Autor: Mikel

Tres fechas claves en la historia del pueblo vasco

El pasado mes de octubre se han celebrado los aniversarios de tres acontecimientos de relevancia en la historia del pueblo vasco sobre los que voy a realizar esta reseña. Los tres tienen un mismo denominador común: la relación jurídico-política existente entre Euskal Herria y España. Estos momentos históricos son la aprobación de la Ley de 25 de octubre de 1839 de confirmación de los fueros, la aprobación el 1 de octubre de 1936 en las Cortes españolas del Estatuto Vasco de la II República y otro 25 de octubre, pero de 1979, la celebración del referendum para la aprobación del Estatuto de autonomía para los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

La ley de 25 de octubre de 1839 tiene su origen en el final de la primera guerra carlista, el 31 de agosto de 1839, mediante el Abrazo de Vergara entre el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto. Al finalizar la guerra se procedió a la aprobación de la Ley de Confirmación de los fueros. Esta denominación no deja de ser un eufemismo, porque esa ley lo que realmente trajo fue el primer recorte a los fueros que tenían los territorios vascos hasta la fecha. Las Cortes aprobaron dos artículos con el siguiente contenido: “1º. Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía 2º. El Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes a las provincias Vascongadas y Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclame el interés de las mismas, conciliado con el general de la nación y de la Constitución de la Monarquía”. Como consecuencia de esta ley, en 1841 se aprobará la Ley “Paccionada” de modificación de los Fueros de Navarra.

Este sometimiento y armonización de los Fueros a la “Constitución de la Monarquía” y que no fueran en contra de la “unidad constitucional de la Monarquía” no era otra cosa que un recorte de tal magnitud que los Fueros perdían la esencia de su existencia, pues eran la herramienta jurídico-política fundamental que permitía a estos cuatro territorios gobernarse al margen del resto de la corona. Hasta la fecha lo único que compartían era el mismo monarca. El catedrático de Historia contemporánea Juan Pablo Fusi, en su trabajo “EL PROBLEMA VASCO: DE LOS FUEROS AL ESTATUTO DE GUERNICA”, define de esta forma a la ley de 25 de octubre de 1839: “la ley que abriría el proceso de abolición de los fueros, el régimen institucional histórico de los territorios vasco-navarros”.

De la lectura de estos dos artículos se pueden extraer las siguientes conclusiones: Si se confirmaban los Fueros, sin perjuicio de la unidad constitucional, es evidente que hasta 1839 no se había dado esa unidad constitucional y si estos Fueros tenían que ser conciliados con el general de la nación y de la Constitución de la Monarquía es que hasta la fecha ni “conciliaban”, ni las normas existentes en el Reino formaban un cuerpo legal homogéneo que permitiera hablar de una nación pues no existía una compilación normativa donde se recogiera todas esas normas e instituciones necesarias para definirlo como un Estado.

A partir de la aprobación de esta ley con el eufemismo de “confirmación de los fueros” se procedió a una derogación de las instituciones y normas más genuinas de los fueros. En el caso de Navarra el recorte que sufrieron lo expresa José Mari Esparza Zabalegi en los siguientes términos: “Navarra dejaba de ser un reino y pasaba ser mera provincia; desaparecían sus Cortes y con ellas la independencia legislativa y judicial; se perdía la capacidad de emitir moneda propia; el virrey era sustituido por un capitán general, en el plano militar y por un gobernador, en el civil; se obligaba a los navarros a participar en el servicio militar o “contribución de sangre”; se  trasladaban las aduanas del Ebro a los Pirineos, integrándose Navarra en el mercado estatal”[1]. Por lo que respecta a los otros tres territorios vascos estos recortes se dieron con posterioridad.

El motivo más importante por el que el poder central iniciara el proceso de abolición foral vasca no fue otro que el de defender los intereses económicos de las clases, sociales y políticas, dominantes de la época. La legislación foral vasca a principio del siglo XIX era un obstáculo para los intereses de las nacientes clases altas en Euskal Herria, sobre todo de las ubicadas en Bilbao y San Sebastián. Los negocios de la oligarquía, alta burguesía vasca y española y de la naciente burguesía comercial de Bilbao y San Sebastián, chocaban con la foralidad[2]. A todo esto habría que añadir el hecho de que, esta legislación, no era propicia para que capitales extranjeros pudieran entrar a explotar las riquezas naturales existentes en el subsuelo vasco. Contrariamente, en otros lugares del Estado, acontecía que las concesiones de las explotaciones mineras estaban en manos de empresas y capital extranjero[3] y habían sido adjudicadas a precios muy ventajosos para las compañías explotadoras. La hegemonía socioeconómica de la oligarquía y burguesía vasca era importante y ambas estaban interesadas en acabar con el proteccionismo que recogía las normas forales, para así poder potenciar el librecambismo. En este periodo, los liberales coinciden con los intereses de la aristocracia terrateniente andaluza y castellana, pues los procesos de desamortización que lideraron los diversos gobiernos liberales originaron una concentración de inmuebles y tierras en manos de un reducido grupo de terratenientes y oligarcas, en detrimento de las clases más desfavorecidas y de los bienes comunales.

