El caos se ha adueñado definitivamente de la Comunidad de Madrid. No hay marcha atrás. En la primera ola de la pandemia la gestión de la Comunidad de Madrid fue desastrosa. Eso sí, con el intento de maquillarla utilizando la táctica de echar la culpa al Gobierno del Estado por haber recentralizado algunas de las competencias de las CCAA, pero ahora no tiene excusas y los comodines se le han ido acabado al Gobierno de Ayuso.
Lo primero que habría que recordar es que allá por los meses de mayo y junio la Comunidad de Madrid salió de las fases para pasar a la normalidad sin cumplir los parámetros sanitarios requeridos y poniendo más el énfasis en la cuestión económica que en la seguridad de la ciudadanía. Todo ese proceso se produjo con la dimisión de la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid al no compartir el criterio de Díaz Ayuso de que Madrid pasara a la fase 1. Es decir, se impusieron los criterios políticos a los sanitarios. En esos días en Madrid se vivían imágenes bochornosas como el espectáculo que montó la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, inaugurando la temporada de terrazas.
Desde que las CCAA recuperaron todas sus competencias el Gobierno de Ayuso no ha cumplido ninguno de los compromisos que asumió. No reforzó la sanidad pública con el incremento de los recursos, no contrató rastreadores hasta pasadas muchas semanas, ha tenido problemas con todo el personal sanitario y ha dejado abandonada a la atención primaria y a la educación pública.
Los meses de julio y agosto han sido un continuo esconder los datos de la pandemia en la Comunidad de Madrid, con el agravante que no podía echar la culpa al Gobierno Central.
El espectáculo que dio los últimos días de agosto quedando en evidencia por no tener organizada la vuelta a las aulas no presagiaba nada bueno y al final toda esta situación tenía que estallar, era cuestión de tiempo. Una vez que finalizara el periodo vacacional y que se reincorporar la mayor parte de la población al trabajo y se abrieran los colegios estaba claro que los contagios se iban a disparar llegando a la situación actual en la que la Comunidad de Madrid está al borde del abismo. Los datos son irrefutables y los porcentajes de contagios por cada 10.000 habitantes son los más altos de toda Europa, las UCIS de los hospitales madrileños se empiezan a colapsar y la atención primaria sencillamente la han desmantelado, por lo que se ha convertido en un ente en vías de extinción.
La Comunidad de Madrid es como un pollo sin cabeza, va de despropósito en despropósito y la última ocurrencia ha sucedido el pasado miércoles, cuando la Consejería de Sanidad informa, a través de su viceconsejero, que tiene intención de confinar algunos barrios de la capital sin haber sido aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y habiendo sido informada la presidenta a través de WhatsApp. Para rematar todo este compendio de disparates, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha pedido al gobierno Central que se implique, haciendo total dejación de las competencias que tiene el Gobierno del que forma parte.
Toda esta forma de actuar sería una ópera bufa de lo más divertida si no fuese porque se está jugando con la vida de la ciudadanía y se están destruyendo los servicios públicos.
A los que dirigen los designios de la Comunidad de Madrid habría que recordar algunas cuestiones que son de manual para poder realizar una gestión medianamente eficaz. Se les olvida que las competencias en sanidad y educación corresponden a la Comunidad de Madrid. Si, la gestión de la sanidad pública. Esa competencia que durante el estado de alarma Díaz Ayuso exigía que se la devolviera el Gobierno Central y que desde que le fue devuelta ha sido incapaz de gestionar, porque la preocupación del Gobierno ultraliberal de Madrid ha sido y es la privatización de todos los servicios públicos. La adjudicación de los rastreadores se realizó en el tiempo de descuento, cuando no le quedaba más remedio que contratarlos por la presión que se estaba dando. Y curiosamente, si a principio del mes de agosto la contratación la intentaron canalizar a través de voluntarios de la Universidad Complutense de Madrid, al final la adjudicación la hicieron de la noche a la mañana y recayendo en una empresa privada del sector sanitario, sin concurso previo y sin llegar a contratar el número de rastreadores al que se había comprometido para salir de las fases.
A la hora de organizar el inicio del curso escolar le ha ocurrido algo similar. Su preocupación ha sido abastecer de medios a la enseñanza concertada en detrimento de la escuela pública. Cuando la comunidad educativa se le echa encima, improvisa y es el momento en el que nos regala alguna declaración o promesa que no tiene ninguna intención de cumplir, como es la promesa que realizó a finales de agosto de contratar 11.000 profesores interinos y que no ha cumplido. Y para inaugurar el curso escolar decide realizarlo en un colegio concertado. Está claro que esta gente no disimula. Su objetivo es cargarse la educación pública.
A todo esto hay que añadir el elenco de declaraciones que realiza, propias de una política xenófoba y clasista. El culpar de los contagios a la forma de vida de los inmigrantes no es más que intentar de forma menos abrupta estar a la altura de las declaraciones que realiza sus socios de legislatura, VOX, cuando a los barrios más humildes los llama estercoleros multiculturales. Quizá se deba a que se están disputando el mismo electorado, porque ambos partidos son de extrema derecha.
El Gobierno formado por PP y Cs es un atajo de incompetentes que está generando el caos por su mal hacer, pero todo este caos no sólo se debe a su incompetencia. Gran parte de ello se debe al tipo de políticas que pone en práctica y en tiempos de pandemia esa gestión se les acaba escapando de las manos. Un ejemplo de ello es que mientras Diaz Ayuso recorta en sanidad y educación, esta semana ha anunciado rebajas de impuestos, y, por supuesto, las rentas altas son las primeras que se van a ver beneficiadas de esta medida. Es evidente que a este segmento de la población la sanidad pública le resbala porque son usuarios de la sanidad privada y la educación pública no saben lo que es porque sus hijos van a colegios privados o en el peor de los casos concertados.
Los barrios, distritos y pueblos que más contagios tiene son aquellos donde vive la clase trabajadora porque las condiciones de vida son las más precarias. Muchas familias viven hacinadas en viviendas de menos de 50 metros cuadrados. Son barrios con calles estrechas y para ir a trabajar utilizan el transporte público. Son personas que tienen trabajos precarios y en muchos casos no se pueden permitir coger una baja laboral porque si no trabajan no pueden comer. Esta población que es la que más necesidad tiene de una atención adecuada en la sanidad pública es la que está sufriendo todos los recortes en la atención primaria de sanidad y en educación. Pero a la derecha ultraliberal todas estas personas no les preocupa absolutamente nada y cargan sobre la población más desfavorecida la responsabilidad de los contagios. Criminalizan a los pobres porque tienen la desgracia de serlo.
En el día de hoy han tomado una serie de medidas que me temo que no van a servir absolutamente para nada. De poco o nada sirve confinar a los barrios de Madrid y ciudades del sur de la Comunidad si esas personas utilizan el transporte público para trasladarse al trabajo y a los centros educativos. Puedo decir, por experiencia propia, que el funcionamiento del Metro madrileño es lamentable. Las esperas entre trenes son superiores a lo habitual, lo que conlleva aglomeraciones en los andes y dentro de los vagones es imposible guardar las distancias de seguridad. Quitando algunos tramos de líneas periféricas, el resto de la red sencillamente está saturada.
La hoja de ruta del Gobierno de Ayuso, con la aplicación de las políticas más neoliberales al más puro estilo Trumpista es una bomba de relojería que va a explotar de lleno en el corazón de las personas más vulnerables y sólo servirá para agrandar la brecha social en la Comunidad de Madrid.