Golpe de Estado de baja intensidad

No se había celebrado la votación de investidura y los movimientos conspiratorios hicieron acto de presencia. Se había dado el pistoletazo de salida y los partidos de la foto de Colón, junto a la flor y nata de los elementos más reaccionarios del Régimen del 78 iniciaron un pulso contra un Gobierno elegido de forma democrática, que reúne todos los estándares democráticos, aunque las instituciones del Estado estén infectadas de todo tipo de elementos ultras, herederos del Régimen franquista, con el agravante que este Gobierno da la sensación que es incapaz de realizar una limpieza en toda regla.

Pero volvamos al punto de partida, porque parece que han pasado varios años y nada más lejos de la realidad, pues este Gobierno no tiene ni diez meses de vida. Éste surge de la votación de investidura que se celebró el día 7 de enero de este año, que vino precedida por un cúmulo de presiones y amenazas a diputados que podían ser susceptibles de caer en la tentación de  cambiar su voto. El peligro era de tal calibre que el día anterior a la votación dos diputados, uno de EH Bildu (Jon Iñarritu) y otro de ERC (Gabriel Rufián) realizan unas declaraciones que venían a mostrar el grado de gravedad de lo que los poderes fácticos del Estado estaban maquinando. Estas dos personas manifiestan que por cada diputado del PSOE que cambiase el sentido de voto, un diputado de estas formaciones cambiaría su voto y en vez de abstenerse votaría a favor. Es lógico que existiera un cierto miedo en las filas del PSOE y UP. Existen antecedentes y los hijos predilectos de Esperanza Aguirre querían repetir la misma jugada que hizo su adorada lideresa para llegar a presidir la Comunidad de Madrid  con el Tamayazo ¡Será por dinero! Siempre habrá algún empresario caritativo que se prestaría a hacer un trabajo. En su discurso siempre nos dirán que ese empresario generoso lo hizo ¡Por España!, lo que traducido al idioma del común de los mortales significa que lo hizo pensando en la cuenta de resultados de su empresa y en el chorro de dinero que le iba a entrar en su bolsillo.

Como todos los intentos de la reacción fueron baldíos, a partir del mismo día en el que fue investido este Gobierno se puso en marcha una maniobra que se podría definir como una operación para derrocar a este Gobierno sin tener que pasar por el Congreso de los diputados, porque eran conscientes que la aritmética parlamentaria en ningún momento les iba a favorecer. Pueden ganar alguna votación que otra pero de forma aislada y no tanto por sus méritos, sino por los deméritos de este Gobierno que en muchos casos se comporta de forma errática.

La extrema derecha española sabe muy bien que en pleno siglo XXI no pueden emular a Miguel Primo de Rivera ni a Franco a través de un golpe de Estado impulsado desde los cuarteles, ni pueden esperar que el actual borbón pida auxilio a los militares como lo hizo su bisabuelo, Alfonso XIII, cuando nombró al general Dámaso Berenguer, presidente del Gobierno, lo que fue conocido como la Dictablanda. Pero los objetivos del trio de Colón es el mismo que el que tuvo la CEDA, los falangistas y requetés en 1936. Llegar al poder, perpetuarse en él y limpiar todas las instituciones de aquellos elementos que puedan interferir sus objetivos. Hasta ahora han gozado de un régimen que les permita controlar el poder aunque no ganasen las elecciones y la preocupación que tienen es que ese marco quiebre.

Para lograr los fines que persiguen han tirado de manual y de las instituciones que llevan controlando los últimos ochenta años. Esos aparatos del Estado que le son de total confianza desde el Golpe de Estado que dio Franco. Me refiero a los cuerpos policiales, en especial la Guardia Civil, el Ejército y la Judicatura. Todos estos poderes saben el papel que desempeñan y y tienen muy claro su objetivo.

En este paisaje político hace su entrada un nuevo elemento inesperado. Este Gobierno no llevaba ni tres meses y se encuentra con un factor externo de dimensión mundial como es la pandemia generada por el COVID-19. Desde que declaró el estado de alarma, allá por mediados de marzo, ha tenido adoptar multitud de decisiones sanitarias y políticas, sobre todo de índole socioeconómico. Ante esta situación de emergencia, los diferentes tentáculos de la reacción neofranquista se pusieron manos a la obra para iniciar un proceso de acoso y derribo desde fuera del Parlamento a este Gobierno y han utilizado la pandemia porque fue lo que se cruzó en nuestras vidas. Podía haber utilizado cualquier otra cuestión, pero ésta les venía francamente bien y ponen en marcha lo que es un golpe de Estado de baja intensidad. Empiezan con un frente y poco a poco van abriendo más frentes. Para ello, utilizan los aparatos del Estado que he mencionado con anterioridad.

El frente judicial que abren para acusar al Gobierno por no haber prohibido la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo y ser el causante de la propagación del virus es el comienzo de una batalla judicial, que va respaldada por una serie de informes que elabora la Guardia Civil sin ningún rigor y que no hacen más que enseñar la patita de lo que están cociendo.

El motivo por el que el Poder Judicial es el ariete de la extrema derecha hay que buscarlo retrocediendo en el tiempo. Desde que el PP perdió las elecciones de 2004, bloqueó la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Lo que no había ganado en las urnas lo quería ganar a través de la vía judicial. Desde entonces cada vez que el PP ha perdido unas elecciones ha activado la estrategia de bloqueo de todo tipo de instituciones en las que la ley exige una mayoría cualificada, es decir, superior a la mayoría absoluta. Esa estrategia no ha sido casual. Cuando Zapatero ganó las dos elecciones al PP de M. Rajoy, la intención de este partido era torpedear todo lo que aprobase el Parlamento a través de los recursos de inconstitucionalidad, desde el nuevo Estatuto de Catalunya, pasando por la reforma de la Ley del Aborto para acabar con el matrimonio homosexual. La estrategia se resume en ganar en los juzgados lo que no pueden ganar en las urnas

Los procesos judiciales abiertos no  tenían ni pies de cabeza pero gracias a una serie de informes realizados por la Guardia Civil dan oxígeno a la instrucción de esos procedimientos. Para la elaboración de esos informes han seguido el mismo patrón que utilizaron en los informes que presentaron para la ilegalización de partidos políticos abertzales en Euskal Herria, cierre de periódicos y en fechas más recientes para el juicio del Procés. Los informes que aportaron a la instrucción estaban repletos de innumerables contradicciones y datos erróneos, pero sobre todo, estaban viciados de raíz porque tenían su origen en el pulso que algunos mandos de la Guardia Civil estaban echando al ministro del Interior y al Gobierno.

Simultáneamente abren otro frente, las protestas en los barrios ricos. En pleno Estado de alarma empiezan a manifestarse y liderar un movimiento de protesta utilizando una estrategia y lenguaje pro golpista. Es ir caldeando el ambiente para provocar la confrontación entre la ciudadanía, realizando acciones violentas. Lo más preocupante es la imagen que este Gobierno transmitía. Una incapacidad manifiesta para cortar de raíz este tipo de actuaciones. Hemos visto amenazas, insultos por parte de personas que tienen nombre y apellidos y que en algunos casos son militantes y cargos públicos de los partidos de la foto de Colón, pintadas en monumentos y hasta la fecha no parece que desde el Gobierno se esté tomando medida alguna. Aunque no nos debería de extrañar cuando es incapaz de cortar de raíz el acoso que está sufriendo Pablo Iglesias, miembro de ese Gobierno, hasta el extremo de tener que suspender sus vacaciones. Todas estas situaciones no hacen más que envalentonar a la ultraderecha de este país. El hecho que puedan campar a sus anchas les hace pensar que tienen inmunidad para hacer lo que les venga en gana. Si luego tienen la cobertura judicial para salir indemnes, como ha ocurrido con los ultras que realizaron las agresiones en la librería Blanquerna, ya no hay quien los pare.

Todo este despliegue no hubiera sido posible sin el apoyo de la Brunete mediática. El grado de manipulación que está aplicando este sector de la prensa, que no se nos olvide que es mayoritario, siempre tiene el mismo objetivo. Crispar a la población. Lo han hecho siempre que no gobierna la derecha, con el añadido de la frustración que acumulan al ver que algunos de los que forman parte de ese gobierno son los que fueron el blanco de las noticias falsas y manipuladas que lleva publicando desde hace más de cinco años. Las innumerables portadas con bulos, falsedades ha sido una constante en sus portadas durante el último lustro.

Con la finalización del estado de alarma y la llegada del verano las fuerzas reaccionarias mas que tomarse un respiro estaban preparando el segundo asalto al poder. Empiezan a percibir que este Gobierno no va caer tan fácilmente por falta de apoyos parlamentarios. Los socios de la investidura pueden ser muy críticos con el Gobierno en muchos temas pero tienen muy calibrada la crítica y cuando y como le tienen que retirar el apoyo en el Congreso. Dan la sensación que son los que mejor lectura están haciendo de la situación política del Estado. En las intervenciones que tienen, una y otra vez le están advirtiendo a este Gobierno de la falta de voluntad para tomar medidas que acaben con todo esto, porque tienen los apoyos suficientes para sacar adelante propuestas de calado para desarmar políticamente a las fuerzas reaccionarias.

En este periodo de tiempo de una forma u otra ha entrado en liza otro elemento que no puede pasar inadvertido.  La salud de la monarquía española no es para tirar cohetes. El deterioro de su imagen es progresivo y que uno de los socios del Gobierno haga declaraciones en contra de esta situación pone muy nerviosos a los partidos del tridente reaccionario. Desde la restauración de la monarquía es la primera vez que se viven este tipo de situaciones que hace algunos años nos podían parecer impensables. Esta situación de la monarquía en el contexto actual tiene mucha importancia, porque al ver los partidos de la extrema derecha que uno de los pilares del régimen del 78 tambalea han redoblado su presión contra este gobierno. Pero lo que nadie podía pensar es que el Borbón intentase interferir en la vida política y tan torpemente. Eso es lo que hizo con su “casual” llamada telefónica al presidente del Poder Judicial y que éste la hiciera pública. Todo esto ha servido para que quede negro sobre blanco que Felipe VI no está de brazos cruzados. El discurso del 3 de octubre de 2017 no fue ni una casualidad ni un acto aislado. La Casa Real lleva tiempo haciendo política y no cabe duda donde se ha posicionado. El problema que todo esto tiene es que un mal paso le puede costar la corona.

 A partir del mes de septiembre se esperaban algunas resoluciones judiciales que no iban a pasar inadvertidas. Eran sabidas las resoluciones judiciales que iban a afectar a Podemos y no están defraudando y han quedado clara cual es la estrategia que sigue este proceso de golpe de baja intensidad. Sacar a toda costa del Ejecutivo a Pablo Iglesias. Su intento de reprobación en el Congreso acaba de fracasar estrepitosamente, así que han activado la vía judicial. No se descubre nada nuevo si digo que las acusaciones que existen contra él no tienen fundamento alguno. No hay que olvidar que hasta la fecha todos los intentos judiciales contra Podemos y sus líderes han acabado archivados, pero yo no estaría muy tranquilo si mi futuro dependiese de Marchena y de los magistrados que redactaron la sentencia del Procés.

