En octubre de 1981 se celebró un pleno en el Congreso de los diputados para aprobar la entrada de España en la OTAN. En aquel momento Felipe González tuvo una intervención en la que manifestó que “debemos responder a los planes del Gobierno diciendo que si entramos en la OTAN por mayoría simple del Parlamento saldremos de la OTAN por una decisión de mayoría simple del Parlamento”.

A partir de aquí la historia es de sobra conocida. Cuando el PSOE llegó al Gobierno ni hubo votación en el Congreso para salir por mayoría simple, ni se posicionó en contra de la OTAN en el referéndum que organizó en vísperas de finalizar su primera legislatura. En esa consulta Felipe González echó toda la carne en el asador para que saliera el sí y aquí paz y después gloria.

La realidad nos demostró que una vez que España entró en la OTAN esa decisión vino para quedarse. Han pasado casi cuarenta años desde que se aprobó la entrada y a día de hoy parece harto complicado que se produzca una salida de esta organización supranacional.

Todo lo que aconteció con todo lo relativo a la OTAN a principios de los ochenta me está recordando, salvando las distancias, el proceso abierto para la derogación de la reforma laboral. Un proceso que viene precedido por una posición nítida tanto en los programas electorales que los dos partidos que gobiernan (PSOE y UP), como en el documento que elaboraron para gobernar en coalición. Esa posición se resumía en la derogación de la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP. Pero en la actualidad una vez más, no se sabe muy bien que es lo que está persiguiendo el Gobierno, ni los objetivos que se ha marcado. Esto que estamos viviendo, como lo que se vivió con el tema de la OTAN o en otros temas políticos, tienen un denominador común: todas esas decisiones que aprueban los gobiernos y que tienen como objetivo políticas en contra de las mayorías sociales una vez que han salido adelante vienen para quedarse, bien en su totalidad o en parte. Pero siempre sobrevive algo de lo que han aprobado. Esa es su victoria.

La ministra de Trabajo en la actualidad tiene abiertas unas conversaciones-negociaciones con los agentes sociales para no se sabe muy bien si derogar la reforma laboral que aprobó el PP en febrero de 2012, realizar una reforma de la reforma del PP, valga la redundancia, o ni una cosa ni la otra.

En los acuerdos de Gobierno que firmaron PSOE y UP en diciembre de 2019 se recogía una batería de medidas que se podían estructurar en dos grandes apartados formados, por una parte, por la derogación de la reforma laboral de febrero de 2012 y por otro, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Dentro del apartado referente a la derogación de la reforma laboral, a su vez, se podría hablar de dos subapartados. El primero sería la derogación de la reforma laboral en su conjunto y el segundo, la derogación “con carácter urgente” de algunas materias de esa reforma laboral hasta que se procediera a la derogación total de la reforma laboral. Alguna de esas materias de derogación urgente ya ha sido aprobada, como es el caso de “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”.

Lo que no tiene ningún tipo de explicación racional es la inacción del Gobierno, a través de la ministra de Trabajo para derogar de forma urgente  cuestiones que se recogen en el pacto de Gobierno como “las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo”, “la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, modificaciones como la del “art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”, la limitación de “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa” y la revisión del “mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.

Estas cuestiones que he relacionado vienen recogidas de forma expresa en el acuerdo firmado por los partidos que forman el Gobierno de coalición y en buena lógica debía de haberlas derogado de forma urgente, como así han hecho con “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”.

En buena lógica, los esfuerzos del Gobierno se deberían de dirigir a la derogación de la reforma laboral por el mismo mecanismo que utilizó el gobierno del PP, decreto-Ley, sin tener que entrar a negociar con los agentes sociales. No es que sea malo negociar con ellos, para escuchar sus puntos de vista, pero hay que señalar dos cuestiones que muchas veces se omiten con facilidad.

