Categoría: Economía

El desplome que está sufriendo la economía del Estado español a lo largo de este año debido a la pandemia que sacude a todo el planeta era algo esperable y ha vuelto a demostrar que las políticas económicas basadas en la especulación y en la destrucción del tejido productivo de calidad no son sólidas, traen una economía más frágil, mayor precariedad laboral, falta de formación y la consiguiente ruina, con el agravante que la sufren los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los males de la economía española se vienen arrastrando desde hace décadas. Nunca se han tomado medidas para corregir el rumbo y lo más grave es que cuando se producen crisis económicas, se siguen echando las manos a la cabeza, realizándose la eterna pregunta: ¿Cómo nos pueden pasar estas cosas?

La economía estatal si por algo se ha caracterizado es por sustentarse en tres pilares que son la antítesis de lo que debe de ser una economía que quiere desarrollarse bajo unas bases sólidas, bajo un modelo sostenible y alejada de cualquier tipo de modelo especulativo. Esos tres pilares nefastos son las subvenciones al sector agrario (sector primario), la construcción (sector secundario) y el turismo (sector terciario). Siendo estos tres sectores los cimientos de la economía del Estado español, el tejido productivo cada vez es de peor calidad y más vulnerable.

Tenemos un sector primario que vive preferentemente de las ayudas que llegan de Europa, a través de la PAC. Ayudas que son una mina de oro para los grandes latifundistas, grandes explotaciones agropecuarias e industria agroalimentaria, pero que en el caso del pequeño agricultor y ganadero sólo sirven para seguir agonizando. Es preocupante que sea un sector que cada vez tiene menos peso específico. A ello hay que añadir dos agravantes. El primero es que al irse cerrando un gran número de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, afecta de forma directa y negativa en el mantenimiento del medio rural y el segundo agravantes es que mucho del empleo que se genera en el entorno de la agricultura es pura economía sumergida. Es un sector que vive del dinero que llega de Bruselas, hasta que llegue un día en el que todo esto se acabe, como ocurrió con los Fondos de Cohesión de la UE.

Por lo que respecta al segundo pilar, la construcción, poco o nada habría que decir, al estar muy reciente, todo lo vivido las dos últimas décadas. La crisis de 2008 debía de haber servido para que no se volviera a caer en los mismos errores, pero el capitalismo es un sistema que tiene por norma la generación de beneficios en el menor plazo posible, con el menor coste para el inversor capitalista. Esto lleva a que el sector del ladrillo vuelve por sus fueros, con la aquiescencia de las administraciones públicas y en muchos casos con su apoyo directo. Las instituciones anteponen las grandes operaciones inmobiliarias especulativas a las necesidades de la sociedad, sin reparar los daños urbanísticos y medioambientales. Hemos visto como han promovido proyectos faraónicos que carecían de toda lógica y su hipotética rentabilidad nunca ha revertido al conjunto de la sociedad, con el agravante que si en un futuro esos megaproyectos de iniciativa privada no son rentables, suele llegar el Estado para rescatar a los grandes especuladores que los han llevado a cabo.

El tercer pilar, que es sobre que el que me quiero centrar, es el sector del turismo, dentro del marco amplio del sector servicios en el que se engloba. Para ello, es imprescindible retroceder en el tiempo a junio de 1985, momento en el que el Estado español firma la carta de adhesión a la CEE. El relato oficial es un cuento de hadas en el que se resalta el logro de entrar a formar parte de ese club de la Europa próspera y moderna, después de muchos años de intentos frustrados, pero para estar en ese club tan selecto hubo que pagar un peaje que se tradujo en un ajuste en todos los sectores productivos: agricultura, ganadería, pesca, siderometalúrgica, industria naval, etc. Se terminaba más rápido preguntándose qué sector se había salvado del tijeretazo. Y efectivamente, hubo uno que salió indemne: el turismo y todo los relacionado con los servicios, porque los que mandaban en la CEE decidieron que el Estado español tenía que cumplir el roll de ser la playa de Europa. El lugar donde los habitantes de los países ricos del continente pudieran disfrutar de sus vacaciones a unos precios muy baratos sin tener que realizar grandes desplazamientos.

