La liberación de Pablo González ha sido sin duda alguna, junto a la de Julian Paul Assange, la mejor noticia en mucho tiempo para los defensores de la libertad de comunicación, expresión y los DDHH. Pero dicho esto, también tiene sus sombras y su cara más rancia, que no es otra que la forma en la que se ha producido su liberación, poniendo fin al secuestro al que estaba sometido por parte del Gobierno polaco desde hace casi dos años y medio. Y es que no cabe la menor duda que esta no era la forma en la que Pablo hubiera querido obtener la libertad.
Cartel reclamando la libertad de Pablo González
Tanto él, como su familia, en todo momento han luchado para lograr su libertad como consecuencia de la celebración de un juicio con todas las garantías, en el que hubiera podido defenderse y quedase clara su inocencia, porque no hay que olvidar que Pablo no la tenía que demostrar, puesto que la carga de la prueba recaía en todo momento sobre el gobierno polaco, quien debía de probar las acusaciones por la que fue encarcelado y sobre las que nunca presentaron una sola prueba. Todo quedaba en acusaciones con un tono de gran gravedad, pero que no pasaron de ser una mera teatralización ante los medios de comunicación, todo ello para justificar su encarcelación.
A lo largo de estos casi dos años y medio ha reinado el secretismo y el silencio por parte de las autoridades polacas, y ante esa actuación, la actitud del Gobierno español y de las instituciones de la UE no han destacado por preservar los derechos de sus ciudadanos, pues no olvidemos que Pablo González tiene doble nacionalidad: española y rusa. La primera al ser un nieto de los niños de la guerra que fueron llevados a la URSS, y la rusa, porque nació en ese país. Y ninguna institución ha hecho nada para preservar sus derechos. El gran delito de Pablo no ha sido otro que tener la nacionalidad rusa, pues ese dato es el que de forma machacona se ha repetido en innumerables ocasiones tanto por el Gobierno polaco como por los medios de comunicación, cuando se trataba el tema de su encarcelación; la posesión de un pasaporte ruso convertido en prueba acusatoria, la Inquisición del siglo XXI en estado puro.
En este contexto de atropello jurídico, hay que añadir las condiciones inhumanas en las que se ha encontrado encarcelado, y las consecuencias se resumen en que todavía se encuentra ingresado en un hospital de Moscú, debido a un problema que le han detectado en el pulmón. Este es el trato que ha recibido un ciudadano comunitario en una prisión de un país que pertenece a la OTAN y a la UE. No es que por ser comunitario deba de tener mejor trato, porque debería de ser igual para cualquier ser humano, pero el hecho que sea ciudadano comunitario obliga al país donde se ha producido la detención a seguir un protocolo, cosa que en el caso que nos ocupa no se hadado en ningún momento. Todo ello nos muestra en qué contexto se produjo su detención y su posterior encarcelamiento.
En todo este proceso de liberación, a día de hoy, hay muchas preguntas que siguen en el aire, entre otros motivos, porque durante todo el tiempo que ha durado su encarcelamiento, en Occidente se impuso el silencio en todo este tema, con el apoyo mediático de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, que han seguido a pies juntillas las directrices que recibían desde los gobiernos español y polaco por un lado, y de las organismos y organizaciones internacionales, véase UE y OTAN, pero sobre todo, de esta última, pues no deja de ser la que está liderando la ofensiva en todos los ámbitos en la guerra de Ucrania, y la guerra mediática e informativa es un espacio tan importante como el militar. En este contexto, en el que el Gobierno polaco no presentó ni una sola prueba ni fue capaz, en más de dos años, de realizar un juicio con garantías, estamos asistiendo a un bombardeo mediático en el que están apareciendo informaciones en las que se está acusando a Pablo González de ser expía de Rusia, pero sin aportar ni una sola prueba, puro trabajo de intoxicación mediática. Lo que no han logrado por la vía judicial, lo quieren conseguir a través de los medios de comunicación. No hay que ser muy avispado para saber quién está detrás de toda esta campaña. El hecho que tras su liberación haya sido recibido por Putin, como el resto de las personas que llegaron a Moscú como consecuencia del intercambio de presos, les ha servido como munición para escribir todo tipo de comentarios y elucubraciones sin ningún rigor, pero para poco más, sencillamente, una cortina de humo con poco recorrido.
Concentración ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid
Durante estos dos años y cinco meses, hemos visto que el Gobierno español no es que se haya puesto de perfil, sino que no se ha preocupado por un ciudadano con pasaporte español; en ningún momento ha exigido a las autoridades polacas que presentaran pruebas y que celebrasen un juicio lo más rápidamente posible y con garantías. Por el contrario, ha hecho seguidismo del gobierno polaco, cosa muy diferente de otros casos de ciudadanos del Estado español que han sido detenidos en el extranjero. La comparación ha sido sencillamente escandalosa y humillante para Pablo y su familia. El Ministerio de Asuntos Exteriores, con su titular a la cabeza, ha sido una marioneta de la OTAN y EEUU, ha hecho dejación de la soberanía a la hora de defender los derechos de un ciudadano con pasaporte español que estaba realizando una labor de comunicación en otro país de la UE y la OTAN, y en ningún momento ha exigido un juicio rápido y con garantías; ha sido incapaz de exigir la aplicación de la legislación europea para casos de ciudadanos de la UE encarcelados en un país miembro. Y todo ello ha sucedido en un Estado, cuyo funcionamiento de la justicia ha sido cuestionado y sancionado nada más y nada menos que por la UE, la misma que desde un tiempo a esta parte ha entrado en una deriva de blanqueamiento de la ultraderecha europea ¡Cómo tiene que ser el nivel de la justicia en Polonia para recibir un rapapolvo de Bruselas!
Concentración ante el consulado de Polonia en Madrid
Pero si lo expuesto hasta aquí es muy grave, esto se incrementa con las declaraciones de Pablo González, en las que ha manifestado que ha sufrido torturas y que le indujeron al suicidio. Ante esta situación, el Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, está tardando en abrir una investigación para exigir responsabilidades en este asunto, de lo contrario, quedará en evidencia que en todo esto no ha dejado de ser un títere de los EEUU y la OTAN, haciendo dejación de su soberanía. Y todo esto con un gobierno que dice ser progresista.
Siendo conscientes que a lo largo del proceso que se ha seguido en la liberación de Pablo, ha predominado el silencio y la discreción al ser un tema muy delicado en el que el intercambio de prisioneros ha sido el más grande desde 1985, todavía quedan muchas cuestiones por aclarar. Hasta ahora lo poco que tenemos claro es que la negociación ha sido liderada por EEUU por parte de la OTAN y que las negociaciones se han prolongado durante muchos meses. En todo esto el Estado español no ha pintado nada y Polonia tampoco parece que haya tenido un gran protagonismo en todo este proceso. Ello hace pensar que el motivo por el que no se ha celebrado su juicio es, sencilla y llanamente, porque para el Gobierno polaco, para EEUU y la OTAN era una valiosa moneda de cambio en esas negociaciones.
Con la liberación de Pablo González, el Gobierno polaco se ha quitado una patata caliente, porque el tiempo avanzaba y en ningún momento se vislumbraba que presentaran alguna prueba. Lo único que hacían era prorrogar su estancia en prisión, por lo que una de las conclusiones que se podrían entresacar es que mientras durase el conflicto ucraniano, Pablo se había convertido en un rehén en manos de un país de la OTAN, para lograr utilizarlo en las negociones anteriormente mencionadas.
Cartel reclamando la libertad de Pablo González
Sin lugar a dudas, el infierno que ha pasado Pablo González ha tocado a su fin, pero toda esta pesadilla finalizará cuando pueda recibir un merecido ongi etorri en Nabarniz, rodeado de su familia y amigos.
La aprobación de la ley de Amnistía ha sido como el parto de los montes, no le ha faltado de nada y ha sido una de las leyes, sino la que más obstáculos y trabas ha tenido que sortear hasta su aprobación final. Todos los intentos que ha habido para torpedearla han servido para la dejar al descubierto la nula calidad democrática de algunas instituciones del Estado español; han actuado como auténticos poderes fácticos que no podían soportar que la representación de la soberanía popular estuviese por encima de todas ellas, pues eso de que se apruebe una ley sin su beneplácito no es algo que lleven muy bien.
No tengo intención de extenderme en analizar el fondo jurídico de la norma, únicamente me limitaré a manifestar que el Preámbulo de la ley construye un discurso que desde el punto de vista jurídico no hay nada que objetar a la hora de despejar las dudas sobre su constitucionalidad. Otra cuestión mucho más discutible es el alcance de la amnistía, y en concreto quienes tienen que ser los beneficiados por ella, si ésta debe de servir para eximir al Estado y, por ende, a sus funcionarios que ejercieron una represión en algunos momentos del procés, sobre todo en los hechos acaecidos el 1 de octubre de 2017.
Ahora bien, cuando ese Preámbulo entra a exponer el espíritu de norma desde un prisma puramente político, es cuando uno percibe que no sirve para la resolución del conflicto, y no vale porque se desvirtúa lo que debe de ser una verdadera ley de amnistía. En este caso no es una herramienta para la solución del problema político existente en Catalunya, sino que está pensada más bien, como resolución a un problema de índole judicial, obviando que el origen de toda esta situación se encuentra en el deseo de la ciudadanía de Catalunya a ejercer el derecho a su libre determinación. Es decir, intenta resolver las consecuencias del conflicto, pero no su origen.
Esta ley enfoca la amnistía como un borrón y cuenta nueva, un ejercicio de reconciliación que deja a un lado el problema de fondo. Lo que nos quieren decir es que con la concesión de la amnistía el conflicto político ya está superado, algo totalmente alejado de la realidad. La ley ignora que el conflicto político es el todo y lo que quiere remediar esta amnistía es la parte, porque la represión que se ejerció contra políticos, activistas políticos, funcionarios y ciudadanía es una parte de ese todo y las condenas y procesos judiciales no dejan de ser una consecuencia del conflicto.
Manifestación «Som una nació. Nosaltres decidim» 10 de julio de 2010
Dentro de este análisis, un error de bulto que se da continuamente es que cuando se dice que el procés ha muerto, también se está dando por finalizado el conflicto, cuestión que encontramos en el Preámbulo de esta ley, porque esa es la idea que flota a lo largo del texto, por tanto, desde un punto de vista político, la cuestión de fondo sigue sin ser abordada. El equiparar el procés con el conflicto no es una cuestión únicamente de mezcla de conceptos o de ignorar la realidad, por el contrario, más bien es el deseo de querer dar carpetazo al problema de fondo existente, alegando que el procés ha muerto.
