El refranero popular es muy rico y la experiencia me dice que siempre o casi siempre se cumple. El pasado martes en el Tribunal Supremo se produjeron dos hechos que van a tener una trascendencia política y jurídica muy profunda: Una resolución jurídica y una manifestación de un fiscal en las conclusiones de un proceso penal. Ambas tienen una trascendencia política y un importante toque de relectura de la historia, porque hacen una reinterpretación de la historia del siglo XX de este país.

El primer hecho de trascendencia que se produjo el pasado martes en el Tribunal Supremo fue consecuencia del auto de suspensión de la exhumación del cadáver del dictador Franco, que ha dictado este tribunal. En ese auto hay un párrafo que dice “habida cuenta de la significación de don Francisco Franco Bahamonde. El hecho que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”. Esta resolución ha provocado un sinfín de comentarios en artículos y tertulias en los que se ha dicho de todo. Por ejemplo, que “la democracia española está seriamente tocada” o que “el Tribunal Supremo ha legalizado el franquismo” y expresiones similares.

Ante todos estos comentarios sólo puedo decir que me quedo atónito. Da la impresión que en este país periodistas, intelectuales y algunos políticos no se han querido enterar hasta ahora de nada. Absolutamente de nada. Es más, voy a decir una cosa que no debería escandalizar a nadie: La frase que se recoge en el auto del Tribunal Supremo es correcta y tiene su lógica, aunque a cualquier demócrata de verdad nos genere sarpullidos y se nos revuelvan las tripas. No es correcta desde un punto de vista histórico pero, desgraciadamente, es correcta desde un punto de vista legal. Para ello es necesario hacer un pequeño ejercicio de memoria histórica.

Es indiscutible que el nombramiento de Franco como Jefe del Estado el 1 de octubre de 1936 es un acto ilegítimo y que no se ajusta a derecho porque es producto de una rebelión militar contra la Republica, mediante el uso de la fuerza y contra un régimen legal y democráticamente constituido tras el abandono por parte del Rey Alfonso XIII de la jefatura del Estado. Tras el triunfo de esa rebelión militar los alzados imponen una dictadura sangrienta y genocida durante 40 años que se supone que finalizó cuando el dictador fallece.

El problema radica en que desde la muerte de Franco en toda la legislación que se aprueba no se recoge ningún párrafo en el que se declare a esa dictadura como un régimen ilegal. Es más, la Ley de Reforma Política de noviembre de 1976 no cuestiona ni el Régimen franquista ni las leyes emanadas de él. Tiene una finalidad muy clara: Realizar una serie de reformas legales en el edificio legal de la dictadura, sin cuestionar en ningún momento este régimen, para desembocar en un nuevo régimen heredero de la dictadura. Una democracia formal, pero en el que en ningún momento se cuestiona todo lo anterior y como botón de muestra tenemos varios ejemplos: El nuevo Jefe del Estado (Juan Carlos de Borbón) fue designado por el Jefe del Estado surgido del golpe de Estado. Las fuerzas de seguridad (Policía y Guardia Civil), que durante 40 años fueron el baluarte de la represión contra la disidencia política, no fueron depuradas. El Ejército español, baluarte del golpe de Estado-rebelión de julio de 1936 siguió intacto. Pero, sin duda alguna, lo más grave fue que uno de los poderes del Estado, el Poder judicial, que conforme la Constitución de 1978 iba a ser uno de los pilares del nuevo régimen, estaba copado por magistrados procedentes de la dictadura, los cuales defendieron en todo momento toda la legislación y esencias jurídico-políticas franquistas. Con estos antecedentes mal comenzaba la nueva etapa porque todas las instituciones anteriormente mencionadas mantuvieron en todo momento el espíritu heredado del franquismo.

Si todo lo expuesto hasta este momento no deja lugar a dudas, menos dudas quedarán si se tienen presentes las palabras del que fuera Ministro de Justicia del Gobierno de Adolfo Suarez a la hora de defender La Ley de Reforma Política. Se expresó en los siguientes términos desde la tribuna de las Cortes franquistas: “nadie incurre en el intento insolidario de rechazar período alguno próximo o lejano de nuestra historia de otra que sería estéril pretender fundar nuestro futuro sobre sobre un presente que reviva con pasión e ira antiguos antagonismos”. No creo que sea necesario recordar algunos discursos de Suarez, en los que se subrayaba que en ningún momento se cuestionaba la legalidad existente hasta ese momento. Pero ¿cómo iba a cuestionarlo si había sido ministro secretario general del Movimiento?

Posteriormente, en ninguno de sus artículos de la Constitución de 1978 se declaró ilegal el régimen surgido del golpe de Estado de 1936 y nombró garante de la Constitución a los mismos poderes que lo fueron del Régimen franquista. Es decir, se puso a la zorra a guardar el gallinero. Por tanto, no puedo entender que ahora llame la atención el auto del Tribunal Supremo. Si es que cuando a los poderes del Estado heredados del franquismo se les toca la fibra sensible sacan a relucir su ardor guerrero y a tener presente el discurso y esencias de la dictadura.