En la década de los ochenta el Estado español inició varios procesos mal llamados de reconversión industrial en los sectores más estratégicos. Destrucción de la industria minera, naval, siderometalúrgica, casi desaparición de la mayor flota pesquera de todo Europa, etc…, para pasar a convertirse en un país de servicios, porque la palabra reconversión fue un puro eufemismo. Sencillamente fueron procesos de destrucción de tejido productivo sin ninguna alternativa a cambio. Esos procesos de desmontaje del tejido industrial han continuado en el tiempo, agravados por el proceso de globalización de la economía y de deslocalización de muchas empresas.

Todo este proceso de transformación que se ha realizado en varias décadas ha traído un monocultivo del turismo, convirtiéndolo en la mayor fuente de ingresos procedente del extranjero o, dicho de otro modo, la mayor parte de las divisas que entran en el Estado español son gracias al turismo extranjero.

La industria del turismo ha tenido unos efectos perniciosos para la población en general, independientemente que esta actividad se haya dado en zonas de litoral como en ciudades del interior. El turismo se ha abastecido de un empleo de baja calidad y gran temporalidad. La cualificación de los trabajadores del sector servicios y del turismo en particular es mucho más baja que cualquier trabajador del sector industrial, pues los costes de esa formación son menores en los trabajadores de la industria del turismo. La filosofía del capitalismo especulador es sencilla, es más barato formar a un camarero que formar a un tornero o a un fresador, entre otras cosas porque al primero no se le forma, lo ponen detrás de una barra y le dicen que empiece a poner cañas que la formación la irá cogiendo sobre la marcha. Todo ello unido a la temporalidad hace que el sector servicios en general y el turismo en particular sea una industria de mala calidad para una economía, que genera muy poco valor añadido, pero de mayor facilidad para el enriquecimiento de las grandes empresas del sector. El Estado español prefirió sacrificar a sectores estratégicos de su tejido productivo, para vivir del turismo y en situaciones como las actuales estamos viviendo cuáles son las consecuencias.

En muchas partes del Estado, pero sobre todo en las zonas de litoral, han proliferado una cantidad ingente de hormigón para dar cabida a todo el aluvión de turistas que venían buscando sol y playa. Para ayudar a todo esto el sector especulador por antonomasia, la construcción, siempre ha sido el aliado perfecto. La actividad turística ha servido para retroalimentar a los reyes de la especulación del ladrillo.

El boom del turismo en las últimas décadas generó la proliferación de complejos turísticos que en muchos casos no respetaban la legislación urbanística ni la Ley de Costas, pero había barra libre y con la excusa de que el turismo era la gallina de los huevos de oro se miraba para otro lado. La proliferación de megaproyectos, como Marina d´Ors, el Algarrobico, son un botón de muestra de las barbaridades que se han realizado a lo largo del litoral. Pero en las zonas del interior también se han dado procesos similares. La proliferación de hoteles, lugares de ocio y negocios hosteleros ha sido una constante. Sólo hay que ver la transformación que han tenido todas las ciudades del Estado español, en las que el incremento de este tipo de negocio ha sido de forma exponencial. Por suerte, algunos se quedaron en meros proyectos megalómanos que sirvieron para llenar titulares de prensa, como el intento de instalar un Eurovegas en la Comunidad de Madrid con el apoyo entusiasta de Esperanza Aguirre.

