Inutilidad en la gestión de la nevada en tres actos

Tengo que reconocer que se me hace un tanto desagradable que muchas de las cosas que escribo en diferentes RRSS tenga como destino las personas que en la actualidad ostentan el poder en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, pero es que van pidiendo a gritos ser el centro de atracción de todas las críticas. Entiendo que hay temas más importantes e interesantes para escribir, pero como decía Mafalda, como siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante. De hecho, aunque la falta de tiempo me ha impedido publicar en mi blog en las últimas semanas, tenía en mente escribir sobre otros temas. Pero la realidad se ha impuesto y toca tratar la situación calamitosa que se está viviendo en Madrid.

Si la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid está siendo un auténtico disparate y el proceso de vacunación es el retrato del funcionamiento de la derecha allí donde gobierna, ha tenido que ser una nevada la que haya dejado fuera de juego a la comunidad autónoma y al ayuntamiento que más recursos mueven en todo el Estado español.

Lo que se ha vivido desde el viernes, ocho de enero, en Madrid sólo es equiparable a un país tercermundista. El drama que se ha sufrido en Madrid consta de tres actos, pero a diferencia de las obras dramáticas que se ponen en escena, ésta no ha tenido ningún descanso, ha ido todo seguido, sin posibilidad de que la ciudadanía se recuperara.

El primer acto hay que situarlo en las horas previas al inicio de la nevada, cuando Martínez Almeida y Díaz Ayuso, alcalde de Madrid del PP y presidenta de la Comunidad, y en ambos casos por la gracia, no de Dios, sino de VOX, manifestaron en los medios de comunicación que la ciudadanía no se preocupase que tenían la situación controlada. Todas las previsiones coincidían que la dimensión de la tormenta iba a ser de una gran magnitud, pero los que dirigen los designios del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid estaban más que tranquilos. Ahora podríamos decir que iban de sobrados.

El segundo acto se inicia con la nevada del jueves. Fue el calentamiento de motores para lo que se avecinaba al día siguiente, porque todos los expertos en meteorología avisaban que lo fuerte vendría a partir del viernes. Y la verdad que no se equivocaron y la tormenta no defraudó. El viernes a media mañana empezó a nevar de forma ininterrumpida hasta el sábado por la noche. Más de veinticuatro horas de tormenta que ya el sábado a primera hora de la mañana en muchos lugares llegaba al medio metro de nieve.

Durante todo el tiempo que duró la nevada los que dirigen los designios de Madrid estaban perdidos, como pollos sin cabeza. Fueron incapaces de gestionar la situación que se vivía en las calles y las carreteras. Si previamente no hicieron nada para hacer ver a la ciudadanía que no usara el transporte privado, durante la nevada ya estaban desbordados, hasta el extremo de ser incapaces de suspender el servicio de autobuses hasta la noche del viernes. A las nueve de la noche, todavía había autobuses de la EMT en funcionamiento cuando la circulación por las calles de Madrid era muy peligrosa, y puedo decir esto porque lo viví en primera persona. A partir de las seis de la tarde circular por Madrid era más que peligroso, pues ya había vehículos que se estaban quedando bloqueados. Muchos conductores del servicio urbano de autobuses tuvieron que abandonar los vehículos y los que pudieron volvieron a sus domicilios por su cuenta, porque alguno se vio atrapado y no pudo salir del autobús, pero el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento no es que no dimita, es que saca pecho y el gerente de la EMT estará esperando a que llegue el día 30 para cobrar la nómina.

Durante las algo más de veinticuatro horas de nevada en Madrid reinó el desgobierno y la improvisación, y en algunos casos la táctica fue ponerse de perfil. Como si la nevada y sus consecuencias no fueran con ellos.

Y el colofón ha sido el tercer acto. Todo lo que se ha vivido a partir de que finalizo el temporal de nieve ha servido para superar, aún más si cabe, el cúmulo de torpezas cometidas en los dos primeros actos. El domingo por la mañana todo tenía un aire dantesco. Se vivía una situación de incomunicación total. Era imposible la circulación terrestre. Se veía algún quitanieves en las carreteras, como es el caso de la M-30, pero en la ciudad hasta bien entrada la tarde ni se les vio ni se les esperó y hay que decir que a día de hoy, pasados siete días, según los datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid sólo han limpiado un tercio de las calles. En las primeras horas las declaraciones de los responsables políticos fueron que la gente colaborara en la limpieza de las calles. Era la imagen patética de unas autoridades totalmente desbordadas. Esto es lo que se llama buena gestión de la derecha.

De los efectos del temporal y de su gestión se puede hacer algunas reflexiones, para ver hasta que extremo la ciudadanía madrileña está a merced de una banda de descerebrados.

Lo primero que hay que destacar es que los servicios públicos están siendo castigados sin piedad por las políticas ultraliberales del Trifachito en el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Hemos podido comprobar que para situaciones de este tipo la que se autoproclama como la comunidad más rica del Estado no tiene equipos ni personal suficiente para hacer frente a un temporal de nieve. Hay comunidades autónomas mucho más modestas que tienen varias nevadas durante el invierno y no proyectan la imagen de caos que ha dado la Comunidad de Madrid.

Desgraciadamente, y es una consecuencia que se repite de forma reiterada, quienes están sufriendo mucho más las consecuencias de todo este desbarajuste son los barrios y las zonas más humildes. La administración local se ha preocupado en atender las necesidades de los barrios más ricos y más visibles. Por el contrario, en los barrios más humildes y periféricos han sido sus gentes las que han salido con picos y palas a quitar la nieve y el hielo. En este fin de semana, después de una semana laborable muy complicada, la ciudadanía de todos estos barrios ha vuelto a tomar las riendas para poder adecentar las calles.

Lo mismo ha ocurrido con la enseñanza, mientras los colegios concertados han tenido un sinfín de recursos para poder retomar las clases, al igual que durante el confinamiento, mediante las herramientas tecnológicas, los colegios públicos han sufrido uno de los mayores abandonos que se pueden dar. Y esto se ha visto agravado a la hora de la limpieza y acondicionamiento de los centros educativos. Después de cinco días laborables, el viernes la mayor parte de la red pública de enseñanza estaba inoperativa y no estaba preparada para abrir la siguiente semana. Han tenido que ser los profesores y los padres de alumnos los que sustituyeran la acción de la administración autonómica para el acondicionamiento de los centros educativos. Esto no ha ocurrido con la enseñanza concertada que ha tenido más recursos para adecentar sus instalaciones y accesos. La comunidad más rica del Estado es la que peor maltrata a la enseñanza pública. Por lo que respecta a los campus universitarios, los accesos a la mayor parte de ellos son impresentables, lo que ha paralizado toda su actividad.

Esta nevada ha sido la puntilla para la masa arbórea de Madrid. Si era de todos conocido que más de un veinticinco por ciento de los árboles estaban enfermos, la nieve ha acabado por agravar el problema. Las calles están llenas de ramas y troncos de árboles, por lo que muchos no sobrevivirán. Todo esto es producto de mantenimiento deficiente por parte del ayuntamiento. Las podas se hacen tarde y mal. De hecho, este año muchos árboles no han sido podados y eso ha incrementado el desastre que ha generado la nevada. Este servicio es uno de tantos que su gestión está en manos de empresas privadas que están más pendientes de su rentabilidad que de ofrecer un servicio de calidad.

Aunque pueda parecer surrealista, a lo largo de esta semana ha habido desabastecimiento de muchos productos en los grandes supermercados y tiendas de alimentación y no ha sido porque haya habido una avalancha de personas comprando de forma compulsiva, es que las mercancías no han podido llegar a su destino. Ha sido producto de no haber puesto los medios necesarios para que las mercancías pudieran llegar a los centros de venta y para ello tenían que haber tenido acondicionados todo el trayecto que tienen que realizar los productos.

Pero en todo esto no le ha ido mal a todo el mundo. Esta situación ha sido muy beneficiosa para todas esas empresas que de la noche a la mañana se han visto agraciadas con adjudicaciones sin concurso de ningún tipo, es decir, a dedo, con la excusa de la urgencia. Lo que viene a corroborar que la administración no tiene medios suficientes para prestar los servicios necesarios a la población pero si para repartir cantidades astronómicas de dinero entre empresas de su entorno.

En situaciones de este tipo, la petición más socorrida de los gobiernos de derechas es que les envíen la UME. Esa unidad militar que creó Zapatero para actuar en catástrofes y que recibió todo tipo de críticas por parte de los que ahora están pidiendo su ayuda. Lo que demuestra todo esto es la necesidad urgente de que las instituciones creen una unidad civil para actuar en todo tipo de situaciones de emergencia. Hay que acabar con ese deseo de militarizar cualquier situación de emergencia.

Para finalizar, los responsables del Ayuntamiento han tenido la ocurrencia de pedir la declaración de zona catastrófica. Para quitar la nieve de las calles no están teniendo prisa, pero para elaborar un informe que con los datos que se han publicado se puede decir que es un informe bastante deficiente les ha faltado tiempo. Como perlas de ese informe el Ayuntamiento de Madrid reclama lo que dejó de ingresar por parquímetros y pistas de pádel, además una serie de partidas que no hay por donde cogerlas. Parece que nos quieren equiparar una nevada a un terremoto o a unas inundaciones.  Todo esto no deja de ser el enésimo intento de hacer oposición al Gobierno Central desde las instituciones donde el Trifachito gobierna.

Lo que no dice nada el Ayuntamiento que para 2021 ha bajado los impuestos directos, como es el caso del IBI y quienes más se han beneficiado son los inmuebles más grandes y que están ubicados en mejores zonas de la ciudad. Luego es normal que las cuentas no les cuadren.

Algunos males de la economía española

El desplome que está sufriendo la economía del Estado español a lo largo de este año debido a la pandemia que sacude a todo el planeta era algo esperable y ha vuelto a demostrar que las políticas económicas basadas en la especulación y en la destrucción del tejido productivo de calidad no son sólidas, traen una economía más frágil, mayor precariedad laboral, falta de formación y la consiguiente ruina, con el agravante que la sufren los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los males de la economía española se vienen arrastrando desde hace décadas. Nunca se han tomado medidas para corregir el rumbo y lo más grave es que cuando se producen crisis económicas, se siguen echando las manos a la cabeza, realizándose la eterna pregunta: ¿Cómo nos pueden pasar estas cosas?

La economía estatal si por algo se ha caracterizado es por sustentarse en tres pilares que son la antítesis de lo que debe de ser una economía que quiere desarrollarse bajo unas bases sólidas, bajo un modelo sostenible y alejada de cualquier tipo de modelo especulativo. Esos tres pilares nefastos son las subvenciones al sector agrario (sector primario), la construcción (sector secundario) y el turismo (sector terciario). Siendo estos tres sectores los cimientos de la economía del Estado español, el tejido productivo cada vez es de peor calidad y más vulnerable.

Tenemos un sector primario que vive preferentemente de las ayudas que llegan de Europa, a través de la PAC. Ayudas que son una mina de oro para los grandes latifundistas, grandes explotaciones agropecuarias e industria agroalimentaria, pero que en el caso del pequeño agricultor y ganadero sólo sirven para seguir agonizando. Es preocupante que sea un sector que cada vez tiene menos peso específico. A ello hay que añadir dos agravantes. El primero es que al irse cerrando un gran número de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, afecta de forma directa y negativa en el mantenimiento del medio rural y el segundo agravantes es que mucho del empleo que se genera en el entorno de la agricultura es pura economía sumergida. Es un sector que vive del dinero que llega de Bruselas, hasta que llegue un día en el que todo esto se acabe, como ocurrió con los Fondos de Cohesión de la UE.