Cuando el proceso de gestación de la ley de amnistía empezaba a ponerse en marcha, allá por el mes de octubre, y se empezaba a conocer por donde iba a avanzar el borrador de Proposición de Ley, tuve la oportunidad de asistir a una tertulia en el Ateneo de Madrid, que con el título “democracia, amnistía y autodeterminación”[1] se analizó en profundidad estas tres cuestiones. En ella, uno de los intervinientes, Albert Noguera, profesor de Derecho Constitucional, expuso que la amnistía abría tres escenarios: en el plano individual, se daría un efecto de victoria, pues se lograría superar la situación personal de todas aquellas personas que sufrieron la represión; desde el punto de vista de pueblo, se daría una derrota, porque la sociedad catalana ha estado reivindicando una amnistía que reconozca lo que sucedió en Catalunya durante el procés y que sirva para resolver el conflicto, cosa que como he dicho anteriormente, la norma aprobada no reúne ninguna de estas premisas. Pero Albert Noguera planteaba un tercer escenario, como Estado, plano en el que entendía que se abriría un efecto de oportunidad, porque durante toda la legislatura actual, en un contexto de conflictividad, habría posibilidades de lograr cesiones por parte del Gobierno. Pues bien, una vez que se ha aprobado la Ley de Amnistía y después de ver los resultados de los últimos procesos electorales, para el independentismo esa ventana de oportunidad se está cerrando poco a poco.
Por ello, entiendo que de la lectura de la ley es más de derrota que de victoria para el independentismo en todos los aspectos, porque esta ley en ningún momento dice que esta amnistía viene a reparar el daño producido por la represión ejercida por los aparatos del Estados, en concreto la originada por la judicatura con las sentencias dictadas, porque si en un principio en Catalunya la represión vino de la actuación de los aparatos policiales del Estado, posteriormente hubo una represión derivada de las diferentes resoluciones judiciales en las que se vulneraron derechos fundamentales. El hecho que para las instituciones del Estado Central, el referéndum del 1 de octubre de 2017 careciese de validez jurídica, en ningún momento tenía que haber conllevado la aplicación de ningún precepto penal, porque eso era vulnerar los derechos fundamentales de la población. Dicho de otra forma, las sentencias se han dictado en clave política y no jurídica. Un lawfare de libro.
Referéndum de Catalunya de 2017. Arenys de Munt
Al tratar esta cuestión, me suele venir a la memoria que el mismo año del referéndum de Catalunya, la oposición venezolana realizó una consulta con la finalidad de modificar la Constitución del país, pero con la peculiaridad que carecía de toda eficacia legal, pues fue convocado unilateralmente por la oposición, obviando que no tenía legitimidad para ello, porque lo hizo al margen del organismo que en Venezuela tiene competencia para poder convocarlo, que es el Poder Electoral. El referéndum lo hicieron montando sus urnas, no pasó nada, porque el Gobierno venezolano les dejó que lo hiciese, pero eso sí, no tuvo eficacia jurídica de ningún tipo y nadie de la oposición acabó entre rejas por ello. A todo esto, la derecha española apoyó incondicionalmente la iniciativa de la oposición venezolana.
La amnistía no deja de ser un cierre en falso, porque lo que hay que plantearse es cómo y por qué se ha llegado a esta ley de amnistía. Ello nos lleva obligatoriamente a entrar a analizar la posición del PSOE en todo este proceso, y como no, remontarnos a ese mes de octubre de 2017 y el posicionamiento que tuvo. Su trayectoria ha ido marcada por sus necesidades políticas en cada momento, más que por una convicción política para la solución del conflicto. Ha ido haciendo de la necesidad virtud, lo que le ha llevado a realizar un ejercicio de contorsionismo político difícil de encontrar.
El PSOE pasó de defender la aplicación del 155, votando a favor en el Senado, a ir moldeando su discurso en función de sus necesidades y de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos políticos, puro tacticismo, con la vista puesta en los réditos electorales que pudiera obtener. Ello le ha llevado a adoptar posturas ciertamente contradictorias a lo largo de esto últimos años. De afirmar que la amnistía no cabía en la Constitución, cosa que no se sostiene, como ha quedado acreditado en el Preámbulo de la ley, a decir que es totalmente constitucional. Pero algo similar le ha pasado con los indultos y con otras cuestiones que se han dado a lo largo de los últimos años, a la hora de tratar el conflicto de Catalunya. La última sin ir más lejos la estamos viviendo estos días; han pasado de decir que Catalunya no puede tener un régimen fiscal diferenciado a defender su singularidad, pero con la condición que ERC facilite a Illa presidir el Govern, lo cual demuestra que en el PSOE más que una convicción por su propuesta, lo que prevalece es el tacticismo para llegar al poder.
La lectura que si ha sabido hacer el PSOE es la de ir gestionando todo este debate desde la idea de romper al bloque independentista, siendo conocedor que el motor de procés, desde que la sentencia del Tribunal Constitucional recortó el nuevo Estatut, ha sido la sociedad catalana, muy por delante de los partidos; fue la que obligó a estos a hacer suya la reivindicación del derecho a decidir. Todo ello le ha llevado a realizar una política de desgaste que hasta la fecha le ha dado buenos frutos puesto que en las diferentes citas electorales que ha habido desde mayo de 2023, una parte importante del electorado independentista ha optado por engrosar la abstención. El objetivo estratégico del PSOE ha sido desmovilizar al electorado independentista y eso pasaba por crear divisiones entre los partidos independentistas. Esto no deja de ser flor de un día para el PSOE, porque a poco que las condiciones puedan variar, la balanza caerá del lado independentista, pero a día de hoy, no cabe duda que le está dando frutos.
No se puede poner en cuestión que la ley de amnistía era necesaria para paliar la situación judicial de varios cientos de personas anónimas que tienen procesos penales abiertos por infinidad de situaciones que se vivieron durante esos meses. Desde el responsable de un colegio por facilitar sus instalaciones para realizar el referéndum, pasando por funcionarios y ciudadanos que participaron en la celebración de la consulta. Un sinfín de personas y situaciones que desde un punto de vista personal necesitan beneficiarse de esta ley. Esta situación no la ha dejado escapar el PSOE, y ha dirigido sus esfuerzos en aprobar una ley que no es el inicio para la resolución del conflicto y que incluye en la amnistía a policías y guardias civiles que participaron en la represión. Una repetición de lo que ocurrió con la Ley de Amnistía de octubre de 1977, en la que los grandes beneficiados fueron todos los miembros de los aparatos del Estado franquista, lo que demuestra una vez más que el PSOE es el fontanero del régimen del 78.
Ciudadana Leonor. La confianza se obtiene en las urnas
En algunas ocasiones procuro abstraerme de ciertos acontecimientos que se dan en el centro de Madrid, pues en mi vida cotidiana los puedo esquivar desde la distancia geográfica y, ni que decir de la distancia ideológica. Es lo que tiene vivir en una ciudad de estas dimensiones, que uno puede evitar todos los fastos que organiza el Régimen del 78 como si tal cosa, pero esta vez ha sido imposible, el bombardeo mediático ha superado mi deseo de aislamiento. Para empezar el día, me encontré un mensaje en mi móvil de un amigo muy madrugador, que desde el corazón del Goierri ya se encargó de recordarme, con grandes dosis de ironía, el sarao que se iba a dar ayer por la mañana en Madrid; cuando salí a desayunar a media mañana, ahí estaba el televisor del bar con las imágenes en directo desde el Congreso. Parecía que me perseguía como las siete plagas de Egipto.
Eso era el Madrid oficial, el que tiraba la casa por la ventana para engalanar todas las calles por donde iba a pasar el cortejo, donde la pompa y el boato lo copaba todo, aderezado de coches oficiales por doquier y donde la prensa del papel couché iba a tener materia para unas cuantas semanas. Pero ayer, como todos los días del año, también había otro Madrid que vivía al margen de todo lo que sucedía en el Congreso y en el Palacio Real. Era el de los jóvenes que iban en el autobús a sus clases en los institutos o universidad, el currela de la construcción que se dirigía a tajo con su mochila donde llevaba el almuerzo, y que seguro que ese día llegó a casa de la misma forma que salió por la mañana, de noche. Al mediodía el trajín de la ciudad era como cualquier otro día, como si el fiestón que habían organizado las élites políticas no fuera con ellos.
Leonor, Felipe VI y Pedro Sánchez
Los fastos entorno al juramento de la Constitución por parte de la hija mayor del Felipe Borbón solo se pueden definir como una tomadura de pelo colectiva a la ciudadanía. Este vodevil que organizaron en el Congreso ha sido un insulto a la todas esas personas que no llegan a fin de mes, que están en las listas de espera de la Sanidad Pública, que no tienen posibilidad de llevar a un hijo a una guardería pública, que no tienen un colegio o instituto público en su barrio, pero que les dicen que la monarquía es la institución garante de la democracia, necesaria para que todos seamos más felices en el Reino de Blancanieves. Y me reafirmo en esta opinión cuando escucho los discursos que realizaron en el día de ayer para dorarse la píldora los unos a los otros. El pronunciado por el Borbón no se sale del guion, la nación, se entiende que sacrosanta e indivisible, la monarquía, obvio, porque de lo contrario se les acaba el chollo, y la defensa de la Constitución, que parezca que es una monarquía moderna, aunque si es necesario montar un golpe de Estado, se monta, y si no que se lo pregunten al abuelo.
Como el discurso que le han redactado a Leonor da para mucho, me voy a centrar en una frase que ha sido con la que más nos han bombardeado los medios de comunicación. La ciudadana Leonor ha pedido que confiemos en ella. Lo dicho, nos quieren tomar por tontos.
A esta señorita habría que decirle que la confianza en democracia se obtiene en las urnas. Yo sé que eso para alguien que pertenece a la institución monárquica, que ha vivido en palacio rodeado de cortesanos, no entra dentro de sus parámetros. La confianza no se obtiene haciendo un simulacro de mili, jurando la Constitución y diciendo que la va a cumplir, y menos viniendo de un Borbón, pues nos sería el primer Borbón, y esperemos que sea el último, que se ha saltado la Constitución que estaba vigente en ese momento, Fernando VII fue el precursor, y a partir de entonces, cada vez que el orden constitucional no era del agradado de los borbones, no tenían reparo alguno en liarla parda. Las conspiraciones palaciegas han sido una práctica muy habitual durante los siglos XIX y XX.
Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera
Su estirpe está reñida con las urnas. Solo hay que recordar la etapa de la Restauración borbónica, donde el pucherazo electoral era algo consustancial al régimen que se instauró después de la Primera República, el rey golpista Alfonso XIII ya se encargó de apoyar la asonada militar de Miguel Primo de Rivera, desterrando la voluntad del pueblo, y del emérito no es necesario hablar, pues no hay día que no conozcamos alguna de las suyas. El que el dictador nombrase como su sucesor a su abuelo, no deja de ser una perla más de la dinastía borbónica, de la que se sienten profundamente agradecidos, lo que significa que carecen de un mínimo de pedigrí democrático.
Pancarta en favor de la consulta del 1 de octubre
Si todos sus antepasados han tenido un problema con la voluntad popular y el sufragio universal, mención especial merece su padre. Cuando al “preparao” le mencionan la palabra urna, le debe de salir urticaria. Producto de ello fue su intervención el 3 de octubre de 2017, ante la consulta organizada en Catalunya. No podía soportar que el pueblo catalán quisiera elegir su futuro sin tutelas ni ataduras. Bueno son los borbones, pues con las cosas de comer no se juegan, ya otro rey del mismo nombre, Felipe V no dudó en atacar Catalunya porque querían defenderse de sus políticas centralistas. Lo que ocurrió ese 3 de octubre sirvió para que al pueblo le quedase claro que la monarquía española no tiene reparo en tomar partido en política, no es una institución moderadora, lo que nos permite cuestionar su papel.
