La utilización de la figura del indulto ha sido una constante a lo largo de la historia relativamente reciente del Estado español. Las asonadas militares que se dieron a lo largo del siglo XIX solían traer consigo algún tipo de indulto para los militares y políticos afinen a los uniformados que habían salido triunfantes del pronunciamiento de turno. Los golpes de Estado a lo largo del siglo XX fueron otro cantar, pues la característica de estos fue la represión generalizada manu militari, lo que conllevó que se perpetuaran en el poder y que todavía estemos bajo los efectos del que realizaron en julio de 1936.
Desde el momento que el Tribunal Supremo dictó la sentencia en la que condenaba a los políticos independentistas catalanes se han traído a colación dos instrumentos para obtener su excarcelación: amnistía e indulto. Términos que difieren mucho entre sí y que es necesario diferenciarlos.
La amnistía, vocablo de origen griego, tiene su inspiración en Mnemosine (Mνημοσυνη), diosa de la memoria. Y de ahí surge el término amnesia (Pérdida total o parcial de la memoria que impide recordar o identificar experiencias o situaciones pasadas), del que surgirá amnistía, que viene a ser el olvido de los delitos cometidos. La RAE la define como el “perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Por tanto, es el olvido y/o perdón de un tipo de delitos, aplicándose a la totalidad de las personas que lo hayan cometido y llevando aparejada la extinción de responsabilidad, por lo que las personas beneficiadas no tendrán antecedentes penales.
Esto contrasta con la figura del indulto, que viene a ser una medida de gracia por la que se perdona el cumplimiento de la pena a la persona que ha cometido el delito, pero no se le exime de la responsabilidad derivada del delito cometido, pues el delito en sí no desaparece, teniendo un carácter individual, pues sólo se aplica de forma individualizada y no con carácter general a todas las personas que hayan participado en delitos de esa naturaleza. Esto último tiene su importancia como más adelante se verá.
En todo este proceso hay tres posturas diáfanas y antagónicas entre sí. La que representan los partidos de la foto de Colón y sus medios de comunicación afines, la Brunete mediática, que se oponen de forma radical a cualquier tipo de media de gracia para con los presos políticos catalanes. La segunda postura es la que ha utilizado el Gobierno, el indulto únicamente para los nueve políticos condenados por el Tribunal Supremo. Y por último la que defiende el independentismo catalán que reivindica sin ambages la amnistía como solución a este conflicto.
Por lo que respecta a los defensores del inmovilismo poco o nada se puede añadir. Tanto la Brunete mediática como los partidos de la foto de Colón se han enganchado a este banderín, algo, que por otra parte era de todo punto de vista esperable. Es su forma de hacer política y la forma de tener lo más agrupado posible a su rebaño político. Su postura les puede dar ciertos réditos políticos en el resto del Estado y no quieren desaprovechar la ocasión. Lo que no entraba en sus cálculos es que dos estamentos de lo más reaccionario, en los que se apoya el régimen del 78 hayan adoptado una posición diametralmente diferente. Me estoy refiriendo al empresariado español, representado por la CEOE y los obispos.
Haciendo un ejercicio de análisis político comparado, no deja de ser un auténtico sarcasmo que las diferentes consultas que ha organizado la oposición venezolana, al margen del Gobierno venezolano, en ningún momento se hayan visto en la Unión Europea como unos actos en los que se cometieran infracción penal alguna y en el caso de los partidos que se oponen a los indultos, en todo momento alentasen ese tipo de acciones como método de protesta. Da la impresión que lo de organizar consultas a la población al margen de la legalidad vigente incurre en una infracción penal según donde y cuando se realicen. Debe ser que ejercer la legitimidad democrática es patrimonio de unos pocos.
Sin embargo, en el tema que nos ocupa, lo fundamental es contrastar las otras dos opciones existentes para solucionar el problema de los presos políticos catalanes, ver quienes las defiendes y buscar una solución al problema de Catalunya.