Por lo que respecta al segundo pilar, la construcción, poco o nada habría que decir, al estar muy reciente, todo lo vivido las dos últimas décadas. La crisis de 2008 debía de haber servido para que no se volviera a caer en los mismos errores, pero el capitalismo es un sistema que tiene por norma la generación de beneficios en el menor plazo posible, con el menor coste para el inversor capitalista. Esto lleva a que el sector del ladrillo vuelve por sus fueros, con la aquiescencia de las administraciones públicas y en muchos casos con su apoyo directo. Las instituciones anteponen las grandes operaciones inmobiliarias especulativas a las necesidades de la sociedad, sin reparar los daños urbanísticos y medioambientales. Hemos visto como han promovido proyectos faraónicos que carecían de toda lógica y su hipotética rentabilidad nunca ha revertido al conjunto de la sociedad, con el agravante que si en un futuro esos megaproyectos de iniciativa privada no son rentables, suele llegar el Estado para rescatar a los grandes especuladores que los han llevado a cabo.

El tercer pilar, que es sobre que el que me quiero centrar, es el sector del turismo, dentro del marco amplio del sector servicios en el que se engloba. Para ello, es imprescindible retroceder en el tiempo a junio de 1985, momento en el que el Estado español firma la carta de adhesión a la CEE. El relato oficial es un cuento de hadas en el que se resalta el logro de entrar a formar parte de ese club de la Europa próspera y moderna, después de muchos años de intentos frustrados, pero para estar en ese club tan selecto hubo que pagar un peaje que se tradujo en un ajuste en todos los sectores productivos: agricultura, ganadería, pesca, siderometalúrgica, industria naval, etc. Se terminaba más rápido preguntándose qué sector se había salvado del tijeretazo. Y efectivamente, hubo uno que salió indemne: el turismo y todo los relacionado con los servicios, porque los que mandaban en la CEE decidieron que el Estado español tenía que cumplir el roll de ser la playa de Europa. El lugar donde los habitantes de los países ricos del continente pudieran disfrutar de sus vacaciones a unos precios muy baratos sin tener que realizar grandes desplazamientos.

En la década de los ochenta el Estado español inició varios procesos mal llamados de reconversión industrial en los sectores más estratégicos. Destrucción de la industria minera, naval, siderometalúrgica, casi desaparición de la mayor flota pesquera de todo Europa, etc…, para pasar a convertirse en un país de servicios, porque la palabra reconversión fue un puro eufemismo. Sencillamente fueron procesos de destrucción de tejido productivo sin ninguna alternativa a cambio. Esos procesos de desmontaje del tejido industrial han continuado en el tiempo, agravados por el proceso de globalización de la economía y de deslocalización de muchas empresas.

Todo este proceso de transformación que se ha realizado en varias décadas ha traído un monocultivo del turismo, convirtiéndolo en la mayor fuente de ingresos procedente del extranjero o, dicho de otro modo, la mayor parte de las divisas que entran en el Estado español son gracias al turismo extranjero.

La industria del turismo ha tenido unos efectos perniciosos para la población en general, independientemente que esta actividad se haya dado en zonas de litoral como en ciudades del interior. El turismo se ha abastecido de un empleo de baja calidad y gran temporalidad. La cualificación de los trabajadores del sector servicios y del turismo en particular es mucho más baja que cualquier trabajador del sector industrial, pues los costes de esa formación son menores en los trabajadores de la industria del turismo. La filosofía del capitalismo especulador es sencilla, es más barato formar a un camarero que formar a un tornero o a un fresador, entre otras cosas porque al primero no se le forma, lo ponen detrás de una barra y le dicen que empiece a poner cañas que la formación la irá cogiendo sobre la marcha. Todo ello unido a la temporalidad hace que el sector servicios en general y el turismo en particular sea una industria de mala calidad para una economía, que genera muy poco valor añadido, pero de mayor facilidad para el enriquecimiento de las grandes empresas del sector. El Estado español prefirió sacrificar a sectores estratégicos de su tejido productivo, para vivir del turismo y en situaciones como las actuales estamos viviendo cuáles son las consecuencias.

En muchas partes del Estado, pero sobre todo en las zonas de litoral, han proliferado una cantidad ingente de hormigón para dar cabida a todo el aluvión de turistas que venían buscando sol y playa. Para ayudar a todo esto el sector especulador por antonomasia, la construcción, siempre ha sido el aliado perfecto. La actividad turística ha servido para retroalimentar a los reyes de la especulación del ladrillo.

El boom del turismo en las últimas décadas generó la proliferación de complejos turísticos que en muchos casos no respetaban la legislación urbanística ni la Ley de Costas, pero había barra libre y con la excusa de que el turismo era la gallina de los huevos de oro se miraba para otro lado. La proliferación de megaproyectos, como Marina d´Ors, el Algarrobico, son un botón de muestra de las barbaridades que se han realizado a lo largo del litoral. Pero en las zonas del interior también se han dado procesos similares. La proliferación de hoteles, lugares de ocio y negocios hosteleros ha sido una constante. Sólo hay que ver la transformación que han tenido todas las ciudades del Estado español, en las que el incremento de este tipo de negocio ha sido de forma exponencial. Por suerte, algunos se quedaron en meros proyectos megalómanos que sirvieron para llenar titulares de prensa, como el intento de instalar un Eurovegas en la Comunidad de Madrid con el apoyo entusiasta de Esperanza Aguirre.

Esta locura de desarrollo de la industria turística, unida a grandes operaciones inmobiliarias, demuestra que en ningún momento ha existido una planificación en la que se apostase por un turismo sostenible y de calidad. El crecimiento desbocado ha contribuido a incrementar una serie de problemas estructurales ya existentes y esta dinámica de fomentarlo a lo largo del tiempo ha traído consigo un incremento en los precios que ha repercutido de forma negativa en el ciudadano de a pie, al haber generado en muchos momentos una inflación en todas las zonas donde ha habido una avalancha de turismo.

No escapa a nadie la proliferación de negocios de hostelería que ha habido en muchas ciudades y pueblos. La gran mayoría de los locales que albergaban negocios tradicionales y que echaban el cierre, casi automáticamente pasaban a convertirse en algún negocio relacionado con la hostelería. La lectura que se podía hacer es que era la alternativa recurrente y fácil. Las cadenas de restauración se extendieron como una mancha de aceite, al igual que las de comida rápida y muchas personas que no tenían otra salida laboral optaron por crear algún negocio relacionado con la hosteleria.

Pues bien, con la llegada de esta pandemia todo este castillo de naipes que es la economía española se ha venido de forma brusca al suelo y ha traído consigo una caída de la economía sin precedentes.

En la primera ola de la pandemia y confinamiento que se vivió en todos los países europeos quedó en evidencia que en Europa cada vez se produce menos, y en el Estado español poco o nada. Existe una dependencia total y absoluta de países situados a muchos kilómetros de distancia para el suministro de todo tipo de productos, sobre todo manufacturados. La pandemia nos ha mostrado que el déficit productivo existente es uno de los mayores peligros. La deslocalización que han llevado a cabo muchas empresas con el objetivo de abaratar los costes y engordar aún más la cuenta de resultados de sus empresas con el beneplácito de los gobiernos de turno nos han abocado a esta situación. Hemos visto como para comprar mascarillas, respiradores u otros productos sanitarios las diferentes administraciones se han tenido que lanzar al mercado internacional y no precisamente al mercado europeo. Se han tenido que ir, nada más ni nada menos, que a otros continentes con los sobrecostes añadidos que han generado.

Ahora nos encontramos en la segunda oleada de la pandemia y casi todos los países de Europa están adoptando medidas mucho más drásticas que en el Estado español. Por donde han empezado ha sido por el cierre de la hostelería. No han dudado a la hora tomar una decisión de este calibre. Los gobiernos europeos están mirando por la salud de sus ciudadanos y estados, como Francia, que reciben un gran número de visitantes extranjeros, no han dudado en sacrificar la hostelería, un sector más proclive a la expansión del virus. En cambio, en el Estado español con muchos más contagios que en el resto de Europa las medidas restrictivas en este sector son mucho más pequeñas. La explicación es sencilla. Hay auténtico pavor a que el sector servicios caiga definitivamente, sin olvidar que durante esta segunda ola la actividad de este sector se está sosteniendo gracias al consumo interno, porque a día de hoy, si exceptuamos Canarias, el turismo extranjero en el Estado español ha desaparecido casi en su totalidad.

Esta visión tan diferente entre las medidas adoptadas por la mayor parte de los estados europeos y el Estado español se debe a que en los países de Europa la dependencia que tienen sus economías del turismo es mucho menor que la que se da en el Estado español y para esos países el coste que les puede suponer la ayuda a la hostelería es sensiblemente menor que lo que le supondría al Estado español. Eso les permite poder adoptar medidas de este calibre, porque ni sus tejidos industriales ni sus economías se paralizan. Tienen músculo para seguir generando riqueza.

En la situación actual, con la desaparición total del turismo extranjero y, por tanto, del ingreso de las divisas que generaban, la hostelería que permanece abierta está viviendo del consumo interno, que no es desdeñable, pero no puede suplir al gasto que realiza el turismo extranjero y el dinero que ingresan no deja de ser producto del consumo interno. Dinero que cambia de manos entre personas del mismo Estado que no sirve para incrementar la riqueza de un país.

Ahora bien, el Estado que ha rescatado bancos, líneas aéreas y grandes empresas del sector privado tiene la obligación de ayudar a los pequeños negocios de hostelería que se ven abocados a la ruina, porque es lo único que tienen. En algunas CCAA se está viviendo un segundo confinamiento con el cierre de todos los negocios pequeños y necesitan una respuesta urgente.

Revertir este modelo económico es imposible que se pueda hacer de la noche a la mañana porque ello conlleva un trabajo de años, pero no se puede esperar más para poner los mimbres necesarios para cambiar el modelo productivo y cada día que pasa es una oportunidad perdida. Este reto debería de ir de la mano de políticas medioambientales, fundamentales para crear industrias que no dañen el planeta y con políticas que sirvan para revertir el desequilibrio existente entre las grandes ciudades y el mundo rural. Esta crisis sanitaria nos ha enseñado que la forma de vida de las grandes ciudades no ayuda en absoluto en situaciones como las que estamos viviendo. Y todo esto pasa por entender la economía de forma absolutamente diferente a como se ha hecho hasta ahora. Pasa por cambiar el modelo productivo y para ello el Estado tiene que liderar las iniciativas necesarias para impulsar esta transformación. No puede depender de la iniciativa privada, que tiene su mira puesta en la rentabilidad a corto plazo.

Es el Estado el que tiene que poner las bases para cambiar el concepto de la economía actual y formar desde abajo a las nuevas generaciones en profesiones de calidad que reporten tanto al trabajador como al conjunto de la sociedad para enterrar lo existente. Cualquier demora en adoptar medidas de calado para transformar la situación contribuirá al hundimiento de la economía española y a acrecentar todo tipo de desigualdades socioeconómicas.

Revuelo en el gallinero de la derecha española

La derrota de la moción de censura presentada por VOX, aderezada con ciertas dosis de humillación, está siendo proyectada de tal forma por los medios de comunicación que la conclusión del debate es que Casado ha retomado el viaje político al centro y a la moderación y que el Gobierno de coalición ha salido fortalecido y cohesionado después del esperpento ultra que hemos vivido en el Congreso de los Diputados. Pues bien, Casado no va retomar ningún viaje al centro porque nunca estuvo en el centro, ni tiene intención de pasarse a hacer una visita a ver cómo es ese espacio político ni el Gobierno está mejor que el día anterior a la moción de censura. Si se me apura, hay motivos para estar preocupados con el ascenso de la extrema derecha en el Estado español.

Era una moción de censura abocada al fracaso desde el día que fue anunciada. Sólo faltaba por saber cuál iba a ser la posición del PP y en el pleno salimos de dudas. Los diputados de la derecha extrema votaron en contra y su líder desde la tribuna aprovechó para saldar deudas de familia que estaban pendientes e intentar vender una imagen de alejamiento de VOX, pero la moderación de la que hablan algunos, se mire por donde se mire, no aparece por ningún lado. En el debate estaba en juego saber quién era el gallo del corral de la derecha heredera del franquismo y por ahora Casado salió airoso.