Todo esto llevará a la Corona a intentar la abolición de los fueros, lo único que faltaba para llegar a este desenlace era esperar el momento idóneo. Desde la llegada de los borbones hubo varios acontecimientos históricos en los que se detecta el objetivo de la desaparición de los fueros. A principios del s. XVIII (1718) se produce el primero, fue el episodio de privación de los fueros a Bizkaia con ocasión de la sublevación por el Estanco de la Sal, sin embargo no fue el único. Los vaivenes de la política española desde la llegada de los borbones, y especialmente desde la Guerra de la Independencia con la lucha entre absolutistas y liberales por el control del poder, facilitaban que los fueros se convirtieran en una víctima más de la lucha que mantenían ambos sectores políticos; por ello se puede afirmar que la cuestión foral es la causa principal de la Primera Guerra Carlista en Euskal Herria[4]. Todo este proceso culminaría en julio de 1876 con la abolición de los fueros en su totalidad.

La definición que mejor se ajusta a la lucha llevada por el pueblo vasco en el siglo XIX a través de las guerras carlistas la aporta el Colectivo IPES. Fue la expresión de “la lucha entre la necesidad de unificación económica de la burguesía a nivel del Estado y por consiguiente de unificación de sus estructuras políticas y culturales y la resistencia de un pueblo a ver suprimido violentamente su modo de producción tanto a nivel económico como político y cultural”[5].

La segunda fecha a tener presente es la aprobación del Estatuto Vasco el 1 de octubre de 1936 en las Cortes españolas de la II República, reunidas en Valencia mediante el procedimiento de urgencia, en plena guerra civil.

Para llegar a la aprobación de este Estatuto, hubo que recorrer un tortuoso camino. La cuestión vasca no empezó con buen pie. Hay que partir de la premisa que el nacionalismo vasco no fue invitado a la reunión del Pacto de San Sebastián, celebrada el 17 de agosto de 1930, para fijar una hoja de ruta para instaurar la República, muy por el contrario, sí se contó con la presencia de los nacionalistas catalanes. En aquel momento tampoco puso mucho interés el PNV en asistir, pero lo cierto es que el hecho tuvo sus repercusiones, pues en las decisiones adoptadas se recogía, de forma expresa, admitir la personalidad política catalana. Sin embargo, la ausencia en dicho acuerdo de los políticos vascos autonomistas, redundaría de forma perjudicial en una futura aprobación de un Estatuto de autonomía vasco[6].

Una vez que se proclamó la II República, el Gobierno republicano no demostró interés alguno por sacar adelante un estatuto para Euskal Herria, al contrario de Cataluña, pero en Euskadi empezaron a darse los pasos para la aprobación del Estatuto. La Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza (SEV-EI), compuesta por nacionalistas, tradicionalistas y republicanos, elaboró un proyecto articulado del Estatuto General del Estado Vasco a instancia del asamblea de ayuntamientos, movimiento vinculado al PNV[7]. Ese proyecto partía de la base que la República, en su constitución, estaba dispuesta a adoptar un modelo federal, pero de hecho no fue así, pues se definió como República integral. Ese texto seguía una línea aconfesional, acorde con la nueva forma de gobierno y los aires que lo inspiraban.

El movimiento de alcaldes organizó varias reuniones para convocar una asamblea de alcaldes para debatir el proyecto de la SEV-EI. En esas reuniones varios alcaldes nacionalistas y tradicionalistas añadieron una enmienda de marcado perfil confesional. La comunidad vasca tendría completa autonomía entre la Iglesia y el Estado y estaría facultada para negociar un Concordato independiente con el Vaticano[8].

Ese proyecto será el que en el mes de junio de 1931 se debata en Estella con la inclusión de la enmienda anteriormente mencionada. Este Estatuto arrastró los siguientes problemas: Desde las filas del nacionalismo vasco, representado por el PNV, eligieron como compañeros de viaje a los carlistas, pues al inicio de la República la dirección del PNV veía con ciertas reticencias el nuevo régimen. El posicionamiento ideológico de su dirección estaba cercana al carlismo en la restauración foral como forma para recuperar los derechos históricos vascos y en la cuestión religiosa. El carlismo, si bien hablaba de la reinstauración foral, desde el mismo día que se proclamó la II República estuvo conspirando para su derrocamiento. Realmente el carlismo hacía muchas décadas que había marginado la cuestión foral y la base de su ideario ideológico se basaba en el integrismo religioso y la restauración de una situación predemocrática. En este momento, para los carlistas apoyar el Estatuto de Estella no dejaba de ser una táctica para atacar a la República. El PNV en los primeros meses de la II República había elegido unos aliados, que con el tiempo se quitarían la máscara para posicionarse en contra del Estatuto. Esta alianza era mirada con recelo por los republicanos y ello influyó en que miraran con recelo el autonomismo vasco[9].