Esta locura de desarrollo de la industria turística, unida a grandes operaciones inmobiliarias, demuestra que en ningún momento ha existido una planificación en la que se apostase por un turismo sostenible y de calidad. El crecimiento desbocado ha contribuido a incrementar una serie de problemas estructurales ya existentes y esta dinámica de fomentarlo a lo largo del tiempo ha traído consigo un incremento en los precios que ha repercutido de forma negativa en el ciudadano de a pie, al haber generado en muchos momentos una inflación en todas las zonas donde ha habido una avalancha de turismo.

No escapa a nadie la proliferación de negocios de hostelería que ha habido en muchas ciudades y pueblos. La gran mayoría de los locales que albergaban negocios tradicionales y que echaban el cierre, casi automáticamente pasaban a convertirse en algún negocio relacionado con la hostelería. La lectura que se podía hacer es que era la alternativa recurrente y fácil. Las cadenas de restauración se extendieron como una mancha de aceite, al igual que las de comida rápida y muchas personas que no tenían otra salida laboral optaron por crear algún negocio relacionado con la hosteleria.

Pues bien, con la llegada de esta pandemia todo este castillo de naipes que es la economía española se ha venido de forma brusca al suelo y ha traído consigo una caída de la economía sin precedentes.

En la primera ola de la pandemia y confinamiento que se vivió en todos los países europeos quedó en evidencia que en Europa cada vez se produce menos, y en el Estado español poco o nada. Existe una dependencia total y absoluta de países situados a muchos kilómetros de distancia para el suministro de todo tipo de productos, sobre todo manufacturados. La pandemia nos ha mostrado que el déficit productivo existente es uno de los mayores peligros. La deslocalización que han llevado a cabo muchas empresas con el objetivo de abaratar los costes y engordar aún más la cuenta de resultados de sus empresas con el beneplácito de los gobiernos de turno nos han abocado a esta situación. Hemos visto como para comprar mascarillas, respiradores u otros productos sanitarios las diferentes administraciones se han tenido que lanzar al mercado internacional y no precisamente al mercado europeo. Se han tenido que ir, nada más ni nada menos, que a otros continentes con los sobrecostes añadidos que han generado.

Ahora nos encontramos en la segunda oleada de la pandemia y casi todos los países de Europa están adoptando medidas mucho más drásticas que en el Estado español. Por donde han empezado ha sido por el cierre de la hostelería. No han dudado a la hora tomar una decisión de este calibre. Los gobiernos europeos están mirando por la salud de sus ciudadanos y estados, como Francia, que reciben un gran número de visitantes extranjeros, no han dudado en sacrificar la hostelería, un sector más proclive a la expansión del virus. En cambio, en el Estado español con muchos más contagios que en el resto de Europa las medidas restrictivas en este sector son mucho más pequeñas. La explicación es sencilla. Hay auténtico pavor a que el sector servicios caiga definitivamente, sin olvidar que durante esta segunda ola la actividad de este sector se está sosteniendo gracias al consumo interno, porque a día de hoy, si exceptuamos Canarias, el turismo extranjero en el Estado español ha desaparecido casi en su totalidad.

Esta visión tan diferente entre las medidas adoptadas por la mayor parte de los estados europeos y el Estado español se debe a que en los países de Europa la dependencia que tienen sus economías del turismo es mucho menor que la que se da en el Estado español y para esos países el coste que les puede suponer la ayuda a la hostelería es sensiblemente menor que lo que le supondría al Estado español. Eso les permite poder adoptar medidas de este calibre, porque ni sus tejidos industriales ni sus economías se paralizan. Tienen músculo para seguir generando riqueza.

En la situación actual, con la desaparición total del turismo extranjero y, por tanto, del ingreso de las divisas que generaban, la hostelería que permanece abierta está viviendo del consumo interno, que no es desdeñable, pero no puede suplir al gasto que realiza el turismo extranjero y el dinero que ingresan no deja de ser producto del consumo interno. Dinero que cambia de manos entre personas del mismo Estado que no sirve para incrementar la riqueza de un país.

