No se había celebrado la votación de investidura y los movimientos conspiratorios hicieron acto de presencia. Se había dado el pistoletazo de salida y los partidos de la foto de Colón, junto a la flor y nata de los elementos más reaccionarios del Régimen del 78 iniciaron un pulso contra un Gobierno elegido de forma democrática, que reúne todos los estándares democráticos, aunque las instituciones del Estado estén infectadas de todo tipo de elementos ultras, herederos del Régimen franquista, con el agravante que este Gobierno da la sensación que es incapaz de realizar una limpieza en toda regla.

Pero volvamos al punto de partida, porque parece que han pasado varios años y nada más lejos de la realidad, pues este Gobierno no tiene ni diez meses de vida. Éste surge de la votación de investidura que se celebró el día 7 de enero de este año, que vino precedida por un cúmulo de presiones y amenazas a diputados que podían ser susceptibles de caer en la tentación de  cambiar su voto. El peligro era de tal calibre que el día anterior a la votación dos diputados, uno de EH Bildu (Jon Iñarritu) y otro de ERC (Gabriel Rufián) realizan unas declaraciones que venían a mostrar el grado de gravedad de lo que los poderes fácticos del Estado estaban maquinando. Estas dos personas manifiestan que por cada diputado del PSOE que cambiase el sentido de voto, un diputado de estas formaciones cambiaría su voto y en vez de abstenerse votaría a favor. Es lógico que existiera un cierto miedo en las filas del PSOE y UP. Existen antecedentes y los hijos predilectos de Esperanza Aguirre querían repetir la misma jugada que hizo su adorada lideresa para llegar a presidir la Comunidad de Madrid  con el Tamayazo ¡Será por dinero! Siempre habrá algún empresario caritativo que se prestaría a hacer un trabajo. En su discurso siempre nos dirán que ese empresario generoso lo hizo ¡Por España!, lo que traducido al idioma del común de los mortales significa que lo hizo pensando en la cuenta de resultados de su empresa y en el chorro de dinero que le iba a entrar en su bolsillo.

Como todos los intentos de la reacción fueron baldíos, a partir del mismo día en el que fue investido este Gobierno se puso en marcha una maniobra que se podría definir como una operación para derrocar a este Gobierno sin tener que pasar por el Congreso de los diputados, porque eran conscientes que la aritmética parlamentaria en ningún momento les iba a favorecer. Pueden ganar alguna votación que otra pero de forma aislada y no tanto por sus méritos, sino por los deméritos de este Gobierno que en muchos casos se comporta de forma errática.

La extrema derecha española sabe muy bien que en pleno siglo XXI no pueden emular a Miguel Primo de Rivera ni a Franco a través de un golpe de Estado impulsado desde los cuarteles, ni pueden esperar que el actual borbón pida auxilio a los militares como lo hizo su bisabuelo, Alfonso XIII, cuando nombró al general Dámaso Berenguer, presidente del Gobierno, lo que fue conocido como la Dictablanda. Pero los objetivos del trio de Colón es el mismo que el que tuvo la CEDA, los falangistas y requetés en 1936. Llegar al poder, perpetuarse en él y limpiar todas las instituciones de aquellos elementos que puedan interferir sus objetivos. Hasta ahora han gozado de un régimen que les permita controlar el poder aunque no ganasen las elecciones y la preocupación que tienen es que ese marco quiebre.

Para lograr los fines que persiguen han tirado de manual y de las instituciones que llevan controlando los últimos ochenta años. Esos aparatos del Estado que le son de total confianza desde el Golpe de Estado que dio Franco. Me refiero a los cuerpos policiales, en especial la Guardia Civil, el Ejército y la Judicatura. Todos estos poderes saben el papel que desempeñan y y tienen muy claro su objetivo.