Las modificaciones que se realizaron al Estatuto aprobado en Estella también recibieron la crítica de ANV, partido nacionalista, aconfesional y de izquierdas, nacido en noviembre de 1930.

En concreto, en cuanto desapareció del documento el perfil religioso, que el PNV y los carlistas añadieron al proyecto de la SEV-EI, estos últimos se descolgaron del proceso. El carlismo representaba a la oligarquía y la reacción por lo que era incompatible con el sector progresista del PNV, el cual iba ganando posiciones dentro del nacionalismo. Por el contrario, el carlismo día a día se iba profundizando en un endurecimiento reaccionario[10]. La figura que fue ganando peso en esa nueva imagen del PNV era la de José Antonio Agirre.

El tratamiento que se hacía de la cuestión religiosa en ese proyecto, debido a las modificaciones que introdujo el PNV junto con los carlistas, fue motivo más que suficiente para que socialistas y republicanos, que no se distinguían por una voluntad estatutaria, no lo apoyasen. Este Estatuto no prosperaría en las Cortes porque una de sus cláusulas, la relativa al Concordato con la Santa Sede, fue declarada inconstitucional, lo que provocó que todo el Estatuto fuera echado para atrás.

A partir de este momento, se inicia otro segundo intento para sacar adelante un estatuto, esta vez con el impulso de las Gestoras Provinciales. Al no haberse celebrado elecciones para las diputaciones, esas gestoras habían sido nombradas por el Gobierno central. Éste temía que si se celebraran unas elecciones para renovar las diputaciones, fueran controladas por nacionalistas y carlistas por el gran peso electoral del mundo rural vasco[11]. La comisión vuelve a utilizar el proyecto elaborado por la SEV-EI antes de las modificaciones de la Asamblea de Estella. En este nuevo texto las competencias reservadas al futuro Gobierno autónomo vasco son más limitadas que en el Estatuto de Estella, los idiomas oficiales son el euskera y el castellano (en el Estatuto de Estella sólo era el euskera) y las relaciones con la Iglesia se reservaban a la República[12]. Pero este proyecto tampoco fructificó. Ello se debió a que en la Asamblea celebrada en Pamplona, en junio de 1932, fue aprobado por los municipios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, pero no tuvo la mayoría entre los municipios navarros (123 en contra y 104 a favor). En días posteriores a la celebración de la asamblea, se publicaron referencias en las que hubo apoderados de algunos ayuntamientos navarros que infringieron el mandato del consistorio al que representaban, votando en contra o absteniéndose[13]. La posición contraria de la derecha navarra se vio ayudada por la postura de boicot[14] que mantuvieron los republicanos e izquierdas navarras. Republicanos y socialistas cometieron el error de no ayudar a crear un Gobierno vasco en el que estuvieran los cuatro territorios, lo que hubiera sido fundamental para dar estabilidad a la República y además hubiera servido para tener más controlados los movimientos golpistas en los que empezaba a tener presencia el carlismo. El primer intento de golpe de Estado de Sanjurjo se produjo en agosto de 1932, que tuvo el apoyo de la oligarquía vasca, junto con los terratenientes y financieros de la época y las viejas castas militares[15].

La situación derivó en la elaboración de otro proyecto únicamente para los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Sus trabajos finalizaron el 6 de agosto de 1933, siendo votado en referéndum el 5 de noviembre de 1933, pero este Estatuto no pudo entrar en vigor. En las elecciones de noviembre de 1933 las derechas españolas obtuvieron el triunfo y, como era de esperar, el Estatuto se guardó en un cajón pues el bloque de derechas se oponía a su aprobación en las Cortes.

Hubo que esperar a que en las elecciones de febrero de 1936 saliera una mayoría absoluta del Frente Popular para que, en abril de ese año, el estatuto  se volviera a presentar en las Cortes españolas. La Comisión de Estatutos acuerda dar por válida la consulta realizada en noviembre de 1933, teniendo validez para los tres territorios (Álava, Gipuzkoa y Bizkaia) pero su aprobación en el pleno sigue demorándose y se produce el golpe militar de julio de 1936 que, al no triunfar, acabaría transformándose en una guerra civil. En esos momentos de organización de la defensa, ante el ataque de los sublevados y viendo que la República seguía sin desatascar el problema, algunos miembros destacados del PNV se movieron para la creación de un gobierno vasco que surgiera de las Juntas de Defensa[16].