Ahora bien, el Estado que ha rescatado bancos, líneas aéreas y grandes empresas del sector privado tiene la obligación de ayudar a los pequeños negocios de hostelería que se ven abocados a la ruina, porque es lo único que tienen. En algunas CCAA se está viviendo un segundo confinamiento con el cierre de todos los negocios pequeños y necesitan una respuesta urgente.

Revertir este modelo económico es imposible que se pueda hacer de la noche a la mañana porque ello conlleva un trabajo de años, pero no se puede esperar más para poner los mimbres necesarios para cambiar el modelo productivo y cada día que pasa es una oportunidad perdida. Este reto debería de ir de la mano de políticas medioambientales, fundamentales para crear industrias que no dañen el planeta y con políticas que sirvan para revertir el desequilibrio existente entre las grandes ciudades y el mundo rural. Esta crisis sanitaria nos ha enseñado que la forma de vida de las grandes ciudades no ayuda en absoluto en situaciones como las que estamos viviendo. Y todo esto pasa por entender la economía de forma absolutamente diferente a como se ha hecho hasta ahora. Pasa por cambiar el modelo productivo y para ello el Estado tiene que liderar las iniciativas necesarias para impulsar esta transformación. No puede depender de la iniciativa privada, que tiene su mira puesta en la rentabilidad a corto plazo.

Es el Estado el que tiene que poner las bases para cambiar el concepto de la economía actual y formar desde abajo a las nuevas generaciones en profesiones de calidad que reporten tanto al trabajador como al conjunto de la sociedad para enterrar lo existente. Cualquier demora en adoptar medidas de calado para transformar la situación contribuirá al hundimiento de la economía española y a acrecentar todo tipo de desigualdades socioeconómicas.

La crisis sanitaria producida por el coronavirus nos ha asomado en un abrir y cerrar de ojos al abismo de una nueva crisis económica. Estamos en un escenario que nos es absolutamente nuevo. Ante esta situación, en el Estado español se han alzado voces que plantean la necesidad de reeditar unos pactos similares a los Pactos de la Moncloa para superar esta situación de emergencia económica.

Para poder abordar la necesidad o no de unos pactos de esta naturaleza, similares a los que se firmaron en 1977, es necesario hacer un ejercicio de memoria histórica, para poder ubicar lo que fueron los Pactos de la Moncloa en el contexto de la época, y a partir de ahí evaluar si en la actualidad es la solución para toda la ciudadanía en su conjunto.

Los Pactos de la Moncloa fueron firmados por las fuerzas políticas y sindicales en octubre de 1977, pero se empezaron a gestar pocos días después de las elecciones el 15 junio de 1977. Eran las primeras elecciones después de cuarenta años de dictadura franquista. Desde la muerte del dictador se había puesto en marcha el proceso de reforma política y se iban quemando etapas sin que en ningún momento el establishment viera peligrar su status quo. Los aparatos del Estado franquista no habían sido depurados y en lo concerniente a los poderes económicos la oligarquía que se enriqueció a la sombra del franquismo seguía controlando todo el entramado económico. Suarez a la hora de formar el primer gobierno de la UCD nombra vicepresidente económico a Enrique Fuentes Quintana, quien sólo estuvo ocho meses en el cargo, pero que fue uno de los ideólogos de esos pactos.

El proceso de reforma de las instituciones franquistas para amoldarlas a lo que se podría denominar una democracia de corte occidental iba encarrilada. Los partidos más importantes de la oposición democrática habían renunciado a sus planteamientos iniciales y aceptaron este proceso político de reformas políticas que en ningún momento cuestionaba las instituciones franquistas, pues iban a ser los cimientos del régimen del 78 que estaba por venir. No muy lejos quedaban los posicionamientos en favor de la ruptura democrática y de no reconocer a un régimen que fuera heredero del régimen franquista. Sin ir más lejos, en 1976, todos los partidos de la izquierda parlamentaria estaban en contra del proceso que aceptaron con posterioridad.