Si algún iluso cree que el discurso que pronunció en la sesión de la moción de censura el líder del PP es el inicio de un viaje al centro, más pronto que tarde, se percatará que no deja de ser un espejismo. Lo que hizo Casado es un discurso de consumo interno, venir a decir a su gente, al electorado de derechas, que él también sabe parar los pies al que hasta ayer le estaba humillando constantemente. El PP no se ha movido un ápice de su discurso, lo que ha hecho es reivindicarse como la derecha que ha sido, es y será de toda la vida, con un pasado franquista hasta la médula, pero con la cara lavada y para ello utilizan términos como moderación, democracia y vocación europea, es decir, todo de lo que reniega VOX. Lo que Casado hizo es decirle a Abascal que ha mordido la mano que le dio de comer durante muchos años y que está donde está gracias al PP. Le echó en cara el ser un desagradecido. Pero que nadie piense que más allá de todo esto va a haber un cambio de estrategia en el PP. Va a seguir haciendo la misma oposición .

El PP no va volver al centro, entre otras cosas, porque nunca se puede volver a un sitio donde nunca se ha estado y el PP nunca ha sido un partido de centro. Cosa bien distinta es que el común de los mortales nos queramos creer esa milonga. Es un partido que siempre que ha estado en la oposición ha utilizado la crispación como la fórmula mágica para atacar al gobierno y esto lo ha practicado desde la época que gobernaba Felipe González.

El PP lleva crispando y tensionando la política española desde el momento que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se sentaron a negociar las bases de este gobierno de coalición y cada día que ha pasado ha sido subir un escalón más.

Para que sea una realidad ese giro al centro, el PP tendría que romper de forma automática los pactos que tiene en Andalucía, Madrid y Murcia con la extrema derecha y sabe que necesita de ellos para que sus gobiernos autonómicos puedan sacar la cabeza del agua porque en el momento que VOX deje de apoyarlos abocaría a esas Comunidades Autónomas a un adelanto electoral y eso no va a pasar. Casado no se puede permitir tensar la cuerda de las relaciones con VOX porque si se rompe el que más tiene que perder es el PP. En este momento lo único que ha ocurrido es que por primera vez el PP se ha enfrentado a VOX y ha cogido con el pie cambiado a más de uno. Nada más. Porque en los lugares donde el PP gobierna gracias a los apoyos de VOX traga con todo lo que esta formación le exige. No parece que sea un viaje al centro que el PP en el Ayuntamiento de Madrid, a requerimiento de VOX, haya procedido a  quitar la placa de Largo Caballero, un torturado por la Gestapo.

En las próximas semanas veremos en qué se concreta esta nueva estrategia del PP. El desbloqueo para la renovación del CGPJ, la finalización de las políticas que está haciendo el PP en Bruselas en contra del Gobierno para dificultar las ayudas de la UE o el cambio de actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemia pueden ser un termómetro.

La mayoría de los medios de comunicación que componen la Brunete mediática han dictado sentencia en favor de Casado, pero no hay que menospreciar que algunas de las excepciones que no comparten ese mensaje tienen un peso específico importante a la hora de crear opinión en el espectro sociológico de la derecha.

Es difícil poder calibrar que líder de los que forman la foto de Colón ha ganado este debate y como consecuencia, consigue un trasvase de votos a su formación. Esa respuesta sólo nos la daría el resultado de unas elecciones que no se vislumbran a corto o medio plazo. Porque no nos engañemos, quienes dictan la victoria o la derrota es la ciudadanía y aunque el discurso de VOX ha sido muy pobre, utilizando los mismos mantras de siempre, con ataques a la Unión Europea, situándose como el representante de Trump en Europa, eso es lo que quiere escuchar el votante de derechas hispano. El perfil sociológico de la derecha española se fundamenta en que le bajen impuestos a los ricos, aunque la inmensa mayoría de ellos no lo sean, están en contra del Estado de las autonomías, piensan que los inmigrantes  vienen a quitarles el puesto de trabajo y tienen la concepción que todos los políticos son iguales, pero ellos siempre votan a los mismos. Todos son iguales pero el votante de derechas siempre vota y casualmente a los mismos.

A todo esto hay que añadir un elemento que se debe tener muy en cuenta. El personal de derechas cada día que pasa está más radicalizado y escorado a la extrema derecha. Esto es producto de un proceso que se inició hace varios años y que han contribuido a ello varios factores, pero sin duda el más importante ha sido la irrupción de fuerzas políticas que cuestionan los pilares del Régimen del 78. Para un sector muy importante de la derecha rancia española, todo lo que sea cuestionar la monarquía, la unidad del Estado, sus símbolos y el poner en la mesa la memoria histórica les hace entrar en estado shock. Despiertan al Cid Campeador que llevan dentro y se ponen nostálgicos recordando a los Tercios de Flandes. Por eso durante los años que Felipe González gobernó se sentían cómodos, sus diferentes gobiernos no osaban tocar esos principios que eran eternos en el tiempo.

En el panorama político no habrá cambios mientras los votos que se disputen los partidos del Trifachito sean los que tienen en la actualidad. Todo trasvase interno entre ellos para lo que sirve es para ver quién va a liderar a ese sector de la sociedad. Pero como las posiciones no están ganadas por nadie y en la actualidad cada vez existen menos las fidelidades ideológicas, el peligro estriba en que ese discurso de la extrema derecha cale en las clases bajas porque es un discurso sencillo que no obliga a pensar mucho, te dicen lo que uno quiere oir. Gabriel Rufián en su discurso en la moción de censura ha sabido incidir en este tema tan importante, porque los partidos que forman el Gobierno de coalición dan muestras de no percibir lo que se mueve en la calle y lo fácil que cala el discurso ultra en los barrios obreros.

De Ciudadanos no se puede decir mucho. En la actualidad es un partido irrelevante. El número de diputados que tienen no le da ninguna opción para cambiar las mayorías existentes y el cambio de estrategia adolece de credibilidad. En ningún momento se ha desmarcado de las exigencias de VOX allí donde necesitan sus votos para gobernar y no será por ocasiones. La imagen que está proyectando tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital demuestran que en su actual forma de hacer política hay más marketing que de un deseo de hacer un borrón y cuenta nueva.

Después de lo que estamos viendo los partidos que forman el Gobierno de coalición no deberían venirse arriba. No están para destilar cierta euforia. El hecho que VOX se haya quedado más sólo que una no quiere decir que a partir de ahora la oposición vaya a diluirse. Tanto VOX como el PP van a seguir subiendo el tono y la oposición va a ser, aun si cabe,  más dura. Deberían de poner atención en los discursos que han realizado los partidos que facilitaron la investidura para poder evitar el crecimiento de la extrema derecha y, sobre todo, para que gracias a su gestión política, vía Boletín Oficial del Estado, la sociedad perciba que este Gobierno toma medidas de calado en favor de los intereses de las capas populares de la ciudadanía.

Golpe de Estado de baja intensidad

No se había celebrado la votación de investidura y los movimientos conspiratorios hicieron acto de presencia. Se había dado el pistoletazo de salida y los partidos de la foto de Colón, junto a la flor y nata de los elementos más reaccionarios del Régimen del 78 iniciaron un pulso contra un Gobierno elegido de forma democrática, que reúne todos los estándares democráticos, aunque las instituciones del Estado estén infectadas de todo tipo de elementos ultras, herederos del Régimen franquista, con el agravante que este Gobierno da la sensación que es incapaz de realizar una limpieza en toda regla.

Pero volvamos al punto de partida, porque parece que han pasado varios años y nada más lejos de la realidad, pues este Gobierno no tiene ni diez meses de vida. Éste surge de la votación de investidura que se celebró el día 7 de enero de este año, que vino precedida por un cúmulo de presiones y amenazas a diputados que podían ser susceptibles de caer en la tentación de  cambiar su voto. El peligro era de tal calibre que el día anterior a la votación dos diputados, uno de EH Bildu (Jon Iñarritu) y otro de ERC (Gabriel Rufián) realizan unas declaraciones que venían a mostrar el grado de gravedad de lo que los poderes fácticos del Estado estaban maquinando. Estas dos personas manifiestan que por cada diputado del PSOE que cambiase el sentido de voto, un diputado de estas formaciones cambiaría su voto y en vez de abstenerse votaría a favor. Es lógico que existiera un cierto miedo en las filas del PSOE y UP. Existen antecedentes y los hijos predilectos de Esperanza Aguirre querían repetir la misma jugada que hizo su adorada lideresa para llegar a presidir la Comunidad de Madrid  con el Tamayazo ¡Será por dinero! Siempre habrá algún empresario caritativo que se prestaría a hacer un trabajo. En su discurso siempre nos dirán que ese empresario generoso lo hizo ¡Por España!, lo que traducido al idioma del común de los mortales significa que lo hizo pensando en la cuenta de resultados de su empresa y en el chorro de dinero que le iba a entrar en su bolsillo.

Como todos los intentos de la reacción fueron baldíos, a partir del mismo día en el que fue investido este Gobierno se puso en marcha una maniobra que se podría definir como una operación para derrocar a este Gobierno sin tener que pasar por el Congreso de los diputados, porque eran conscientes que la aritmética parlamentaria en ningún momento les iba a favorecer. Pueden ganar alguna votación que otra pero de forma aislada y no tanto por sus méritos, sino por los deméritos de este Gobierno que en muchos casos se comporta de forma errática.

La extrema derecha española sabe muy bien que en pleno siglo XXI no pueden emular a Miguel Primo de Rivera ni a Franco a través de un golpe de Estado impulsado desde los cuarteles, ni pueden esperar que el actual borbón pida auxilio a los militares como lo hizo su bisabuelo, Alfonso XIII, cuando nombró al general Dámaso Berenguer, presidente del Gobierno, lo que fue conocido como la Dictablanda. Pero los objetivos del trio de Colón es el mismo que el que tuvo la CEDA, los falangistas y requetés en 1936. Llegar al poder, perpetuarse en él y limpiar todas las instituciones de aquellos elementos que puedan interferir sus objetivos. Hasta ahora han gozado de un régimen que les permita controlar el poder aunque no ganasen las elecciones y la preocupación que tienen es que ese marco quiebre.

Para lograr los fines que persiguen han tirado de manual y de las instituciones que llevan controlando los últimos ochenta años. Esos aparatos del Estado que le son de total confianza desde el Golpe de Estado que dio Franco. Me refiero a los cuerpos policiales, en especial la Guardia Civil, el Ejército y la Judicatura. Todos estos poderes saben el papel que desempeñan y y tienen muy claro su objetivo.

En este paisaje político hace su entrada un nuevo elemento inesperado. Este Gobierno no llevaba ni tres meses y se encuentra con un factor externo de dimensión mundial como es la pandemia generada por el COVID-19. Desde que declaró el estado de alarma, allá por mediados de marzo, ha tenido adoptar multitud de decisiones sanitarias y políticas, sobre todo de índole socioeconómico. Ante esta situación de emergencia, los diferentes tentáculos de la reacción neofranquista se pusieron manos a la obra para iniciar un proceso de acoso y derribo desde fuera del Parlamento a este Gobierno y han utilizado la pandemia porque fue lo que se cruzó en nuestras vidas. Podía haber utilizado cualquier otra cuestión, pero ésta les venía francamente bien y ponen en marcha lo que es un golpe de Estado de baja intensidad. Empiezan con un frente y poco a poco van abriendo más frentes. Para ello, utilizan los aparatos del Estado que he mencionado con anterioridad.

El frente judicial que abren para acusar al Gobierno por no haber prohibido la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo y ser el causante de la propagación del virus es el comienzo de una batalla judicial, que va respaldada por una serie de informes que elabora la Guardia Civil sin ningún rigor y que no hacen más que enseñar la patita de lo que están cociendo.