Al final, en plena contienda, las Cortes Republicanas aprobaran el Estatuto el 1 de octubre de 1936. Un triunfo con sabor amargo porque todo este calvario se podía haber evitado y hubiera sido de gran ayuda para la defensa de la República. Sin embargo, se aprobó cuando más de la mitad del territorio vasco estaba ocupado por la sublevación fascista. Desgraciadamente, la suerte del Estatuto y de la Euskal Herria estaba echada y dejaba maltrecha a la República.

La tercera fecha, 25 de octubre de 1979, es la fecha del referéndum para la aprobación del Estatuto de autonomía para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En este último caso el proceso duró algo más de dos años, lo que no fue óbice para que sufriera todo tipo de obstáculos y tensiones políticas y sociales.

En esta ocasión el régimen estaba representado por un gobierno cuyos miembros habían sido altos cargos de la dictadura franquista, con la misión de pilotar el proceso de reforma después del fallecimiento del dictador. Se presentaron a las elecciones a través de un partido, UCD, que estaba copado por personas destacadas del franquismo y que, a diferencia de AP, fundada por Manuel Fraga, intentaba ser la cara amable de una nueva derecha.

Los partidos tradicionales herederos de la República y del Estatuto del 1936, PNV, PSOE y PCE iban a ser los actores principales en todo este proceso que se iba a dar en Euskal Herria, junto con UCD. A todos ellos habría que añadir la presencia de un nuevo espacio político: la izquierda abertzale. En el período de la II República este espacio era muy reducido, siendo representado por ANV. Por el contrario, en el periodo 1977-1979 la izquierda abertzale era un movimiento político pujante que estaba representado por dos tendencias: Euskadiko Ezkerra (EE)[17] y Herri Batasuna (HB)[18]. Ambos espacios políticos tuvieron una participación en todo el proceso, si bien es cierto, que el Estatuto fue el momento que las terminó de alejar entre sí de forma irremediable. Las causas de ese alejamiento fueron más profundas y serán expuestas posteriormente.

En esta ocasión la aprobación del Estatuto fue un proceso que se inició el 15 de junio de 1977, fecha en la que se celebran las primeras elecciones generales desde el derrocamiento de la II República. Duró algo más de dos años, pero tuvo tanta intensidad o más que la que se vivió durante el período republicano.

Las elecciones de junio de 1977 se celebraron sin la presencia de una parte muy importante de la izquierda abertzale, que decidió no concurrir a dichos comicios al no haber salido todos los presos políticos vascos de las cárceles y estar algunas organizaciones políticas ilegalizadas, porque en sus estatutos propugnaban la independencia de Euskal Herria. Por estos motivos hicieron campaña en favor de la abstención. Este hecho, sin duda alguna, condicionó en gran medida los resultados que se dieron. De las elecciones salieron dos partidos mayoritarios, PNV y PSOE y dos partidos minoritarios, UCD y Euskadiko Ezkerra.

Nada más constituirse las Cortes en julio de 1977, se inició un proceso laborioso de redacción, debate y aprobación de la Constitución. Este proceso, que duraría hasta diciembre de 1978, marcó toda la controversia que se dio en materia territorial.

Paralelamente, a partir de los resultados de estas elecciones se forma la Asamblea de parlamentarios vascos (diputados y senadores). A esta asamblea se unen la totalidad de los parlamentarios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los dos diputados del PSOE por Navarra y el histórico nacionalista, Manuel Irujo, que había sido elegido senador por Navarra en la candidatura del Frente autonómico (PSOE-PNV). Los seis parlamentarios (tres diputados y tres senadores) de UCD elegidos  por Navarra no se unieron. La primera reunión de la Asamblea se celebró el 22 de junio de 1977 y todas las fuerzas políticas presentes adoptaron tres resoluciones: el reconocimiento de la personalidad política y administrativa de Euskadi, la legalización de todos los partidos sin excepción y una amnistía total para todos los hechos de intencionalidad política[19]. El consenso no daba para más.

A partir de este momento se inicia una serie de reuniones de esta Asamblea con un objetivo: poner en marcha el régimen pre-autonómico. Esto era un estado transitorio hasta que se aprobaran los estatutos de autonomía, que no podían llegar hasta que no hubiese una constitución que les diera cobertura legal y los regulara. Pero en las naciones históricas la presión popular al Régimen llevó a la concesión de este estatus transitorio que no dejaban de ser movimientos tácticos del Gobierno de la UCD para controlar la situación.

En los primeros compases hubo una cuestión que marcaría la marcha del proceso y mediría las  fuerzas entre los diferentes partidos: La negativa de los parlamentarios de UCD de Navarra a participar en un proceso común para los cuatro territorios vascos. Hay que tener presente que gracias a la ley de Hondt la UCD obtuvo en Navarra la mayoría absoluta de los cargos electos con menos del 30% de los sufragios. En ese momento la posición del PSOE era favorable a la integración de Navarra en Euskadi. Pero el Gobierno de la UCD, sabedor que tenía la llave, dio los pasos necesarios para que no se produjera la integración. Todo esto sin soliviantar al PNV y al PSOE. Movió las fichas tanto desde Madrid como de las instituciones navarras, que todavía no habían sido elegidas democráticamente, y que estaban controladas por el Bunker franquista.