Dentro de ese contexto es necesario recordar la profunda crisis económica que se vivía en aquellos años, fruto de la crisis del petróleo surgida en 1973. Un pais con una estructura económica y un sistema fiscal obsoleto que estaba pensado para beneficiar a las élites económicas, con una tasa de paro que rondaba el 6% y una inflación superior al 40%. Algo propio de un régimen antiguo y totalitario. A nivel sociolaboral, había una gran conflictividad laboral. Por poner un ejemplo, hacía poco más de un año de las luchas obreras que se vivieron en Vitoria-Gasteiz y que costaron la vida a cinco trabajadores a mano de las fuerzas policiales.

Toda esta situación llevó a las élites políticas a plantear unos acuerdos para “salvar al Estado de la catástrofe”. Fueron invitados todos los partidos del arco parlamentario y los recién legalizados sindicatos, en concreto, UGT y CCOO.

La realidad era que esos pactos iban a servir para encajar todas las estructuras socio-económicas del franquismo en el proceso de reforma política. En esos pactos no se puso en entredicho el origen de las riquezas de la oligarquía de la época, pues estaban pensados para eso, para que a partir de entonces nadie los pusiera en duda. Si la acumulación de capitales había sido gracias a las políticas del régimen franquista eso quedaba en el cajón del olvido. Este paso era fundamental para salvaguardar a las grandes familias y que a partir de ese momento tuviera todo un nuevo rol democrático.

Unos de los objetivos de estos acuerdos era realizar un ajuste en la clase trabajadora de la época. Para ello era necesario involucrar en la causa a los dos sindicatos que en ese momento eran los más importantes en el mundo laboral, UGT y CCOO, y que, a su vez, eran correa de transmisión de los dos partidos del centro-izquierda con mayor peso parlamentario (PSOE y PCE).

El texto aprobado tenía dos partes: una de reformas económicas y otra de reformas políticas. Por lo que respecta a las primeras, que es lo que ahora nos interesa, algunas de las cuestiones que afectaban de lleno a la ciudadanía de la época eran las siguientes: Se limitaba la subida de los salarios al 20% cuando en el momento de la firma la inflación se situaba alrededor del 30%, llegando el año siguiente al 40%. Esto no dejaba de ser una bajada del poder adquisitivo de los trabajadores, pues perdían, en el mejor de los casos un 10% de poder adquisitivo. Si algún convenio colectivo no respetaba la subida estipulada se permitía el despido del 5% de la plantilla y a esa empresa se le retiraban las ayudas crediticias y fiscales. En los puestos de trabajo de nueva creación ocupados por jóvenes se podrá despedir libremente durante los dos primeros años. Los efectos fueron tan catastróficos para la población que la tasa de paro se disparó del 5,6% de la población activa a finales de 1977 al 25% en los siguientes años, llegando a los cinco millones de parados.

Lo poco positivo que trajeron los Pactos de la Moncloa fue la reforma fiscal que se puso en marcha y que trajo consigo la desaparición de los impuestos que gravaban las diferentes rentas (trabajo, capital, etc…) para crear el Impuesto sobre la Renta y la reforma del Impuesto sobre Sociedades, aunque las presiones de ciertos sectores lograron que algunos aspectos de la reforma no salieran adelante.

El tiempo demostró que el ajuste se cebó con las clases más humildes y, por el contrario, no se cumplieron las medidas que iban a ser beneficiosas para la gran mayoría de la población.

Teniendo una somera idea de lo que fueron los Pactos de la Moncloa de 1977, hay que plantearse cuál es la intención de sus nuevos patrocinadores. Da la sensación que las dos almas del Gobierno están siendo las impulsoras de una iniciativa que está abocada al fracaso por múltiples razones.