Este Gobierno da la sensación que no se está tomando en serio el tipo de oposición que le están haciendo y una muestra clara es el pulso que le está echando la Comunidad de Madrid que se ha convertido en el mayor saboteador de la lucha contra la pandemia. No se da cuenta que la Comunidad de Madrid lleva semanas aplicando una estrategia para reventar las medidas que se toman desde la Administración Central, haciendo un discurso en el que busca echar a la población encima del Gobierno. Las medidas que el Gobierno ha aplicado a Madrid mediante la aprobación del último estado de alarma están siendo papel mojado. En muchas zonas de la capital no se están cumpliendo las medidas aprobadas.

Todo este proceso de golpe de Estado de baja intensidad no ha hecho más que empezar y mientras el Gobierno no coja el toro por los cuernos las conspiraciones inspiradas por la extrema derecha van a seguir en aumento. Como le ha dicho hace unos días Gabriel Rufián, el Gobierno tiene todos los martes la posibilidad de cambiar este país a través del BOE. No sólo con leyes y decretos, también con ceses y nuevos nombramientos. En esta cuestión los ministerios de Interior y Defensa tienen una ardua labor a realizar.

El caos en Madrid se llama Díaz Ayuso

El caos se ha adueñado definitivamente de la Comunidad de Madrid. No hay marcha atrás. En la primera ola de la pandemia la gestión de la Comunidad de Madrid fue desastrosa. Eso sí, con el intento de maquillarla utilizando la táctica de echar la culpa al Gobierno del Estado por haber recentralizado algunas de las competencias de las CCAA, pero ahora no tiene excusas y  los comodines se le han ido acabado al Gobierno de Ayuso.

Lo primero que habría que recordar es que allá por los meses de mayo y junio la Comunidad de Madrid salió de las fases para pasar a la normalidad sin cumplir los parámetros sanitarios requeridos y poniendo más el énfasis en la cuestión económica que en la seguridad de la ciudadanía. Todo ese proceso se produjo con la dimisión de la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid al no compartir el criterio de Díaz Ayuso de que Madrid pasara a la fase 1. Es decir, se impusieron los criterios políticos a los sanitarios. En esos días en Madrid se vivían imágenes bochornosas como el espectáculo que montó la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, inaugurando la temporada de terrazas.

Desde que las CCAA recuperaron todas sus competencias el Gobierno de Ayuso no ha cumplido ninguno de los compromisos que asumió. No reforzó la sanidad pública con el incremento de los recursos, no contrató rastreadores hasta pasadas muchas semanas, ha tenido problemas con todo el personal sanitario y ha dejado abandonada a la atención primaria y a la educación pública.

Los meses de julio y agosto han sido un continuo esconder los datos de la pandemia en la Comunidad de Madrid, con el agravante que no podía echar la culpa al Gobierno Central.

El espectáculo que dio los últimos días de agosto quedando en evidencia por no tener organizada la vuelta a las aulas no presagiaba nada bueno y al final toda esta situación tenía que estallar, era cuestión de tiempo. Una vez que finalizara el periodo vacacional y que se reincorporar la mayor parte de la población al trabajo y se abrieran los colegios estaba claro que los contagios se iban a disparar llegando a la situación actual en la que la Comunidad de Madrid está al borde del abismo. Los datos son irrefutables y los porcentajes de contagios por cada 10.000 habitantes son los más altos de toda Europa, las UCIS de los hospitales madrileños se empiezan a colapsar y la atención primaria sencillamente la han desmantelado, por lo que se ha convertido en un ente en vías de extinción.

La Comunidad de Madrid es como un pollo sin cabeza, va de despropósito en despropósito y la última ocurrencia ha sucedido el pasado miércoles, cuando la Consejería de Sanidad informa, a través de su viceconsejero, que tiene intención de confinar algunos barrios de la capital sin haber sido aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y habiendo sido informada la presidenta a través de WhatsApp. Para rematar todo este compendio de disparates, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha pedido al gobierno Central que se implique, haciendo total dejación de las competencias que tiene el Gobierno del que forma parte.

Toda esta forma de actuar sería una ópera bufa de lo más divertida si no fuese porque se está jugando con la vida de la ciudadanía y se están destruyendo los servicios públicos.

A los que dirigen los designios de la Comunidad de Madrid habría que recordar algunas cuestiones que son de manual para poder realizar una gestión medianamente eficaz. Se les olvida que las competencias en sanidad y educación corresponden a la Comunidad de Madrid. Si, la gestión de la sanidad pública. Esa competencia que durante el estado de alarma Díaz Ayuso exigía que se la devolviera el Gobierno Central y que desde que le fue devuelta ha sido incapaz de gestionar, porque la preocupación del Gobierno ultraliberal de Madrid ha sido y es la privatización de todos los servicios públicos. La adjudicación de los rastreadores se realizó en el tiempo de descuento, cuando no le quedaba más remedio que contratarlos por la presión que se estaba dando. Y curiosamente, si a principio del mes de agosto la contratación la intentaron canalizar a través de voluntarios de la Universidad Complutense de Madrid, al final la adjudicación la hicieron de la noche a la mañana y recayendo en una empresa privada del sector sanitario, sin concurso previo y sin llegar a contratar el número de rastreadores al que se había comprometido para salir de las fases.

A la hora de organizar el inicio del curso escolar le ha ocurrido algo similar. Su preocupación ha sido abastecer de medios a la enseñanza concertada en detrimento de la escuela pública. Cuando la comunidad educativa se le echa encima, improvisa y es el momento en el que nos regala alguna declaración o promesa que no tiene ninguna intención de cumplir, como es la promesa que realizó a finales de agosto de contratar 11.000 profesores interinos y que no ha cumplido. Y para inaugurar el curso escolar decide realizarlo en un colegio concertado. Está claro que esta gente no disimula. Su objetivo es cargarse la educación pública.

A todo esto hay que añadir el elenco de declaraciones que realiza, propias de una política xenófoba y clasista. El culpar de los contagios a la forma de vida de los inmigrantes no es más que intentar de forma menos abrupta estar a la altura de las declaraciones que realiza sus socios de legislatura, VOX, cuando a los barrios más humildes los llama estercoleros multiculturales. Quizá se deba a que se están disputando el mismo electorado, porque ambos partidos son de extrema derecha.

El Gobierno formado por PP y Cs es un atajo de incompetentes que está generando el caos por su mal hacer, pero todo este caos no sólo se debe a su incompetencia. Gran parte de ello se debe al tipo de políticas que pone en práctica y en tiempos de pandemia esa gestión se les acaba escapando de las manos. Un ejemplo de ello es que mientras Diaz Ayuso recorta en sanidad y educación, esta semana ha anunciado rebajas de impuestos, y, por supuesto, las rentas altas son las primeras que se van a ver beneficiadas de esta medida. Es evidente que a este segmento de la población la sanidad pública le resbala porque son usuarios de la sanidad privada y la educación pública no saben lo que es porque sus hijos van a colegios privados o en el peor de los casos concertados.

Los barrios, distritos y pueblos que más contagios tiene son aquellos donde vive la clase trabajadora porque las condiciones de vida son las más precarias. Muchas familias viven hacinadas en viviendas de menos de 50 metros cuadrados. Son barrios con calles estrechas y para ir a trabajar utilizan el transporte público. Son personas que tienen trabajos precarios y en muchos casos no se pueden permitir coger una baja laboral porque si no trabajan no pueden comer. Esta población que es la que más necesidad tiene de una atención adecuada en la sanidad pública es la que está sufriendo todos los recortes en la atención primaria de sanidad y en educación. Pero a la derecha ultraliberal todas estas personas no les preocupa absolutamente nada y cargan sobre la población más desfavorecida la responsabilidad de los contagios. Criminalizan a los pobres porque tienen la desgracia de serlo.

En el día de hoy han tomado una serie de medidas que me temo que no van a servir absolutamente para nada. De poco o nada sirve confinar a los barrios de Madrid y ciudades del sur de la Comunidad si esas personas utilizan el transporte público para trasladarse al trabajo y a los centros educativos. Puedo decir, por experiencia propia, que el funcionamiento del Metro madrileño es lamentable. Las esperas entre trenes son superiores a lo habitual, lo que conlleva aglomeraciones en los andes y dentro de los vagones es imposible guardar las distancias de seguridad. Quitando algunos tramos de líneas periféricas, el resto de la red sencillamente está saturada.

La hoja de ruta del Gobierno de Ayuso, con la aplicación de las políticas más neoliberales al más puro estilo Trumpista es una bomba de relojería que va a explotar de lleno en el corazón de las personas más vulnerables y sólo servirá para agrandar la brecha social en la Comunidad de Madrid.

¿Se tambalea la monarquía?

Si hace unos años, cuando se publicó la sentencia del caso Noos, en la que fue condenado el yerno de Juan Carlos I, nos hubieran preguntado sobre el futuro de la monarquía española un porcentaje muy pequeño habría vaticinado lo que a día de hoy estamos viviendo. Ni en las peores pesadillas se le podía pensar al rey emérito que acabaría sus días huyendo del país que durante más de cuarenta años campó a sus anchas, a estilo señorito andaluz en su cortijo.

Si echamos la vista atrás, y analizando lo que fue el caso Noos no había que ser muy avispado para darse cuenta que esa madeja de corrupción no se llegó a deshacer en su totalidad y quedaron muchos cabos sueltos. En todo ese enredo la sombra de la Casa Real planeó y uno de los caballos de batallas que se dio en el proceso judicial fue el grado de implicación que tuvo el clan de los borbones en toda esa estructura que organizaron Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres. El régimen consiguió que diera resultado el cortafuegos que puso en marcha para que ni la hija de Juan Carlos fuera condenada y que la Casa Real saliera lo mejor parada de todo ese escándalo. La infanta Cristina fue absuelta en la sentencia dentro de un mar de sospechas en un aun ambiente de pucherazo judicial y en lo que concierne a la posición de Juan Carlos de Borbón había que hacer un acto de fe para creer que no estaba al corriente de las andanzas de su hija y su yerno.

En todo este escándalo nunca me quedó la menor duda que todos los miembros de la familia real estaban al cabo de la calle de todo y a saber si el Emérito no fue uno de los que pergeñó la trama para el enriquecimiento de su hija y su yerno a través de Noos. Consiguieron salvar los muebles, aunque quedaron ciertas heridas entre los miembros de la familia que en algunos momentos han aflorado y dejando entrever sus miserias. La entrada en prisión de Iñaki Urdangarín y su posterior estancia fue todo un secreto de Estado, al igual que la planificación para la huida de Juan Carlos I. El llegar a acondicionar un módulo sólo para él fue otra prueba más de la impunidad con la que se han movido.

La corrupción en el entorno de la familia real parecía que había quedado circunscrita al yerno del rey, pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y lo que no consigue un juez o un fiscal del Reino de España lo puede conseguir un fiscal suizo. Las noticias han ido cayendo con cuenta gotas, pero eran gotas que han ido llenando un vaso que al final parece que quiere rebosar y se ha llegado a la situación actual. La monarquía española está viviendo uno de los momentos más delicados de su historia. La situación es tan grave que todas las decisiones que se han tomado en el entorno de la familia real con el beneplácito del presidente del Gobierno están siendo en pleno periodo vacacional, nada más iniciarse el mes de agosto, quizás en un intento de amortiguar el impacto que pueda producir en la ciudadanía, quedándose en la noticia del verano, sin más. La situación que se está viviendo a nivel mundial con la pandemia generada por el Covid19 está siendo un aliado magnifico para que el foco mediático no se dirija únicamente a la situación que está viviendo la monarquía española.