La primera es para resaltar que esta forma de proceder es perniciosa para una de las partes, en este caso los trabajadores. Cuando el PP aprobó la reforma laboral no abrió ningún tipo de negociación con los representantes de los trabajadores y ahora para derogarla el Ministerio de Trabajo ha abierto un proceso negociador que no se sabe muy bien en qué va a acabar. No se está siguiendo ni el mismo criterio ni lo que en un primer momento acordaron los integrantes del Gobierno de coalición: la derogación de la reforma laboral de 2012.

La segunda cuestión se asienta en tener claro donde reside la soberanía popular y de donde emanan los poderes, para a partir de ese punto tener claro el proceso que se debe seguir para hacer un cambio legislativo de esta naturaleza. Si la soberanía reside en el pueblo, éste elige a los órganos legislativos (Congreso y Senado), y si los elegidos han sido bajo un programa electoral, todo lo que sea salirse de ese cauce no deja de ser una adulteración del mandato popular. Hay una diferencia grandísima entre escuchar a los agentes sociales y sentarse con ellos para acordar un texto legislativo para luego presentarlo en las Cortes. Con esta forma de actuar, se les ha dado capacidad legislativa a unos señores que sin necesidad de presentarse a unas elecciones van a poder participar en la elaboración de la legislación laboral. De ahí que un proceso interminable de reuniones con patronal y sindicatos a lo único que lleva es a que los primeros estén tensando las negociaciones para dilatarlas en el tiempo y que no se cambie nada de la legislación vigente y en el supuesto que se cambie que sea lo menos posible.

A la patronal la reforma laboral de Mariano Rajoy le pareció fantástica, porque el PP no deja de ser el partido que defiende los intereses de las élites y los empresarios de este país, y no deja pasar la oportunidad de legislar en favor de los colectivos a los que representa. Sutil diferencia con la izquierda cuando gobierna, que suele ser incapaz de llevar al BOE las propuestas de su programa electoral.

Por todo ello, lo razonable en estos momentos sería su derogación mediante otro decreto-ley para volver a la situación previa. Cualquier otro camino es alejarse del documento que los partidos que forman el Gobierno suscribieron para presentarse a la investidura y lo único que consigue es generar muchas dudas a los partidos que facilitaron tanto la moción de censura como la investidura del Gobierno actual.

Tampoco es comprensible que todos los temas que iban a derogar “con carácter urgente” no se hayan realizado a día de hoy en su totalidad. Un decreto-ley de esa naturaleza no requiere más que de voluntad política, pues técnicamente no tiene gran complejidad.

Si pasamos a leer la prensa de estos días es significativo que utilizan frases como “la reforma laboral de Díaz” o “la reforma laboral del Ministerio de Trabajo”, etc…  No es casualidad que usen estos términos, pues de las informaciones existentes lo que lleva a pensar es que el Gobierno no está planteando una derogación de la reforma laboral que aprobó el PP, sino de una reforma de la reforma, es decir, ¿lo podríamos llamar la contrarreforma? El chiste fácil que a uno le viene a la mente es que esperemos que no sea como la Contrarreforma de la Iglesia en tiempos de Lutero.

Esta forma de proceder únicamente beneficia a la patronal, representada en la negociación por la CEOE y CEPYME. Su estrategia es clara, pero sencilla al mismo tiempo. Pasa por dilatar estas negociaciones con el objetivo de arañar todo lo posible y que se apruebe lo más tarde posible y esperar a que en las próximas elecciones acceda al Gobierno otros partidos más cercanos a sus intereses, sin olvidar que los empresarios juegan con la carta del Caballo de Troya que tienen dentro del Gobierno, la ministra Calviño. No van a encontrar mejor aliado que ella y con la remodelación del Gobierno ha obtenido más poder aún si cabe.

A la opinión pública nos pueden contar lo que sea pero al final la realidad suele ser tozuda y lo que nos estamos encontrando es que cada miércoles el BOE no publica ningún decreto-ley que recoja lo que acordaron los partidos que forman parte de este Gobierno y todo lo que no se publica en el BOE no deja de ser política virtual.