Amnistía ¿Triunfo o derrota del independentismo?
La aprobación de la ley de Amnistía ha sido como el parto de los montes, no le ha faltado de nada y ha sido una de las leyes, sino la que más obstáculos y trabas ha tenido que sortear hasta su aprobación final. Todos los intentos que ha habido para torpedearla han servido para la dejar al descubierto la nula calidad democrática de algunas instituciones del Estado español; han actuado como auténticos poderes fácticos que no podían soportar que la representación de la soberanía popular estuviese por encima de todas ellas, pues eso de que se apruebe una ley sin su beneplácito no es algo que lleven muy bien.
No tengo intención de extenderme en analizar el fondo jurídico de la norma, únicamente me limitaré a manifestar que el Preámbulo de la ley construye un discurso que desde el punto de vista jurídico no hay nada que objetar a la hora de despejar las dudas sobre su constitucionalidad. Otra cuestión mucho más discutible es el alcance de la amnistía, y en concreto quienes tienen que ser los beneficiados por ella, si ésta debe de servir para eximir al Estado y, por ende, a sus funcionarios que ejercieron una represión en algunos momentos del procés, sobre todo en los hechos acaecidos el 1 de octubre de 2017.
Ahora bien, cuando ese Preámbulo entra a exponer el espíritu de norma desde un prisma puramente político, es cuando uno percibe que no sirve para la resolución del conflicto, y no vale porque se desvirtúa lo que debe de ser una verdadera ley de amnistía. En este caso no es una herramienta para la solución del problema político existente en Catalunya, sino que está pensada más bien, como resolución a un problema de índole judicial, obviando que el origen de toda esta situación se encuentra en el deseo de la ciudadanía de Catalunya a ejercer el derecho a su libre determinación. Es decir, intenta resolver las consecuencias del conflicto, pero no su origen.
Esta ley enfoca la amnistía como un borrón y cuenta nueva, un ejercicio de reconciliación que deja a un lado el problema de fondo. Lo que nos quieren decir es que con la concesión de la amnistía el conflicto político ya está superado, algo totalmente alejado de la realidad. La ley ignora que el conflicto político es el todo y lo que quiere remediar esta amnistía es la parte, porque la represión que se ejerció contra políticos, activistas políticos, funcionarios y ciudadanía es una parte de ese todo y las condenas y procesos judiciales no dejan de ser una consecuencia del conflicto.
Dentro de este análisis, un error de bulto que se da continuamente es que cuando se dice que el procés ha muerto, también se está dando por finalizado el conflicto, cuestión que encontramos en el Preámbulo de esta ley, porque esa es la idea que flota a lo largo del texto, por tanto, desde un punto de vista político, la cuestión de fondo sigue sin ser abordada. El equiparar el procés con el conflicto no es una cuestión únicamente de mezcla de conceptos o de ignorar la realidad, por el contrario, más bien es el deseo de querer dar carpetazo al problema de fondo existente, alegando que el procés ha muerto.
Cuando el proceso de gestación de la ley de amnistía empezaba a ponerse en marcha, allá por el mes de octubre, y se empezaba a conocer por donde iba a avanzar el borrador de Proposición de Ley, tuve la oportunidad de asistir a una tertulia en el Ateneo de Madrid, que con el título “democracia, amnistía y autodeterminación”[1] se analizó en profundidad estas tres cuestiones. En ella, uno de los intervinientes, Albert Noguera, profesor de Derecho Constitucional, expuso que la amnistía abría tres escenarios: en el plano individual, se daría un efecto de victoria, pues se lograría superar la situación personal de todas aquellas personas que sufrieron la represión; desde el punto de vista de pueblo, se daría una derrota, porque la sociedad catalana ha estado reivindicando una amnistía que reconozca lo que sucedió en Catalunya durante el procés y que sirva para resolver el conflicto, cosa que como he dicho anteriormente, la norma aprobada no reúne ninguna de estas premisas. Pero Albert Noguera planteaba un tercer escenario, como Estado, plano en el que entendía que se abriría un efecto de oportunidad, porque durante toda la legislatura actual, en un contexto de conflictividad, habría posibilidades de lograr cesiones por parte del Gobierno. Pues bien, una vez que se ha aprobado la Ley de Amnistía y después de ver los resultados de los últimos procesos electorales, para el independentismo esa ventana de oportunidad se está cerrando poco a poco.
Por ello, entiendo que de la lectura de la ley es más de derrota que de victoria para el independentismo en todos los aspectos, porque esta ley en ningún momento dice que esta amnistía viene a reparar el daño producido por la represión ejercida por los aparatos del Estados, en concreto la originada por la judicatura con las sentencias dictadas, porque si en un principio en Catalunya la represión vino de la actuación de los aparatos policiales del Estado, posteriormente hubo una represión derivada de las diferentes resoluciones judiciales en las que se vulneraron derechos fundamentales. El hecho que para las instituciones del Estado Central, el referéndum del 1 de octubre de 2017 careciese de validez jurídica, en ningún momento tenía que haber conllevado la aplicación de ningún precepto penal, porque eso era vulnerar los derechos fundamentales de la población. Dicho de otra forma, las sentencias se han dictado en clave política y no jurídica. Un lawfare de libro.