Esta jovencita al pedir que confiemos en ella, nos está pidiendo un acto de fe hacia ella, y va a ser que no. Si quiere lo tiene fácil, tan sencillo como presentarse a unas elecciones. No me cabe la menor duda que más de un partido político daría lo que sea por llevarla en sus filas, habría tiros entre VOX y el PP por incluirla en sus listas, y más de un dirigente del PSOE no le haría asco el intentar seducirla, haciéndola ver que con el PSOE en el gobierno, su abuelo campó a sus anchas y que siempre ha defendido a la monarquía.
Los borbones van tan “sobraos” que no han tenido mejor ocurrencia que celebrar en el Palacio de El Pardo la fiesta familiar del cumpleaños de la susodicha. Aunque si uno lo mira con cierta frialdad, no es una ocurrencia cualquiera y no deja de ser un recordatorio de agradecimiento por haber nombrado sucesor del dictador al abuelo de la cumpleañera.
No necesita que confiemos en ella, tiene a su favor la inmunidad que le da el actual ordenamiento jurídico, pues una vez que llegue a ser reina gozará del status de inviolabilidad, igual que su padre y su abuelo. Como tiene buenos maestros en el arte de defraudar a las arcas públicas y realizar oscuros negocios, es imposible que confiemos en ella.
Proclamación de Felipe VI
La monarquía no representa los valores democráticos, radicalmente contraria al principio de igualdad, en pleno siglo XXI es un obstáculo para que cualquier Estado pueda avanzar. En el actual momento, en el que los derechos sociales están siendo atacados diariamente, donde los servicios públicos, Sanidad, Enseñanza y pensiones públicas están sufriendo todo tipo de recortes, nos imponen como futura reina a una persona que ni acude a la Sanidad Pública, que ha estudiado toda la vida en colegios privados y que no va a depender de una pensión como el común de los mortales. Estamos como para confiar en ella. Nos mean y dicen que llueve.
Cuando en diciembre de 2018 Vox irrumpió por primera vez en las instituciones, entrando en el Parlamento andaluz, el Estado español dejaba de ser la excepción en la Unión Europea, pues hasta la fecha ningún partido con un perfil ultraderechista había logrado representación parlamentaria en el Estado español. A partir de esa fecha cada convocatoria electoral era un paso para que entrasen en el Congreso, Senado, parlamentos autonómicos y ayuntamientos. Se empezó a normalizar la presencia de la ultraderecha de tal forma que el entrar en algún gobierno autonómico o ayuntamiento de capital de provincia sólo era cuestión de tiempo, puesto que sus votos eran imprescindibles en la ecuación para que hubiera gobiernos de derecha extrema. Al fin y al cabo, muchos de sus lideres se habían forjado en el partido que representaba las esencias del posfranquismo, que no es otro que el Partido Popular, pues primero Alianza Popular y luego el PP sirvieron de “paraguas a muchos franquistas que no renunciaban a su pasado”.
La trayectoria de Vox de los últimos cinco años ha sido ascendente hasta que se han topado con el primer gran retroceso electoral; pero hasta llegar a la situación actual, en la que son la tercera fuerza política en el Congreso, la ultraderecha ha tenido que realizar una larga travesía del desierto en la que en ciertos momentos estaba sumida en la irrelevancia política. Este batacazo electoral ha servido para que las diferencias y tensiones internas hayan salido a relucir con más profusión que en otras ocasiones, aunque el oscurantismo que reina en la dirección de Vox en muchos momentos dificulta conocer más en profundidad los entresijos de esta formación política. Lo que no cabe duda es que las aguas ultras bajan algo revueltas. Por ello, para conocer lo que es Vox, sus orígenes y quienes dirigen el partido exige sumergirse en el túnel del tiempo para echar la mirada a varias décadas atrás, porque es imprescindible conocer el pasado para entender el presente. Eso es lo que hace el periodista Xavier Rius Sant en el libro “Vox, los ultras que nunca se fueron” (Editorial Akal 2023).
Si de alguna forma tendría que definir el libro de Xavier Rius Sant, no dudaría en decir que es un compendio de la historia de la ultraderecha española de los últimos 50 años. Gracias al trabajo de campo que ha realizado a lo largo de los años, el autor realiza un análisis pormenorizado de las organizaciones del espectro de la ultraderecha y un seguimiento de los líderes que estaban detrás de cada una de ellas; va desgranando todos los intentos que han realizado para sacar la cabeza del pozo donde han estado desde la muerte del dictador, y en todo momento teniendo presente que un sector importante de la ultraderecha ha invernado dentro del PP, porque fuera hacía mucho frio, sobre todo, para aquellos que querían tener algún cargo de relevancia o, simplemente vivir de alguna prebenda que les pudiera caer del partido, y sin olvidar que siempre eran bienvenidos en el PP, organización que tenía como objetivo unir a toda la derecha, incluido al sector más ultra y cuyo fundador fue un ministro de Franco, con un currículum que para ellos quisieran muchos de los líderes de la ultraderecha española.
Ese relato exhaustivo de la trayectoria del conjunto de la ultraderecha española, es fundamental para adentrarse en el nacimiento de Vox a finales de 2013 y conocer sus orígenes. El ensayo de Xavier Rius Sant es premonitorio de muchos de los movimientos y de las tensiones internas que está viviendo Vox desde las elecciones de julio.
Los fundadores de Vox
Xavier Rius arranca el libro haciendo un repaso biográfico de los que, en su opinión, fueron los padres de Vox, y no es casualidad que arranque con Ortega Smith, pues reúne una serie de requisitos que para el autor le hace valedor de lo que hoy en día representa Vox. Desde sus años jóvenes y su militancia activa en Falange y de las JONS, donde fue un autor prolijo de artículos en diversas publicaciones falangistas, muy proactivo en su labor militante y guardián de los principios del nacionalsindicalismo, para después de dar algún que otro tumbo político, se cruzase en su camino Santiago Abascal, al que unirá su futuro político hasta el día de hoy. Es la persona que rentabilizará ante el electorado de derechas las horas de televisión en su faceta de acusación popular de Vox contra los líderes del Procés y la labor oscura de los fines de semana de recorrer todos los rincones del Estado para visitar a los afiliados que Vox tenía y animarlos a que lo dieran todo por la causa, y con la premisa de que “un ideal superior estará por encima de todo” y dirigiendo siempre el partido con manu militari.
Santiago Abascal y Ortega Smith en Vistalegre
Al hablar del que es el actual líder y caudillo de Vox, Santiago Abascal, Xavier Rius nos acerca a sus orígenes, nieto del alcalde franquista de Amurrio e hijo de político primero de Alianza Popular y posteriormente del PP, que tuvo diferentes cargos públicos. Repasa las dificultades de carácter económico en las que estuvo sumido Abascal en 2009, llegando a ser embargada su vivienda, y su conjura “para nunca volver a pasar hambre ni tener un sueldo inferior a 5.000 euros”. De chiringuito en chiringuito, gracias a su protectora, Esperanza Aguirre, y luego entrando en Vox, cuando tuvo constancia que había dinero fresco para poder garantizarse un suculento sueldo a cargo del partido. Este ensayo no deja lugar a dudas, es un arribista en toda regla, corroborado con las informaciones que se están publicando estos días sobre la financiación, a través de Vox, de la fundación Disenso de la que Abascal es presidente, la cual se beneficia de los beneficios fiscales que disfrutan las fundaciones.
El autor nos desvelará que si bien Vox propone la supresión de ayudas públicas a la financiación de partidos y sindicatos, no lo hace con las fundaciones, porque estas últimas son la herramienta que han utilizado estas gentes para medrar hasta que han entrado en las instituciones, como la fundación DENAES, fundación que Abascal fundó en 2006, siendo militante del PP o Concordia de Vidal-Quadras, que han recibido importantes subvenciones de las administraciones, sobre todo, de las que estaban a frente personas cercanas a ellos, como es el caso de Esperanza Aguirre, en su etapa de presidenta de la Comunidad de Madrid. Reniegan de lo público pero no pueden pasar sin vivir a costa de lo público.
En este ensayo el lector puede constatar cómo Abascal da un golpe de mano para hacerse con el control de Vox y ser nombrado presidente en cuanto tiene constancia que hay dinero suficiente como para poder asignarse un sueldo acorde a sus necesidades.
Si bien dedica unas páginas al matrimonio Espinosa de los Montero-Rocío Monasterio y a Vidal-Quadras, al ser de las personas que estuvieron en Vox desde el primer momento y del papel que cada uno representaba en el nuevo partido, Xavier Rius, a lo largo de este ensayo, se detendrá en otras, que no habiendo sido fundadores de Vox, acabarán desempeñando un papel protagonista en Vox, como es el caso de Jorge Buxadé e Ignacio Garriga. En este libro se hace un análisis de sus trayectorias políticas, pues ambos serán muy influyentes en la línea ideológica de Vox.
La ultraderecha española
No cabe duda que para entender lo que es Vox, es necesario tener una visión global de lo que ha sido la ultraderecha española en los últimos 50 años, pues como en el libro de Xavier Rius se recalcará con asiduidad, muchos de los líderes de Vox proceden de ese puzle de organizaciones. Por ello, hay un capítulo en este libro que viene a ser un resumen de la historia de las organizaciones políticas de ultraderecha más importantes que ha habido en los últimos cincuenta años. En este repaso encontraremos a los nacional-socialistas de CEDADE, las diferentes siglas en el ámbito del falangismo, la Fuerza Nueva de Blas Piñar, organizaciones que practicaban el terrorismo como el Frente de la Juventud, que fue una escisión de Fuerza Nueva, y un sinfín de siglas que surgirán en los años noventa y primeros de este siglo, donde todos se conocen, pero su cainismo es lo suficientemente importante, como para que entre ellos estén la mayor parte del tiempo a la greña. Procedentes de todas esas organizaciones hoy en día hay destacados diputados de Vox en el Congreso, parlamentos autonómicos y ayuntamientos.
El autor hará un repaso con datos de cada una de las personas que han liderado diferentes proyectos políticos fallidos de la ultraderecha y que han acabado recalando en Vox, algunos de los cuales han tenido condenas por actos violentos con motivo de su actividad política. Es curioso que nadie haya cuestionado la idoneidad moral de estas personas para que puedan ejercer la política, ni les han pedido ningún tipo de arrepentimiento y no han sido portada en ningún medio de comunicación.
Algunos de esos grupos de ultraderecha tenían su ámbito de actuación en Catalunya, organizaciones de carácter xenófobo, que intentarán exportar su proyecto a otros lugares del Estado español; en este ensayo hay un análisis pormenorizado de su actividad política que desarrollaron en la primera década de este siglo, centrando su línea de actuación en que la inmigración recibía todas las ayudas de la administración en detrimento de los de casa, y su estrategia se basaba en el todo vale, trufada de todo tipo de bulos y manipulación de datos. Todo un preludio de lo que será la forma de hacer política de Vox.
