en 1976, todos los partidos de la izquierda parlamentaria estaban en contra del proceso que aceptaron con posterioridad.

Dentro de ese contexto es necesario recordar la profunda crisis económica que se vivía en aquellos años, fruto de la crisis del petróleo surgida en 1973. Un pais con una estructura económica y un sistema fiscal obsoleto que estaba pensado para beneficiar a las élites económicas, con una tasa de paro que rondaba el 6% y una inflación superior al 40%. Algo propio de un régimen antiguo y totalitario. A nivel sociolaboral, había una gran conflictividad laboral. Por poner un ejemplo, hacía poco más de un año de las luchas obreras que se vivieron en Vitoria-Gasteiz y que costaron la vida a cinco trabajadores a mano de las fuerzas policiales.

Toda esta situación llevó a las élites políticas a plantear unos acuerdos para “salvar al Estado de la catástrofe”. Fueron invitados todos los partidos del arco parlamentario y los recién legalizados sindicatos, en concreto, UGT y CCOO.

La realidad era que esos pactos iban a servir para encajar todas las estructuras socio-económicas del franquismo en el proceso de reforma política. En esos pactos no se puso en entredicho el origen de las riquezas de la oligarquía de la época, pues estaban pensados para eso, para que a partir de entonces nadie los pusiera en duda. Si la acumulación de capitales había sido gracias a las políticas del régimen franquista eso quedaba en el cajón del olvido. Este paso era fundamental para salvaguardar a las grandes familias y que a partir de ese momento tuviera todo un nuevo rol democrático.

Unos de los objetivos de estos acuerdos era realizar un ajuste en la clase trabajadora de la época. Para ello era necesario involucrar en la causa a los dos sindicatos que en ese momento eran los más importantes en el mundo laboral, UGT y CCOO, y que, a su vez, eran correa de transmisión de los dos partidos del centro-izquierda con mayor peso parlamentario (PSOE y PCE).

El texto aprobado tenía dos partes: una de reformas económicas y otra de reformas políticas. Por lo que respecta a las primeras, que es lo que ahora nos interesa, algunas de las cuestiones que afectaban de lleno a la ciudadanía de la época eran las siguientes: Se limitaba la subida de los salarios al 20% cuando en el momento de la firma la inflación se situaba alrededor del 30%, llegando el año siguiente al 40%. Esto no dejaba de ser una bajada del poder adquisitivo de los trabajadores, pues perdían, en el mejor de los casos un 10% de poder adquisitivo. Si algún convenio colectivo no respetaba la subida estipulada se permitía el despido del 5% de la plantilla y a esa empresa se le retiraban las ayudas crediticias y fiscales. En los puestos de trabajo de nueva creación ocupados por jóvenes se podrá despedir libremente durante los dos primeros años. Los efectos fueron tan catastróficos para la población que la tasa de paro se disparó del 5,6% de la población activa a finales de 1977 al 25% en los siguientes años, llegando a los cinco millones de parados.

Lo poco positivo que trajeron los Pactos de la Moncloa fue la reforma fiscal que se puso en marcha y que trajo consigo la desaparición de los impuestos que gravaban las diferentes rentas (trabajo, capital, etc…) para crear el Impuesto sobre la Renta y la reforma del Impuesto sobre Sociedades, aunque las presiones de ciertos sectores lograron que algunos aspectos de la reforma no salieran adelante.

El tiempo demostró que el ajuste se cebó con las clases más humildes y, por el contrario, no se cumplieron las medidas que iban a ser beneficiosas para la gran mayoría de la población.

Teniendo una somera idea de lo que fueron los Pactos de la Moncloa de 1977, hay que plantearse cuál es la intención de sus nuevos patrocinadores. Da la sensación que las dos almas del Gobierno están siendo las impulsoras de una iniciativa que está abocada al fracaso por múltiples razones.