En enero de 1978 se aprueba el decreto-ley de aprobación del pre-autonómico vasco y se nombra en febrero el Consejo General Vasco. Una institución que fue el reflejo de la situación política, foro donde PNV y PSOE rivalizaban políticamente a la hora de discutir el modelo de país que defendían. Las otras formaciones que lo componían (UCD y EE) no dejaban de ser meras comparsas, sin perjuicio que la UCD siempre jugaba con la tranquilidad que le daba que los suyos controlaran todo el aparato del Estado.

El proceso de elaboración del Estatuto se realizó en dos fases: la primera fase abarcó los meses de noviembre y diciembre de 1978. En ese período la asamblea de parlamentarios vascos debatió el proyecto de Estatuto. Éste fue presentado en el Congreso de los diputados el 29 de diciembre de ese año. La segunda se inicia en el mes de julio de 1979, momento en el que se inicia el trámite en el Congreso, siendo aprobado el 21 de julio y ratificado en referendum el día 25 de octubre de 1979. Este último proceso se realiza después que el 1 de marzo de 1979 se hubieran celebrado unas nuevas elecciones generales que trajeron un cambio en el tablero político. La irrupción de HB con 3 diputados y un senador, sin duda alguna, trajo de cabeza a los artífices de la Reforma. No hay que olvidar que en las anteriores elecciones las organizaciones que conformaban esta candidatura pidieron la abstención y en los regímenes parlamentarios todo lo que no tiene representación es como si no existiese.

Todo este proceso que trascurre desde las primeras elecciones después de la muerte del dictador hasta la aprobación del Estatuto fue un momento clave en muchos aspectos.

En dicho periodo durante la tramitación tanto de la Constitución como del Estatuto de autonomía se pudo observar el margen de maniobra que dejaba el régimen a las reivindicaciones territoriales de la población vasca. Hubo momentos muy duros y tensiones en los que parecía que todo saltaba por los aires, sobre todo cuando el Estatuto se debatió en el Congreso de los diputados en julio de 1979. Uno de esos momentos se produjo días antes que el Estatuto de autonomía se tramitara en el Congreso. En ese momento el Gobierno de la UCD sospesó la posibilidad de declarar un Estado de excepción en Euskadi. La portada del diario El País del día 23 de junio era muy elocuente, abriendo con la siguiente información: “Desmentidas supuestas interferencias militares en los estatutos”[20]. Tanto en este diario como en Cambio 16 informaban de la intención del Gobierno de implantar el Estado de sitio en Euskadi en el supuesto que las negociaciones para la aprobación del Estatuto vasco fracasaran[21].

En esta ocasión, a la hora de buscar acuerdos y compañeros de viaje, el PNV estuvo más cerca del PSOE que de los partidos abertzales. De hecho, en las elecciones de junio de 1977 al Senado se presentó en coalición con el PSOE con la marca Frente Autonómico. Desde un primer momento huyó de llegar a acuerdos con la izquierda abertzale. El deseo del PNV era que los poderes del Estado le consideraran el interlocutor válido para todo lo referente a Euskadi, pero en este momento histórico en el PNV volvían a aparecer dos almas: la sabiniana, favorable a la independencia, y la defensora de los derechos históricos a través de la reinstauración foral.

Es interesante ver las posiciones que mantuvo el PNV ante las dos cuestiones que se debatían en ese momento (Constitución y Estatuto de autonomía). En lo referente al debate constitucional, el PNV se abstuvo y realizó un discurso en defensa de los derechos forales que no fueron recogidos en la Constitución como este partido esperaba. Por ello se posicionó en contra del derecho de autodeterminación. Arzallus tuvo diversas intervenciones en el Congreso muy elocuentes. “El PNV se presenta en este momento con unos planteamientos más fueristas que nacionalistas […], por ello renunciamos a la constitucionalización de postulados férreamente defendidos por todo nacionalista y aceptamos planteamientos ajenos y hasta contrarios a los nuestros”[22]. En el PNV volvía a ganar el alma fuerista. Pero toda esta retórica en el Congreso era compensada con declaraciones en actos políticos en diversos lugares de Euskal Herria en las que se sostenía un discurso independentista. No dejaba de ser una táctica para aplacar a sus bases, con el agravante de que el Estatuto que posteriormente se aprobara, iba a tener que ceñirse a la Constitución.

En esta situación, en los meses de noviembre y diciembre de 1978, con la aprobación de una constitución en la Cortes que no había tenido el apoyo ni del PNV ni de Euskadiko Ezkerra y con el rechazo frontal de la izquierda abertzale extraparlamentaria, la Asamblea de parlamentarios vascos debate un proyecto de Estatuto; fue una labor realizada entre el PNV, PSOE y EE, con una UCD, consciente que estaba en minoría, pero que no le preocupaba mucho porque harían valer su posición cuando el proyecto fuese estudiado en el Congreso, cosa que así fue.