El motivo por el que el Poder Judicial es el ariete de la extrema derecha hay que buscarlo retrocediendo en el tiempo. Desde que el PP perdió las elecciones de 2004, bloqueó la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Lo que no había ganado en las urnas lo quería ganar a través de la vía judicial. Desde entonces cada vez que el PP ha perdido unas elecciones ha activado la estrategia de bloqueo de todo tipo de instituciones en las que la ley exige una mayoría cualificada, es decir, superior a la mayoría absoluta. Esa estrategia no ha sido casual. Cuando Zapatero ganó las dos elecciones al PP de M. Rajoy, la intención de este partido era torpedear todo lo que aprobase el Parlamento a través de los recursos de inconstitucionalidad, desde el nuevo Estatuto de Catalunya, pasando por la reforma de la Ley del Aborto para acabar con el matrimonio homosexual. La estrategia se resume en ganar en los juzgados lo que no pueden ganar en las urnas

Los procesos judiciales abiertos no  tenían ni pies de cabeza pero gracias a una serie de informes realizados por la Guardia Civil dan oxígeno a la instrucción de esos procedimientos. Para la elaboración de esos informes han seguido el mismo patrón que utilizaron en los informes que presentaron para la ilegalización de partidos políticos abertzales en Euskal Herria, cierre de periódicos y en fechas más recientes para el juicio del Procés. Los informes que aportaron a la instrucción estaban repletos de innumerables contradicciones y datos erróneos, pero sobre todo, estaban viciados de raíz porque tenían su origen en el pulso que algunos mandos de la Guardia Civil estaban echando al ministro del Interior y al Gobierno.

Simultáneamente abren otro frente, las protestas en los barrios ricos. En pleno Estado de alarma empiezan a manifestarse y liderar un movimiento de protesta utilizando una estrategia y lenguaje pro golpista. Es ir caldeando el ambiente para provocar la confrontación entre la ciudadanía, realizando acciones violentas. Lo más preocupante es la imagen que este Gobierno transmitía. Una incapacidad manifiesta para cortar de raíz este tipo de actuaciones. Hemos visto amenazas, insultos por parte de personas que tienen nombre y apellidos y que en algunos casos son militantes y cargos públicos de los partidos de la foto de Colón, pintadas en monumentos y hasta la fecha no parece que desde el Gobierno se esté tomando medida alguna. Aunque no nos debería de extrañar cuando es incapaz de cortar de raíz el acoso que está sufriendo Pablo Iglesias, miembro de ese Gobierno, hasta el extremo de tener que suspender sus vacaciones. Todas estas situaciones no hacen más que envalentonar a la ultraderecha de este país. El hecho que puedan campar a sus anchas les hace pensar que tienen inmunidad para hacer lo que les venga en gana. Si luego tienen la cobertura judicial para salir indemnes, como ha ocurrido con los ultras que realizaron las agresiones en la librería Blanquerna, ya no hay quien los pare.

Todo este despliegue no hubiera sido posible sin el apoyo de la Brunete mediática. El grado de manipulación que está aplicando este sector de la prensa, que no se nos olvide que es mayoritario, siempre tiene el mismo objetivo. Crispar a la población. Lo han hecho siempre que no gobierna la derecha, con el añadido de la frustración que acumulan al ver que algunos de los que forman parte de ese gobierno son los que fueron el blanco de las noticias falsas y manipuladas que lleva publicando desde hace más de cinco años. Las innumerables portadas con bulos, falsedades ha sido una constante en sus portadas durante el último lustro.

Con la finalización del estado de alarma y la llegada del verano las fuerzas reaccionarias mas que tomarse un respiro estaban preparando el segundo asalto al poder. Empiezan a percibir que este Gobierno no va caer tan fácilmente por falta de apoyos parlamentarios. Los socios de la investidura pueden ser muy críticos con el Gobierno en muchos temas pero tienen muy calibrada la crítica y cuando y como le tienen que retirar el apoyo en el Congreso. Dan la sensación que son los que mejor lectura están haciendo de la situación política del Estado. En las intervenciones que tienen, una y otra vez le están advirtiendo a este Gobierno de la falta de voluntad para tomar medidas que acaben con todo esto, porque tienen los apoyos suficientes para sacar adelante propuestas de calado para desarmar políticamente a las fuerzas reaccionarias.

En este periodo de tiempo de una forma u otra ha entrado en liza otro elemento que no puede pasar inadvertido.  La salud de la monarquía española no es para tirar cohetes. El deterioro de su imagen es progresivo y que uno de los socios del Gobierno haga declaraciones en contra de esta situación pone muy nerviosos a los partidos del tridente reaccionario. Desde la restauración de la monarquía es la primera vez que se viven este tipo de situaciones que hace algunos años nos podían parecer impensables. Esta situación de la monarquía en el contexto actual tiene mucha importancia, porque al ver los partidos de la extrema derecha que uno de los pilares del régimen del 78 tambalea han redoblado su presión contra este gobierno. Pero lo que nadie podía pensar es que el Borbón intentase interferir en la vida política y tan torpemente. Eso es lo que hizo con su “casual” llamada telefónica al presidente del Poder Judicial y que éste la hiciera pública. Todo esto ha servido para que quede negro sobre blanco que Felipe VI no está de brazos cruzados. El discurso del 3 de octubre de 2017 no fue ni una casualidad ni un acto aislado. La Casa Real lleva tiempo haciendo política y no cabe duda donde se ha posicionado. El problema que todo esto tiene es que un mal paso le puede costar la corona.

 A partir del mes de septiembre se esperaban algunas resoluciones judiciales que no iban a pasar inadvertidas. Eran sabidas las resoluciones judiciales que iban a afectar a Podemos y no están defraudando y han quedado clara cual es la estrategia que sigue este proceso de golpe de baja intensidad. Sacar a toda costa del Ejecutivo a Pablo Iglesias. Su intento de reprobación en el Congreso acaba de fracasar estrepitosamente, así que han activado la vía judicial. No se descubre nada nuevo si digo que las acusaciones que existen contra él no tienen fundamento alguno. No hay que olvidar que hasta la fecha todos los intentos judiciales contra Podemos y sus líderes han acabado archivados, pero yo no estaría muy tranquilo si mi futuro dependiese de Marchena y de los magistrados que redactaron la sentencia del Procés.

Este Gobierno da la sensación que no se está tomando en serio el tipo de oposición que le están haciendo y una muestra clara es el pulso que le está echando la Comunidad de Madrid que se ha convertido en el mayor saboteador de la lucha contra la pandemia. No se da cuenta que la Comunidad de Madrid lleva semanas aplicando una estrategia para reventar las medidas que se toman desde la Administración Central, haciendo un discurso en el que busca echar a la población encima del Gobierno. Las medidas que el Gobierno ha aplicado a Madrid mediante la aprobación del último estado de alarma están siendo papel mojado. En muchas zonas de la capital no se están cumpliendo las medidas aprobadas.

Todo este proceso de golpe de Estado de baja intensidad no ha hecho más que empezar y mientras el Gobierno no coja el toro por los cuernos las conspiraciones inspiradas por la extrema derecha van a seguir en aumento. Como le ha dicho hace unos días Gabriel Rufián, el Gobierno tiene todos los martes la posibilidad de cambiar este país a través del BOE. No sólo con leyes y decretos, también con ceses y nuevos nombramientos. En esta cuestión los ministerios de Interior y Defensa tienen una ardua labor a realizar.

¿Se tambalea la monarquía?

Si hace unos años, cuando se publicó la sentencia del caso Noos, en la que fue condenado el yerno de Juan Carlos I, nos hubieran preguntado sobre el futuro de la monarquía española un porcentaje muy pequeño habría vaticinado lo que a día de hoy estamos viviendo. Ni en las peores pesadillas se le podía pensar al rey emérito que acabaría sus días huyendo del país que durante más de cuarenta años campó a sus anchas, a estilo señorito andaluz en su cortijo.

Si echamos la vista atrás, y analizando lo que fue el caso Noos no había que ser muy avispado para darse cuenta que esa madeja de corrupción no se llegó a deshacer en su totalidad y quedaron muchos cabos sueltos. En todo ese enredo la sombra de la Casa Real planeó y uno de los caballos de batallas que se dio en el proceso judicial fue el grado de implicación que tuvo el clan de los borbones en toda esa estructura que organizaron Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres. El régimen consiguió que diera resultado el cortafuegos que puso en marcha para que ni la hija de Juan Carlos fuera condenada y que la Casa Real saliera lo mejor parada de todo ese escándalo. La infanta Cristina fue absuelta en la sentencia dentro de un mar de sospechas en un aun ambiente de pucherazo judicial y en lo que concierne a la posición de Juan Carlos de Borbón había que hacer un acto de fe para creer que no estaba al corriente de las andanzas de su hija y su yerno.

En todo este escándalo nunca me quedó la menor duda que todos los miembros de la familia real estaban al cabo de la calle de todo y a saber si el Emérito no fue uno de los que pergeñó la trama para el enriquecimiento de su hija y su yerno a través de Noos. Consiguieron salvar los muebles, aunque quedaron ciertas heridas entre los miembros de la familia que en algunos momentos han aflorado y dejando entrever sus miserias. La entrada en prisión de Iñaki Urdangarín y su posterior estancia fue todo un secreto de Estado, al igual que la planificación para la huida de Juan Carlos I. El llegar a acondicionar un módulo sólo para él fue otra prueba más de la impunidad con la que se han movido.

La corrupción en el entorno de la familia real parecía que había quedado circunscrita al yerno del rey, pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y lo que no consigue un juez o un fiscal del Reino de España lo puede conseguir un fiscal suizo. Las noticias han ido cayendo con cuenta gotas, pero eran gotas que han ido llenando un vaso que al final parece que quiere rebosar y se ha llegado a la situación actual. La monarquía española está viviendo uno de los momentos más delicados de su historia. La situación es tan grave que todas las decisiones que se han tomado en el entorno de la familia real con el beneplácito del presidente del Gobierno están siendo en pleno periodo vacacional, nada más iniciarse el mes de agosto, quizás en un intento de amortiguar el impacto que pueda producir en la ciudadanía, quedándose en la noticia del verano, sin más. La situación que se está viviendo a nivel mundial con la pandemia generada por el Covid19 está siendo un aliado magnifico para que el foco mediático no se dirija únicamente a la situación que está viviendo la monarquía española.

 A día de hoy la situación de la monarquía española es muy delicada, pero de ahí a que caiga hay un recorrido bastante importante. Todo dependerá de cómo se muevan las fichas de este tablero y las futuras noticias que se vayan publicando tanto en la prensa española como en la de otros países de nuestro entorno.

En estos momentos estamos viviendo una ofensiva mediática y política con un objetivo muy nítido, salvar a la monarquía al precio que sea. No se pueden permitir más fallos. No les queda mucho margen de error. En esta cruzada tenemos a toda la prensa del régimen del 78 remando desaforadamente. El primer objetivo está siendo proteger a Felipe VI como primer paso para salvar la institución monárquica y para ello se han puesto a trabajar a destajo. Pero lo que no debería de pasar desapercibido es que algunos medios de comunicación del régimen que nos forman parte de la Brunete mediática, no tienen ningún reparo en publicar en sus medios auténticos bodrios de artículos en los que siguen ensalzando la figura de Juan Carlos I. Me estoy refiriendo al diario El País. Son auténticos panfletos que tiene toda la pinta que son solicitados por encargo del director del periódico de turno a requerimiento de instancias superiores.  El hecho que estos medios de comunicación vuelvan a la carga con artículos en que realizan grandes alabanzas al papel que jugó el 23-F no dejan de ser un tanto patéticos. Si hay algo que hace mucho tiempo ya nos quedó claro es que su papel no fue el que nos han intentado vender a lo largo de los años. Hay habido bastantes publicaciones al respecto, pero, sin duda alguna, el libro que publicó la periodista nada sospechosa de republicana, Pilar Urbano, ha sido sin duda uno de los más clarificadores. No hay que olvidar que en el extranjero siempre ha dado una versión muy diferente del papel que jugó Juan Carlos I durante aquellos meses en los que se fraguaban intentonas golpistas cada lunes y cada martes.