Al tratar esta cuestión, me suele venir a la memoria que el mismo año del referéndum de Catalunya, la oposición venezolana realizó una consulta con la finalidad de modificar la Constitución del país, pero con la peculiaridad que carecía de toda eficacia legal, pues fue convocado unilateralmente por la oposición, obviando que no tenía legitimidad para ello, porque lo hizo al margen del organismo que en Venezuela tiene competencia para poder convocarlo, que es el Poder Electoral. El referéndum lo hicieron montando sus urnas, no pasó nada, porque el Gobierno venezolano les dejó que lo hiciese, pero eso sí, no tuvo eficacia jurídica de ningún tipo y nadie de la oposición acabó entre rejas por ello. A todo esto, la derecha española apoyó incondicionalmente la iniciativa de la oposición venezolana.
La amnistía no deja de ser un cierre en falso, porque lo que hay que plantearse es cómo y por qué se ha llegado a esta ley de amnistía. Ello nos lleva obligatoriamente a entrar a analizar la posición del PSOE en todo este proceso, y como no, remontarnos a ese mes de octubre de 2017 y el posicionamiento que tuvo. Su trayectoria ha ido marcada por sus necesidades políticas en cada momento, más que por una convicción política para la solución del conflicto. Ha ido haciendo de la necesidad virtud, lo que le ha llevado a realizar un ejercicio de contorsionismo político difícil de encontrar.
El PSOE pasó de defender la aplicación del 155, votando a favor en el Senado, a ir moldeando su discurso en función de sus necesidades y de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos políticos, puro tacticismo, con la vista puesta en los réditos electorales que pudiera obtener. Ello le ha llevado a adoptar posturas ciertamente contradictorias a lo largo de esto últimos años. De afirmar que la amnistía no cabía en la Constitución, cosa que no se sostiene, como ha quedado acreditado en el Preámbulo de la ley, a decir que es totalmente constitucional. Pero algo similar le ha pasado con los indultos y con otras cuestiones que se han dado a lo largo de los últimos años, a la hora de tratar el conflicto de Catalunya. La última sin ir más lejos la estamos viviendo estos días; han pasado de decir que Catalunya no puede tener un régimen fiscal diferenciado a defender su singularidad, pero con la condición que ERC facilite a Illa presidir el Govern, lo cual demuestra que en el PSOE más que una convicción por su propuesta, lo que prevalece es el tacticismo para llegar al poder.
La lectura que si ha sabido hacer el PSOE es la de ir gestionando todo este debate desde la idea de romper al bloque independentista, siendo conocedor que el motor de procés, desde que la sentencia del Tribunal Constitucional recortó el nuevo Estatut, ha sido la sociedad catalana, muy por delante de los partidos; fue la que obligó a estos a hacer suya la reivindicación del derecho a decidir. Todo ello le ha llevado a realizar una política de desgaste que hasta la fecha le ha dado buenos frutos puesto que en las diferentes citas electorales que ha habido desde mayo de 2023, una parte importante del electorado independentista ha optado por engrosar la abstención. El objetivo estratégico del PSOE ha sido desmovilizar al electorado independentista y eso pasaba por crear divisiones entre los partidos independentistas. Esto no deja de ser flor de un día para el PSOE, porque a poco que las condiciones puedan variar, la balanza caerá del lado independentista, pero a día de hoy, no cabe duda que le está dando frutos.
No se puede poner en cuestión que la ley de amnistía era necesaria para paliar la situación judicial de varios cientos de personas anónimas que tienen procesos penales abiertos por infinidad de situaciones que se vivieron durante esos meses. Desde el responsable de un colegio por facilitar sus instalaciones para realizar el referéndum, pasando por funcionarios y ciudadanos que participaron en la celebración de la consulta. Un sinfín de personas y situaciones que desde un punto de vista personal necesitan beneficiarse de esta ley. Esta situación no la ha dejado escapar el PSOE, y ha dirigido sus esfuerzos en aprobar una ley que no es el inicio para la resolución del conflicto y que incluye en la amnistía a policías y guardias civiles que participaron en la represión. Una repetición de lo que ocurrió con la Ley de Amnistía de octubre de 1977, en la que los grandes beneficiados fueron todos los miembros de los aparatos del Estado franquista, lo que demuestra una vez más que el PSOE es el fontanero del régimen del 78.
[1] La tertulia republicana “Cesar Herrero” organizó el 23 de octubre de 2023 en el Ateneo de Madrid un acto con el título de “Democracia, amnistía y autodeterminación”, en el que intervinieron Ramiro García de Dios, magistrado emérito; Begoña Lalana, abogada y Albert Noguera, profesor de Derecho Constitucional Univ. De Valencia. Este es el enlace para poder ver el acto: Tertulia Republicana “César Herrero”. Ateneo de Madrid. 23-10-2023 (youtube.com)