 Cuando llegó la hora de debatir el Estatuto en el Congreso, como se ha dicho con anterioridad, el reparto de escaños había cambiado con motivo de las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 y la correlación de fuerzas entre los partidos vascos ya no era la misma. En este momento el PNV tenía mayoría y HB había irrumpido con 3 diputados, siendo, por el contrario, el PSOE el partido más perjudicado.

El proyecto presentado por la Asamblea de parlamentarios vascos se topó con la fuerza que tenía el Gobierno de la UCD en el Congreso. En este partido había dos visiones: la defendida por un sector duro que apostaba por declarar medidas de excepción (Estado de sitio, excepción o similares) y otro sector más dialogante que abogaba por llegar a un acuerdo con el PNV.

El Estatuto tenía que ser discutido en la ponencia compuesta por una delegación elegida por la Asamblea de Parlamentarios vascos y la Comisión Constitucional, pero la realidad fue bien distinta. Esa ponencia no fue más que una pantalla, porque donde realmente se discutió el articulado del futuro Estatuto fue en el Palacio de la Moncloa. En un principio las reuniones eran entre Garaikoetxea, presidente del EBB[23], y Adolfo Suarez, presidente del Gobierno. Posteriormente se incorporaron personas relevantes de UCD y el PNV. Es de aquí de donde salió el texto que posteriormente se aprobó en el Congreso. En todo este proceso PSOE y Euskadiko Ezkerra quedaron marginados, con las consiguientes protestas de ambas formaciones. Por lo que respecta al contenido del texto, en palabras del diario El País del día 13 de julio “Las modificaciones introducidas como consecuencia de las negociaciones celebradas en La Moncloa afectan prácticamente a la totalidad de los artículos”[24].  Esta situación fue una constante en todo el proceso negociador.

Una vez que fue pactado entre el PNV y UCD, el paso por la ponencia y posterior debate en el pleno de la cámara baja no dejo de ser un mero trámite. La aprobación del Estatuto fue acompañada  por todo tipo de declaraciones y artículos periodísticos, ensalzando el acuerdo y el contenido del Estatuto por parte de las fuerzas políticas que estaban a favor (PNV, PSOE, UCD, EE, PCE). Fuera de ese ambiente de euforia las declaraciones de algunos políticos del PNV dejaban entrever que el Estatuto no era la panacea que pregonaban en sus declaraciones. En una entrevista realizada a Xabier Arzallus en el diario Egin, el 28 de diciembre de 1978, cuando la Asamblea de Parlamentarios vascos aprobó el proyecto que posteriormente se discutiría en el Congreso, el líder jeltzale declaraba  que “tiene que quedar claro que hemos partido de una realidad impuesta que es el marco constitucional concreto. Salir de este marco supondría la invalidación de todo intento estatutario, por lo que es necesario acatarlo. No es nuestro estatuto ideal, ni siquiera el que nosotros propondríamos. Es el que permite la Constitución”[25]. La pregunta que habría que realizarse  es la de que si el proyecto que fue sacado adelante por el PNV no era del agrado del PNV ¿qué grado de satisfacción podría tener el texto definitivo después de haber sido modificado casi en su totalidad?

Por lo que respecta a la posición de la izquierda abertzale, se dieron dos planteamientos antagónicos entre sí. La postura del sector representado por Herri Batasuna, KAS[26] y ETA militar fue contraria desde el momento en el que se empieza a hablar del pre-autonómico. No aceptaban que el proceso se iniciara a través de la representación salida de las elecciones del 15 de junio, al haberse encontrado algunas formaciones políticas sin legalizar. Para este sector la elaboración debía ser liderada por una asamblea de municipios democráticamente elegidos, la participación de Navarra en este proceso y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. El eje sobre el que se movían eran los puntos recogidos en la Alternativa táctica de KAS. Como alternativa a este proceso estatutario, crearon un órgano de contrapoder popular vasco (EHBN[27]) que tenía, entre otros objetivos, la elaboración de un Estatuto nacional de autonomía para los cuatro territorios vascos. Era una postura pétrea en la que partían de la premisa de que cualquier participación en el proceso era legitimar las instituciones creadas al amparo de la Reforma, pues no dejaba de ser un lavado de cara del régimen franquista. Esta postura fue mantenida sin ningún tipo de fisura y era compartida por ETA militar, que era una de las dos ramas de ETA en ese momento.