 A día de hoy la situación de la monarquía española es muy delicada, pero de ahí a que caiga hay un recorrido bastante importante. Todo dependerá de cómo se muevan las fichas de este tablero y las futuras noticias que se vayan publicando tanto en la prensa española como en la de otros países de nuestro entorno.

En estos momentos estamos viviendo una ofensiva mediática y política con un objetivo muy nítido, salvar a la monarquía al precio que sea. No se pueden permitir más fallos. No les queda mucho margen de error. En esta cruzada tenemos a toda la prensa del régimen del 78 remando desaforadamente. El primer objetivo está siendo proteger a Felipe VI como primer paso para salvar la institución monárquica y para ello se han puesto a trabajar a destajo. Pero lo que no debería de pasar desapercibido es que algunos medios de comunicación del régimen que nos forman parte de la Brunete mediática, no tienen ningún reparo en publicar en sus medios auténticos bodrios de artículos en los que siguen ensalzando la figura de Juan Carlos I. Me estoy refiriendo al diario El País. Son auténticos panfletos que tiene toda la pinta que son solicitados por encargo del director del periódico de turno a requerimiento de instancias superiores.  El hecho que estos medios de comunicación vuelvan a la carga con artículos en que realizan grandes alabanzas al papel que jugó el 23-F no dejan de ser un tanto patéticos. Si hay algo que hace mucho tiempo ya nos quedó claro es que su papel no fue el que nos han intentado vender a lo largo de los años. Hay habido bastantes publicaciones al respecto, pero, sin duda alguna, el libro que publicó la periodista nada sospechosa de republicana, Pilar Urbano, ha sido sin duda uno de los más clarificadores. No hay que olvidar que en el extranjero siempre ha dado una versión muy diferente del papel que jugó Juan Carlos I durante aquellos meses en los que se fraguaban intentonas golpistas cada lunes y cada martes.

Respecto al papel que están jugando los partidos políticos, era del todo previsible la posición que están manteniendo el tridente de la derecha extrema y la extrema derecha. Se han volcado en salvar a Felipe VI porque han hecho una lectura muy clara de la situación actual. Juan Carlos I está totalmente amortizado y poco o nada pueden hacer por él, además de lanzar frases grandilocuentes acerca del papel desempeñado durante su reinado. Pero ahora están a lo que están, que no es otra cosa que la tormenta no vaya a más y la institución monárquica salga de todo este lodazal. En resumidas cuentas, el tridente de Colón está teniendo una actitud totalmente previsible, con un guion muy sencillo y para su base social es perfecto. Quod natura non dat salmantica non præstat. Sólo hay que leer lo que escriben en las redes sociales para ver como bajan las aguas de la extrema derecha.

El papelón que está siendo para enmarcar es el que está realizando el Gobierno como institución y los socios que lo sustentan. La forma de actuar del presidente del Gobierno y sus ministros más cercanos, con la vicepresidenta Carmen Calvo aprendiz de Rasputín, es más propia de bufones de la Corte. La ocultación a una parte de los miembros del Gobierno de las conversaciones que estaban llevando a cabo con Felipe VI es un ejemplo de deslealtad hacia sus socios de gobierno y un acto profundamente antidemocrático. Las posteriores declaraciones tanto de Pedro Sánchez como de Carmen Calvo no han bordeado el patetismo, es que han sido intrínsecamente patéticas.

Este es el momento idóneo en el que el PSOE tiene la oportunidad histórica de romper con su posición ante la institución monárquica. Ese republicanismo juan carlista del que han presumido a lo largo de los años se ha caído como un castillo de naipes, pero lo más grave es que no van a romper con su posición de escuderos de la monarquía borbónica. Tendría que haber una auténtica catarsis en ese partido para que hubiera un giro de 180 grados.

La situación en la que ha quedado dentro del Gobierno Unidas Podemos es bastante delicada. La conclusión que se puede sacar es que dentro del Gabinete existe un núcleo duro para la toma de una serie de decisiones del que no forman parte ninguno de los ministros de Unidas Podemos. Lo de la planificación de la huida de Juan Carlos I a espaldas de Pablo Iglesias y de los ministros de su coalición no es un sapo cualquiera que se han tenido que tragar, porque las decisiones del Gobierno afectan a todos los miembros de él. En el acuerdo de Gobierno no se hablaba nada sobre la forma de Gobierno, entre otras cosas porque cuando se firmó nadie se podía imaginar que se fuera dar esta situación pasados ocho meses desde su firma, pero los acontecimientos mandan y no cabe duda que en las próximas fechas se van a vivir momentos en los que las diferencias van a aflorar más aún si cabe.

Las declaraciones de algunos líderes de Unidas Podemos, posicionándose en favor de la instauración de la República, si se quedan en eso, en meras declaraciones, no dejan de ser un brindis al sol. Si realmente quieren hacer una apuesta valiente por defender unos planteamientos republicanos para revertir la situación actual no les queda otra herramienta que movilizar a la sociedad, como fórmula para poder avanzar a un escenario en el que la población empiece a ser actor principal y obligue a las instituciones a salir de su inmovilismo político. Meter presión a través de la calle.

Hasta la fecha en los únicos lugares donde se están dando movilizaciones en contra de la monarquía es en aquellos lugares donde las fuerzas independentistas y soberanistas tienen un peso específico, pero no deja de ser insuficiente para una empresa de tal envergadura. En estos momentos la izquierda estatal está ante el reto más importante desde el referendum sobre la OTAN. Lograr poner en el centro del debate político la posibilidad de cambiar la forma de gobierno para instaurar una República y que se pongan los mecanismos para que la ciudadanía participe en ese proceso va a ser una de sus revalidas más importantes en la historia contemporánea.

Elecciones vascas: Hegemonía abertzale pero gobierno continuista

El pasado domingo se alinearon todos los astros para que se dieran unos resultados electorales que han cogido con el pie cambiado a más de un analista y tertuliano, aunque el foco mediático lo intenten dirigir en función de sus intereses mediáticos.

Las elecciones al Parlamento vascongado eran un tanto extrañas. La imposibilidad de realizarse en abril a causa del confinamiento y algunos hechos acaecidos en los meses precedentes (sentencia del caso De Miguel, vertedero de Zaldibar y una cuestionada gestión sanitaria) generaban algunas dudas acerca de la respuesta que pudiera dar el electorado en las urnas. Para rematar la situación el brote de Ordizia y la prohibición de ejercer el derecho al voto a las personas infectadas en esa localidad por el COVID-19 no dejaba de ser la guinda a toda esta situación vivida.

De los resultados que se han dado el pasado domingo se pueden sacar algunas conclusiones que nos tienen que servir para interpretar los futuros movimientos políticos.

La primera conclusión es que hay un ganador indiscutible: el PNV, pero si se profundiza en los resultados, esa victoria no es tan brillante como a simple vista pudiera parecer. El primer dato es bastante elocuente, el PNV pierde casi 49 mil votos. Esta paradoja de subir en porcentaje y escaños aun habiendo tenido esta fuga de votos tiene una explicación sencilla. El resto de los partidos, a excepción de EH Bildu, tiene una sangría similar o mayor de votos. Después de haber visto estos resultados es más fácil de entender la estrategia durante los últimos días de campaña del PNV y las declaraciones de algunos de los líderes jeltzales, sobre todo, del presidente del EBB, Andoni Ortuzar. No las tenían todas consigo y se concentraron en realizar un llamamiento a sus simpatizantes para que no dejaran de votar. No cabe duda que manejaban ciertos datos que les podían generar algunas dudas al respecto. Ahora bien, sus 31 escaños le dan una posición muy cómoda para ser el eje de cualquier acuerdo de gobierno, porque un hipotético acuerdo entre EH Bildu, PSOE y Elkarrekin Podemos, a día de hoy, es ciencia ficción.

Los resultados señalan que hay un partido que no sólo ha mejorado sus anteriores resultados, sino que ha obtenido un resultado histórico. Es el caso de EH Bildu. Pero sin duda, ese resultado tiene mucho más valor, aun si cabe, porque ninguna encuesta le daba el resultado cosechado y a muchos analistas políticos les ha descolocado sus esquemas. En una campaña tan extraña en la que no se han podido hacer actos multitudinarios, ha sabido trabajar a pie de obra. Algunos titulares de la prensa española han puesto el foco en que la formación independentista ha tocado techo. La lectura que se debe de realizar es de forma inversa. Si con un incremento de la abstención ha incrementado sus votos en algo más de 23 mil papeletas, no cabe la menor duda que tiene un suelo firme gracias a un electorado fiel, lo único que le falta es mirar hacia arriba.

A partir de aquí el resto de los partidos han tenido unos resultados que se pueden calificar de mediocres en el caso del PSOE, catastróficos en el caso de Elkarrekin Podemos y por lo que respecta a la pomposa coalición PP-Cs les ha pasado por encima un tsunami devastador.

EL PSOE de Idoia Mendia ha tenido el dudoso honor de obtener los segundos peores resultados de la historia de este partido en la elecciones autonómicas. Las encuestas le habían tratado bastante mejor que el resultado obtenido en las urnas. Han ganado un escaño gracias, única y exclusivamente, a que otros partidos han tenido una caída mucho mayor. No han rentabilizado ni haber pertenecido al gobierno de coalición con el PNV ni que su partido sea el inquilino de La Moncloa, hecho que siempre tiene un efecto de atracción de votantes.

La clave puede ser que la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) ha sido crítica con la gestión que ha realizado el PSOE desde el Gobierno Central durante el confinamiento. La deriva jacobina de recentralizar competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía a través de los diferentes decretos de alarma ha tenido una respuesta nítida por parte de la ciudadanía vasca. Al fin y al cabo, esa recentralización no deja de ser más que la aplicación del 155 con guante de terciopelo.

Es necesario recordar las tensiones que en estos meses se han vivido entre los dos partidos que han gobernado en coalición el Gobierno Vasco a la hora de gestionar la situación generada por la pandemia. No están tan lejanas las críticas demoledoras que Iñigo Urkullu lanzaba a Pedro Sánchez durante el periodo de confinamiento. Todos esos desencuentros han servido para pasar factura a un PSOE que ha echado el resto realizando un desembarco de ministros en los diferentes actos electorales. Para finalizar, hay que tener presente el desgaste que ha podido sufrir el PSOE en el caso del vertedero de Zaldibar, porque a nadie se le debe escapa que el Consejero de Medioambiente en el Gobierno Vasco es Iñaki Arriola, del PSOE.

En el caso de Elkarrekin Podemos su caída es más sangrante. Los resultados que han obtenidos son dramáticos en todas sus variables. Pierden casi 55 mil votos y bajan casi un 4 por ciento. Todo esto se traduce en la pérdida de 5 escaños. Si la caída de Elkarrekin Podemos era un secreto a voces, pues todas las encuestas les auguraban una pérdida de apoyo electoral, los resultados reales han superado claramente las previsiones iniciales. Estos resultados de Elkarrekin Podemos son muy similares a los que cosechó Ezker Batua (Izquierda Unida) en las elecciones autonómicas de 1994 donde esta organización cosechó los mismos parlamentarios que en la actualidad. Esos resultados de EB fueron los mejores resultados de su corta historia.