En todo ese popurrí de organizaciones ultraderechistas, Xavier Rius hace una mención a una organización que se hizo famosa en su posición contra el Procés y que ha sido ensalzada por gran parte de la prensa española, es Sociedad Civil Catalana, puesto que sus principales dirigentes son de ideología ultraderechista.
La ideología de Vox
La irrupción de Vox generó un debate acerca de donde se enclavaba su ideología, si era un partido fascista, del entorno de la ultraderecha o simplemente era un PP pero más duro, dudas que quedan despejadas en este ensayo, gracias a que el autor muestra la evolución de Vox desde su fundación hasta la actualidad.
Xavier Rius nos develará que en sus inicios Vox “no se presentaba como un partido ultra, sino como un partido liberal conservador, contrario al Estado autonómico, y defensor del nacionalismo español y del derecho a la vida y a la familia tradicional”. El programa con el que se presentó a las elecciones europeas “era más propio de una escisión del PP partidaria de un Estado centralista que de la ultraderecha xenófoba o eurófoba”, muy lejos de las propuestas de los partidos ultras europeos, y más cercano a un partido ultraliberal en posiciones económicas y conservador en lo moral y religioso, “totalmente opuestas al proteccionismo social del falangismo”, era una línea ideológica donde el matrimonio Espinosa de los Monteros-Monasterio se sentían como pez en el agua.
Esta posición inicial será arrinconada para ir ocupando una posición ideológica propia del sector más duro de la ultraderecha europea, y para ello es fundamental la influencia de algunas de las personas que sin haber estado en la fundación de Vox, llegarán a liderar Vox, como es el caso del anteriormente mencionado, Jorge Buxadé, exfalangista, ex militante del PP y miembro del Opus Dei, que se convertirá en uno de los ideólogos de cabecera del partido ultra, siendo elegido en marzo de 2020 vicepresidente primero y responsable de acción política; convirtiéndose en el número 2 de Vox. Dentro de ese selecto grupo que recalan en Vox llegando a tener puestos de gran relevancia, además de Buxadé, está el anteriormente mencionado Ignacio Garriga, Rafael Bardají, que fue director de política internacional de FAES y fervoroso prosionista y Kiko Méndez Monasterio.
El autor se detendrá en analizar la ideología de Buxadé, a través de los discursos que realizará en actos públicos de Vox, pero, sobre todo, gracias al libro que publicó con el título “Soberanía: por qué la nación es valiosa y merece la pena defenderla”, en el que detalla cuál es su ideología, que se fundamenta en una nación indisoluble, una familia tradicional basada en una ley natural y la religión. Está en contra del sistema de partidos, y en algunos actos de Vox llega a manifestar que las instituciones propias del pueblo español son “familia, sindicato, municipio y corporación profesional”, que no es otra cosa que lo recogido en el apartado 6 de la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, redacción tomada del punto sexto del programa de Falange de 1934.
Para Xavier Rius, hay cuatro elementos que definen a Vox: el primero es que “no niegan la legitimidad del Alzamiento Nacional del 18 de julio, que provocó la Guerra Civil, ni la gran dictadura que vino después”. Llegan a manifestar, en palabras de Ignacio Garriga, que “el régimen vigente ha arrebatado libertad a los españoles”. El segundo es que rechazan el sistema de partidos políticos, que “ha asestado un golpe letal al sistema democrático”. Son más de democracia orgánica, donde no haya partidos políticos, todo ello inspirado en la ideología falangista. El tercero es la negación de la legitimidad de las comunidades autónomas y de las regiones. Y el cuarto, es la estructura piramidal del partido en el que no existe la democracia interna, ni hay posibilidad de mostrar las discrepancias con la dirección, adoleciendo de una total falta de transparencia.
La parte que obvian del discurso falangista es la relativa al “control de los medios de producción y la nacionalización de empresas o la banca”. En materia económica son más de ultraliberalismo thatcheriano y de reducir los impuestos, sobre todo a las clases altas.
Vox, un partido donde reina el oscurantismo
Si en algo se distingue Vox del resto de los partidos es en el oscurantismo en su funcionamiento interno. Xavier Rius realiza una exhaustiva labor en este aspecto, aportando un sinfín de datos al respecto.
Este ensayo se adentra en Vox, desde su fundación, que se planificó con personas de paja para no aparecer los verdaderos cerebros del proyecto y no levantar sospechas en el Ministerio del Interior, cuyo titular era Jorge Fernández Díaz. Nos dará a conocer el papel que desempeñó Vidal-Quadras en ese momento y cómo logró dinero fresco y a fondo perdido con origen en los muyahidines iraníes para financiar el partido, lo que les permitió sobrevivir durante un tiempo, ya que algunos de sus líderes ya no vivián gracias a ningún chiringuito público.
Gracias a este trabajo el lector irá descubriendo que un reducidísimo número de personas tendrá las riendas del partido, actuando sin ninguna transparencia en los órganos de decisión, motivo por el que se darán gran número de dimisiones en todos los órganos del partido. El trato vejatorio y la defenestración de las voces críticas serán una constante, ejecutándolas Ortega Smith con mano de hierro, durante el tiempo que fue secretario general, la mano derecha y larga de Abascal.
Y para finalizar llega el momento de preguntarse
¿Qué es Vox? ¿qué espectro sociológico representa Vox?
En el prólogo del libro es definido como “un potaje de ultranacionalistas, de convencidos de que nos hemos rendido ante ETA, de aquellos que están seguros de que los independentistas destruirán España, de los angustiados por la emigración que creen que nos invade, de los beatos que quieren imponer su moral, de los herederos del fascismo, o de personas que simplemente no entienden avances o claves de convivencia actuales y trabajadores que se ven seducidos por su populismo”, y al hilo del título del libro, sus dirigente “son ultras que siempre han estado aquí, pero ahora han vuelto organizados aprovechando vientos a favor”.
Para el autor, Vox es el punto de confluencia de exdirigentes y exmilitantes del PP, “franquistas de ayer que estaban en este último partido, resignados a ser demócratas” y “antiguos militantes del amplio abanico de los grupos de ultraderecha”.
Desde un punto de vista sociológico, Vox recaba apoyos en ese estereotipo de personas desubicadas en la sociedad del siglo XXI, en la que no están adaptadas a los avances de la sociedad, que son el caldo perfecto para mediatizar su opinión a través de la factoría de los bulos que construye la ultraderecha.
Lo preocupante en este ascenso de la ultraderecha española de la mano de Vox es que sus ideas están calando en la sociedad mediante la batalla cultural que lleva dando en los últimos años. El espacio sociológico de la ultraderecha siempre ha existido en el Estado español, pues no olvidemos que el dictador murió plácidamente en la cama, y muchos seguidores han estado invernando en el PP, pero el crecimiento de su base social ha salido fuera de los ámbitos de la ultraderecha o del PP y su discurso ha calado en otros sectores de la sociedad. El tiempo nos día si los partidos democráticos saben dar una respuesta y devolver a la ultraderecha a la marginalidad política.
El libro de Xavier Rius Sant es de obligada lectura para todo aquel que quiera estudiar más a fondo a la ultraderecha, porque para combatir algo, primero hay que conocerlo.
La normalización del uso del euskera ¿el fin de una anomalía democrática?
“Euskara,/ Jalgi hadi mundura!/ Jalgi hadi mundura!/ Lengoajetan ohi hintzan/ Estimatze gutitan;/ Orai aldiz hik behar duk/Ohorea orotan”.
(¡Euskera Sal al mundo! /Estabas en poca estima/ Entre las lenguas;/ Pero ahora serás la más noble/ de todas).
Bernat Etxepare
A caballo del siglo XV y XVI, Bernat Etxepare (1480-1545), autor del primer libro en lengua vasca del que hay constancia, escribió una poesía en la que pedía que el euskera saliese al mundo en pie de igualdad con el resto de lenguas. Muy optimista fue el clérigo bajonavarro, pues la realidad histórica ha sido bien distinta. Idioma perseguido y minorizado a lo largo de la historia, sufriendo uno de los mayores ataques a lo largo del siglo XX, convirtiéndose en una lengua minorizada y en peligro de extinción.
La historia ha venido a demostrarnos que para que el euskera sobreviva no queda más remedio que defenderlo día a día, y para ello hay que situarlo en todos los ámbitos de la vida, que bastantes ataques sufre, y sino que se lo pregunten a los ayuntamientos vascos con la última sentencia del Tribunal Constitucional o cuando el juez de turno anula una oposición en la que se exige el conocimiento del euskera. Da igual que sean reaccionarios o progresistas, cuando hay que dictar sentencias sobre el euskera, uno ya se huele el resultado antes de que se reúnan a deliberar. Los magistrados no parecen tener presente el aplicar la discriminación positiva en defensa de una lengua que está en una situación de clara desventaja.
Todo esto viene a cuento porque quién nos iba a decir hace unos meses que en el Congreso de los diputados podríamos escuchar a algunos diputados vascos poder realizar sus discursos en euskera sin que la presidencia de turno no cortara automáticamente la intervención del orador, que es lo que hacía Meritxell Batet. Y he dicho algunos, porque no todos los parlamentarios vascos dominan la lengua de Etxepare, Arrese Beitia, Lauaxeta, Kanpion, Azkue, Gabriel Aresti, Txillardegi, Atxaga o Kirmen Uribe. Es lo que hay, y no es que sea porque no quieran “hacer el canelo”, es porque algunos, como Borja Semper, autor de esta última sinsorgada, no saben ni han hecho intención de aprenderlo. Para muchos de esos políticos, en el mejor de los casos, el euskera es como un jarrón chino que sirve para enseñarlo a las visitas. Para otros, y no son pocos, la linguae navarroum hay que introducirla en un gueto, sin posibilidad que pueda expandirse, para ellos bastante tienen con aguantar que el euskera sea una lengua milenaria y la más antigua de Europa. Sencillamente, esto último les supera.
La realidad sea dicha, que se haya logrado que todas las lenguas que se hablan en el Estado español puedan ser utilizadas en el Congreso ha sido más producto de la aritmética parlamentaria actual que de la convicción de algún grupo parlamentario en la defensa de esta reivindicación, y me estoy refiriendo al PSOE. Pues no es la primera vez que se planteaba en el Congreso esta reivindicación, pero en ese momento el PSOE no tuvo reparos en unir sus votos al PP y VOX para rechazar este tipo de iniciativas, sin ir más lejos, en junio de 2022 fue planteada por ERC y PNV para usar las lenguas oficiales en la Cámara Baja, siendo rechazada por PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. Sin embargo, en esta ocasión el PSOE ha hecho de la necesidad virtud, y ha dado el paso para normalizar en el Congreso el uso de algunas lenguas que se hablan en el Estado español. Y he dicho de algunas, porque el bable, el aranés y el aragonés no han corrido la misma suerte.