Anteriormente he expuesto de forma muy laxa las diferencias existentes entre amnistía e indulto. Ahora bien, ambos conceptos si los llevamos a la praxis política las diferencias se agrandan de forma considerable.
Los defensores del indulto hay que situarlos en los partidos que forman el Gobierno de coalición, aunque con matices a lo largo del tiempo. Por un lado, tenemos al PSOE, que no hace tanto tiempo apoyaba la aplicación del 155 y apoyaba los procedimientos judiciales que se abrieron en la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, porque había que salvaguardar “el Estado de derecho”. Es decir, abogaba por buscar una salida judicial a un problema político. Pedro Sánchez no hacía más que enseñar una de las mil versiones que lleva sacando a la luz desde que dirige los designios del PSOE.
Por lo que respecta a la postura de Podemos, esta se ha movido en no judicializar el problema catalán y en contra de los procesos judiciales abiertos. Y una vez que se hizo pública la sentencia, abogó por los indultos, entre otros motivos, por una cuestión importante: derogar el delito de secesión. Postura lógica, porque con la sentencia en la mano la aplicación de esta figura penal se podía convertir en un instrumento para criminalizar cualquier tipo de protesta en el marco de una huelga general, movilización como el 15M o protestas antidesahucio. Desde los partidos de la izquierda enseguida percibieron que la sentencia del TS ponía en peligro algunos derechos fundamentales.
Para el Gobierno la búsqueda más sencilla para que los nueve condenados por el Tribunal Supremo obtuviesen la libertad ha sido utilizar la figura del indulto. De esta forma han salido a la calle, aunque seguirán impedidos para el ejercicio de ningún tipo de cargo público, pues no se les anulan ni las inhabilitaciones y las responsabilidades civiles que les fueron impuestas. Los indultos han sido decretados con una serie de condicionantes que impiden a los indultados poder ejercer una actividad política plena. Así, de esta medida no se han podido beneficiar ni los que tomaron el camino del exilio ni todas aquellas personas que están inmersas en otra serie de procedimientos penales como consecuencia del procés. Esta cuestión es fundamental, porque con la medida que ha adoptado el Consejo de ministros los únicos beneficiados son un número reducidísimo de personas si lo comparamos con todas las personas que continúan imputadas en otras instancias judiciales.
El Gobierno está vendiendo los indultos en clave de magnanimidad con los presos políticos catalanes, pero eso no se corresponde con otras acciones que está llevando a cabo. Sin ir más lejos, el Gobierno ha quedado retratado estos días con algunas de sus actuaciones y sus declaraciones. El dar marcha atrás en la reforma del Código Penal que está preparando en lo referente a la derogación del delito de sedición, alegando que no hay un supuesto consenso con los partidos que apoyaron la investidura es una muestra que no está por la labor de adecuar el Código Penal español a los estándares democráticos. No deja de ser el mantenimiento de la legislación que le da cobertura para volver a encarcelar a quien vuelva a poner urnas. Otro botón de muestra han sido las manifestaciones de rechazo al informe del Consejo de Europa contra España por el juicio del procés. Esta actitud es más típica de la Turquía de Erdogán o de la Rusia de Putin, o de un hipotético gobierno de coalición entre Casado y Abascal. Lo que no tiene un pase es que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe de esta forma, pero quizás todo sea producto de intentar sacar a relucir una de las mil caras que tiene el líder del PSOE. Y ese intento de intentar contentar a los que desde su partido han puesto el grito en el cielo por los indultos.