Para entender esta caída por un precipicio es necesario realizar un repaso panorámico de los últimos cuatro años de Elkarrekin Podemos en la CAV. En 2016 Podemos elige como cabeza de cartel a una persona que no se le conocía actividad política alguna, pero su imagen en la carrera a Ajuria Enea podía reportarle una rentabilidad electoral. Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, víctima del GAL, fue la persona elegida. Todavía era la época de los golpes de efecto de Podemos. Pero, curiosamente, cuando se forma el grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos fue apartada para ejercer la portavocía en el Parlamento de Vitoria y deciden colocar a alguien de la dirección del partido en la CAV. Esa decisión no dejó de ser un arrinconamiento de la cabeza de lista.

A finales de 2019, con la legislatura prácticamente acabada, Elkarrekin Podemos se rompe internamente a la hora de adoptar una posición ante los Presupuesto de la CAV para el año 2020. Los parlamentarios de Podemos llegan a un acuerdo con el Gobierno de coalición PNV-PSOE para sacar adelante los Presupuestos, pero los parlamentarios de IU y Anticapitalistas se oponen a ese acuerdo. Todo ello se trasluce en que el grupo parlamentario se parte y  unos votan a favor y otros en contra. Esa imagen vislumbra a las claras que no hay una postura homogénea en la coalición, y una máxima en política es que el electorado castiga las divisiones internas.

El hecho que en febrero la dirección de Podemos Euskadi dimitiese en bloque al no salir elegida su candidata en las primarias para las elecciones autonómicas tampoco les ha ayudado a la hora de minimizar la caída y la imagen que se ha proyectado a la sociedad es que hay un control férreo desde la dirección de Madrid.

Y en este rosario de errores y torpezas, sin duda alguna, la imagen que ha dado Unidas Podemos no hace muchas semanas en relación con la creación de una comisión para investigar al GAL en el Congreso de los diputados ha sido uno de los episodios más lamentables de su corta historia y en el que su líder, Pablo Iglesias, ha sido el responsable máximo. Su negativa inicial a la creación de esa comisión y la respuesta que le dio a Pili Zabala, al decirle que “en este momento no era adecuado apoyar la comisión de investigación”, ha servido para que quede negro sobre blanco el maquiavelismo político que se gasta el líder de Podemos. Pero como en otras ocasiones, al percatarse del error, rectifican, cambian de opinión, pero la patita ya la había enseñado y si no había quedado claro, ya se encargó Echenique de escribir un tuit bastante lamentable. Cuando uno se convierte en el Partido Veleta, emulando a Ciudadanos, sobre todo en la época de Rivera, pasa lo que tiene que pasar, que la ciudadanía te acaba dando la espalda.

No se puede pasar por alto el papel que ha jugado Unidas Podemos a lo largo del estado de alarma. Ha sido colaborador necesario de la recentralización de competencias. Su federalismo y y respeto a las naciones del Estado español no deja de ser más que una idea un tanto hueca que se queda en pura retórica.

A esto hay que añadir que la hoja de servicios de los ministros de Unidas Podemos no es como para sacar pecho. La ministra de Trabajo ha sido incapaz de sacar adelante una materia de su competencia como es la derogación de la reforma laboral y han incumplido el acuerdo que firmaron PSOE y UP con EH Bildu para su derogación. Este hecho la ciudadanía lo percibe como una manifiesta incapacidad política.

A nivel global la derecha extrema y la extrema derecha han cosechado un rotundo fracaso en estas elecciones. Se presentaban en dos listas electorales y entre ambas se han quedado en 6 escaños. Sin duda alguna son, junto con los resultados de las elecciones autonómicas de 1986, los peores resultados que ha obtenido la derecha española.

La coalición PP-Cs ha sido un fiasco y se ha vuelto a demostrar, una vez más, que en política dos más dos no siempre son cuatro, también pueden ser tres y en este caso el batacazo se ha traducido en una caída se casi 69 mil votos y la pérdida de 4 escaños. La mayor parte de los votos que obtuvieron en 2016 les han dado la espalda y un porcentaje pequeños se les han ido a VOX. El problema de los herederos políticos del franquismo es que las formas de hacer política en el barrio Salamanca o en la España profunda no dan los mismos resultados ante la sociedad vasca. Su estrategia no les ha dado resultado ni el municipio de Getxo, buque insignia de la aristocracia de Neguri, que han quedado por debajo del PNV y de EH Bildu.

El discurso de esta derecha que bordea la extrema derecha tiene una finalidad muy clara. No va dirigido a la sociedad vasca, es un discurso pensado para que resuene en el resto del Estado español y, sobre todo, en aquellos lugares donde estas formas de hacer política les da grandes réditos electorales. La derecha española sigue a pie de la letra el discurso de FAES, Aznar, Mayor Oreja, María San Gil e Iturgaiz, en esa carrera que tiene con VOX para ver quién de los dos es más de extrema derecha y la ocurrencia más descabellada es bien recibida en Toledo, aunque ese discurso sea un fracaso en Euskal Herria. El problema que tiene esa estrategia para el PP y Cs es que el votante de derechas entre la copia y el original siempre va a elegir el original y acaba votando a la extrema derecha pura y dura.

El resultado de VOX no debería de extrañar a nadie. La obtención de un escaño por el territorio alavés era algo previsible por varias circunstancias.

Desde la óptica legal, la legislación electoral vasca exige un tres por ciento para poder obtener representación parlamentaria, a diferencia de la legislación estatal que ese porcentaje lo eleva al cinco por ciento. Es un factor que beneficia a las pequeñas formaciones políticas, como es el caso de VOX. Para obtener el escaño de Álava no ha necesitado obtener ni cinco mil votos en ese territorio. Es fundamental tener presente que los tres territorios tienen el mismo número de escaños, 25 cada uno de ellos. Esta circunstancia lleva a que en Gipuzkoa el único escaño que ha obtenido la coalición PP-Cs ha sido con casi 14 mil votos y en Bizkaia, con algo más de 30 mil sufragios, sólo ha conseguido otro.

Desde una óptica más sociopolítica, la extrema derecha siempre ha estado presente en el Estado español y Euskal Herria no es una excepción. Era un sector importante dentro del PP. No eran cuatro nostálgicos del franquismo. Lo que ha sucedido es que durante mucho tiempo se ha sentido cómoda primero en Alianza Popular y luego en el Partido Popular. Ambos partidos fueron fundados por exministros franquistas y el régimen del 78 en ningún momento ha puesto en peligro los privilegios de los que han gozado y siguen gozando. Cuando estos elementos más ultras han visto peligrar en cierta forma algunos de sus privilegios, es cuando han decidido salir del armario y sacar en público su perfil más franquista. El PP ha dejado de satisfacer sus necesidades y se ven lo suficientemente fuertes para poner en marcha su proyecto político.

Otro de los factores que le ha reportado algunos votos del espectro de la derecha es lo sucedido durante la campaña electoral. Los actos de VOX han suscitado un rechazo frontal por parte de la población y VOX ha sido perfectamente consciente de ello. Por ello, su estrategia ante el electorado de derechas se ha fundamentado en todo momento en dar una imagen de víctima frente a la otra candidatura que le hacía la competencia.

Estos resultados han servido para que no haya lugar a dudas que los partidos abertzales superan cualquier mayoría cualificada dentro de la sociedad de la CAV, pero el régimen puede estar tranquilo, porque ni el PNV tiene intención alguna de cuestionar el status quo actual y el PSOE está deseoso de reeditar el actual pacto de gobierno para seguir apuntalando el régimen del 78.

El PSOE es una máquina electoral que necesita estar en el gobierno, por ello le ha faltado tiempo para ofrecerse como socio al PNV y éste, a su vez, no tiene ningún deseo de modificar su estrategia y de iniciar un proceso en que se ponga fin al actual marco jurídico-político.

El proyecto de nuevo Estatuto seguirá durmiendo el sueño de los justos, porque su actual y futuro socio, el PSOE, se opone frontalmente a cualquier cambio que conlleve el cambiar el modelo actual y el PNV tampoco quiere incomodar a sus socios de gobierno. Ambos partidos tienen intereses comunes y se necesitan el uno al otro.

Un acuerdo entre el PNV actual y EH Bildu es imposible por muchos motivos. A la falta de voluntad política para cambiar el actual marco hay que añadir que el modelo de sociedad que defiendan ambas formaciones es antagónico.

Un acuerdo entre las tres fuerzas de izquierdas no tiene visos de viabilidad por varios motivos. El primero es muy claro. El PSOE nunca va a votar a un lehendakari de la izquierda abertzale, aunque este le doble en votos y escaños, como ocurre en al actualidad. Sin ir más lejos, el año pasado el PSOE prefirió que el alcalde de Iruñea sea de la derecha navarra más recalcitrante en vez de la izquierda abertzale, ahora no va a ser una excepción. Pero si entramos en contenidos tampoco es factible un acuerdo de esta naturaleza teniendo como socio a un partido que día tras día está adoptando medidas liberales y recentralizadoras desde el Gobierno Central. Es buscar la cuadratura del círculo y quizás sea eso lo que le está pasando al actual gobierno de Madrid.

Si bien es verdad que ha habido movimientos en el tablero político vasco en el que han salido fortalecidas las fuerzas abertzales y de izquierda, a corto-medio plazo el régimen puede dormir tranquilo porque no ve peligrar su posición. Es lo que tiene la democracia parlamentaria, que lo reflejado en las urnas tiene una importancia relativa.

Y en esto llegó EH Bildu

El anuncio realizado en el día de ayer por la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en el Congreso de los Diputados durante el debate para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma ha servido para poner patas arriba al Gobierno de coalición.

El acuerdo alcanzado entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos (UP), con EH Bildu ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado. A nadie se le pasaba por la cabeza que el Gobierno se planteara poner en la mesa la derogación de la reforma laboral, sobre todo en esta situación de emergencia en la que está todo el Estado. No lo digo porque no fuese necesario abordar este tema, sino porque mucho antes que se decretara el estado de alarma el Gobierno no tuvo interés alguno en impulsar esa propuesta.

Antecedentes

La derogación de la reforma laboral lleva siendo un tema recurrente que sale con frecuencia a relucir. El PSOE no tuvo ningún interés en derogarla durante la anterior legislatura, una vez que prosperó la moción de censura con Mariano Rajoy. La promesa pasó a dormir el sueño de los justos.

Cuando el PSOE y UP llegaron a un acuerdo de Gobierno firmaron un documento en el que el punto 1.3 está redactado en los siguientes términos: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos”[1]. Este apartado es más extenso, en el que enumera las medidas que adoptarían con carácter urgente.

 A día de hoy la reforma laboral no ha estado encima de la mesa y hay que recordar que en la entrevista que el diario El País realizó a la Ministra de Trabajo el 25 de enero de 2020, ésta manifestó que “técnicamente no es derogable toda la reforma laboral”.  Es necesario recordar que en todo momento la CEOE no ha dejado de presionar para que no se derogara la reforma laboral.

De todas esas medidas urgentes la única que aprobó el Gobierno al inicio de la legislatura ha sido derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.

Así ha transcurrido el inicio de la legislatura hasta que nos hemos sumergido en la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia que está azotando al Estado español. A partir de ese momento se ha vivido una incesante aprobación de Decretos-leyes en materia laboral que tenían su origen en la situación de emergencia que se está viviendo.

Si en un principio las medidas que se estaban tomando en esta materia iban por el buen camino, de unas semanas a esta parte el Gobierno ha empezado a ceder a los deseos de los empresarios y ha modificado algunos de los Decretos-leyes aprobados recientemente para satisfacer las pretensiones de la CEOE. Todo esto con el beneplácito de los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT).