Respecto al papel que están jugando los partidos políticos, era del todo previsible la posición que están manteniendo el tridente de la derecha extrema y la extrema derecha. Se han volcado en salvar a Felipe VI porque han hecho una lectura muy clara de la situación actual. Juan Carlos I está totalmente amortizado y poco o nada pueden hacer por él, además de lanzar frases grandilocuentes acerca del papel desempeñado durante su reinado. Pero ahora están a lo que están, que no es otra cosa que la tormenta no vaya a más y la institución monárquica salga de todo este lodazal. En resumidas cuentas, el tridente de Colón está teniendo una actitud totalmente previsible, con un guion muy sencillo y para su base social es perfecto. Quod natura non dat salmantica non præstat. Sólo hay que leer lo que escriben en las redes sociales para ver como bajan las aguas de la extrema derecha.

El papelón que está siendo para enmarcar es el que está realizando el Gobierno como institución y los socios que lo sustentan. La forma de actuar del presidente del Gobierno y sus ministros más cercanos, con la vicepresidenta Carmen Calvo aprendiz de Rasputín, es más propia de bufones de la Corte. La ocultación a una parte de los miembros del Gobierno de las conversaciones que estaban llevando a cabo con Felipe VI es un ejemplo de deslealtad hacia sus socios de gobierno y un acto profundamente antidemocrático. Las posteriores declaraciones tanto de Pedro Sánchez como de Carmen Calvo no han bordeado el patetismo, es que han sido intrínsecamente patéticas.

Este es el momento idóneo en el que el PSOE tiene la oportunidad histórica de romper con su posición ante la institución monárquica. Ese republicanismo juan carlista del que han presumido a lo largo de los años se ha caído como un castillo de naipes, pero lo más grave es que no van a romper con su posición de escuderos de la monarquía borbónica. Tendría que haber una auténtica catarsis en ese partido para que hubiera un giro de 180 grados.

La situación en la que ha quedado dentro del Gobierno Unidas Podemos es bastante delicada. La conclusión que se puede sacar es que dentro del Gabinete existe un núcleo duro para la toma de una serie de decisiones del que no forman parte ninguno de los ministros de Unidas Podemos. Lo de la planificación de la huida de Juan Carlos I a espaldas de Pablo Iglesias y de los ministros de su coalición no es un sapo cualquiera que se han tenido que tragar, porque las decisiones del Gobierno afectan a todos los miembros de él. En el acuerdo de Gobierno no se hablaba nada sobre la forma de Gobierno, entre otras cosas porque cuando se firmó nadie se podía imaginar que se fuera dar esta situación pasados ocho meses desde su firma, pero los acontecimientos mandan y no cabe duda que en las próximas fechas se van a vivir momentos en los que las diferencias van a aflorar más aún si cabe.

Las declaraciones de algunos líderes de Unidas Podemos, posicionándose en favor de la instauración de la República, si se quedan en eso, en meras declaraciones, no dejan de ser un brindis al sol. Si realmente quieren hacer una apuesta valiente por defender unos planteamientos republicanos para revertir la situación actual no les queda otra herramienta que movilizar a la sociedad, como fórmula para poder avanzar a un escenario en el que la población empiece a ser actor principal y obligue a las instituciones a salir de su inmovilismo político. Meter presión a través de la calle.

Hasta la fecha en los únicos lugares donde se están dando movilizaciones en contra de la monarquía es en aquellos lugares donde las fuerzas independentistas y soberanistas tienen un peso específico, pero no deja de ser insuficiente para una empresa de tal envergadura. En estos momentos la izquierda estatal está ante el reto más importante desde el referendum sobre la OTAN. Lograr poner en el centro del debate político la posibilidad de cambiar la forma de gobierno para instaurar una República y que se pongan los mecanismos para que la ciudadanía participe en ese proceso va a ser una de sus revalidas más importantes en la historia contemporánea.

Y en esto llegó EH Bildu

El anuncio realizado en el día de ayer por la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en el Congreso de los Diputados durante el debate para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma ha servido para poner patas arriba al Gobierno de coalición.

El acuerdo alcanzado entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos (UP), con EH Bildu ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado. A nadie se le pasaba por la cabeza que el Gobierno se planteara poner en la mesa la derogación de la reforma laboral, sobre todo en esta situación de emergencia en la que está todo el Estado. No lo digo porque no fuese necesario abordar este tema, sino porque mucho antes que se decretara el estado de alarma el Gobierno no tuvo interés alguno en impulsar esa propuesta.

Antecedentes

La derogación de la reforma laboral lleva siendo un tema recurrente que sale con frecuencia a relucir. El PSOE no tuvo ningún interés en derogarla durante la anterior legislatura, una vez que prosperó la moción de censura con Mariano Rajoy. La promesa pasó a dormir el sueño de los justos.

Cuando el PSOE y UP llegaron a un acuerdo de Gobierno firmaron un documento en el que el punto 1.3 está redactado en los siguientes términos: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos”[1]. Este apartado es más extenso, en el que enumera las medidas que adoptarían con carácter urgente.

 A día de hoy la reforma laboral no ha estado encima de la mesa y hay que recordar que en la entrevista que el diario El País realizó a la Ministra de Trabajo el 25 de enero de 2020, ésta manifestó que “técnicamente no es derogable toda la reforma laboral”.  Es necesario recordar que en todo momento la CEOE no ha dejado de presionar para que no se derogara la reforma laboral.

De todas esas medidas urgentes la única que aprobó el Gobierno al inicio de la legislatura ha sido derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.

Así ha transcurrido el inicio de la legislatura hasta que nos hemos sumergido en la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia que está azotando al Estado español. A partir de ese momento se ha vivido una incesante aprobación de Decretos-leyes en materia laboral que tenían su origen en la situación de emergencia que se está viviendo.

Si en un principio las medidas que se estaban tomando en esta materia iban por el buen camino, de unas semanas a esta parte el Gobierno ha empezado a ceder a los deseos de los empresarios y ha modificado algunos de los Decretos-leyes aprobados recientemente para satisfacer las pretensiones de la CEOE. Todo esto con el beneplácito de los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT).

Salta el acuerdo PSOE, UP y EH Bildu.

En el día de ayer Mertxe Aizpurua hace público en la tribuna del Congreso que EH Bildu se abstendría en la votación para la prórroga del estado de alarma porque habia llegado a un acuerdo para derogar la reforma laboral de 2012 en su totalidad. EH Bildu consigue dar un giro copernicano a la situación política.

Lo primero que hay que decir es que el documento firmado existe y su contenido no deja lugar a dudas, como tampoco dejaba lugar a dudas el documento que aprobaron PSOE y UP para gobernar en coalición, pero no parecía que hubiera una voluntad por ambos partidos para llevarlo a buen puerto. Del PSOE podía ser esperable, pero las declaraciones de la Ministra de Trabajo perteneciente a la coalición UP, que he descrito con anterioridad, daban la sensación que UP no estaba muy proactivo por impulsar su derogación. La impresión que proyectaban es que la derogación de la reforma laboral no iba a ser un tema urgente.

Si la derogación de la reforma laboral era uno de los acuerdos programáticos estrella que recogieron PSOE y UP en su acuerdo de gobierno parece que no tiene lógica de ningún tipo que para lograr el apoyo de EH Bildu en la votación de ayer, esta formación política haya tenido que obtener del gobierno como contrapartida una reivindicación que estaba en el programa conjunto de los dos socios de Gobierno. Todo esto puede parecer surrealista pero es así. Lo que si que ha quedado claro es que este gobierno ha utilizado la reforma laboral, de forma perversa, como moneda de cambio para sacar adelante una nueva prórroga pero ¿Qué hubiera pasado si EH Bildu le hubiera dicho que no? ¿El Gobierno se hubiera planteado derogar la reforma laboral? Cualquier pregunta que uno se realice sobre esta cuestión le acaba llevando a una única respuesta: El Gobierno hubiera vuelto a guardar la reforma laboral en el cajón del olvido porque no tiene interés en que prospere.

Lo que no cabe duda es que los partidos que auparon a este Gobierno le van a tener que sacar las propuestas del acuerdo de investidura que entre ambos dos aprobaron, a base situaciones como las que se han vivido ayer, porque este Ejecutivo no tiene rumbo. Está perdido y más preocupado en las críticas que le realiza la derecha y en las caceroladas de los barrios ricos.

Es necesario recordar que el modus operandi utilizado para llegar a este acuerdo es muy similar al que se daba en otras épocas. Para conseguir los votos del PNV o de CiU en anteriores legislaturas el partido que gobernaba llegaba al acuerdo de transferir alguna competencia que ya venía recogida en los estatutos de autonomía de Euskadi y Cataluña. El pacto se podía resumir en que el Gobierno para sacar adelante alguna norma, a cambio tenía a bien cumplir la ley. Esta podía ser el Estatuto de Autonomía, el Concierto económico o el Cupo. El Gobierno no daba nada que no estuviera obligado de antemano, pero como tenía la llave de todo eso, era la forma de obtener el apoyo que necesitaba en ese momento. Luego aparecían los titulares de la Brunete mediática diciendo las barbaridades a las que nos tienen acostumbrados, quejándose de los privilegios y prebendas que lograban PNV y CiU, obviando, como no podía ser de otra forma, que el gobierno de turno cuando cedía a las pretensiones de estos dos partidos, únicamente se limitaba a cumplir la ley.

EH Bildu logra profundizar las contradicciones del gobierno de coalición

El acuerdo ha traído consigo un terremoto dentro del Ejecutivo. Las diferentes declaraciones están sirviendo para dudar de que el PSOE cumpla con el pacto firmado en los términos que ha sido redactado o peor aún, que no cumpla nada. El PSOE tenía que salvar la votación de ayer y no tuvo reparos en firmar ese documento siendo consciente que habría una posición férrea contra ese pacto por parte de algunos ministros del PSOE. Este partido tiene experiencia en estas lides y no tendrá ningún reparo en incumplir el acuerdo. Escuchar en el día de hoy a la persona que ha firmado el documento en nombre del PSOE, Adriana Lastra, decir que no se puede hacer una derogación íntegra de la reforma laboral es un síntoma del nulo interés que tiene el PSOE en todo este tema.

En esta situación la coalición UP es la que puede salir más dañada de toda esta situación porque ha demostrado una incapacidad manifiesta. En primer lugar, porque se ha demostrado que ha sido incapaz de sacar adelante la reforma laboral dentro del Consejo de Ministros  y en segundo lugar, porque el hecho que controle las carteras ministeriales de carácter sociales no está sirviendo para que exijan la aplicación de los acuerdos firmados con el PSOE.

Es curiosa la actitud de Pablo Iglesias. Si hasta ahora no había realizado ninguna declaración sobre la reforma laboral, parece que ha necesitado que una fuerza política que sólo tiene cinco escaños haya tenido que darle cobertura para que haya sacado pecho para exigir el cumplimiento íntegro del acuerdo.

Otro dato de interés es que ha tenido que venir una fuerza política independentista, que haya planteado una exigencia de carácter sociolaboral de esta magnitud. Quiero recalcar esta última cuestión porque hay un sector de la izquierda española que siempre ha visto a los partidos independentistas gallegos, vascos y catalanes como grupos preocupados por cuestiones identitarias envueltas en banderas al margen de los intereses de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Argumento que no se ajusta a la realidad como lo han demostrado la trayectoria política de los partidos políticos de la izquierda independentista y las centrales sindicales independentistas.

Era de esperar que la CEOE pusiera el grito en el Cielo ante el acuerdo de ayer. En el supuesto que la derogación llegue a buen puerto, cosa que dudo, la patronal dejará de tener barra libre. Lo que es bastante curioso  es la actitud de las dos centrales mayoritarias en el conjunto del Estado, CCOO y UGT. Han pedido que se cuente con ellos para negociar la reforma laboral y que lleguen a decir que el acuerdo parlamentario dificulta las negociaciones con la patronal. Son incapaces de aprovechar una situación como esta para apoyar una iniciativa que es beneficiosa para los trabajadores.