Desde una óptica política, en este momento no hay condiciones objetivas para que haya un acuerdo de esta naturaleza con una oposición de derechas que en muchos momentos no reconoce la legitimidad del actual Gobierno, llegando a esgrimir un discurso que en algunos casos bordea la línea del golpismo. Pero desde una óptica socio-económica es materialmente imposible llegar a ningún acuerdo con los partidos que son los representantes del ultraliberalismo europeo y responsables de los recortes de todos los servicios públicos, dejando al Estado del bienestar como un solar. Son los arietes de las políticas privatizadoras, defensores a ultranza de las reformas fiscales que han traído consigo el abandono de la progresividad en las políticas fiscales, lo que ha generado que las rentas más altas aporten mucho menos y, por tanto, baje la recaudación ¿Alguien puede llegar a pensar que se puede llegar a un acuerdo con los responsables de todo este desaguisado?

En el supuesto hipotético que se llegara a crear una mesa con los partidos políticos y otras organizaciones sociales habría que analizar las diferencias estratégicas de los dos partidos del Gobierno a la hora de plantear unos pactos de esta naturaleza. No tienen los mismos intereses el PSOE y UP. En la actualidad tienen un programa de gobierno, pero esos hipotéticos pactos sobrepasarían los límites de ese pacto y en ese momento se empezarían a vislumbrar las diferencias internas de este Gobierno y eso sería contraproducente para el Gobierno porque la derecha tendría una ocasión idónea para torpedear al gobierno de coalición. Y no hay que olvidar que deberían de contar con los partidos que ayudaron a que triunfara la investidura de Sánchez, por eso de la aritmética.

Lo que más me llama la atención es la postura de Pablo Iglesias,  abogando por un pacto entre todas las fuerzas políticas y sociales siendo sabedor que en este tipo de acuerdos las oligarquías y las clases altas suelen ser los que, de una u otra forma, ganan la partida. Parece que quiere emular a Santiago Carrillo cuando se firmaron los Pactos de la Moncloa de 1977. El líder del PCE salió en la foto, pero los trabajadores fueron los que pagaron la factura de la fiesta.

Una vez que esta crisis sanitaria se haya superado, el Gobierno tiene que adoptar una serie de medidas que no puede obviar. Debe reforzar el papel del sector público en todos los ámbitos como herramienta para proteger a la mayor parte de la población, sobre todo, aquella que es más vulnerable. Para ello tiene que realizar una serie de reformas urgentes que desmonten el desastre generado por las políticas neoliberales que se han llevado durante muchos años, tanto por los gobiernos del PP como por los gobiernos del PSOE.

Para finalizar, no es muy lógica la forma en la que el Gobierno está abriendo la fuente del dinero para las empresas. No puede ser que el Estado cargue con las ayudas al sector privado a cambio de nada. Estos días se ha abierto la veda del chorro de dinero a las empresas por parte de las entidades financieras, pero con la garantía del Estado, a través del ICO, sin que a estas empresas se les exijan contrapartidas, además, lógicamente, de la devolución del dinero prestado. Está siendo un descontrol total y absoluto, porque una de las cosas que se debería de exigir a las empresas que quieren acceder a estos fondos es la prohibición de la destrucción de empleo ¿Dónde están los beneficios de las empresas en los últimos años? No es muy normal que en menos de un mes las empresas hayan pasado de tener una situación financiera en algunos casos buena y en otros razonable, a que ahora estén en la ruina más absoluta.

Soy partidario que para que las empresas puedan acceder ayudas del Estado o con la garantía de éste, se analicen sus estados financieros para comprobar si la situación de las empresas antes del Estado de alarma era buena, mala o regular. No se puede consentir que empresas bien saneadas y con una capacidad financiera para hacer frente a la crisis se puedan acoger a este tipo de ayudas o desde el primer momento empiecen a aplicar ERTES. La crisis vuelve a ser una bicoca para las empresas. Reciben ayudas públicas y con la excusa de la situación económica tienen barra libre para hacer ajustes laborales. Lo dicho, la factura de la fiesta siempre la pagan los mismos.