Salta el acuerdo PSOE, UP y EH Bildu.

En el día de ayer Mertxe Aizpurua hace público en la tribuna del Congreso que EH Bildu se abstendría en la votación para la prórroga del estado de alarma porque habia llegado a un acuerdo para derogar la reforma laboral de 2012 en su totalidad. EH Bildu consigue dar un giro copernicano a la situación política.

Lo primero que hay que decir es que el documento firmado existe y su contenido no deja lugar a dudas, como tampoco dejaba lugar a dudas el documento que aprobaron PSOE y UP para gobernar en coalición, pero no parecía que hubiera una voluntad por ambos partidos para llevarlo a buen puerto. Del PSOE podía ser esperable, pero las declaraciones de la Ministra de Trabajo perteneciente a la coalición UP, que he descrito con anterioridad, daban la sensación que UP no estaba muy proactivo por impulsar su derogación. La impresión que proyectaban es que la derogación de la reforma laboral no iba a ser un tema urgente.

Si la derogación de la reforma laboral era uno de los acuerdos programáticos estrella que recogieron PSOE y UP en su acuerdo de gobierno parece que no tiene lógica de ningún tipo que para lograr el apoyo de EH Bildu en la votación de ayer, esta formación política haya tenido que obtener del gobierno como contrapartida una reivindicación que estaba en el programa conjunto de los dos socios de Gobierno. Todo esto puede parecer surrealista pero es así. Lo que si que ha quedado claro es que este gobierno ha utilizado la reforma laboral, de forma perversa, como moneda de cambio para sacar adelante una nueva prórroga pero ¿Qué hubiera pasado si EH Bildu le hubiera dicho que no? ¿El Gobierno se hubiera planteado derogar la reforma laboral? Cualquier pregunta que uno se realice sobre esta cuestión le acaba llevando a una única respuesta: El Gobierno hubiera vuelto a guardar la reforma laboral en el cajón del olvido porque no tiene interés en que prospere.

Lo que no cabe duda es que los partidos que auparon a este Gobierno le van a tener que sacar las propuestas del acuerdo de investidura que entre ambos dos aprobaron, a base situaciones como las que se han vivido ayer, porque este Ejecutivo no tiene rumbo. Está perdido y más preocupado en las críticas que le realiza la derecha y en las caceroladas de los barrios ricos.

Es necesario recordar que el modus operandi utilizado para llegar a este acuerdo es muy similar al que se daba en otras épocas. Para conseguir los votos del PNV o de CiU en anteriores legislaturas el partido que gobernaba llegaba al acuerdo de transferir alguna competencia que ya venía recogida en los estatutos de autonomía de Euskadi y Cataluña. El pacto se podía resumir en que el Gobierno para sacar adelante alguna norma, a cambio tenía a bien cumplir la ley. Esta podía ser el Estatuto de Autonomía, el Concierto económico o el Cupo. El Gobierno no daba nada que no estuviera obligado de antemano, pero como tenía la llave de todo eso, era la forma de obtener el apoyo que necesitaba en ese momento. Luego aparecían los titulares de la Brunete mediática diciendo las barbaridades a las que nos tienen acostumbrados, quejándose de los privilegios y prebendas que lograban PNV y CiU, obviando, como no podía ser de otra forma, que el gobierno de turno cuando cedía a las pretensiones de estos dos partidos, únicamente se limitaba a cumplir la ley.

EH Bildu logra profundizar las contradicciones del gobierno de coalición

El acuerdo ha traído consigo un terremoto dentro del Ejecutivo. Las diferentes declaraciones están sirviendo para dudar de que el PSOE cumpla con el pacto firmado en los términos que ha sido redactado o peor aún, que no cumpla nada. El PSOE tenía que salvar la votación de ayer y no tuvo reparos en firmar ese documento siendo consciente que habría una posición férrea contra ese pacto por parte de algunos ministros del PSOE. Este partido tiene experiencia en estas lides y no tendrá ningún reparo en incumplir el acuerdo. Escuchar en el día de hoy a la persona que ha firmado el documento en nombre del PSOE, Adriana Lastra, decir que no se puede hacer una derogación íntegra de la reforma laboral es un síntoma del nulo interés que tiene el PSOE en todo este tema.

En esta situación la coalición UP es la que puede salir más dañada de toda esta situación porque ha demostrado una incapacidad manifiesta. En primer lugar, porque se ha demostrado que ha sido incapaz de sacar adelante la reforma laboral dentro del Consejo de Ministros  y en segundo lugar, porque el hecho que controle las carteras ministeriales de carácter sociales no está sirviendo para que exijan la aplicación de los acuerdos firmados con el PSOE.

Es curiosa la actitud de Pablo Iglesias. Si hasta ahora no había realizado ninguna declaración sobre la reforma laboral, parece que ha necesitado que una fuerza política que sólo tiene cinco escaños haya tenido que darle cobertura para que haya sacado pecho para exigir el cumplimiento íntegro del acuerdo.

Otro dato de interés es que ha tenido que venir una fuerza política independentista, que haya planteado una exigencia de carácter sociolaboral de esta magnitud. Quiero recalcar esta última cuestión porque hay un sector de la izquierda española que siempre ha visto a los partidos independentistas gallegos, vascos y catalanes como grupos preocupados por cuestiones identitarias envueltas en banderas al margen de los intereses de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Argumento que no se ajusta a la realidad como lo han demostrado la trayectoria política de los partidos políticos de la izquierda independentista y las centrales sindicales independentistas.

Era de esperar que la CEOE pusiera el grito en el Cielo ante el acuerdo de ayer. En el supuesto que la derogación llegue a buen puerto, cosa que dudo, la patronal dejará de tener barra libre. Lo que es bastante curioso  es la actitud de las dos centrales mayoritarias en el conjunto del Estado, CCOO y UGT. Han pedido que se cuente con ellos para negociar la reforma laboral y que lleguen a decir que el acuerdo parlamentario dificulta las negociaciones con la patronal. Son incapaces de aprovechar una situación como esta para apoyar una iniciativa que es beneficiosa para los trabajadores.

Soy escéptico que ese acuerdo se llegue a cumplir porque el PSOE es un maestro en no cumplir pactos. Que se lo pregunten al PNV que todavía está esperando que el PSOE cumpla lo que pactó con los jeltzales para que éstos votasen a favor de la moción de censura. Tampoco me genera muchas expectativas UP. Hasta la fecha sus ministros han demostrado una incapacidad bastante notoria. Cada vez que han tenido que tomar alguna decisión ha sido una decepción. Desde la regulación de las casas de apuestas a la reforma laboral, pasando por la incapacidad para movilizar a la calle para presionar a su socio de Gobierno así como para neutralizar a esta nueva rebelión de los barrios ricos. En estos momentos UP está maniatada en un gobierno en el que es minoría y en el que está digiriendo muchas decisiones que las criticaría si no estuviese en este Gobierno de coalición.

A día de hoy no sabemos si EH Bildu logrará la derogación de la reforma laboral, pero lo que si sabemos es que ha generado todo tipo de contradicciones en este gobierno y que los ha obligado a retratarse, que no es poco.


[1] Transcribo el texto literalmente, respetando la parte en negrita.

Los lloros de la patronal

En Euskal Herria en la segunda mitad de la década de los setenta, cuando era un chaval, surgió el grupo de música Errobi, quizás fuese el primer grupo de rock en euskera. Soy de los que conservo casi todos los vinilos que sacaron a la calle y me faltó tiempo en la década pasada para adquirir la colección de todos sus álbumes en DVD.

Hacían un rock progresivo con influencias del folk, pero a mí, particularmente, una de las cosas que más me gustaban de ellos eran las letras de sus canciones. En ellas se encontraban temas políticos, sociales, el euskera, etc. Canciones como Gure lekukotasuna (nuestro testimonio), Kanpo kanpokoak (los de fuera), Xileko langileriak (los trabajadores chilenos), Nora goaz (a donde vamos), etc… eran muy buenas, pero había dos canciones que para mí eran especiales: Nagusiaren nigarrak (los lloros del patrón) y Lantegiko hamar mandamenduak (los diez mandamientos de la fábrica). Ambos títulos destilaban dosis de ironía y las letras no tenían desperdicio. El momento socio-político lo exigía. Hay que situarse en la década de los 70 y ni que decir tiene que a mí no me dejaron indiferente y las sigo escuchando con frecuencia. Las letras de Errobi eran canción protesta pero con buenas dosis de marcha.

Por desgracia estos días me ha vuelto a la memoria la letra de estas canciones porque parece que vuelve una nueva ofensiva de la patronal con un tono lloroso. En diferentes medios de comunicación he visto con cierto estupor algunas declaraciones del colectivo empresarial. No les debe parecer suficiente las ayudadas que están teniendo, a través de la lluvia de dinero de los préstamos ICO, y las facilidades para presentar ERTES, que la clase empresarial quiere más. Ahora piden que se despida a empleados públicos, se bajen impuestos, se suba el IVA y no se apruebe el Ingreso Mínimo Vital. Les ha faltado decir que el impuesto sobre sociedades se grave al cero por ciento los próximos diez años. Pero no sería de extrañar que un día de estos se descuelguen con esa petición.

Ahora las preguntas que habría que hacerse son ¿Tan crecida está la patronal española para poder realizar este tipo de declaraciones de forma gratuita? ¿Los sindicatos mayoritarios son conscientes de la ofensiva neoliberal de la patronal española? ¿El Gobierno que interpretación hace de este tipo de declaraciones? ¿Está capacitado este Gobierno para poner coto a las exigencias empresariales? Da la sensación que el Estado español está más cerca de los países tercermundistas que cualquier país desarrollado de la Europa Occidental. Este tipo de expresiones son propias de una patronal que actúa como si el país fuese su cortijo y el Gobierno estuviera a su servicio.

No cabe duda que la patronal, para variar, está crecida. La inmensa mayoría de las empresas están aprovechando esta crisis de la única forma que saben, intentando aumentar las diferencias sociales, haciendo crecer la brecha salarial y, si es posible, recortando los derechos colectivos de los trabajadores. Sus equipos jurídicos no están teniendo ningún reparo en retorcer la legislación a la hora de adoptar medidas laborales. En las PYMES el problema se agrava porque la correlación de fuerzas entre empresa y trabajadores se inclina en favor de la primera, entre otros motivos, porque en la inmensa mayoría de las pequeñas empresas no existe representación de los trabajadores y, por tanto, los trabajadores no tienen un respaldo lo suficientemente importante como para hacer frente a la maquinaria jurídica de la empresa. Son empresas en las que la dirección durante muchos años ha realizado un trabajo de fomentar la relación individual empresa-trabajador, en detrimento de la relación empresa-representantes de los trabajadores. Y no cabe duda, que esa labor a la patronal le ha reportado grandes resultados. Sería injusto por mi parte no mencionar que hay algunas empresas que están realizando un gran esfuerzo en mantener sus plantillas y en no aplicar ningún tipo de medida que perjudique a los trabajadores. No son un porcentaje importante, pero es necesario no obviarla por la labor que están realizando en estos momentos de fuerte recesión económica.