No voy a poner en cuestión al PSOE en su actitud favorable con otras lenguas cooficiales, como en el caso del catalán o el galego, pero en el caso del euskera, siempre ha tenido una actitud más hostil o, en el mejor de los casos, más remolona. No voy a traer a colación los posicionamientos del PSOE en sus primeros años de andadura política, a finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, porque sonrojaría a más de uno. No cabe duda que el PSOE ha evolucionado, pero sigue teniendo muchas contradicciones, como votar a favor de que el euskera, catalán y gallego se puedan utilizar en el Congreso de los diputados, pero marginar a la linguae navarrorum en Navarra, convirtiéndola en una lengua de tercera y eso es gracias al PSOE, que en esa comunidad aplica políticas de apartheid lingüístico de la mano de UPN.
Manifestación en Tudela en favor del euskera
Si de algo no hay duda, es que los derechos no se conceden sino que se conquistan, y la historia del euskera lo demuestra, el reconocimiento del euskera ha sido gracias a la lucha en diferentes espacios, estando latente el peligro en el que viven las lenguas minorizadas, y no cabe duda que en la comunidad vascoparlante de Navarra va a tener que luchar contra viento y marea para lograr los derechos que le asisten y poner al euskera al mismo nivel que el castellano.
Por ello, lo de hoy en el Congreso, en lo referente al euskera es un hecho importantísimo y se puede decir que histórico, pero mucho más lo será cuando la ciudadanía navarra vascoparlante deje de estar discriminada en su comunidad y el euskera deje de sufrir ataques por parte de algunas instituciones del Estado, en concreto, de la judicatura. Es entonces cuando se dará una normalización del uso del euskera, pero hasta entonces seguirá habiendo una anomalía democrática en el Estado español.
Cartel en favor del euskera en Amorebieta-Etxano
En este debate, la extrema derecha española y sus altavoces mediáticos nos han obsequiado con lo mejor de su repertorio, han realizado un esfuerzo colosal en su afán de superarse a sí mismos para oponerse y centrar el debate en sus típicos mantras, el “España se rompe”, “Gobierno golpista”, “ataque al español”, “humillación para España y los españoles”, “un paso más hacia la destrucción de la unidad nacional”, “un día dramático”, “los españoles hablamos español”. No es que les vaya a dar ideas, pero les ha faltado decir una frase que he escuchado en más de una ocasión y no hace tanto tiempo: “aquí se habla en cristiano”. Algo que ha hecho la extrema derecha española a lo largo de su historia, es unir los conceptos de nación, idioma y religión, algo así como aquellas frases de “una unidad de destino en lo universal” o “el imperio hacia Dios”, es decir, nacionalismo rancio español en su más alta expresión.
Los que se han opuesto en el Congreso son los herederos ideológicos y políticos de los que durante décadas prohibían el uso del euskera, poniendo multas si era utilizado en la calle, desterrándolo totalmente de la enseñanza, su censura no permitía publicar libros, periódicos en euskera o su utilización en medios de comunicación. Pusieron en marcha una cruzada total para herirlo de muerte. Era la España en blanco y negro. Pero también son los responsables directos del mayor ataque al euskera durante el régimen del 78- Lo realizaron hace 25 años, con un gobierno del PP, cerrando el único periódico que se publicaba íntegramente en euskera. Un cierre que fue declarado ilegal por la Audiencia Nacional, que absolvió a todos los procesados y que al final el TDHE acabó condenando al Estado español, por no haber investigado las torturas que sufrieron los miembros del consejo de administración del periódico durante el periodo de detención en dependencias policial. Visto lo visto, lo de que se hable en euskera en el Congreso es la mayor bofetada que han podido recibir.
Como he dicho anteriormente, el problema que tienen está en que su esquema rudimentario se basa en “un Estado, una nación, un idioma”. Y todo lo que se salga de ahí es un ataque a su nación. Lo de la diversidad lingüística y cultural nunca ha ido con ellos, son más de uniformidades y, si es necesario, a base de palo y mano dura, amigos de que la letra con sangre entra. Son incapaces de ver que el hecho que en el Estado español se hablen varias lenguas en pie de igualdad es una riqueza d la que deberían de estar orgullos y no un ataque al castellano. Pero, desgraciadamente, que nadie busque algo de racionalidad en su discurso porque no la va a encontrar.
La extrema derecha española, y digo extrema, porque lo que se dice derecha a secas haberla no hayla, se encuentra totalmente desquiciada por no haber digerido todavía el resultado del 23J, y el hecho que la legislatura empiece con la normalización lingüística en el Congreso ha sido la puntilla. No cabe duda que esta legislatura se les va a hacer muy larga.
Tengo que reconocer que siempre me ha parecido un tanto curiosa la opinión que ha despertado el PNV fuera de Euskal Herria, sobre todo en el entorno de la izquierda madrileña. Cuando este tema surgía en alguna conversación, en muchas ocasiones me empujaba a mantener una postura de abogado del diablo, a la contra, en función de quién fuera mi interlocutor.
En algunas de esas conversaciones me encontraba con personas cercanas y/o votantes del PSOE, que solían decir que el PNV era un partido de derechas. En ese tipo de situaciones no podía evitar meterles un poco el dedo en el ojo, que no era otra cosa que decirles que el PNV era tan derechas como el PSOE, cosa que solía soliviantar a más de un progre madrileño. Y para ello ponía sobre el tapete argumentos sencillos, sin estrujarse uno la sesera, pero de sentido común. Era la década de los 80 y 90 del siglo pasado, los años en los que el PNV, de la mano de los Arzallus, Ardanza, Atutxa, Azkuna y cía. gobernaban cómodamente en coalición con el PSOE en la Comunidad Autónoma Vasca. Los jeltzales eran los guardianes del régimen del 78 en las provincias rebeldes del Norte, iban en comandita con el PSOE para aportar su granito de arena en esa ardua labor de tenerlas bajo su control. Se repartían la tarta del Gobierno Vasco, las diputaciones, y ayuntamientos, vamos, como ahora, nada nuevo bajo el sol. El PNV y el poder son dos caras de una misma moneda.
Las políticas del PNV estaban dentro de los estándares de la democracia-cristiana europea y sus políticas sociales y fiscales no variaban mucho de las realizadas por el PSOE de Felipe González, y algo muy importante, compartían su vocación atlantista, pues para ambos partidos la OTAN era el guardián de las esencias capitalistas. Claro, si su acción de gobierno se comparaba con las políticas que Alianza Popular (AP) primero y luego el PP aplicaban en aquellas CCAA donde gobernaban, el PNV era un partido que seguía unos estándares más progresistas, pero sin tirar cohetes. Se podría resumir en que no es que el PNV fuera más o menos de derechas, es que era el PSOE el que se había derechizado.
Aznar y Xabier Arzallus
Si por algo ha destacado siempre el PNV es por intentar tener buena sintonía con el partido que estuviera en La Moncloa, excepto en la legislatura en la que Aznar tuvo mayoría absoluta. Aquello fue el primer laboratorio de la derecha que sirvió para lo que nos depararía en décadas posteriores cuando han gozado de mayoría absoluta.
Por el contrario, en los últimos años me he encontrado con que algunos sectores de la izquierda española han entrado en un proceso de admiración al PNV. Para ellos es ese partido que se mueve en el centro-derecha en algunas cosas, en otras puede ser más progresista, pero lo que más les atrae es que está en una de las dos orillas, en la de los demócratas, es decir, en la de los antifascistas, porque en Europa Occidental no se entiende ser demócrata si previamente no eres antifascista. Las intervenciones de sus representantes en las Cortes no dejan lugar a dudas, pues no tienen ni color con las del PP, VOX y Cs y eso genera un efecto de frenesí para ese elector de izquierdas que más abajo del Ebro sufre día tras día a una de las derechas más rancias de la antigua Europa.
Sin ignorar algunos de estos argumentos que suelen esgrimir personas de la izquierda que miran con un guiño de complicidad al PNV, en este último caso también hay material para echar por tierra esa imagen. En los últimos años el famoso oasis vasco que representaba el PNV, con una supuesta gestión modélica, se ha ido desmoronando como un castillo de naipes. Por un lado, los casos de corrupción de cargos del PNV, y lo que es más grave, la nefasta gestión de esos escándalos, su falta de transparencia y cierta mano ancha con los condenados, han dado lugar a situaciones que a uno le hacen recordar el famoso sms de Mariano Rajoy a Bárcenas, cuando le escribió “Luís se fuerte”, y, por otro lado, la deriva neoliberal del PNV en sus políticas socioeconómicas.
Esa es la verdadera cara de un partido que desde un tiempo a esta parte ha perdido esa imagen de buen gestor. Sólo voy a dar alguna que otra pincelada de su deriva neoliberal en estos tiempos que hemos vivido y el descontrol de su gestión: En el primer caso estaría el desmantelamiento de la Sanidad Pública Vasca. A Díaz Ayuso le han salido unos alumnos muy aventajados, que sacando menos ruido que ella, siguen la misma estela. Y como ejemplo de proceder chapucero está su nefasta gestión de la Ertzaintza. Un cuerpo policial que está infectado de elementos ultras y eso solo puede pasar por la falta de control de sus efectivos y la dudosa metodológica democrática utilizada a la hora de formar a sus miembros. Y todo esto de la mano de su socio de gobierno, el PSOE.
La realidad nos demuestra que el PNV casi no ha variado a lo largo del tiempo. Nos ha acostumbrado a hacer de vez en cuando sus típicas ziabogas, pero más allá de ello, siempre ha tenido claro cuáles son sus objetivos: el poder al precio que sea. Es por ello que los últimos movimientos del PNV en estas últimas semanas han dejado descolocada a más de una persona de izquierdas que vive fuera de Euskal Herria. Su estrategia desatada por no perder ni un ápice del poder del que ostentaba hasta las pasada elecciones municipales y forales, le ha llevado a situaciones en las que ha ofrecido una fotografía que dista mucho de ese partido sensato que está alejado de los modos de la ultraderecha española.
En los últimos meses en el PNV habían aflorado unos nervios que uno no recuerda que se dieran en las filas jeltzales desde el cisma que vivieron allá por 1986 y que se tradujo en el nacimiento de Eusko Alkartasuna (EA). Discursos crispados como los de Andoni Ortuzar queriendo retrotraerse a tiempos pasados, daban la impresión que tenían suficientes datos como para prever que las urnas no les iban a deparar un buen resultado, pero la conclusión es que el golpe ha sido mayor de lo esperado. No deja de ser un clásico que cada vez que nos acercamos a unas elecciones la extrema derecha saque a pasear a ETA, pero que el PNV entre en un juego de similares características para atacar a un adversario político, en este caso EH Bildu, sólo se podía entender en clave de no tenerlas todas consigo, sin duda alguna, lo más grave es que ha utilizado el lenguaje y los argumentos de la ultraderecha española. Da la sensación que el PNV está desubicado en la era post-ETA. Claro, a partir de aquí, empezaba a estar claro que la veda iba a estar abierta y todo iba a valer.