En este paisaje político hace su entrada un nuevo elemento inesperado. Este Gobierno no llevaba ni tres meses y se encuentra con un factor externo de dimensión mundial como es la pandemia generada por el COVID-19. Desde que declaró el estado de alarma, allá por mediados de marzo, ha tenido adoptar multitud de decisiones sanitarias y políticas, sobre todo de índole socioeconómico. Ante esta situación de emergencia, los diferentes tentáculos de la reacción neofranquista se pusieron manos a la obra para iniciar un proceso de acoso y derribo desde fuera del Parlamento a este Gobierno y han utilizado la pandemia porque fue lo que se cruzó en nuestras vidas. Podía haber utilizado cualquier otra cuestión, pero ésta les venía francamente bien y ponen en marcha lo que es un golpe de Estado de baja intensidad. Empiezan con un frente y poco a poco van abriendo más frentes. Para ello, utilizan los aparatos del Estado que he mencionado con anterioridad.

El frente judicial que abren para acusar al Gobierno por no haber prohibido la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo y ser el causante de la propagación del virus es el comienzo de una batalla judicial, que va respaldada por una serie de informes que elabora la Guardia Civil sin ningún rigor y que no hacen más que enseñar la patita de lo que están cociendo.

El motivo por el que el Poder Judicial es el ariete de la extrema derecha hay que buscarlo retrocediendo en el tiempo. Desde que el PP perdió las elecciones de 2004, bloqueó la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Lo que no había ganado en las urnas lo quería ganar a través de la vía judicial. Desde entonces cada vez que el PP ha perdido unas elecciones ha activado la estrategia de bloqueo de todo tipo de instituciones en las que la ley exige una mayoría cualificada, es decir, superior a la mayoría absoluta. Esa estrategia no ha sido casual. Cuando Zapatero ganó las dos elecciones al PP de M. Rajoy, la intención de este partido era torpedear todo lo que aprobase el Parlamento a través de los recursos de inconstitucionalidad, desde el nuevo Estatuto de Catalunya, pasando por la reforma de la Ley del Aborto para acabar con el matrimonio homosexual. La estrategia se resume en ganar en los juzgados lo que no pueden ganar en las urnas

Los procesos judiciales abiertos no  tenían ni pies de cabeza pero gracias a una serie de informes realizados por la Guardia Civil dan oxígeno a la instrucción de esos procedimientos. Para la elaboración de esos informes han seguido el mismo patrón que utilizaron en los informes que presentaron para la ilegalización de partidos políticos abertzales en Euskal Herria, cierre de periódicos y en fechas más recientes para el juicio del Procés. Los informes que aportaron a la instrucción estaban repletos de innumerables contradicciones y datos erróneos, pero sobre todo, estaban viciados de raíz porque tenían su origen en el pulso que algunos mandos de la Guardia Civil estaban echando al ministro del Interior y al Gobierno.

Simultáneamente abren otro frente, las protestas en los barrios ricos. En pleno Estado de alarma empiezan a manifestarse y liderar un movimiento de protesta utilizando una estrategia y lenguaje pro golpista. Es ir caldeando el ambiente para provocar la confrontación entre la ciudadanía, realizando acciones violentas. Lo más preocupante es la imagen que este Gobierno transmitía. Una incapacidad manifiesta para cortar de raíz este tipo de actuaciones. Hemos visto amenazas, insultos por parte de personas que tienen nombre y apellidos y que en algunos casos son militantes y cargos públicos de los partidos de la foto de Colón, pintadas en monumentos y hasta la fecha no parece que desde el Gobierno se esté tomando medida alguna. Aunque no nos debería de extrañar cuando es incapaz de cortar de raíz el acoso que está sufriendo Pablo Iglesias, miembro de ese Gobierno, hasta el extremo de tener que suspender sus vacaciones. Todas estas situaciones no hacen más que envalentonar a la ultraderecha de este país. El hecho que puedan campar a sus anchas les hace pensar que tienen inmunidad para hacer lo que les venga en gana. Si luego tienen la cobertura judicial para salir indemnes, como ha ocurrido con los ultras que realizaron las agresiones en la librería Blanquerna, ya no hay quien los pare.

Todo este despliegue no hubiera sido posible sin el apoyo de la Brunete mediática. El grado de manipulación que está aplicando este sector de la prensa, que no se nos olvide que es mayoritario, siempre tiene el mismo objetivo. Crispar a la población. Lo han hecho siempre que no gobierna la derecha, con el añadido de la frustración que acumulan al ver que algunos de los que forman parte de ese gobierno son los que fueron el blanco de las noticias falsas y manipuladas que lleva publicando desde hace más de cinco años. Las innumerables portadas con bulos, falsedades ha sido una constante en sus portadas durante el último lustro.