Es preocupante la inacción de las centrales sindicales mayoritarias (CCOO y UGT) que no están teniendo un discurso lo suficientemente contundente para neutralizar el discurso de las grandes asociaciones empresariales. Siguen en su línea de hacer un sindicalismo de concertación que se ha demostrado que en el Estado español ha sido un auténtico fracaso, porque en todos los acuerdos que ha, logrado siempre han supuesto recortes de los derechos laborales. Han sido un continuo retroceso en las conquistas sociales.

A la hora de hablar de las centrales sindicales sí que es necesario traer a colación el Oasis Vasco sindical. En esta materia no cabe duda que existe un oasis. La mayoría sindical vasca (ELA, LAB, ESK, EHNE, HIRU, STEILAS) desde hace varias décadas está manteniendo una práctica sindical diametralmente opuesta a la que tienen CCOO y UGT en el resto del Estado español. Los sindicatos mayoritarios de Euskal Herria están inmersos en una dinámica de confrontación para luchar contra las políticas neoliberales del empresariado vasco con el apoyo indispensable de los dos partidos que componen el Gobierno vasco (PNV y PSOE). Es un camino no exento de obstáculos, pero imprescindible para poder hacer frente a la deriva neoliberal que azota a Europa.

Ante las exigencias empresariales se está viendo cierta incapacidad del Gobierno, al no haber derogado en su totalidad de forma inmediata la Reforma Laboral del PP en los primeros consejos de ministros. A día de hoy se me antoja casi imposible revertir esa legislación. Es muy preocupante que el Gobierno no haya prohibido aplicar ningún ajuste laboral a empresas que han optado a la financiación de Instituto de Crédito Oficial (ICO)[1].

La inyección de dinero a las empresas ha sido histórica. En poco menos de dos meses muchas empresas de sectores que el Gobierno definió como estratégicos, es decir, que su actividad no se veía afectada por las restricciones del Estado de alarma han incrementado su tesorería de forma considerable[2], pero a cambio, no se les ha exigido que arrimen el hombro y han tenido una segunda subvención, en este caso proveniente de los ajustes laborales que han realizado a través de ERTES, con la consiguiente rebaja en los costes laborales y de seguridad social. Se ha dicho que la autoridad laboral no va a mirar para otro lado y va a revisar los expedientes de regulación de empleo que ha recibido. El tiempo dirá si la burocracia ministerial ha funcionado o, por el contrario, los expedientes en fraude de ley salen indemnes.

Por el contrario, el Gobierno a día de hoy ha sido incapaz de aprobar el Ingreso Mínimo Vital. Parece que le cuesta aprobar medidas que son imprescindibles para aliviar a los cientos de miles de familias que se encuentran en situación de pobreza y que cómo no adopten medidas urgentes se puede generar un auténtico desastre social.

No cabe duda que los decretos-leyes que han aprobado eran necesarios, pero se me antoja insuficientes. Un dato que no sé puede olvidar es el debate interminable que ha habido en el Gobierno para la aprobación de esas normas. Ello ha evidenciado la existencia de un gobierno de cohabitación en el que algunas reivindicaciones han salido adelante a base de un debate interno muy intenso y con sacacorchos. Da la sensación que los lloros de la patronal dan resultados aunque en algunos momentos, a simple vista no los percibamos. Tendremos que estar ojo avizor para detectar si las reivindicaciones empresariales van calando y al final, aunque sea por la puerta de atrás, consiguen que salgan adelante.


[1] Los préstamos ICO son un instrumento para financiar a las empresas en las que las entidades financieras aportan los fondos y estos son garantizados en un 80% por el Estado, a través del ICO y el otro 20% lo asumen las entidades financieras. Un negocio redondo para las entidades financieras que con una exposición mínima a los riesgos del mercado les reportan unos beneficios nada despreciables.

[2] En los préstamos ICO las empresas pueden obtener hasta un 25% de la facturación que tuvieron durante el ejercicio 2019 o el doble de los costes salariales de dicho ejercicio.

Ejército democrático versus Ejército español (El Ejército de Vox)

Ejército democrático versus Ejército español (El Ejército de Vox)

Los últimos doscientos años de historia del Estado español está plagada de todo tipo de asonadas militares, sublevaciones, pronunciamientos e injerencias políticas del estamento militar en la vida política. La institución militar ha tenido un deseo desenfrenado de protagonismo en la historia de España, con la peculiaridad que esta institución siempre ha estado copada por familias de clase alta y de rancia tradición militar.

El siglo XIX fue un cúmulo de intervenciones militares, en su mayor parte liberales, aunque también las hubo de tinte conservador. Todos esos pronunciamientos se realizaron con el deseo de intervenir en la política española. Riego, Espartero, O´Donnell, Narváez, Martinez Campos, Pavía son algunos de los nombres más conocidos. Algunos llegaron a presidir diversos gobiernos bajo el reinado de Isabel II. Los pronunciamientos de esa época eran bastante efímeros, puesto que su duración iba ligada al gobierno surgido del pronunciamiento de turno, que en algunos casos era derrocado por otro pronunciamiento. Pero salvando el sexenio democrático con la llegada de la I República, todos tenían un denominador común: la institución monárquica no se ponía en cuestión. Por cierto, la denominación de “sexenio democrático” nos sugiere que antes y después de ese periodo la democracia no era la característica que adornaban a los gobiernos borbónicos.

El siglo XX siguió la estela del que le precedía, pero los golpes militares tuvieron un color muy diferente. Fueron sublevaciones militares de tinte fascista, totalitario y fueron acompañadas de una estrategia basada en la represión y el terror a gran escala.

La primera la protagonizó Miguel Primo de Rivera, con la instauración de un Directorio Militar (1923-1930) y es necesario recordar la colaboración que prestó el PSOE a lo largo de la dictadura de primorriverista.

La segunda sublevación militar desembocó en una guerra civil y es de sobra conocida. La lideraron una serie de militares, entre los que se encontraba Francisco Franco, con el apoyo de organizaciones fascistas y ultracatólicas. Pusieron en práctica una represión despiadada que tuvo su continuidad después de la finalización de la Guerra Civil alargándose a lo largo de cuarenta años.

Durante la dictadura franquista se fue moldeando un ejército que era fiel reflejo del régimen dictatorial y totalitario en el que estaba sumido este país. Fueron varias décadas en las que la impronta franquista echó unas raíces tan fuertes que después de la muerte del dictador esta institución ha seguido controlada por esa cúpula militar que se encuentra muy alejada de los estándares democráticos occidentales.

Esta pequeña introducción que acabo de realizar sobre los últimos 200 años del ejército español  es para poner en contexto el último ensayo que ha escrito Luís Gonzalo Segura, ex teniente del Ejército español, y publicado recientemente bajo el título “El Ejército de Vox; Ediciones Akal  (Foca investigación). El libro, que no supera las 180 páginas, es de una rápida lectura y desde el principio despierta un gran interés al lector.

En este ensayo el autor ha realizado un trabajo pormenorizado y documentado con la finalidad de demostrar algo que es un secreto a voces: el Ejército español en su mayor parte es ultraderechista. Para ello sigue tres líneas de trabajo.

La primera es el análisis de hechos recientes de la política de este país para constatar la ideología mayoritaria dentro del Ejército español. La segunda línea es un trabajo minucioso y detallado de los resultados electorales de abril y noviembre de 2019 en las secciones donde votaban los militares de las diferentes bases y destacamentos del Ejército. La tercera es una relación pormenorizada de las exaltaciones ultraderechistas y actuaciones nada propias de un ejército supuestamente democrático, desde 2015 hasta nuestros días y la impunidad de la que han gozado.

Lo interesante no es sólo lo que dice, sino quién lo dice, porque cualquier persona que no sea ingenua puede llegar a conclusiones muy similares a las que llega el autor: Una persona que ha pasado por la Academia General de Zaragoza y, posteriormente, ha cursado los cursos correspondientes para obtener el grado de teniente. Los que estamos entrados en una edad y realizamos la mili  podemos decir que ese periodo nos sirvió para saber lo que se cocía dentro de las cuatro paredes de un cuartel. Por el contrario, hoy en día la mayor parte de la sociedad desconoce absolutamente el Ejército. Y esto último puede parecer una anécdota pero es muy peligroso como posteriormente se comentará.

A la hora de realizar este ensayo, el autor parte de una premisa: “España es un régimen autoritario moderno de apariencia democrática construido sobre una estructura franquista”. Es difícil mejorar esta definición. Para Luís Gonzalo Segura, esta situación se ha sustentado en “una Constitución escrita por franquistas o rendidos al franquismo para perpetuación de franquistas en el poder y que ha contado con un sustento mediático de franquistas, colaboradores franquistas o rendidos al franquismo. Y de aquel franquismo, esta extravagante democracia”. Con esta sencilla descripción la Transición queda ubicada en lo que fue.

Analiza algunos sucesos que se han vivido en este país protagonizados por miembros de la cúpula militar y que en cualquier país democrático hubieran sido atajados de raíz por el poder político. Por el contrario, en el Estado español los poderes políticos han mirado para otro lado y esos acontecimientos han tenido el blanqueo de la prensa española.

Explica los acontecimientos que se produjeron con la publicación del Manifiesto de los Mil en julio-agosto de 2018. Fue promovido por 200 altos mandos militares (generales, coroneles y tenientes coroneles) y que posteriormente se adhirieron un gran número de altos mandos hasta llegar a la cifra de 1.000 mandos. La finalidad era responder a la decisión del Gobierno del PSOE de exhumar el cadáver del dictador para sacarlo del Valle de los Caídos. También trata la actitud de las Fuerzas Armadas en el conflicto de Cataluña, las injerencias y actuaciones que han realizado. Han actuado con toda impunidad.

Realiza una muy atinada reflexión a la hora de analizar la cúpula militar. El autor manifiesta que los mandos militares, mientras están en activo, esconden su ideología para hacerla pública cuando pasan a la reserva. Es una forma de salvaguardar su posición profesional, pero en cuanto tienen ocasión hacen gala de esa ideología.

Hay otro dato en el que Luís Gonzalo Segura incide para explicar esta situación. Es el acuerdo tácito existente a lo largo de estos últimos cuarenta años entre las élites políticas y la cúpula militar. La clase política y, en concreto, los diferentes gobiernos del PSOE han sido los convidados de piedra ante el funcionamiento interno del Ejército. En virtud de ese “acuerdo tácito” los militares han tenido y tienen carta blanca para campar a su antojo en los cuarteles y, a cambio, no causar ningún problema en la calle. Nunca ha habido un intento de democratización de esta institución. Para dar consistencia a este planteamiento en la segunda parte de este ensayo realiza una pormenorizada enumeración de las aberraciones que han cometido y que han pasado desapercibidas por la falta de firmeza de los diferentes gobiernos y la cierta complicidad de la mayor parte de la prensa.

Analiza la irrupción de militares en las listas electorales de VOX en las elecciones autonómicas de Andalucía y el blanqueo informativo por parte de los medios del Régimen del 78. Desde las elecciones de 1977 nunca se había dado un desembarco en política de estas características por parte del estamento militar y de la Guardia Civil. Aporta un dato muy revelador: La suma de los militares que se han presentado en las listas electorales del resto de partidos a lo largo de la historia no alcanza el número de los que se han enganchado al banderín de Vox.

La división del voto de derecha en tres partidos (PP, Vox y Cs) y el análisis de las secciones electorales donde votan los miembros del Ejército, también ha servido para comprobar que una inmensa mayoría de los militares son de derechas y, más concretamente, son ultraderechistas que hasta hace pocas fechas eran el ala ultra del PP y ahora tienen otra opción política en la que encajan a la perfección.