La propuesta política del otro sector de la izquierda abertzale, el representado por la coalición Euskadiko Ezkerra y EIA, que actuaba en total coordinación con la organización ETA político-militar[28], tuvo dos fases bien diferenciadas. La primera se puede circunscribir al periodo que va desde las elecciones de junio de 1977 hasta el mes de noviembre de ese mismo año. En  esos meses la estrategia es similar a la que seguía el otro sector de la izquierda abertzale. Se posicionó en contra de los proyectos de régimen pre-autonómico que habían preparado PNV y PSOE. Redactó un documento alternativo en clave de ruptura democrática. Pide la urgente celebración de elecciones municipales y propone que la Asamblea de Municipios elegidos democráticamente y asambleas populares en la que estuvieran representados organismos populares, fuesen el marco donde se debatiese el Estatuto[29]. No aceptaban ni el Gobierno vasco en el exilio ni los resultados del 15 de junio por la falta de participación popular que entrañaban ambos proyectos.

Sin embargo, esta posición dio un giro de 180 grados en los meses siguientes. Una vez que EIA celebra su primer congreso en Zegama (Gipuzkoa) en el que sale elegida una nueva dirección y Mario Onaindia es nombrado secretario general, EIA cambia su planteamiento inicial y acepta el pre-autonómico que habían consensuado PNV y PSOE. Durante todo ese proceso EIA, a través de Euskadiko Ezkerra se posicionó en contra la Constitución, pero aceptó el proceso estatutario dentro de los límites de esa Constitución.

Durante el proceso de debate del Estatuto las organizaciones del bloque formado por EIA-Euskadiko Ezkerra-ETA político militar, lanzaron dos campañas que no tuvieron el éxito que esperaban. La primera fue la de “Estatutoarekin presoak etxera” (Con el Estatuto los presos a casa). La mayor parte de los presos políticos vascos de diferentes organizaciones se encontraban en la prisión de Soria y estaban llevando una lucha importante porque la policía estaba dentro del recinto de la prisión. La otra campaña fue “Estatutoarekin Nafarroa Euskadira” (Con el Estatuto Nafarroa a Euskadi). Ambas campañas conjugaban la lucha política que debían de realizar EE de la mano de EIA y la actividad de ETA pm con atentados propagandísticos. La realidad es que quien llevó el peso de ambas campañas fue la organización armada por la falta de capacidad movilizadora de EIA y EE, más preocupadas en la actividad institucional.

En esta disputa política que vivían los dos espacios políticos de la izquierda abertzale subyacía un análisis ideológico y político de mayor profundidad. Para el bloque político-militar[30] en el Estado español se estaba dando una transición de la dictadura hacia una democracia burguesa que sería equiparable a las que se daban en la Europa Occidental. Desde esta óptica, una organización como EIA no podía hacer una política demasiado enfrentada a los partidos democrático-burgueses, representados en Euskadi por el PNV y el PSOE[31]. Debía de trabajar desde las instituciones para lograr las condiciones adecuadas para iniciar un proceso hacia el socialismo. Por el contrario, las organizaciones de KAS y HB entendían que en el Estado español no se había dado un cambio de régimen. Se había realizado un proceso de reforma política en el que el franquismo seguía controlando todos los aparatos del Estado (judicatura, ejército, cuerpos policiales) estando al servicio de la misma oligarquía que había hecho negocios durante el franquismo. Las instituciones que habían surgido con el proceso de reforma iniciado en 1976 adolecían del carácter democrático para poder ser equiparadas a las democracias burguesas existentes en la Europa Occidental. Ante esta situación planteaban una lucha frontal.

La última etapa de todo este proceso fue la campaña del referéndum  en la que se dieron dos frentes. Por un lado, las organizaciones que apoyan el Estatuto (PNV, PSOE, EE, UCD y PCE) y por el lado la izquierda abertzale (HB, KAS y ETA m), junto a algunos partidos minoritarios (EMK y LKI) que se posicionaron en favor de la abstención. La campaña no estuvo exenta de tensión. Un ejemplo de ello eran los argumentos que llegaron a dar el PNV y EE. Uno de ellos fue que si no se lograba el pacto del Estatuto había peligro de intervención militar en Euskadi y de involución golpista en el Estado español[32]. También hubo argumentos que no dejaban de ser un brindis al sol con el objetivo de obtener el mayor apoyo entre el electorado nacionalista como “El Estatuto es el primer paso para la independencia de Euskadi”. Había una posición, muy residual, contraria al Estatuto defendida de forma explícita por los partidos de ultraderecha, estando a la cabeza Unidad Nacional, cuyo líder era Blas Piñar, y de forma tácita por Alianza Popular, que no se sumó a hacer campaña en favor del Estatuto.

El Estatuto cosechó el apoyo de algo más del 53% del censo, algo esperado, después de todo el despliegue de medios que se hicieron por partidos políticos, medios de comunicación y diversos aparatos del Estado.