No quiero pasar por alto un dato histórico importante. En este contencioso, cuando el Tribunal Supremo ha tenido que fijar la fecha desde la que Franco estuvo al frente de la jefatura del Estado, ha designado la del 1 de octubre d e1936, sin tener presente que hasta febrero de 1939 la II República era el gobierno legítimo reconocido por la Comunidad Internacional, pues hasta la caída de la Republica coexistían dos gobiernos enfrentados por la soberanía nacional. Dato que resaltan muchos historiadores.

Desde 1978 no ha habido ningún gobierno que haya aprobado una ley en la que se diga de forma expresa que los 40 años de franquismo carecen de legalidad y que reconozca la legalidad republicana como la inmediatamente anterior a la actual. Y nadie puede negar que posibilidades ha habido para esto y para mucho más. A todo esto, la prensa ha sido de lo más dócil con todos los hechos que acabo de relatar y la izquierda ha pasado olímpicamente de liderar la respuesta democrática a todo este proceso de lavado de cara del franquismo. Se han condecorado a torturadores, a responsables de la represión franquista y durante un cierto tiempo el papel de jefe de la oposición lo desempeñó un antiguo ministro de Franco que firmó sentencias de muerte. Entonces ¿A qué viene este escándalo cuando el Tribunal Supremo habla de Franco como Jefe del Estado? Por tanto, duele reconocer que con la legislación vigente esa frase que tanto ha escandalizado es correcta. Realmente el escándalo se arrastra desde 1976 cuando esta izquierda mojigata acepta como propio el discurso del olvido, del borrón y cuenta nueva y de la reconciliación con los responsables del golpe de 1936.

Por tanto, no puedo entender que esta resolución del Tribunal Supremo genere tanta indignación. Si lo único que hacen es ser coherentes con la legislación existen y el espíritu que emana de ella. Aquellos polvos trajeron estos lodos. El problema radica que reconocer la argumentación que realizo implica denunciar el régimen que surgió en 1978 y ello conlleva cuestionar todos los pilares de ese régimen (monarquía impuesta por Franco, unidad indivisible de España, no cuestionar el Régimen franquista, etc…) y esto ya obliga a posicionarse de verdad. En el Estado español no ha habido la voluntad política que han tenido otros países para aprobar leyes de punto final, juzgar a los que durante la dictadura cometieron crímenes y no ha habido una ley de reparación y restitución que derogara las sentencias dictadas por los tribunales franquistas en las que condenaban y difamaban a los represaliados políticos. De hecho cuando se ha solicitado anular algunas de esas sentencias el Tribunal Supremo ha denegado dichas peticiones.

El segundo hecho que se dio ayer en el Tribunal Supremo lo protagonizó uno de los fiscales del Juicio del Procés. En su alegato, para defender la acusación por rebelión y querer demostrar el uso de la violencia, invocó el golpe de Estado del 23-F diciendo la siguiente frase: “Ya que la existencia de la violencia física queda limitada a aquellas zancadillas y zarandeos al general Gutiérrez Mellado que en paz descanse”. Menos mal que los hechos están grabados y los hemos visto infinidad de veces en televisión. Tiene la desfachatez de reducir la violencia al zarandeo a un miembro del Gobierno. Omite la utilización de armas de fuego y el secuestro durante más de 12 horas de 350 diputados. Esto es reescribir la historia, pero encima de forma cutre y tomar por tonta a la ciudadanía. En un país con un cierto pedigrí democrático, el ministro de Justicia de la mano del Fiscal General del Estado hubiera cesado ipso facto a este fiscal, que para eso depende de él. Pero aquí no pasa absolutamente nada ¿Cómo van a adoptar alguna medida contra un fiscal que está haciendo la inmensa labor de apuntalar al Régimen del 78? Lo normal es que le den una medalla pensionada como a Billy el Niño.

Lo más curioso es que entendía que, este segundo tema era tan importante, que merecía que esta noticia hubiese ocupado un espacio relevante en las cabeceras de los periódicos que todavía tienen una inspiración democrática. Pero es lo que hay. No vamos a pedir imposibles. Hay que tener presente que la intervención de este fiscal se ha realizado en el marco del Juicio al Procés, y cualquier cuestión en este tema conlleva poner en tela de juicio este proceso y, por tanto, cuestionar la actuación de los poderes del Estado. Y eso son palabras mayores. Así que nadie se escandalice si a partir de ahora los jueces y fiscales de este país deciden quitar el trabajo a los historiadores y ponerse a redactar los nuevos libros de historia. Por si acaso, guardemos los actuales para leerlos de vez en cuando e intentar protegernos de la que se nos avecina.