En este escenario de debacle del PNV es donde se ha lanzado a una estrategia que si bien a corto plazo le garantiza un control institucional muy superior a los resultados obtenidos, a medio-largo plazo está por ver los efectos secundarios que pueda tener en próximas convocatorias electorales.
En ese proceso de negociaciones para lograr alcaldes y el gobierno de las diputaciones forales no ha tenido reparo alguno en negociar con la ultraderecha española, pero tan grave o más ha sido que esta última es la que ha logrado la meta que buscaba. A lo largo de la campaña electoral el PP no había escondido su objetivo, que no era otro que gracias a sus votos evitar que la izquierda abertzale gobernase en ayuntamientos y Juntas Generales (JJGG). El PP ha logrado proyectar la imagen que el PNV ha necesitado los votos de la extrema derecha española para lograr alcaldías y la diputación de Gipuzkoa, ha demostrado que su apoyo ha sido producto de una negociación y que en ningún caso ha sido gratis, y a decir verdad, no parece que el PNV esté avergonzado por tener que haber recurrido a los apoyos ultras.
Aquí ha habido cambio de cromos y gracias a la avaricia por el poder del tándem PNV-PSOE la extrema derecha ha logrado salir de su aislamiento. No sólo es que el PNV y, su socio, el PSOE, hayan blanqueado a la ultraderecha, es que han caído en su estrategia, lo que ha llevado a ver situaciones de lo más estrambóticas.
En Álava, como agradecimiento a que EH Bildu no lograse la alcaldía de Vitoria-Gasteiz gracias al PP, el PNV ha sido capaz de renunciar a gobernar en una de las localidades emblemáticas de La Rioja Alavesa, Labastida, para cedérsela a los populares, aunque le haya costado una revuelta entre la militancia de la localidad. En Gipuzkoa para retener la diputación Gipuzkoa ha facilitado que el PP entre en la mesa de las JJGG de Gipuzkoa, siendo una fuerza que todos sus votos caben en un autobús. Pero en todo este proceso de elección de alcaldes, el caso más grave es el que se ha vivido en Durango (Bizkaia) a la hora de elegir quien presidiría la corporación municipal. En esta localidad la ultraderecha española diseñó una estrategia que en ningún momento la ocultaron para que EH Bildu no repitiera de nuevo en la alcaldía. Dicha estrategia pasaba por convencer a VOX, algo que lograron en un abrir y cerrar de ojos, para que en Durango no presentara candidatura a las elecciones municipales para concentrar todo el voto ultra en la candidatura del PP, y de esa forma lograr un concejal, que podía ser decisivo en la votación para la elección de la alcaldía. Para que la lista del PP fuera más atractiva al votante ultra, la persona que cerraba la lista era Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Díaz Ayuso y en su día asesor y portavoz del gobierno de Aznar. Y como no podía ser de otra forma, se presentó en Durango para echar por la boca todo tipo de bilis. Como estrategia ultra no se le podía pedir más a la candidatura del PP. Y así fue, obtuvo un concejal que tenía la llave de la alcaldía. El PNV no dudó lo más mínimo en gobernar aunque fuera gracias al voto de un ultra y para que no quedase lugar a la duda, la jornada de la elección nos deparó esa fotografía en la que la nueva alcaldesa del PNV se fundía en un efusivo abrazo con el concejal ultra del PP. Si Enrique de Navarra dijo que “París bien vale una misa” y renunció al protestantismo para convertirse al catolicismo y lograr ser rey de Francia, en el PNV lo tienen claro, el poder bien vale un abrazo con la extrema derecha española. Quien sabe y el siguiente paso es ver a Aitor Esteban abrazándose con Abascal.
Todo esto solo puede llevar a una conclusión: el PNV ha sido y es una pieza fundamental dentro del régimen del 78. El hecho que se abstuviera en el referendum de la Constitución, no ha sido obstáculo para que haya desempeñado el papel de valedor de la monarquía en Euskal Herria y aunque en los últimos años se haya alejado de la institución monárquica, su actuación no va dirigida a poner en cuestión el actual marco jurídico-político. Que nadie piense que va a poner en marcha ninguna iniciativa del estilo del Plan Ibarretxe ni de plantear una consulta para superar el actual Estatuto de Autonomía, bastante tiene con cumplir la misión que tiene encomendada, que no es otra que ser el muro de contención ante cualquier proyecto que cuestione el actual régimen.
El PNV es ese partido que vivió muy cómodo mientras podía exhibir la cara amable del nacionalismo vasco, pero parece que no ha sabido digerir la disolución de ETA y que de un tiempo a esta parte ha dejado de ser la centralidad en la política vasca. Ha perdido ese lugar preferencial de ser el partido que negociaba en Madrid arrogándose la representación del pueblo vasco, ahora le ha surgido competencia y está sirviendo para ver que más que defender los intereses de los vascos siempre ha estado más preocupado en la defensa de las élites vascas.
El pasado sábado se podía leer en la edición digital del diario Berria, que su director, Martxelo Otamendi, se jubila. El decano de los directores “con obligado pasaporte español” ha llegado a la edad de jubilación. Y no se retira por gusto, pero, como bien dice, hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Enamorado de su profesión, piensa seguir unido a ella, aunque de forma menos intensa.
El hecho que Martxelo Otamendi de un paso a un lado, después de 30 años dirigiendo primero el diario Euskaldun Egunkaria y posteriormente el diario Berria, y que este año se cumplieran 20 años del cierre de Egunkaria por orden del juez de la Audiencia Nacional (AN), Juan del Olmo, fue la excusa perfecta para que un grupo de personas del mundo de la cultura y el periodismo de Madrid organizasen el pasado jueves 1 de junio, un acto-homenaje al diario Egunkaria y a su director Martxelo Otamendi en el Ateneo La Maliciosa[1].
Para quienes desconozcan lo que hace 20 años sucedió con el diario Euskaldun Egunkaria y haciendo un esfuerzo para poder sintetizarlo en pocas líneas, decir que el 20 de febrero de 2003, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó el cierre del diario y detuvo a diez personas de la dirección del periódico, de las cuales cinco sufrieron un proceso judicial que se alargó hasta 2010, año en el que fueron juzgados y absueltos, con una sentencia de las más duras que ha dictado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la que desmontaba una a una todas las acusaciones existentes, dejando a la altura del betún todas actuaciones del juez instructor Juan del Olmo.
La Sala de lo Penal de la AN recoge en su sentencia que el cierre no se ajustó a derecho, pues vulneró derechos fundamentales como la libertad de información y expresión, obviando preceptos constitucionales que garantizan estos derechos y que los acusados en ningún momento habían incurrido en delito alguno, pero el daño estaba hecho. El calvario que pasaron los cinco personas que se sentaron en el banquillo es indescriptible, y como muestra, reseñar las palabras del presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Gómez Bermúdez, en este acto. Arrancó su intervención diciendo que el caso Egunkaria “fue un error judicial enorme, al menos en la fase de instrucción”, para llegar a afirmar que “el Tribunal tuvo la firme convicción que en este caso hubo malos tratos y torturas” y en la sentencia, la Sala de lo Penal reprocha la falta de control de la incomunicación por parte del juez instructor.
La comunidad euskaldun[2] se vio privada del único periódico escrito íntegramente en euskera, si bien, fue momentáneamente, porque los 150 trabajadores de Egunkaria se pusieron manos a la obra para que al día siguiente saliera un periódico de 16 páginas, gracias a la infraestructura de un diario local de Gipuzkoa. Fueron un ejemplo que perdurará en el tiempo. Por lo que respecta a la respuesta de la ciudadanía fue histórica, en Donostia se vivió la manifestación más grande que ha habido en esa ciudad, hubo una movilización sin precedentes en todo Euskal Herria que superó cualquier previsión y las muestras de solidaridad se dieron a nivel internacional. El Estado se encontró con una respuesta que no esperaba.
Después haber asistido al acto-homenaje a Martxelo Otamendi, que éste lo hizo extensivo a todos los trabajadores de Egunkaria, creo que es necesario hacer una reflexión sosegada de lo que se vivió hace 20 años, desde la perspectiva de lo que estamos viviendo en la actualidad, porque algunas de las intervenciones del jueves en el Ateneo La Maliciosa, sin hacer una comparación directa entre aquella época y el momento actual, dieron algunos datos que permiten relacionar ambos contextos.
Intervención de Martxelo Otamendi
Algunos de los intervinientes, en concreto los periodistas Luís Rodríguez de Aizpeolea y Martxelo Otamendi contextualizaron el cierre del diario Egunkaria y la detención de sus directivos en un momento muy concreto: gobernaba Aznar con mayoría absoluta y desde 2001 la derecha mediática, es decir, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, estaban inmersos en una guerra sin cuartel contra el nacionalismo vasco en su conjunto, elevando el tono de sus comentarios, e intentando criminalizar instituciones, partidos y medios de comunicación que no comulgaban con sus postulados. Era una campaña en la que se criminalizaron ideas políticas. En su particular ofensiva inquisitorial cabían todos: desde el entonces lehendakari Ibarretxe, pasando por entidades financieras, centros educativos que representaban un modelo educativo diferente al que a ellos les gustaría, hasta editoriales y distribuidoras de libros. La teoría del todo es ETA era una larga sombra que teniendo su inicio en los autos del juez Garzón, se extendía como una mancha de aceite por tertulias, editoriales de prensa y todo ello con la finalidad de dar cobertura mediática a la política desplegada por el gobierno de Aznar.
Si uno se para a pensar un momento, lo primero que le viene a la cabeza es que han pasado 20 años y la situación empieza a tener tintes bastante similares, con el agravante de que es susceptible de empeorar. Acabamos de vivir una campaña electoral por parte de la derecha extrema y la extrema derecha que en su mayor parte ha girado alrededor de ETA, organización que dejó de atentar hace más de once años y que hace más de cinco años de disolvió, y la derecha mediática ha sido el altavoz de ese mensaje. Todo esto ha sido algo más que la campaña del barro. La derecha mediática está haciendo el papel que le han asignado para allanar el camino a un futuro gobierno PP-VOX y la deriva autoritaria que puede tomar.
Si a principios de siglo el gobierno de Aznar aprobó una nueva Ley de Partidos Políticos, con la finalidad de ilegalizar a izquierda abertzale, en esta campaña algunos líderes de la extrema derecha, con Ayuso a la cabeza, han vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de ilegalizar a EH Bildu, aunque los órganos judiciales españoles manifestaron en su momento que reunía todos los requisitos para ser un partido legal. Es por ello que plantean modificar la actual legislación para darle una nueva vuelta de tuerca, con la finalidad de lograr sus objetivos.