A mí, particularmente, me ha parecido muy interesante la crítica que realiza a la izquierda. La desidia por dominar el Ejército se une al deseo de las élites por controlarlo y pone sobre la mesa un ejemplo irrefutable. En los más de 50 folios del acuerdo de gobierno entre PSOE y UP, no hay ninguna mención a la regeneración de las Fuerzas Armadas españolas. Igual esto nos sirve para entender el motivo por el que en las ruedas de prensa del Gobierno durante este Estado de alarma hay más altos mandos militares que miembros del Gobierno. Igual es una cuestión de cuotas de poder.

En el libro se realiza un estudio pormenorizado de los resultados de Vox en las diferentes secciones de los colegios electorales donde votan militares y sus familias, con análisis comparativos con los datos que Vox ha obtenido en esas provincias. Todo el estudio va acompañado de una serie de cuadros y tablas que son de gran utilidad.

Ni que decir tiene que recomiendo su lectura a cualquier persona que tenga interés por el temas y preocupación por el ascenso de la extrema derecha en el Estado español.

Una oportunidad para humanizar la sociedad

Duodécimo día de confinamiento domiciliario, excepto para los que tenemos que salir a trabajar. En algunos momentos uno puede pensar que salir a la calle para ir al trabajo es bueno desde un punto de vista psicológico, sólo hay que ver las excusas que buscan algunos para salir a la calle. Estos días cuando voy a mi trabajo lo estoy comprobando de primera mano. He visto algunas estampas surrealistas, como el que sale a tirar la basura y en vez de ir al contenedor que tiene a cien metros de su portal decide coger la dirección contraria para ir a unos contenedores que están mucho más lejos o la señora que saca a pasear al perro y un día la veo en una zona y al día siguiente me la encuentro en otro lugar muy distante de donde la vi el día anterior. El pobre perro va a acabar con agujetas.

He cambiado mi forma de desplazarme. Evito coger el transporte público y voy andando. Así hago algo de ejercicio. Tres cuartos de hora de ida y algo menos de vuelta, que es cuesta abajo. Durante el recorrido me da tiempo para observar la poca gente que transita por las calles y el aspecto casi desolado de la ciudad.

Todo esto me lleva a pensar que uno de los problemas que va a dejar esta crisis sanitaria es como quedará psicológicamente la población. En mi entorno laboral empiezo a ver a algunas personas tocadas. No tanto por el hecho de no salir a la calle, sino por lo aprensivas que se están volviendo. Están proliferando el grado de manías y obsesiones con todo lo relacionado con la limpieza para evitar el contagio. Por ello, he llegado a la conclusión de que las noticias hay que escucharlas lo justo y necesario e intentar desconectar del monotema. No nos podemos dejar llevar por las noticias que nos ofrecen los medios de comunicación, es una cuestión de salud mental.

Al desconocer el tiempo que va a durar nuestro confinamiento domiciliario, poco a poco va a ir generando una mayor angustia y una mayor desesperación. A eso hay que añadirle la incertidumbre económica de las personas con menos recursos. Los de siempre son los que tienen más probabilidades de volver a caer en el pozo de la miseria.

Las personas vamos a necesitar una gran dosis de fortaleza, pero también de cariño. El día después ya no va a ser como antes. Los ciudadanos de los países ricos hemos vivido como si fuéramos intocables y esa idea se ha derrumbado como un castillo de naipes. Pero tengo que decir que también me acontece una sensación un tanto diferente. Cuando me paro a pensar unos minutos sobre todo lo que está pasando y miro por la ventana de mi casa me digo a mí mismo:

-Pero si las casas las tenemos en pie, tenemos todos los suministros necesarios, como agua, electricidad, gas, teléfono, Internet. Las infraestructuras están en perfecto estado de funcionamiento. En los supermercados tenemos todos los productos de primera necesidad y otro muchos más. Si necesitas otro tipo de productos los puedes comprar por Internet y hasta hay multitud de personas que pueden trabajar desde casa. Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué nos pasa? ¿Quizás sea que las personas del Primer mundo no estábamos mentalizadas para una situación de emergencia sanitaria? Pues no quiero ni pensar lo que sería de nosotros si estuviéramos involucrados en un conflicto bélico. La conclusión es sencilla: somos más vulnerables de lo que nos imaginábamos.

Espero que todo esto sirva para que haya un cambio de ciento ochenta grados en todos los estamentos de los países ricos y en la sociedad. Quiero creer que una vez que pase todo esto la sociedad será más solidaria con los países pobres, con las personas que vienen huyendo de la miseria, de la guerra. Es necesario que las políticas que se apliquen en los países ricos dejen de regirse bajo el esquema de la frialdad de los números y pongan por delante a las personas y sus derechos fundamentales y sociales. Tiene que haber un antes y un después. Ya no valen disculpas ni paños calientes. El Estado tiene la obligación de cuidar de la sociedad en general y de las personas en particular, de lo contrario, no nos queda más remedio que tirar todo el edificio que representa al Estado y sus diferentes aparatos para crear otra cosa que esté al servicio de las personas. Lo que hoy se denomina desbordar al Estado. Necesitamos tejer una comunidad en la que uno de sus pilares sea humanizar la vida de las personas.

Hablo de persona y no de individuo, porque no me muevo dentro del marco conceptual del liberalismo político y económico en el que el individuo está en el centro de todo, pero en el que se olvida a la sociedad y a la persona. Esta crisis sanitaria está enseñando muchas cosas. Una de ellas es que las políticas liberales son las máximas responsables de la situación en la que se encuentra los servicios públicos (sanidad, enseñanza, pensiones, etc…), pero nos está diciendo también que vivimos bajo el dominio de un concepto de vida en el que cada persona nos erigimos en el centro del mundo. Aparece ese egocentrismo que nos hace ignorar lo que acontece a nuestro alrededor. Desconocemos si el vecino tiene un problema y uno le puede echar una mano o simplemente escucharle. Si la señora que vive debajo nuestro necesita que le realicemos un recado porque ella no puede salir a la calle. Esto sucede, sobre todo,  en las zonas urbanas y en barrios que se han construido bajo la nueva visión urbanística que va enfocada a utilizar el transporte privado para entrar y salir del domicilio y en eliminar las relaciones comunitarias. Cada vecino es como una burbuja, pues se ignora la existencia de los vecinos del entorno. Es frecuente que te cruces con un vecino que no le conoces o que no le has visto hasta ese momento. Todo ello porque no vive en nuestro mismo portal, aunque compartamos comunidad.

Esta situación que estamos viviendo en principio nos debería de hacer más fuertes como comunidad, pero, sobre todo, nos debería de hacernos replantear nuestras relaciones y nuestros vínculos con las personas de nuestro alrededor. Si no somos capaces de entablar lazos con las personas que tenemos más a nuestro alcance no habremos aprendido ninguna lección de todo lo que está pasando en este momento. Así que tomemos nota y empecemos un nuevo camino basado en la solidaridad y la fraternidad.

Enseñanzas que deja el paso del coronavirus

Estamos viviendo unos días que van a quedar grabados en nuestra memoria para el resto de nuestras vidas. Las personas que pertenecemos al primer mundo hemos estado acostumbradas a ver todo tipo de desastres a través de los medios de comunicación, pero como si la fiesta no fuera con nosotros.

Para no perder la perspectiva, lo primero que hay que poner encima de la mesa son los datos, y si los comparamos con cualquier epidemia de gripe, en principio no debería de generar esta situación de alarma. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, las personas fallecidas en el Estado español por gripe en la temporada 2018-2019 ascendieron a 6.300 fallecidos y 35.300 personas fueron hospitalizadas. En este momento los fallecidos por el coronavirus ascienden a 295 personas y los contagiados a 7.989 personas[1].  Tampoco hay que perder de vista que la mayoría de los fallecidos por coronavirus tenían otras patologías y/o eran personas de edad avanzada. No dejo de tener presente que este virus, entre otras cualidades, tiene una facilidad de expansión muchísimo mayor que cualquier otro virus y su mayor mortalidad.

Lo cierto es que en estos momentos nos encontramos en una situación que la inmensa mayoría de la población nunca habíamos experimentado hasta ahora, con unas medidas excepcionales en materia sanitaria impensables en los países ricos y ante esta situación parece que se está acabando el mundo. Todo esto nos debería de hacer reflexionar y aprender algunas lecciones.

La primera reflexión que voy a realizar es desde un punto de vista global, como sociedad perteneciente a ese Primer mundo, en el que se mira al resto del Planeta por encima del hombro.

Lo que nos está sucediendo es producto de una catástrofe sanitaria, que podía haber sido una catástrofe natural (terremoto, inundaciones, etc…). Todo este tipo de situaciones se producen al margen de la voluntad del hombre, pero también las hay, y esas son las más terribles, por culpa de la actuación de ser humano. Ambos tipos catástrofes nos deberían de ayudar a sacar conclusiones para el futuro inmediato, pero ahora me voy a ceñir a las que genera el hombre como consecuencias de sus decisiones.

Desde el final de la II Guerra Mundial, los países occidentales se han dedicado a exportar y a propagar todo tipo de conflictos a lo largo y ancho de este mundo. Hemos visto como cientos de miles de personas inocentes morían en bombardeos que realizaban países del primer mundo o eran cooperadores necesarios, porque facilitaban armas a todo tipo de países de las zonas en conflicto. Los países occidentales han llevado la guerra, la violencia  y la miseria a países como Palestina, Iraq, Libia, Yemen, Siria, África Central, etc… y con una única finalidad: expoliar todas las riquezas de los países del Tercer mundo. Esos conflictos y formas de explotación económica lo que han generado son muerte, pobreza, exilo y éxodo en esos países. Todo ello para que en Occidente se viviera mucho mejor y acrecentar las diferencias entre unos países y otros. La respuesta de las sociedades occidentales ha dejado mucho que desear, careciendo de un mínimo de sensibilidad y solidaridad. Sólo hay que ver la tragedia diaria que se da en el Mediterráneo o los diez años de guerra en Siria.

Ante todo ese cúmulo de desastres provocados, es curioso que con el problema del coronavirus entremos en pánico, como si esto fuera una película de ciencia ficción en la que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. El egoísmo de Occidente nos ha llevado a no querer ver todos los desastres provocados por las grandes potencias, que han pasado en otras latitudes. Algunas a la vuelta de la esquina, y lo único que nos ha preocupado es que los efectos colaterales nos pudieran salpicar. Un ejemplo de esto último, y de los más elocuentes, es cuando en la prensa salía información relativa al avance de algunas de las facciones del Estado islámico en el Norte de África, en concreto en Libia. Los titulares nos decían que ya estaban muy cerca de Europa. Daba igual lo que le ocurriera a la población que se encontraba en sus manos. Lo importante era que en Europa no pasase nada. Por tanto, sería necesario que las sociedades de los países ricos aprendieran alguna lección con la situación de alarma que está generando la crisis del coronavirus y a partir de ahora diera un giro de ciento ochenta grados y se actuara con criterios de solidaridad y humanidad, pero sin poner excusas ni salvedades.

La segunda reflexión que nos trae el coronavirus es que uno se vuelve a topar con la realidad, que, por cierto, es muy testaruda. Este tipo de situaciones de excepcionalidad nos vuelven a demostrar que el actual sistema no sirve para dar respuestas a las necesidades de la mayoría de la población y, sobre todo, a la más vulnerable. Esa parte de la sociedad que todavía no ha salido de la anterior crisis. Todavía no había sacado la cabeza del pozo cuando se la han vuelto a meter de un puntapié.