El Gobierno está vendiendo estos indultos como la fórmula mágica que va a servir para solucionar el problema de Catalunya, sin querer abordar el problema de fondo que es tan sencillo como que las reivindicaciones de una parte muy importante de la ciudadanía catalana no pueden ser ejercidas porque el marco jurídico-político actual lo impide y hablar de otras cuestiones no deja de desviar la atención y marear la perdiz. La imposibilidad de poder ejercer el derecho a decidir el modelo de país en el que quiere vivirla ciudadanía catalana choca de forma sistemática con el muro que forma el régimen del 78. El drama existente es que gane quien gane en las elecciones catalanas, los partidos que pierden, que casualmente siempre son los mismos, pueden dormir tranquilos porque las reivindicaciones de los partidos que forman el bloque vencedor no pueden ponerse en práctica y sus programas electorales acaban siendo papel mojado o, en su defecto, si lo quieren poner en práctica, les espera el palo y tente tieso. El Gobierno ha ido posponiendo de forma reiterada la reunión de la mesa de diálogo y mientras el tiempo y la legislatura transcurre, siendo el margen de maniobra cada vez es más corto pues la legislatura no corre, vuela.
La estrategia del Gobierno de coalición es bastante simple: busca romper el bloque independentista a través de unos indultos trampa, pues sólo neutralizan el caso de nueve personas, dejando la situación empantanada para otras muchas que no son tan mediáticas. Es una estrategia legítima, pero, al mismo tiempo, carente de ética y un tanto peligrosa. Es peligrosa porque con la salida de los presos condenados por el procés, se ha encontrado una reivindicación unánime de amnistía, como fórmula para resolución del conflicto, al margen de las diferencias existentes entre las organizaciones independentistas. En un tema de esta naturaleza, las diferencias han quedado aparcadas para unirse en la reivindicación de la amnistía. Si el Gobierno pensaba que desde las filas del independentismo iba a recibir el aplauso generalizado es que no ha entendido nada hasta el momento.
La postura del independentismo en defensa de la amnistía como única forma de solución del conflicto tiene su fundamento en varias cuestiones. Partiendo de la definición que he realizado de amnistía, en términos políticos esta no se ciñe únicamente al olvido y/o perdón de un tipo de delitos para todas las personas que lo hayan cometido. La aplicación de una amnistía política va más allá, pues suele ser la consecuencia última del reconocimiento de los objetivos políticos que persiguen los condenados, lo que conlleva que no tenga razón de ser la condenada que en su día les impusieron.
En términos políticos la amnistía viene a ser el respaldo a la lucha o actividad política que han ejercido las personas condenadas y beneficiadas por la aplicación de esta medida y elevar su lucha a ejemplo para toda la sociedad con la extinción del delito para la totalidad de personas que se puedan afectar. Es por ello, que cuando una medida de esta naturaleza es concedida por algún gobierno suele llevar aparejada algún acuerdo entre las partes beligerantes. Todo esto con el añadido que los delitos por los que fueron condenados se resumen en poner urnas para que la población participase de un referendum.
El independentismo catalán ha sido un ejemplo a la hora de utilizar métodos pacíficos, algo que no ha pasado desapercibido en Europa, por más que desde el Ministerio del interior hayan tenido una actitud intoxicadora, con la cooperación necesaria de los medios de comunicación cercanos a la extrema derecha española. Mucho más fructífero hubiera sido que este gobierno hubiese realizado tiempo atrás una labor pedagógica para explicar a la ciudadanía que la puesta en libertad de los presos políticos catalanes era una cuestión de higiene democrática y explicar que la represión a quien tiene por objetivo poner urnas es propia de otros países y/u otros tiempos. Los próximos meses van a ser cruciales en el desenlace del conflicto Catalunya-España. La pelota está en el tejado del Gobierno español para poder desatascar una situación que se lleva arrastrando a lo largo del tiempo. Debe de tener voluntad política para abordar el problema con valentía y hacer pedagogía con la población del resto del Estado para que entiendan la naturaleza del conflicto y que muchos sectores abandonen el lema del “a por ellos” que pusieron en marcha los partidos de la derecha extrema y la extrema derecha española en 2017 durante los meses del procés. En política buscar la cuadratura del círculo sólo sirve para tropezarse con el mismo obstáculo