No parece que hayamos avanzado mucho, más bien se están dando pasos atrás. Hasta ahora este tipo de medidas sólo se han aplicado en lo relacionado con el contencioso vasco, pero no sería nada descabellado que quieran dar un paso más allá. Y me estoy refiriendo a que con un gobierno de mayoría absoluta de la extrema derecha se extendiesen estas políticas a partidos y organizaciones de otras latitudes que en la actualidad están sufriendo un auténtico linchamiento mediático por los mismos medios de comunicación que a principios de los años 2000 actuaron de forma similar con Egunkaria, la izquierda abertzale y el nacionalismo vasco en general. Sin duda alguna uno de los puntos de mira podría ser Catalunya y los partidos independentistas y no sería descartable que todo lo que se mueve a la izquierda del PSOE fuese otra diana. Frases repetidas a modo de martillo pilón, gobierno ilegítimo, socialcomunistas, bolivarianos, enemigos de la unidad de España, etc…, sirven para ir preparando a la opinión pública para justificar otro tipo de actuaciones.
Las enseñanzas que nos ha dejado el caso Egunkaria son varias. La primera es el riesgo latente a que se sigan vulnerando derechos fundamentales, como la libertad de información y expresión, que empiezan por apuntar a todos aquellos medios que no siguen la línea editorial de la derecha mediática, para que un gobierno afín pase a otra fase. Y esto es extensible a partidos políticos y todo tipo de organizaciones políticas y del tejido asociativo.
Y para finalizar, el otro aprendizaje que nos deja este caso es que una respuesta tan masiva y contundente, como la que dio la sociedad vasca, sirvió para que el Estado fuese consiente que había encontrado algo más que una piedra en un zapato. Es primordial una sociedad organizada y movilizada para frenar el cercenamiento de los derechos y libertades fundamentes por parte de gobiernos con tics totalitario
La izquierda española vuelve a desenterrar el piolet
“La izquierda tiene esa vocación conspiratoria que le pierde. En toda reunión en la que la izquierda trata de organizarse parece que hay unos cuantos piolets escondidos debajo de la mesa. Supongo que tiene que ver con esa tradición de cuestionarse permanentemente, de hacerse preguntas, que es muy saludable en cierto punto. Pero al mismo tiempo también tiene que ver con la vocación al fracaso, que ha sido un lastre por parte de ciertos sectores de la izquierda”.
Esta reflexión con la que comienzo este artículo es de Ismael Serrano y la he extraído del libro “Tomar partido” (Editorial Txalaparta) que el periodista Sergio Gregori Marugán publicó en 2019 y en el que se recogen alrededor de medio centenar de entrevistas a actores políticos, intelectuales, periodistas y personajes visibles del mundo de la izquierda. Y hoy la he rescatado porque si en su momento me pareció muy acertada, desgraciadamente hoy está más vigente que nunca, y algunos se han propuesto no aprender del pasado.
Lo que estamos viviendo en los últimos meses, porque todo esto viene de atrás, raya la esquizofrenia. Algunos han sustituido el piolet por el tuit o el bolígrafo y se han puesto a disparar en medios de comunicación y redes sociales a todo lo que se mueve, haciendo tanto o más daño. No es nuevo este espectáculo, pero sigue siendo igual de bochornoso.
Antes de entrar en harina, voy a dejar algunas cosas claras: en este juego de tronos que nadie busque buenos o malos, y la sensación que acaba teniendo el votante de izquierdas es que esto va de cuatro popes que están jugando a ese tacticismo cruel que lleva a unos a auparse en el poder a costa de otros y acaban arrastrando a las bases de los diferentes bandos a una guerra fratricida. Igual los males de la izquierda pasan porque hay que acabar con tanto liderazgo y esto va dirigido a todas y todos.
Llevamos varias semanas escuchando a Pablo Iglesias y a algunas personas de la dirección de Podemos que para entrar en el proyecto de SUMAR tan sólo es necesario que Yolanda Díaz llegue a un acuerdo bilateral con Podemos en el que la primera acepte la celebración de unas primarias abiertas. Da la sensación que lo único que importa es el método para la elaboración de las listas ¿quizá quieren decir la forma de repartirse los puestos de la candidatura? pues no le han requerido para hablar del programa de gobierno que es lo que le interesa al votante de izquierdas, si Julio Anguita levantara la cabeza. Y han ignorado al resto de formaciones que ya están apoyando el proyecto SUMAR, si se me permite, algo poco respetuoso si se quiere ir de la mano con esas formaciones políticas en una única candidatura.
La respuesta de Yolanda y su equipo hasta hace unos días venía siendo de un perfil bajo, sin entrar en rifirrafes dialécticos, lo cual le estaba obligando a la otra parte a subir el tono y es cuando se han escuchado frases como que Yolanda Yolanda Díaz está actualmente “mucho más cerca políticamente” de Más País, es decir, de Íñigo Errejón, que de Podemos, o que el PSOE quiere una izquierda que la pueda manejar como lo hizo con IU. Lo primero que pienso es si este tipo de declaraciones de verdad sirven para unir, porque la sensación que he extraído es que han ayudado a caldear más el ambiente, y volviendo al contenido de las declaraciones, si es cierto ese acercamiento de Yolanda Díaz a las posiciones de Errejón ¿Podemos se sentiría cómodo en ese proyecto? ¿por qué ese interés de llegar a un acuerdo con Yolanda? ¿no le sería más útil defender su espacio político fuera de la candidatura de Sumar?
En esta historia no hay ni buenos ni malos, ni todo es blanco ni todo es negro, y para entenderlo es necesario tener una mirada retrospectiva y remontarnos cuatro años atrás. Allá por 2020 pasaron muchas cosas, no hacía un mes que el gobierno de coalición PSOE-UP había iniciado su andadura y en una entrevista que Yolanda Díaz concedió al diario El País nos dejaba esta perla: “Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable”. Frase infumable donde las haya, pero parecía premonitoria a la vista del desenlace que tuvo la tan cacareada derogación de la reforma laboral del PP. Pero lo más llamativo es que en aquel momento, primeras semanas de 2020, ante esas declaraciones nadie de Podemos alzó la voz, en aras a defender el compromiso del gobierno de coalición de derogar la reforma laboral de Rajoy, y no voy a entrar en una guerra semántica, porque todo el mundo entiende perfectamente lo que significa derogación. Acababan de empezar a pisar las moquetas de los ministerios e igual estaban deslumbrados por ese nuevo status.
Pocas semanas después vino la pandemia y lo puso todo patas arriba. Y hay que decir que la labor desplegada por el ministerio de Trabajo, sin ser para echar cohetes, sirvió para que la clase trabajadora de este país no se hundiera aún más en la miseria y no me cabe la menor duda que con un gobierno de las derechas las decisiones hubieran sido muy diferentes en perjuicio de la población más vulnerable. Pero muchos de esos decretos, así como los relativos al confinamiento salieron adelante gracias a otras fuerzas políticas, que para algunos gurús de Podemos están vendidas a los poderes económicos. Parece que a algunos se les ha olvidado con mucha rapidez que para convalidar algunos decretos-ley, anduvieron mendigando votos, pues cada voto en el Congreso valía su peso en oro. Por cierto, hay que decir alto y claro, esos que hoy no parecen que sean tan izquierdas para los defensores de las esencias de la izquierda, cuando subían al estrado del Congreso, exigían al gobierno que fuese más valiente a la hora de tomar medidas, recuerdo discursos de Errejón y Baldoví muy críticos con el gobierno en materia laboral, críticos desde posturas de izquierda. Así son las cosas. Y todo ello sin olvidar ese pacto de mayo de 2020 que los partidos del Gobierno firmaron con EH Bildu, y que nunca cumplieron, para la derogación de la reforma laboral del PP a cambio de una prórroga del Estado de alarma.
Posteriormente vino, e iba siendo hora, la negociación de la reforma laboral y algunos vimos, no sin cierto asombro, que se negoció con todo el mundo, menos con los que había que negociarla: los partidos que facilitaron la investidura. Se hizo todo de espaldas a los representantes de la ciudadanía, la patronal estaba feliz por el acuerdo, y como los números no salían tuvieron que buscar ayuda en Cs, y en la extrema derecha navarra (UPN), aunque sin éxito en este último caso. La puesta en escena de todo ese proceso fue muy clara: aupar a Yolanda Díaz al status de líder de la izquierda y futura candidata a presidenta del Gobierno. Podemos no sólo no lanzó ni una crítica a Yolanda Díaz por una infumable reforma laboral, es que solo faltó pontificarla, y así lo hizo en su discurso la portavoz de Podemos dentro del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos el día que se debatió la reforma laboral en el Congreso. En Podemos nadie discutía el liderazgo de Yolanda Díaz, parecía que iba a ser el Mesías. Y si la reforma laboral propiciada por el gobierno de coalición salió adelante, fue, entre otros, por los votos de Más País y Compromís. Allí estuvieron echando un capote a Unidad Podemos, aunque se quejaron que esta reforma estaba lejos de lo prometido y que con ella no se recuperaban todos derechos perdidos por los trabajadores. Y Yolanda Díaz y su equipo dejaron en la estacada a EH Bildu y a ERC, que decidieron no apoyar ese trágala, recibiendo un aluvión de críticas.
Llama la atención que desde Podemos la crítica se centre en la exigencia de unas primarias abiertas, cosa que en la coalición Unidas Podemos nunca se ha llevado a cabo y cuando la elección de Yolanda Díaz fue un dedazo en toda regla por parte de Pablo Iglesias, ignorando a las bases, una forma de actuar más propia de los partidos tradicionales, todo lo que siempre habían criticado. Por tanto, la legitimidad de Yolanda Díaz se la dio Pablo Iglesias, quizá pensando que por detrás podría mover los hilos de su proyecto, cosa que no parecería muy descabellada si observamos el rol que está adoptando en toda esta trifulca, porque habría que preguntarse cuál es el papel de Pablo Iglesias en todo esto, una persona que al cabo del día realiza muchísimas más declaraciones que Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos y la actitud que tiene en los medios de comunicación es la de la persona que lleva las riendas de Podemos, quien dirige el partido en la sombra, cosa que no favorece nada ni a la actual dirección de Podemos ni al conjunto del partido. El hecho que se haya conocido que hace unos meses se reunieran Yolanda Díaz y Pablo Iglesias para rebajar el tono lo dice todo, pues no se reunió con nadie de la dirección de Podemos, lo hizo con el poder en la sombra.
Aquí se está hablando mucho de la fórmula de un frente amplio y que es necesario que Sumar y Podemos se entiendan para evitar que la derecha obtenga la mayoría absoluta, pero nadie está diciendo absolutamente nada sobre la posibilidad que otras sensibilidades de la izquierda se incorporen a este proyecto, como es el caso de Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez y Anticapitalistas. No deja de ser una sensibilidad más dentro de la izquierda que hasta no hace tanto tiempo compartía espacios con algunas de las organizaciones que están en Sumar y que estuvieron en Podemos.
Si lo expuesto hasta ahora es preocupante, aún lo es más los derroteros por donde están yendo las declaraciones de Yolanda Díaz y algunas personas de su entorno en estos últimos días. Si hasta ahora había jugado un papel amable, da la sensación que ha cambiado el chip y ha pasado de tender la mano a no hacerle ascos a evitar que Podemos se incorpore a Sumar, y frases como “Sumar no será será un fracaso si no está Podemos” no ayudan a crear un ambiente de confluencia.