El coronavirus ataca a cualquier persona, independientemente de su poder adquisitivo, pero las secuelas que deja no son iguales para todo el mundo. El coronavirus está dejando al descubierto las políticas neoliberales, que con la excusa de los recortes, decidieron desmantelar la sanidad pública para convertirla en el negocio de sus amiguetes. Eso sí, con la frase recurrente, pero falsa, que era para la optimización del gasto y los recursos. Otra de las consignas con las que nos ha bombardeado el discurso liberal era que había que bajar impuestos, porque el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el del Estado. Como si los servicios sociales, entre los que se encuentra la sanidad, se pagasen con ayuda divina. La crisis del coronavirus ha tocado en la línea de flotación de los mensajes liberales pero, sobre todo, en los dos que acabo de exponer.

Por eso estamos en un momento único para desmontar este discurso económico liberal que lo único que ha aportado a la humanidad es el aumento de las desigualdades en todo el planeta. Estamos en un momento crucial, porque es necesario dar la vuelta a la hegemonía del discurso liberal y evitar la posibilidad que el discurso populista de extrema derecha triunfe bajo el paraguas de una supuesta seguridad. Intentarán vender que la seguridad está por encima de derechos y libertades, pero detrás de ese discurso lo que se esconden son políticas que generarán muchas más desigualdades. A día de hoy no ha salido ningún representante de la extrema derecha denunciando que la aplicación salvaje de ERES y ERTES por parte de las empresas la van a sufrir los sectores más débiles de nuestra sociedad. Se envuelven en una bandera para defender sus intereses de clase.

La última cuestión que quiero tratar es la situación particular que se está viviendo en el Estado español. Los acontecimientos de la última semana han sido vertiginosos y en cuestión de horas nos hemos introducido en la oscuridad de un túnel muy similar al que fueron los años más duros de una crisis de la que muchos a día de hoy no han podido salir. La crisis económica y el coronavirus tienen algunos denominadores comunes.

El primero, sin ninguna duda, es que el coste va a recaer sobre los trabajadores. No ha habido tiempo para que las empresas notases el efecto del coronavirus y los ERES y ERTES empiezan a proliferar como las flores en primavera. Y lo más grave es que gracias a la incapacidad de este Gobierno, que después de más de dos meses, ha sido incapaz de derogar la reforma laboral que aprobó el PP cuando no llevaba ni dos meses gobernando. Otros cooperadores necesarios en este desastre están siendo los dos sindicatos mayoritarios a nivel de todo el Estado (CCOO y UGT). Les ha faltado tiempo para facilitar los despidos y suspensiones de contratos de trabajo.  Y el lazo que adorna todo este escenario de incertidumbre y miedo es la preocupación de algunos por la caída de la bolsa, que no deja de ser un mercado especulativo que en muchos momentos no se rige por datos económicos, sino por las presiones especulativas de los grandes inversores. No creo que un trabajador que le cuesta llegar a fin de mes en condiciones normal pueda tener como preocupación la caída del Ibex 35.

Para finalizar, la crisis del coronavirus está siendo una auténtica cortina de humo para poder sacar adelante una respuesta a toda la corrupción existente en la monarquía española. El virus se ha convertido en el mayor aliado del monarca español y de su familia. La decisión que ha tomado Felipe VI no deja de ser una operación rápida y bien calculada para lavar la imagen de la Corona y que los escándalos de la familia real pasen desapercibidos. Las ultimas publicaciones empezaban a deteriorar la imagen, de por sí bastante mala, de todo lo que suena a Monarquía española y la familia que la compone. Hubiera sido interesante ver que hubiese ocurrido con todas las informaciones aparecidas si en este escenario no hubiera hecho acto de presencia el coronavirus. Con motivo de la pandemia han cancelado todo tipo de apariciones públicas. Vamos a ver si con el problema del coronavirus el monarca realiza una declaración como la que protagonizó el 3 de octubre de 2017.


[1] Dato obtenido de la edición digital del diario El País a las 11,10 horas del día 16 de marzo de 2020.

Zaldibar: ¿El Prestige del PNV?

Han pasado dos semanas desde el desastre ecológico y medioambiental que se ha producido en Zaldibar (Bizkaia) y a día de hoy hay muchos interrogantes que tardarán en aclararse, pero desde de una dimensión política hay algunas cuestiones que empiezan a ser más que evidentes.

La primera es que las políticas medioambientales del Gobierno Vasco y, en concreto, todas las relacionadas con la gestión de los vertederos de basuras y productos contaminantes han sido un perfecto desastre. El descontrol de los vertederos existentes en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) era un secreto a voces, pero el nulo control por parte de las instituciones vascas (Gobierno Vasco y diputaciones) ha sido muy superior de lo que cualquier mortal se podía imaginar. Las políticas neoliberales, que ha llevado a la práctica el PNV con el apoyo del PSOE, han dejado en manos privadas la gestión de un tema tan importante como todo lo relacionado con el medio ambiente. Ha primado las políticas tendentes a favorecer al sector privado, y dentro de este a sus amiguetes, mediante la adjudicación de estos servicios en detrimento de ofrecer un servicio público de calidad. El reciclaje y el trabajar por el medio ambiente desde hace tiempo ha pasado a convertirse en un negocio suculento y a partir de ese momento ha primado lo económico por encima de la defensa del interés público.

La segunda evidencia es que, si todo esto es muy grave, pues con sus políticas en materia medioambiental han estado jugando con la salud de la población, aún es más grave la gestión de este desastre ecológico, una vez que se ha producido la catástrofe. El cúmulo de declaraciones contradictorias, desmentidos y ponerse de perfil ha sido una constante y la guinda del pastel ha sido la actitud del Lehendakari Urkullu (PNV) y del Consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola (PSOE). Durante muchos días han estado en off, mientras, a día de hoy hay dos trabajadores sepultados entre los vertidos como consecuencia de un alud de tierras y productos peligrosos, seguido de un incendio del que han estado emanando sustancias peligrosas y a saber si ya lo tienen controlado. Las declaraciones de los diferentes cargos públicos han sido esperpénticas, intentando quitar importancia al desastre y ocultando información a la ciudadanía. Pero en esta ocasión los acontecimientos han ido precipitándose cada día que pasaba y su estrategia se les ha venido abajo. Quizás la suspensión del partido Eibar-Real Sociedad haya sido el punto de inflexión, porque si corría riesgo la salud de los jugadores y los espectadores, mayores riesgos han estado corriendo todos los habitantes de la zona afectada que no les ha quedado más remedio que realizar su actividad diaria. Ni que decir tiene que la actividad agrícola y ganadera es el sector económico más afectado por el desastre producido en el medio ambiente. Surgen serias dudas del grado de contaminación producido en la zona y las palabras tranquilizadoras de los responsables políticos no dejan de ser cantos de sirena por la nula credibilidad de las instituciones en estos momentos.

El PNV siempre ha proyectado una imagen de buen gestor, sobre todo, en algunos círculos de fuera la CAV y en pocos días esa imagen de buen gestor se ha desmoronado como un castillo de naipes. Han demostrado una incapacidad infinita antes, durante y después de la catástrofe. Han querido emular, y de verdad que lo han conseguido, a la gestión del PP con el Prestige ¿Quién no recuerda a Rajoy explicándonos que lo que salían del petrolero hundido en las profundidades marinas eran unos hilillos de plastilina? Los partidos que forman el Gobierno vasco han actuado como si la fiesta no fuera con ellos, hasta el extremo que después de haberse producido el desastre, el PNV estaba más preocupado por adelantar las elecciones autonómicas, pensando en sus cálculos electorales que hasta ese momento eran muy suculentos.

Todo esto hay que enmarcarlo en la actitud de arrogancia que han demostrado en todo momento el PNV. Han ido de sobrados. Declaraciones altisonantes y en algunos casos con un tinte prepotente. Probablemente no han sido capaces de calcular el alcance de lo ocurrido en Zaldibar y se puede decir que en estos momentos no controlan la gestión política de la catástrofe. Las informaciones publicadas están sirviendo para comprobar la forma de funcionar del PNV y su clientelismo político. En los documentos que salen a la luz aparecen todo tipo de irregularidades y empresas cercanas al PNV. La realidad es que el PNV lleva funcionando así desde el principio de los tiempos.  Hay veces que uno no sabe si está en Lakua (sede del Gobierno Vasco) o en Sabin Etxea. A cualquiera le puede venir a la cabeza, por lo reciente de su sentencia, el caso De Miguel, pero no es un hecho aislado. Pero por la gravedad de este caso, con dos desaparecidos encima de la mesa y una población alarmada, estas formas de hacer política en beneficio de sus amigos no pasan tan desapercibidas y quien sabe si no pasarán factura electoral.

No hace tantos años el PNV, junto a su actual socio, el PSOE, montó una campaña de acoso y derribo a Bildu cuando esta formación gobernaba la Diputación de Gipuzkoa con el tema del reciclaje de las basuras urbanas. Fue una campaña más parecida a las que organizan los partidos del Trifachito, que allí donde pierden el poder lanzan a la ciudadanía a la desobediencia civil y al enfrentamiento. Es importante recordar todo esto porque el tiempo ha demostrado que aquellas medidas fueron las más racionales e innovadoras a la hora de gestionar los residuos que genera la población.

Si la gestión de los vertederos e incineradoras está siendo un auténtico desastre uno no sabe que pensar qué nos podríamos encontrar en las obras de la Y vasca para el Tren de alta Velocidad (TAV), porque el interés que hay por parte del PNV en ser el Gobierno Vasco el que ejecute las obras es un tanto desmedido.

No se puede pasar por alto al PSOE ni a la Diputación Foral de Bizkaia. El primero, socio del PNV en el actual Gobierno vasco, partido que controla la Consejería de Medio Ambiente, a través de Iñaki Arriola, político que no es nuevo, puesto que en el Gobierno de Patxi López gestionó la cartera de obras públicas, transportes y vivienda. En un país medio normal este señor tenía que haber dimitido o, en su defecto, debía haber sido cesado, pero es pedir imposibles, más si tenemos en cuenta que el día 5 de abril hay elecciones y los actuales socios de gobierno, si no hay un giro copernicano en las preferencias del electorado va a repetir y entre socios no se van a pisar la manguera. Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia ha estado más preocupada en levantar un muro para proteger la autopista. Lo de ocultar la mierda se les da de cine. Deben de entender que todavía haya dos personas sepultadas es secundario. No están tan lejos las palabras del Diputado Foral, Unai Rementería, diciendo en la campaña electoral para las elecciones a Juntas Generales dos frases lapidarias: “Somos un referente en materia medioambiental, la pequeña Alemania del Estado, y mejoraremos aún más” y “Aprovechamos 9 de cada 10 kilos de residuos que producimos. Y haremos lo posible para acercarnos al cien por cien”. Ahora que nadie espere que haga declaraciones da la sensación que está desaparecido.

La situación se irá estabilizando y los medios de comunicación, excepto honrosas excepciones, dejarán de emitir noticias sobre este asunto. Hay mucho en juego como para que se den las condiciones para que se produzca una catarsis en la sociedad que puedan hacer temblar los pilares del status quo existente en la CAV, que el 5 de abril está a la vuelta de la esquina.