Con la finalización del estado de alarma y la llegada del verano las fuerzas reaccionarias mas que tomarse un respiro estaban preparando el segundo asalto al poder. Empiezan a percibir que este Gobierno no va caer tan fácilmente por falta de apoyos parlamentarios. Los socios de la investidura pueden ser muy críticos con el Gobierno en muchos temas pero tienen muy calibrada la crítica y cuando y como le tienen que retirar el apoyo en el Congreso. Dan la sensación que son los que mejor lectura están haciendo de la situación política del Estado. En las intervenciones que tienen, una y otra vez le están advirtiendo a este Gobierno de la falta de voluntad para tomar medidas que acaben con todo esto, porque tienen los apoyos suficientes para sacar adelante propuestas de calado para desarmar políticamente a las fuerzas reaccionarias.

En este periodo de tiempo de una forma u otra ha entrado en liza otro elemento que no puede pasar inadvertido.  La salud de la monarquía española no es para tirar cohetes. El deterioro de su imagen es progresivo y que uno de los socios del Gobierno haga declaraciones en contra de esta situación pone muy nerviosos a los partidos del tridente reaccionario. Desde la restauración de la monarquía es la primera vez que se viven este tipo de situaciones que hace algunos años nos podían parecer impensables. Esta situación de la monarquía en el contexto actual tiene mucha importancia, porque al ver los partidos de la extrema derecha que uno de los pilares del régimen del 78 tambalea han redoblado su presión contra este gobierno. Pero lo que nadie podía pensar es que el Borbón intentase interferir en la vida política y tan torpemente. Eso es lo que hizo con su “casual” llamada telefónica al presidente del Poder Judicial y que éste la hiciera pública. Todo esto ha servido para que quede negro sobre blanco que Felipe VI no está de brazos cruzados. El discurso del 3 de octubre de 2017 no fue ni una casualidad ni un acto aislado. La Casa Real lleva tiempo haciendo política y no cabe duda donde se ha posicionado. El problema que todo esto tiene es que un mal paso le puede costar la corona.

 A partir del mes de septiembre se esperaban algunas resoluciones judiciales que no iban a pasar inadvertidas. Eran sabidas las resoluciones judiciales que iban a afectar a Podemos y no están defraudando y han quedado clara cual es la estrategia que sigue este proceso de golpe de baja intensidad. Sacar a toda costa del Ejecutivo a Pablo Iglesias. Su intento de reprobación en el Congreso acaba de fracasar estrepitosamente, así que han activado la vía judicial. No se descubre nada nuevo si digo que las acusaciones que existen contra él no tienen fundamento alguno. No hay que olvidar que hasta la fecha todos los intentos judiciales contra Podemos y sus líderes han acabado archivados, pero yo no estaría muy tranquilo si mi futuro dependiese de Marchena y de los magistrados que redactaron la sentencia del Procés.

Este Gobierno da la sensación que no se está tomando en serio el tipo de oposición que le están haciendo y una muestra clara es el pulso que le está echando la Comunidad de Madrid que se ha convertido en el mayor saboteador de la lucha contra la pandemia. No se da cuenta que la Comunidad de Madrid lleva semanas aplicando una estrategia para reventar las medidas que se toman desde la Administración Central, haciendo un discurso en el que busca echar a la población encima del Gobierno. Las medidas que el Gobierno ha aplicado a Madrid mediante la aprobación del último estado de alarma están siendo papel mojado. En muchas zonas de la capital no se están cumpliendo las medidas aprobadas.

Todo este proceso de golpe de Estado de baja intensidad no ha hecho más que empezar y mientras el Gobierno no coja el toro por los cuernos las conspiraciones inspiradas por la extrema derecha van a seguir en aumento. Como le ha dicho hace unos días Gabriel Rufián, el Gobierno tiene todos los martes la posibilidad de cambiar este país a través del BOE. No sólo con leyes y decretos, también con ceses y nuevos nombramientos. En esta cuestión los ministerios de Interior y Defensa tienen una ardua labor a realizar.