Soy escéptico que ese acuerdo se llegue a cumplir porque el PSOE es un maestro en no cumplir pactos. Que se lo pregunten al PNV que todavía está esperando que el PSOE cumpla lo que pactó con los jeltzales para que éstos votasen a favor de la moción de censura. Tampoco me genera muchas expectativas UP. Hasta la fecha sus ministros han demostrado una incapacidad bastante notoria. Cada vez que han tenido que tomar alguna decisión ha sido una decepción. Desde la regulación de las casas de apuestas a la reforma laboral, pasando por la incapacidad para movilizar a la calle para presionar a su socio de Gobierno así como para neutralizar a esta nueva rebelión de los barrios ricos. En estos momentos UP está maniatada en un gobierno en el que es minoría y en el que está digiriendo muchas decisiones que las criticaría si no estuviese en este Gobierno de coalición.

A día de hoy no sabemos si EH Bildu logrará la derogación de la reforma laboral, pero lo que si sabemos es que ha generado todo tipo de contradicciones en este gobierno y que los ha obligado a retratarse, que no es poco.


[1] Transcribo el texto literalmente, respetando la parte en negrita.

Los lloros de la patronal

En Euskal Herria en la segunda mitad de la década de los setenta, cuando era un chaval, surgió el grupo de música Errobi, quizás fuese el primer grupo de rock en euskera. Soy de los que conservo casi todos los vinilos que sacaron a la calle y me faltó tiempo en la década pasada para adquirir la colección de todos sus álbumes en DVD.

Hacían un rock progresivo con influencias del folk, pero a mí, particularmente, una de las cosas que más me gustaban de ellos eran las letras de sus canciones. En ellas se encontraban temas políticos, sociales, el euskera, etc. Canciones como Gure lekukotasuna (nuestro testimonio), Kanpo kanpokoak (los de fuera), Xileko langileriak (los trabajadores chilenos), Nora goaz (a donde vamos), etc… eran muy buenas, pero había dos canciones que para mí eran especiales: Nagusiaren nigarrak (los lloros del patrón) y Lantegiko hamar mandamenduak (los diez mandamientos de la fábrica). Ambos títulos destilaban dosis de ironía y las letras no tenían desperdicio. El momento socio-político lo exigía. Hay que situarse en la década de los 70 y ni que decir tiene que a mí no me dejaron indiferente y las sigo escuchando con frecuencia. Las letras de Errobi eran canción protesta pero con buenas dosis de marcha.

Por desgracia estos días me ha vuelto a la memoria la letra de estas canciones porque parece que vuelve una nueva ofensiva de la patronal con un tono lloroso. En diferentes medios de comunicación he visto con cierto estupor algunas declaraciones del colectivo empresarial. No les debe parecer suficiente las ayudadas que están teniendo, a través de la lluvia de dinero de los préstamos ICO, y las facilidades para presentar ERTES, que la clase empresarial quiere más. Ahora piden que se despida a empleados públicos, se bajen impuestos, se suba el IVA y no se apruebe el Ingreso Mínimo Vital. Les ha faltado decir que el impuesto sobre sociedades se grave al cero por ciento los próximos diez años. Pero no sería de extrañar que un día de estos se descuelguen con esa petición.

Ahora las preguntas que habría que hacerse son ¿Tan crecida está la patronal española para poder realizar este tipo de declaraciones de forma gratuita? ¿Los sindicatos mayoritarios son conscientes de la ofensiva neoliberal de la patronal española? ¿El Gobierno que interpretación hace de este tipo de declaraciones? ¿Está capacitado este Gobierno para poner coto a las exigencias empresariales? Da la sensación que el Estado español está más cerca de los países tercermundistas que cualquier país desarrollado de la Europa Occidental. Este tipo de expresiones son propias de una patronal que actúa como si el país fuese su cortijo y el Gobierno estuviera a su servicio.

No cabe duda que la patronal, para variar, está crecida. La inmensa mayoría de las empresas están aprovechando esta crisis de la única forma que saben, intentando aumentar las diferencias sociales, haciendo crecer la brecha salarial y, si es posible, recortando los derechos colectivos de los trabajadores. Sus equipos jurídicos no están teniendo ningún reparo en retorcer la legislación a la hora de adoptar medidas laborales. En las PYMES el problema se agrava porque la correlación de fuerzas entre empresa y trabajadores se inclina en favor de la primera, entre otros motivos, porque en la inmensa mayoría de las pequeñas empresas no existe representación de los trabajadores y, por tanto, los trabajadores no tienen un respaldo lo suficientemente importante como para hacer frente a la maquinaria jurídica de la empresa. Son empresas en las que la dirección durante muchos años ha realizado un trabajo de fomentar la relación individual empresa-trabajador, en detrimento de la relación empresa-representantes de los trabajadores. Y no cabe duda, que esa labor a la patronal le ha reportado grandes resultados. Sería injusto por mi parte no mencionar que hay algunas empresas que están realizando un gran esfuerzo en mantener sus plantillas y en no aplicar ningún tipo de medida que perjudique a los trabajadores. No son un porcentaje importante, pero es necesario no obviarla por la labor que están realizando en estos momentos de fuerte recesión económica.

Es preocupante la inacción de las centrales sindicales mayoritarias (CCOO y UGT) que no están teniendo un discurso lo suficientemente contundente para neutralizar el discurso de las grandes asociaciones empresariales. Siguen en su línea de hacer un sindicalismo de concertación que se ha demostrado que en el Estado español ha sido un auténtico fracaso, porque en todos los acuerdos que ha, logrado siempre han supuesto recortes de los derechos laborales. Han sido un continuo retroceso en las conquistas sociales.

A la hora de hablar de las centrales sindicales sí que es necesario traer a colación el Oasis Vasco sindical. En esta materia no cabe duda que existe un oasis. La mayoría sindical vasca (ELA, LAB, ESK, EHNE, HIRU, STEILAS) desde hace varias décadas está manteniendo una práctica sindical diametralmente opuesta a la que tienen CCOO y UGT en el resto del Estado español. Los sindicatos mayoritarios de Euskal Herria están inmersos en una dinámica de confrontación para luchar contra las políticas neoliberales del empresariado vasco con el apoyo indispensable de los dos partidos que componen el Gobierno vasco (PNV y PSOE). Es un camino no exento de obstáculos, pero imprescindible para poder hacer frente a la deriva neoliberal que azota a Europa.

Ante las exigencias empresariales se está viendo cierta incapacidad del Gobierno, al no haber derogado en su totalidad de forma inmediata la Reforma Laboral del PP en los primeros consejos de ministros. A día de hoy se me antoja casi imposible revertir esa legislación. Es muy preocupante que el Gobierno no haya prohibido aplicar ningún ajuste laboral a empresas que han optado a la financiación de Instituto de Crédito Oficial (ICO)[1].

La inyección de dinero a las empresas ha sido histórica. En poco menos de dos meses muchas empresas de sectores que el Gobierno definió como estratégicos, es decir, que su actividad no se veía afectada por las restricciones del Estado de alarma han incrementado su tesorería de forma considerable[2], pero a cambio, no se les ha exigido que arrimen el hombro y han tenido una segunda subvención, en este caso proveniente de los ajustes laborales que han realizado a través de ERTES, con la consiguiente rebaja en los costes laborales y de seguridad social. Se ha dicho que la autoridad laboral no va a mirar para otro lado y va a revisar los expedientes de regulación de empleo que ha recibido. El tiempo dirá si la burocracia ministerial ha funcionado o, por el contrario, los expedientes en fraude de ley salen indemnes.

Por el contrario, el Gobierno a día de hoy ha sido incapaz de aprobar el Ingreso Mínimo Vital. Parece que le cuesta aprobar medidas que son imprescindibles para aliviar a los cientos de miles de familias que se encuentran en situación de pobreza y que cómo no adopten medidas urgentes se puede generar un auténtico desastre social.

No cabe duda que los decretos-leyes que han aprobado eran necesarios, pero se me antoja insuficientes. Un dato que no sé puede olvidar es el debate interminable que ha habido en el Gobierno para la aprobación de esas normas. Ello ha evidenciado la existencia de un gobierno de cohabitación en el que algunas reivindicaciones han salido adelante a base de un debate interno muy intenso y con sacacorchos. Da la sensación que los lloros de la patronal dan resultados aunque en algunos momentos, a simple vista no los percibamos. Tendremos que estar ojo avizor para detectar si las reivindicaciones empresariales van calando y al final, aunque sea por la puerta de atrás, consiguen que salgan adelante.


[1] Los préstamos ICO son un instrumento para financiar a las empresas en las que las entidades financieras aportan los fondos y estos son garantizados en un 80% por el Estado, a través del ICO y el otro 20% lo asumen las entidades financieras. Un negocio redondo para las entidades financieras que con una exposición mínima a los riesgos del mercado les reportan unos beneficios nada despreciables.

[2] En los préstamos ICO las empresas pueden obtener hasta un 25% de la facturación que tuvieron durante el ejercicio 2019 o el doble de los costes salariales de dicho ejercicio.

Ejército democrático versus Ejército español (El Ejército de Vox)

Ejército democrático versus Ejército español (El Ejército de Vox)

Los últimos doscientos años de historia del Estado español está plagada de todo tipo de asonadas militares, sublevaciones, pronunciamientos e injerencias políticas del estamento militar en la vida política. La institución militar ha tenido un deseo desenfrenado de protagonismo en la historia de España, con la peculiaridad que esta institución siempre ha estado copada por familias de clase alta y de rancia tradición militar.

El siglo XIX fue un cúmulo de intervenciones militares, en su mayor parte liberales, aunque también las hubo de tinte conservador. Todos esos pronunciamientos se realizaron con el deseo de intervenir en la política española. Riego, Espartero, O´Donnell, Narváez, Martinez Campos, Pavía son algunos de los nombres más conocidos. Algunos llegaron a presidir diversos gobiernos bajo el reinado de Isabel II. Los pronunciamientos de esa época eran bastante efímeros, puesto que su duración iba ligada al gobierno surgido del pronunciamiento de turno, que en algunos casos era derrocado por otro pronunciamiento. Pero salvando el sexenio democrático con la llegada de la I República, todos tenían un denominador común: la institución monárquica no se ponía en cuestión. Por cierto, la denominación de “sexenio democrático” nos sugiere que antes y después de ese periodo la democracia no era la característica que adornaban a los gobiernos borbónicos.

El siglo XX siguió la estela del que le precedía, pero los golpes militares tuvieron un color muy diferente. Fueron sublevaciones militares de tinte fascista, totalitario y fueron acompañadas de una estrategia basada en la represión y el terror a gran escala.

La primera la protagonizó Miguel Primo de Rivera, con la instauración de un Directorio Militar (1923-1930) y es necesario recordar la colaboración que prestó el PSOE a lo largo de la dictadura de primorriverista.

La segunda sublevación militar desembocó en una guerra civil y es de sobra conocida. La lideraron una serie de militares, entre los que se encontraba Francisco Franco, con el apoyo de organizaciones fascistas y ultracatólicas. Pusieron en práctica una represión despiadada que tuvo su continuidad después de la finalización de la Guerra Civil alargándose a lo largo de cuarenta años.

Durante la dictadura franquista se fue moldeando un ejército que era fiel reflejo del régimen dictatorial y totalitario en el que estaba sumido este país. Fueron varias décadas en las que la impronta franquista echó unas raíces tan fuertes que después de la muerte del dictador esta institución ha seguido controlada por esa cúpula militar que se encuentra muy alejada de los estándares democráticos occidentales.

Esta pequeña introducción que acabo de realizar sobre los últimos 200 años del ejército español  es para poner en contexto el último ensayo que ha escrito Luís Gonzalo Segura, ex teniente del Ejército español, y publicado recientemente bajo el título “El Ejército de Vox; Ediciones Akal  (Foca investigación). El libro, que no supera las 180 páginas, es de una rápida lectura y desde el principio despierta un gran interés al lector.

En este ensayo el autor ha realizado un trabajo pormenorizado y documentado con la finalidad de demostrar algo que es un secreto a voces: el Ejército español en su mayor parte es ultraderechista. Para ello sigue tres líneas de trabajo.