Desde una óptica política, en este momento no hay condiciones objetivas para que haya un acuerdo de esta naturaleza con una oposición de derechas que en muchos momentos no reconoce la legitimidad del actual Gobierno, llegando a esgrimir un discurso que en algunos casos bordea la línea del golpismo. Pero desde una óptica socio-económica es materialmente imposible llegar a ningún acuerdo con los partidos que son los representantes del ultraliberalismo europeo y responsables de los recortes de todos los servicios públicos, dejando al Estado del bienestar como un solar. Son los arietes de las políticas privatizadoras, defensores a ultranza de las reformas fiscales que han traído consigo el abandono de la progresividad en las políticas fiscales, lo que ha generado que las rentas más altas aporten mucho menos y, por tanto, baje la recaudación ¿Alguien puede llegar a pensar que se puede llegar a un acuerdo con los responsables de todo este desaguisado?

En el supuesto hipotético que se llegara a crear una mesa con los partidos políticos y otras organizaciones sociales habría que analizar las diferencias estratégicas de los dos partidos del Gobierno a la hora de plantear unos pactos de esta naturaleza. No tienen los mismos intereses el PSOE y UP. En la actualidad tienen un programa de gobierno, pero esos hipotéticos pactos sobrepasarían los límites de ese pacto y en ese momento se empezarían a vislumbrar las diferencias internas de este Gobierno y eso sería contraproducente para el Gobierno porque la derecha tendría una ocasión idónea para torpedear al gobierno de coalición. Y no hay que olvidar que deberían de contar con los partidos que ayudaron a que triunfara la investidura de Sánchez, por eso de la aritmética.

Lo que más me llama la atención es la postura de Pablo Iglesias,  abogando por un pacto entre todas las fuerzas políticas y sociales siendo sabedor que en este tipo de acuerdos las oligarquías y las clases altas suelen ser los que, de una u otra forma, ganan la partida. Parece que quiere emular a Santiago Carrillo cuando se firmaron los Pactos de la Moncloa de 1977. El líder del PCE salió en la foto, pero los trabajadores fueron los que pagaron la factura de la fiesta.

Una vez que esta crisis sanitaria se haya superado, el Gobierno tiene que adoptar una serie de medidas que no puede obviar. Debe reforzar el papel del sector público en todos los ámbitos como herramienta para proteger a la mayor parte de la población, sobre todo, aquella que es más vulnerable. Para ello tiene que realizar una serie de reformas urgentes que desmonten el desastre generado por las políticas neoliberales que se han llevado durante muchos años, tanto por los gobiernos del PP como por los gobiernos del PSOE.

Para finalizar, no es muy lógica la forma en la que el Gobierno está abriendo la fuente del dinero para las empresas. No puede ser que el Estado cargue con las ayudas al sector privado a cambio de nada. Estos días se ha abierto la veda del chorro de dinero a las empresas por parte de las entidades financieras, pero con la garantía del Estado, a través del ICO, sin que a estas empresas se les exijan contrapartidas, además, lógicamente, de la devolución del dinero prestado. Está siendo un descontrol total y absoluto, porque una de las cosas que se debería de exigir a las empresas que quieren acceder a estos fondos es la prohibición de la destrucción de empleo ¿Dónde están los beneficios de las empresas en los últimos años? No es muy normal que en menos de un mes las empresas hayan pasado de tener una situación financiera en algunos casos buena y en otros razonable, a que ahora estén en la ruina más absoluta.

Soy partidario que para que las empresas puedan acceder ayudas del Estado o con la garantía de éste, se analicen sus estados financieros para comprobar si la situación de las empresas antes del Estado de alarma era buena, mala o regular. No se puede consentir que empresas bien saneadas y con una capacidad financiera para hacer frente a la crisis se puedan acoger a este tipo de ayudas o desde el primer momento empiecen a aplicar ERTES. La crisis vuelve a ser una bicoca para las empresas. Reciben ayudas públicas y con la excusa de la situación económica tienen barra libre para hacer ajustes laborales. Lo dicho, la factura de la fiesta siempre la pagan los mismos.