No habían pasado  ni tres años desde su aprobación cuando el Estatuto sufría el primer ataque recentralizador. Una de las consecuencias derivadas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue el acuerdo entre la UCD y el PSOE para aprobar la LOAPA. La finalidad de esta norma era la de recortar las competencias que tenían la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña, derivadas de sus respectivos estatutos de autonomía. Pero ese intento recentralizador no llegó a fructificar como deseaban sus promotores porque el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en el que negaba el carácter orgánico y armónico de dicha ley.

A día de hoy de las 144 competencias que recoge el Estatuto Vasco en vigor quedan pendientes de transferir 33, lo que supone un 23 por ciento de su totalidad después de 40 años[33]. Se puede decir que es la  Ley Orgánica en vigor con menor grado de aplicación. La realidad actual es que no sólo no están transferidas las 33 competencias anteriormente mencionadas, sino que en la actualidad estamos viviendo una ola recentralizadora que se manifiesta a través de recortes en las nuevas leyes orgánicas que se aprueban y a través de las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional.

En esta situación, un tanto oscura, el Parlamento Vasco está inmerso en un proceso de elaboración de un proyecto para la redacción de un nuevo Estatuto. No parece que vaya a conseguir mayor consenso que el anterior, porque los obstáculos vienen a ser muy similares a los que se vivieron a finales de la década de los 70 del pasado siglo. La piedra angular sigue estando en el reconocimiento de la soberanía del pueblo vasco, lo que conllevaría el poder tener capacidad política para ejercer el derecho a decidir. Resolver esta cuestión será la clave para que llegué a tener un consenso amplio, pero tan importante o más será ver como se encaja dentro la estructura del Régimen del 78, o si, por el contrario, es necesario que se produzca un nuevo proceso constituyente.

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[1] Esparza Zabalegi, Jose Mari: VASCOSNAVARROS. Guía de su identidad, lengua y territorialidad, Txalaparta, Tafalla, 2012.

[2] Castells Arteche, Luis: Fueros y Conciertos Económicos. La Liga Foral Autonomista de Guipúzcoa (1904-1906), L. Haranburu Editor, San Sebastián, 1980.

[3] Ibarruri, Dolores (Pasionaria): El único camino, Collection Ebro, 1975.

[4] Estornes Zubizarreta, Idoia: Carlismo y abolición foral. Entorno a un centenario 1876-1976, Editorial Auñamendi, San Sebastián, 1976.

[5] Colectivo IPES: Euskadi: Herri Batzarrea. Asamblea del Pueblo y política municipal. Zero, Bilbao 1978.

[6] Castells, José Manuel: El Estatuto Vasco. L. Haranburu editorea, 1796, Donostia, 1976.

[7] Ibidem.

[8] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.

[9] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.

[10] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.

[11] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.

[12] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): Historia de Euskadi. El Nacionalismo y ETA, Ruedo Ibérico, 1977.

[13] Castells, José Manuel: El Estatuto Vasco. L. Haranburu editorea, 1796, Donostia, 1976.

[14] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.

[15] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.

[16] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): Historia de Euskadi. El Nacionalismo y ETA, Ruedo Ibérico, 1977.

[17] Euskadiko Ezkerra se constituyó para las elecciones del 15 de junio de 1977 era una coalición formada por los partidos EIA y EMK (Movimiento Comunista de Euskadi). Este último partido en 1978 abandonó la coalición, quedándose EIA con la marca electoral.

[18] Herri Batasuna (Unidad Popular) era una coalición formada por los siguientes partidos: ANV, ESB, HASI y LAIA.

[19] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[20] El País, 23-6-1979.

[21] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 2º La ofensiva de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[22] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[23] EBB: Acrónimo de Euskadi Buru Batzar. Es el órgano ejecutivo del PNV.

[24] El País, 13-7-1979.

[25] Casanova, Iker: ETA 1958-2008. Medio siglo de historia, Txalaparta, Tafalla, 2007.

[26] KAS: Koordinadora Abertzale Sozialista. En ese momento era un organismo formado por partidos políticos HASI, LAIA, la organización ASK y KAS Emakumeak.

[27] EHBN es el acrónimo de Euskal Herriko Biltzarre Nazionala o Asamblea Nacional Pueblo Vasco.

[28] ETA político-militar a principios de 1977 creo el partido EIA poniendo en práctica lo aprobado en su VII Asamblea. Actuaban en total coordinación y marcaban la línea política que tenía que llevar a cabo la marca electoral Euskadiko Ezkerra.

[29] Egido, José Antonio: Viaje a la nada. Principio y fin de Euskadiko Ezkerra, Txalaparta, Tafalla, 1993.

[30] El término bloque político-militar ha sido utilizado por diferentes investigadores e historiadores a la hora de englobar a las organizaciones EIA, EE y ETA pm.

[31] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.

[32] Giacopuzzi, Giovanni: ETA. Historia política de una lucha armada 2ª parte, Txalaparta, Tafalla, 4ª edición, 2001.

[33] Eldiario.es, 27-1-2019