La primera es el análisis de hechos recientes de la política de este país para constatar la ideología mayoritaria dentro del Ejército español. La segunda línea es un trabajo minucioso y detallado de los resultados electorales de abril y noviembre de 2019 en las secciones donde votaban los militares de las diferentes bases y destacamentos del Ejército. La tercera es una relación pormenorizada de las exaltaciones ultraderechistas y actuaciones nada propias de un ejército supuestamente democrático, desde 2015 hasta nuestros días y la impunidad de la que han gozado.

Lo interesante no es sólo lo que dice, sino quién lo dice, porque cualquier persona que no sea ingenua puede llegar a conclusiones muy similares a las que llega el autor: Una persona que ha pasado por la Academia General de Zaragoza y, posteriormente, ha cursado los cursos correspondientes para obtener el grado de teniente. Los que estamos entrados en una edad y realizamos la mili  podemos decir que ese periodo nos sirvió para saber lo que se cocía dentro de las cuatro paredes de un cuartel. Por el contrario, hoy en día la mayor parte de la sociedad desconoce absolutamente el Ejército. Y esto último puede parecer una anécdota pero es muy peligroso como posteriormente se comentará.

A la hora de realizar este ensayo, el autor parte de una premisa: “España es un régimen autoritario moderno de apariencia democrática construido sobre una estructura franquista”. Es difícil mejorar esta definición. Para Luís Gonzalo Segura, esta situación se ha sustentado en “una Constitución escrita por franquistas o rendidos al franquismo para perpetuación de franquistas en el poder y que ha contado con un sustento mediático de franquistas, colaboradores franquistas o rendidos al franquismo. Y de aquel franquismo, esta extravagante democracia”. Con esta sencilla descripción la Transición queda ubicada en lo que fue.

Analiza algunos sucesos que se han vivido en este país protagonizados por miembros de la cúpula militar y que en cualquier país democrático hubieran sido atajados de raíz por el poder político. Por el contrario, en el Estado español los poderes políticos han mirado para otro lado y esos acontecimientos han tenido el blanqueo de la prensa española.

Explica los acontecimientos que se produjeron con la publicación del Manifiesto de los Mil en julio-agosto de 2018. Fue promovido por 200 altos mandos militares (generales, coroneles y tenientes coroneles) y que posteriormente se adhirieron un gran número de altos mandos hasta llegar a la cifra de 1.000 mandos. La finalidad era responder a la decisión del Gobierno del PSOE de exhumar el cadáver del dictador para sacarlo del Valle de los Caídos. También trata la actitud de las Fuerzas Armadas en el conflicto de Cataluña, las injerencias y actuaciones que han realizado. Han actuado con toda impunidad.

Realiza una muy atinada reflexión a la hora de analizar la cúpula militar. El autor manifiesta que los mandos militares, mientras están en activo, esconden su ideología para hacerla pública cuando pasan a la reserva. Es una forma de salvaguardar su posición profesional, pero en cuanto tienen ocasión hacen gala de esa ideología.

Hay otro dato en el que Luís Gonzalo Segura incide para explicar esta situación. Es el acuerdo tácito existente a lo largo de estos últimos cuarenta años entre las élites políticas y la cúpula militar. La clase política y, en concreto, los diferentes gobiernos del PSOE han sido los convidados de piedra ante el funcionamiento interno del Ejército. En virtud de ese “acuerdo tácito” los militares han tenido y tienen carta blanca para campar a su antojo en los cuarteles y, a cambio, no causar ningún problema en la calle. Nunca ha habido un intento de democratización de esta institución. Para dar consistencia a este planteamiento en la segunda parte de este ensayo realiza una pormenorizada enumeración de las aberraciones que han cometido y que han pasado desapercibidas por la falta de firmeza de los diferentes gobiernos y la cierta complicidad de la mayor parte de la prensa.

Analiza la irrupción de militares en las listas electorales de VOX en las elecciones autonómicas de Andalucía y el blanqueo informativo por parte de los medios del Régimen del 78. Desde las elecciones de 1977 nunca se había dado un desembarco en política de estas características por parte del estamento militar y de la Guardia Civil. Aporta un dato muy revelador: La suma de los militares que se han presentado en las listas electorales del resto de partidos a lo largo de la historia no alcanza el número de los que se han enganchado al banderín de Vox.

La división del voto de derecha en tres partidos (PP, Vox y Cs) y el análisis de las secciones electorales donde votan los miembros del Ejército, también ha servido para comprobar que una inmensa mayoría de los militares son de derechas y, más concretamente, son ultraderechistas que hasta hace pocas fechas eran el ala ultra del PP y ahora tienen otra opción política en la que encajan a la perfección.

A mí, particularmente, me ha parecido muy interesante la crítica que realiza a la izquierda. La desidia por dominar el Ejército se une al deseo de las élites por controlarlo y pone sobre la mesa un ejemplo irrefutable. En los más de 50 folios del acuerdo de gobierno entre PSOE y UP, no hay ninguna mención a la regeneración de las Fuerzas Armadas españolas. Igual esto nos sirve para entender el motivo por el que en las ruedas de prensa del Gobierno durante este Estado de alarma hay más altos mandos militares que miembros del Gobierno. Igual es una cuestión de cuotas de poder.

En el libro se realiza un estudio pormenorizado de los resultados de Vox en las diferentes secciones de los colegios electorales donde votan militares y sus familias, con análisis comparativos con los datos que Vox ha obtenido en esas provincias. Todo el estudio va acompañado de una serie de cuadros y tablas que son de gran utilidad.

Ni que decir tiene que recomiendo su lectura a cualquier persona que tenga interés por el temas y preocupación por el ascenso de la extrema derecha en el Estado español.

La factura de la fiesta de los Pactos de la Moncloa

La crisis sanitaria producida por el coronavirus nos ha asomado en un abrir y cerrar de ojos al abismo de una nueva crisis económica. Estamos en un escenario que nos es absolutamente nuevo. Ante esta situación, en el Estado español se han alzado voces que plantean la necesidad de reeditar unos pactos similares a los Pactos de la Moncloa para superar esta situación de emergencia económica.

Para poder abordar la necesidad o no de unos pactos de esta naturaleza, similares a los que se firmaron en 1977, es necesario hacer un ejercicio de memoria histórica, para poder ubicar lo que fueron los Pactos de la Moncloa en el contexto de la época, y a partir de ahí evaluar si en la actualidad es la solución para toda la ciudadanía en su conjunto.

Los Pactos de la Moncloa fueron firmados por las fuerzas políticas y sindicales en octubre de 1977, pero se empezaron a gestar pocos días después de las elecciones el 15 junio de 1977. Eran las primeras elecciones después de cuarenta años de dictadura franquista. Desde la muerte del dictador se había puesto en marcha el proceso de reforma política y se iban quemando etapas sin que en ningún momento el establishment viera peligrar su status quo. Los aparatos del Estado franquista no habían sido depurados y en lo concerniente a los poderes económicos la oligarquía que se enriqueció a la sombra del franquismo seguía controlando todo el entramado económico. Suarez a la hora de formar el primer gobierno de la UCD nombra vicepresidente económico a Enrique Fuentes Quintana, quien sólo estuvo ocho meses en el cargo, pero que fue uno de los ideólogos de esos pactos.

El proceso de reforma de las instituciones franquistas para amoldarlas a lo que se podría denominar una democracia de corte occidental iba encarrilada. Los partidos más importantes de la oposición democrática habían renunciado a sus planteamientos iniciales y aceptaron este proceso político de reformas políticas que en ningún momento cuestionaba las instituciones franquistas, pues iban a ser los cimientos del régimen del 78 que estaba por venir. No muy lejos quedaban los posicionamientos en favor de la ruptura democrática y de no reconocer a un régimen que fuera heredero del régimen franquista. Sin ir más lejos, en 1976, todos los partidos de la izquierda parlamentaria estaban en contra del proceso que aceptaron con posterioridad.

Dentro de ese contexto es necesario recordar la profunda crisis económica que se vivía en aquellos años, fruto de la crisis del petróleo surgida en 1973. Un pais con una estructura económica y un sistema fiscal obsoleto que estaba pensado para beneficiar a las élites económicas, con una tasa de paro que rondaba el 6% y una inflación superior al 40%. Algo propio de un régimen antiguo y totalitario. A nivel sociolaboral, había una gran conflictividad laboral. Por poner un ejemplo, hacía poco más de un año de las luchas obreras que se vivieron en Vitoria-Gasteiz y que costaron la vida a cinco trabajadores a mano de las fuerzas policiales.

Toda esta situación llevó a las élites políticas a plantear unos acuerdos para “salvar al Estado de la catástrofe”. Fueron invitados todos los partidos del arco parlamentario y los recién legalizados sindicatos, en concreto, UGT y CCOO.

La realidad era que esos pactos iban a servir para encajar todas las estructuras socio-económicas del franquismo en el proceso de reforma política. En esos pactos no se puso en entredicho el origen de las riquezas de la oligarquía de la época, pues estaban pensados para eso, para que a partir de entonces nadie los pusiera en duda. Si la acumulación de capitales había sido gracias a las políticas del régimen franquista eso quedaba en el cajón del olvido. Este paso era fundamental para salvaguardar a las grandes familias y que a partir de ese momento tuviera todo un nuevo rol democrático.

Unos de los objetivos de estos acuerdos era realizar un ajuste en la clase trabajadora de la época. Para ello era necesario involucrar en la causa a los dos sindicatos que en ese momento eran los más importantes en el mundo laboral, UGT y CCOO, y que, a su vez, eran correa de transmisión de los dos partidos del centro-izquierda con mayor peso parlamentario (PSOE y PCE).

El texto aprobado tenía dos partes: una de reformas económicas y otra de reformas políticas. Por lo que respecta a las primeras, que es lo que ahora nos interesa, algunas de las cuestiones que afectaban de lleno a la ciudadanía de la época eran las siguientes: Se limitaba la subida de los salarios al 20% cuando en el momento de la firma la inflación se situaba alrededor del 30%, llegando el año siguiente al 40%. Esto no dejaba de ser una bajada del poder adquisitivo de los trabajadores, pues perdían, en el mejor de los casos un 10% de poder adquisitivo. Si algún convenio colectivo no respetaba la subida estipulada se permitía el despido del 5% de la plantilla y a esa empresa se le retiraban las ayudas crediticias y fiscales. En los puestos de trabajo de nueva creación ocupados por jóvenes se podrá despedir libremente durante los dos primeros años. Los efectos fueron tan catastróficos para la población que la tasa de paro se disparó del 5,6% de la población activa a finales de 1977 al 25% en los siguientes años, llegando a los cinco millones de parados.

Lo poco positivo que trajeron los Pactos de la Moncloa fue la reforma fiscal que se puso en marcha y que trajo consigo la desaparición de los impuestos que gravaban las diferentes rentas (trabajo, capital, etc…) para crear el Impuesto sobre la Renta y la reforma del Impuesto sobre Sociedades, aunque las presiones de ciertos sectores lograron que algunos aspectos de la reforma no salieran adelante.

El tiempo demostró que el ajuste se cebó con las clases más humildes y, por el contrario, no se cumplieron las medidas que iban a ser beneficiosas para la gran mayoría de la población.

Teniendo una somera idea de lo que fueron los Pactos de la Moncloa de 1977, hay que plantearse cuál es la intención de sus nuevos patrocinadores. Da la sensación que las dos almas del Gobierno están siendo las impulsoras de una iniciativa que está abocada al fracaso por múltiples razones.

Desde una óptica política, en este momento no hay condiciones objetivas para que haya un acuerdo de esta naturaleza con una oposición de derechas que en muchos momentos no reconoce la legitimidad del actual Gobierno, llegando a esgrimir un discurso que en algunos casos bordea la línea del golpismo. Pero desde una óptica socio-económica es materialmente imposible llegar a ningún acuerdo con los partidos que son los representantes del ultraliberalismo europeo y responsables de los recortes de todos los servicios públicos, dejando al Estado del bienestar como un solar. Son los arietes de las políticas privatizadoras, defensores a ultranza de las reformas fiscales que han traído consigo el abandono de la progresividad en las políticas fiscales, lo que ha generado que las rentas más altas aporten mucho menos y, por tanto, baje la recaudación ¿Alguien puede llegar a pensar que se puede llegar a un acuerdo con los responsables de todo este desaguisado?

En el supuesto hipotético que se llegara a crear una mesa con los partidos políticos y otras organizaciones sociales habría que analizar las diferencias estratégicas de los dos partidos del Gobierno a la hora de plantear unos pactos de esta naturaleza. No tienen los mismos intereses el PSOE y UP. En la actualidad tienen un programa de gobierno, pero esos hipotéticos pactos sobrepasarían los límites de ese pacto y en ese momento se empezarían a vislumbrar las diferencias internas de este Gobierno y eso sería contraproducente para el Gobierno porque la derecha tendría una ocasión idónea para torpedear al gobierno de coalición. Y no hay que olvidar que deberían de contar con los partidos que ayudaron a que triunfara la investidura de Sánchez, por eso de la aritmética.

Lo que más me llama la atención es la postura de Pablo Iglesias,  abogando por un pacto entre todas las fuerzas políticas y sociales siendo sabedor que en este tipo de acuerdos las oligarquías y las clases altas suelen ser los que, de una u otra forma, ganan la partida. Parece que quiere emular a Santiago Carrillo cuando se firmaron los Pactos de la Moncloa de 1977. El líder del PCE salió en la foto, pero los trabajadores fueron los que pagaron la factura de la fiesta.

Una vez que esta crisis sanitaria se haya superado, el Gobierno tiene que adoptar una serie de medidas que no puede obviar. Debe reforzar el papel del sector público en todos los ámbitos como herramienta para proteger a la mayor parte de la población, sobre todo, aquella que es más vulnerable. Para ello tiene que realizar una serie de reformas urgentes que desmonten el desastre generado por las políticas neoliberales que se han llevado durante muchos años, tanto por los gobiernos del PP como por los gobiernos del PSOE.

Para finalizar, no es muy lógica la forma en la que el Gobierno está abriendo la fuente del dinero para las empresas. No puede ser que el Estado cargue con las ayudas al sector privado a cambio de nada. Estos días se ha abierto la veda del chorro de dinero a las empresas por parte de las entidades financieras, pero con la garantía del Estado, a través del ICO, sin que a estas empresas se les exijan contrapartidas, además, lógicamente, de la devolución del dinero prestado. Está siendo un descontrol total y absoluto, porque una de las cosas que se debería de exigir a las empresas que quieren acceder a estos fondos es la prohibición de la destrucción de empleo ¿Dónde están los beneficios de las empresas en los últimos años? No es muy normal que en menos de un mes las empresas hayan pasado de tener una situación financiera en algunos casos buena y en otros razonable, a que ahora estén en la ruina más absoluta.

Soy partidario que para que las empresas puedan acceder ayudas del Estado o con la garantía de éste, se analicen sus estados financieros para comprobar si la situación de las empresas antes del Estado de alarma era buena, mala o regular. No se puede consentir que empresas bien saneadas y con una capacidad financiera para hacer frente a la crisis se puedan acoger a este tipo de ayudas o desde el primer momento empiecen a aplicar ERTES. La crisis vuelve a ser una bicoca para las empresas. Reciben ayudas públicas y con la excusa de la situación económica tienen barra libre para hacer ajustes laborales. Lo dicho, la factura de la fiesta siempre la pagan los mismos.

Enseñanzas que deja el paso del coronavirus

Estamos viviendo unos días que van a quedar grabados en nuestra memoria para el resto de nuestras vidas. Las personas que pertenecemos al primer mundo hemos estado acostumbradas a ver todo tipo de desastres a través de los medios de comunicación, pero como si la fiesta no fuera con nosotros.

Para no perder la perspectiva, lo primero que hay que poner encima de la mesa son los datos, y si los comparamos con cualquier epidemia de gripe, en principio no debería de generar esta situación de alarma. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, las personas fallecidas en el Estado español por gripe en la temporada 2018-2019 ascendieron a 6.300 fallecidos y 35.300 personas fueron hospitalizadas. En este momento los fallecidos por el coronavirus ascienden a 295 personas y los contagiados a 7.989 personas[1].  Tampoco hay que perder de vista que la mayoría de los fallecidos por coronavirus tenían otras patologías y/o eran personas de edad avanzada. No dejo de tener presente que este virus, entre otras cualidades, tiene una facilidad de expansión muchísimo mayor que cualquier otro virus y su mayor mortalidad.

Lo cierto es que en estos momentos nos encontramos en una situación que la inmensa mayoría de la población nunca habíamos experimentado hasta ahora, con unas medidas excepcionales en materia sanitaria impensables en los países ricos y ante esta situación parece que se está acabando el mundo. Todo esto nos debería de hacer reflexionar y aprender algunas lecciones.

La primera reflexión que voy a realizar es desde un punto de vista global, como sociedad perteneciente a ese Primer mundo, en el que se mira al resto del Planeta por encima del hombro.

Lo que nos está sucediendo es producto de una catástrofe sanitaria, que podía haber sido una catástrofe natural (terremoto, inundaciones, etc…). Todo este tipo de situaciones se producen al margen de la voluntad del hombre, pero también las hay, y esas son las más terribles, por culpa de la actuación de ser humano. Ambos tipos catástrofes nos deberían de ayudar a sacar conclusiones para el futuro inmediato, pero ahora me voy a ceñir a las que genera el hombre como consecuencias de sus decisiones.

Desde el final de la II Guerra Mundial, los países occidentales se han dedicado a exportar y a propagar todo tipo de conflictos a lo largo y ancho de este mundo. Hemos visto como cientos de miles de personas inocentes morían en bombardeos que realizaban países del primer mundo o eran cooperadores necesarios, porque facilitaban armas a todo tipo de países de las zonas en conflicto. Los países occidentales han llevado la guerra, la violencia  y la miseria a países como Palestina, Iraq, Libia, Yemen, Siria, África Central, etc… y con una única finalidad: expoliar todas las riquezas de los países del Tercer mundo. Esos conflictos y formas de explotación económica lo que han generado son muerte, pobreza, exilo y éxodo en esos países. Todo ello para que en Occidente se viviera mucho mejor y acrecentar las diferencias entre unos países y otros. La respuesta de las sociedades occidentales ha dejado mucho que desear, careciendo de un mínimo de sensibilidad y solidaridad. Sólo hay que ver la tragedia diaria que se da en el Mediterráneo o los diez años de guerra en Siria.

Ante todo ese cúmulo de desastres provocados, es curioso que con el problema del coronavirus entremos en pánico, como si esto fuera una película de ciencia ficción en la que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. El egoísmo de Occidente nos ha llevado a no querer ver todos los desastres provocados por las grandes potencias, que han pasado en otras latitudes. Algunas a la vuelta de la esquina, y lo único que nos ha preocupado es que los efectos colaterales nos pudieran salpicar. Un ejemplo de esto último, y de los más elocuentes, es cuando en la prensa salía información relativa al avance de algunas de las facciones del Estado islámico en el Norte de África, en concreto en Libia. Los titulares nos decían que ya estaban muy cerca de Europa. Daba igual lo que le ocurriera a la población que se encontraba en sus manos. Lo importante era que en Europa no pasase nada. Por tanto, sería necesario que las sociedades de los países ricos aprendieran alguna lección con la situación de alarma que está generando la crisis del coronavirus y a partir de ahora diera un giro de ciento ochenta grados y se actuara con criterios de solidaridad y humanidad, pero sin poner excusas ni salvedades.

La segunda reflexión que nos trae el coronavirus es que uno se vuelve a topar con la realidad, que, por cierto, es muy testaruda. Este tipo de situaciones de excepcionalidad nos vuelven a demostrar que el actual sistema no sirve para dar respuestas a las necesidades de la mayoría de la población y, sobre todo, a la más vulnerable. Esa parte de la sociedad que todavía no ha salido de la anterior crisis. Todavía no había sacado la cabeza del pozo cuando se la han vuelto a meter de un puntapié.

El coronavirus ataca a cualquier persona, independientemente de su poder adquisitivo, pero las secuelas que deja no son iguales para todo el mundo. El coronavirus está dejando al descubierto las políticas neoliberales, que con la excusa de los recortes, decidieron desmantelar la sanidad pública para convertirla en el negocio de sus amiguetes. Eso sí, con la frase recurrente, pero falsa, que era para la optimización del gasto y los recursos. Otra de las consignas con las que nos ha bombardeado el discurso liberal era que había que bajar impuestos, porque el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el del Estado. Como si los servicios sociales, entre los que se encuentra la sanidad, se pagasen con ayuda divina. La crisis del coronavirus ha tocado en la línea de flotación de los mensajes liberales pero, sobre todo, en los dos que acabo de exponer.

Por eso estamos en un momento único para desmontar este discurso económico liberal que lo único que ha aportado a la humanidad es el aumento de las desigualdades en todo el planeta. Estamos en un momento crucial, porque es necesario dar la vuelta a la hegemonía del discurso liberal y evitar la posibilidad que el discurso populista de extrema derecha triunfe bajo el paraguas de una supuesta seguridad. Intentarán vender que la seguridad está por encima de derechos y libertades, pero detrás de ese discurso lo que se esconden son políticas que generarán muchas más desigualdades. A día de hoy no ha salido ningún representante de la extrema derecha denunciando que la aplicación salvaje de ERES y ERTES por parte de las empresas la van a sufrir los sectores más débiles de nuestra sociedad. Se envuelven en una bandera para defender sus intereses de clase.

La última cuestión que quiero tratar es la situación particular que se está viviendo en el Estado español. Los acontecimientos de la última semana han sido vertiginosos y en cuestión de horas nos hemos introducido en la oscuridad de un túnel muy similar al que fueron los años más duros de una crisis de la que muchos a día de hoy no han podido salir. La crisis económica y el coronavirus tienen algunos denominadores comunes.

El primero, sin ninguna duda, es que el coste va a recaer sobre los trabajadores. No ha habido tiempo para que las empresas notases el efecto del coronavirus y los ERES y ERTES empiezan a proliferar como las flores en primavera. Y lo más grave es que gracias a la incapacidad de este Gobierno, que después de más de dos meses, ha sido incapaz de derogar la reforma laboral que aprobó el PP cuando no llevaba ni dos meses gobernando. Otros cooperadores necesarios en este desastre están siendo los dos sindicatos mayoritarios a nivel de todo el Estado (CCOO y UGT). Les ha faltado tiempo para facilitar los despidos y suspensiones de contratos de trabajo.  Y el lazo que adorna todo este escenario de incertidumbre y miedo es la preocupación de algunos por la caída de la bolsa, que no deja de ser un mercado especulativo que en muchos momentos no se rige por datos económicos, sino por las presiones especulativas de los grandes inversores. No creo que un trabajador que le cuesta llegar a fin de mes en condiciones normal pueda tener como preocupación la caída del Ibex 35.

Para finalizar, la crisis del coronavirus está siendo una auténtica cortina de humo para poder sacar adelante una respuesta a toda la corrupción existente en la monarquía española. El virus se ha convertido en el mayor aliado del monarca español y de su familia. La decisión que ha tomado Felipe VI no deja de ser una operación rápida y bien calculada para lavar la imagen de la Corona y que los escándalos de la familia real pasen desapercibidos. Las ultimas publicaciones empezaban a deteriorar la imagen, de por sí bastante mala, de todo lo que suena a Monarquía española y la familia que la compone. Hubiera sido interesante ver que hubiese ocurrido con todas las informaciones aparecidas si en este escenario no hubiera hecho acto de presencia el coronavirus. Con motivo de la pandemia han cancelado todo tipo de apariciones públicas. Vamos a ver si con el problema del coronavirus el monarca realiza una declaración como la que protagonizó el 3 de octubre de 2017.


[1] Dato obtenido de la edición digital del diario El País a las 11,10 horas del día 16 de marzo de 2020.