En toda esta bronca hay mucho de tacticismo y mucho pánico al día después del 28 de mayo. No corren buenos vientos para Unidas Podemos en las municipales y autonómicas y todo el mundo tiene claro que sentarse a negociar con los resultados electorales en la mano va ser más complicado para las formaciones que obtengan un mal resultado, pero sería injusto que ese lastre recayese únicamente sobre Podemos, pues no hay que olvidar que en Unidad Podemos también está IU y debería de compartir esa responsabilidad.
Lo que no puede repetirse es el escándalo de la negociación que se dio en Andalucía para negociar la candidatura de las elecciones autonómicas del año pasado, aunque parece que nadie ha aprendido nada de ese espectáculo bochornoso en el que el motivo de la pelea eran los puestos de las listas y el reparto de la financiación. Y la realidad es que a día de hoy el ambiente está peor que hace un año.
Sería más productivo que explicasen al votante de izquierdas cuál es la estrategia para afrontar los comicios de noviembre, si esta pasa por intentar reeditar un acuerdo de gobierno, como hasta ahora, si se van a centra únicamente en la política institucional como fin en sí mismo o, si por el contrario, piensan recuperar el pulso de la calle. Cuando UP entró a formar parte del gobierno de coalición, renunció a la calle como instrumento de presión, y cuando en algún momento quisieron salir a protestar, su socio de gobierno le hizo ver que no se puede estar gobernando y simultáneamente manifestándose en contra de las decisiones del gobierno.
Y en esas estamos, sería importante saber qué hoja de ruta tienen los diferentes actores de la izquierda, que proyecto de gobierno tienen y si hay o no posibilidad de llegar a confluir en un frente amplio, pero por favor, que todos terminen con este espectáculo lamentable, dejen de conspirar tanto y entierren el piolet.
En política cuando se marea la perdiz es porque se quieren dejar las cosas como están. De ello puede dar buena cuenta el PSOE que es un experto en esas lides, y lo acabamos de ver con el fracaso para la derogación de la Ley Mordaza. Se ha tirado alrededor de tres años alargando unas negociaciones en las que desde el primer momento se percibía su falta de voluntad política para derogar las cuestiones más escabrosas de la norma que aprobó el PP durante el gobierno de Rajoy, y a pocos meses para el final de la legislatura, sin haberla consensuado con los grupos que sustentan este gobierno, deciden que se vote en la Comisión de Interior del Congreso sabiendo que no iba a pasar el trámite, porque no tenía los apoyos necesarios.
Hay varios detalles que no se pueden dejar pasar por alto y que corroboran la nula predisposición del PSOE para derogar la Ley Mordaza. El más importante es que este proyecto de ley no ha sido impulsado por el Gobierno, por contrario, es producto de una proposición de ley que presentó en 2020 uno de los partidos que facilitaron la investidura, el PNV. El Ministerio del Interior en ningún momento ha tenido voluntad política para elaborar un proyecto de ley para derogarla, algo lógico conociendo a quién dirige Interior, Grande-Marlaska. Solo hay que recordar que la Ley Mordaza fue aplicada con total arbitrariedad durante el periodo de pandemia, a excepción de los barrios pudientes, como el barrio de Salamanca de Madrid, que eran el oasis del incumplimiento.
La proposición de ley presentada por el PNV fue aprobada, faltaría más, puesto que al PSOE no le quedaba más remedio que votar sí, pero con el bagaje parlamentario que posee a sus espaldas, supo utilizar todo tipo de argucias parlamentarias para que la proposición de ley fuera dando tumbos por los pasillos del Congreso, en algunos momentos durmiera el sueño de los justos y en otras ocasiones estuviera sumida en un proceso de negociaciones interminables en las que no se desatascarían las cuestiones más importantes, y así lograr el objetivo de empantanar este tema. El PSOE, que cuando es necesario se alía con quién haga falta, no le hubiera hecho ascos a recibir algún apoyo de la bancada ultra para lograr sus pretensiones.
Conociendo todo esto, y con un PSOE enrocado, plantear votarla en comisión era la antesala del fracaso, puesto que era conocido que con ese texto en la mano habría partidos que no apoyarían su tramitación y visto lo sucedido, no parece que este final le haya disgustado mucho.
Una vez que ha sido rechazado el texto votado, era el turno de la maquinaria de propaganda para buscar culpables, en vez de centrarse en las causas de su rechazo. Para ello la prensa progre de Madrid no ha perdido la ocasión de encontrar chivos expiatorios, señalando a ERC y EH Bildu. Lo mismo que sucedió con la reforma laboral, que llegó cocinada al Congreso, no se podía tocar una coma porque eso podía importunar a la CEOE, aunque estos no tuvieran representación parlamentaria, y para ello no hicieron ascos al apoyo de Ciudadanos y a pactar con UPN, pero esto último les salió el tiro por la culata. Y aunque salió adelante por el error del diputado Casero (PP) en la votación, en esa ocasión arreciaron una cascada de críticas a los partidos aliados del gobierno que votaron en contra. Parece que es un sacrilegio no seguir los dictados del gobierno.
No es nuevo este modus operandi del PSOE, por un lado, en actos públicos habla de derogar la Ley Mordaza, pero, por otro lado, su actuación parlamentaria se aleja de sus declaraciones, y para ello utiliza todo tipo de argucias, abriéndose a procesos negociadores interminables. Este gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para haber derogado la Ley Mordaza, pero esto parece que pasa de largo. Los diferentes análisis, editoriales y comentarios en tertulias, acerca de lo que ha sucedido con la Ley Mordaza y la polvareda que ha levantado el voto en contra de EH Bildu y ERC en la Comisión del Congreso han obviado buscar las causas para ceñirse al único argumento ventajista: si alguien sufre los efectos de la Ley Mordaza, ello se debe única y exclusivamente a EH Bildu y ERC que han votado en contra. Curioso argumento, cuando el gobierno actual ha aplicado esta ley a destajo, y qué decir del PNV, que le ha faltado tiempo para acusar a EH Bildu y ERC de este fracaso, pero desde el Departamento de Interior del Gobierno Vasco se aplica la Ley Mordaza como una apisonadora, ignorando el mandato del Parlamento Vasco en el que le instaba que no sea aplicada.
La postura del PSOE va más allá de un hipotético miedo a los sindicatos policiales, como se ha llegado a decir, cosa que no niego. La cuestión es que hay que tener presente que nunca han cuestionado el modelo policial, ni los modos de actuación. Si por algo ha destacado este partido desde que llegó al gobierno por primera vez, en 1982, es por el perfil que han tenido sus ministros del Interior y sus modos, personajes como Barrionuevo, Corcuera, Belloch, Rubalcaba, Grande-Marlaska no los voy a descubrir ahora. Han aprobado todo tipo de leyes que han vulnerado los derechos y libertades: leyes antiterroristas, la de la patada en la puerta, etc….
En lo sustancial, no hay diferencias entre el modelo de seguridad del PSOE y del PP, varían los matices, porque no deja de ser uno de los pilares del régimen del 78, por ello había preceptos de la Ley Mordaza con los que se sienten muy cómodos. Y otro tanto le ocurre al PNV.
Los motivos por los que los aliados del gobierno no han apoyado el texto en comisión se centran en tres temas que son los pilares de la ley que se pretendía derogar y que salían de rositas. La prohibición de las pelotas de goma, que en ningún momento entraba en los planes del PSOE y el PNV, pues solo hay que ver como los dos partidos que están coaligados en el Gobierno Vasco han actuado en el caso de Iñigo Cabacas, muerto a consecuencia del disparo de una pelota de goma por parte de la Ertzaintza.
El caso de la negativa a derogar las entregas en caliente de inmigrantes, una vulneración de los derechos humanos, hecho que ha sido denunciado por diversas ONGs, y que a uno le hace pensar que es la coartada perfecta para que vuelvan ocurrir casos como el de la valla de Melilla.
Finalmente, el dejar vigente las faltas de respeto a la autoridad e infracciones por desobediencia es otro de los motivos que han propiciado ese rechazo, que es de gran importancia si se quiere blindar los derechos y libertades. Es algo que vemos continuamente cuando se produce un desahucio, una concentración, etc…, en el que se aplican de forma arbitraria estas infracciones, con el agravante que supone el valor que se da a la versión policial en detrimento de la que aporte el denunciado, algo que hemos visto en diferentes procesos judiciales.
Estos días muchos de los comentarios se fundamentaban en que al menos era una derogación parcial, aunque los apartados más importantes quedasen inmaculados. Esa teoría del mal menor, que nos lleva a renunciar a nuestros planteamientos para aceptar que las cosas queden igual, pero con un barniz más atrayente, en vez de poner el foco en aquellos que no han cumplido con su compromiso, que en este caso era la derogación de la Ley Mordaza, y no su reforma.
Si hubiese voluntad política en el PSOE, cosa que dudo, esta ley se puede derogar en menos de 15 días, tan sencillo como volver a presentar una proposición de ley y que sea tramitada por vía de urgencia de la siguiente forma: “Artículo único: Quedan derogados todos los artículos de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad. Vuelven a entrar en vigor toda legislación que quedó derogada con esta ley”. Dicho esto, no nos dejemos engañar, y partir de aquí todo lo que quieran decir es volver a marear la perdiz.
El panorama político español se asemeja a la teoría del filósofo presocrático Zenón de Elea, que argumentaba que una flecha disparada no se mueve, puesto que el movimiento no existe. En la política española ocurre algo similar, parece como si no pasase el tiempo, da igual el momento, porque ya se encarga la derecha extrema y la extrema derecha de repetir continuamente la misma situación vivida con anterioridad, que no es otra que deslegitimar la voluntad popular expresada en las urnas cuando no obtienen el resultado electoral deseado.
Es un bucle que lo vivimos cuando ganó las elecciones Rodríguez Zapatero, cuando prosperó la moción de censura contra M. Rajoy y con las elecciones de 2019 que propiciaron el actual gobierno de coalición y en esas se encuentran las derechas, instaladas en el discurso de negar legitimidad al gobierno de coalición y para ello todo vale. Tampoco nos debería de extrañar todo esto, pues a lo largo de la historia ha sido una constante esta forma de actuar, como es el caso de los dos periodos republicanos, que como no fueron del gusto de la derecha española, lo que no ganaron en las urnas, lo lograron en el caso de la I República de la mano del general Pavía y en la II República con el golpe de Estado de Franco.
Es conveniente no pasar por alto los arrebatos a los que nos tienen acostumbrados cuando hay procesos electorales en Catalunya, la Comunidad Autónoma Vasca o en la Comunidad Foral de Navarra, pues siempre tienen la misma solución al problema: ilegalizar todo aquello que no les gusta y en algunos casos, como es en Navarra, les entra la histeria porque las opciones independistas son imprescindibles para que haya gobiernos de progreso.
No soportan el no controlar los poderes legislativo y ejecutivo. Toda esta forma de actuar de las derechas españolas acaba teniendo una consecuencia letal, que no es otra que el discurso golpista de la extrema derecha acaba engullendo a toda la derecha española y se enzarzan en una competición por ver quien va más lejos, y empujados por esa inercia del todo vale, acaban actuando al margen de los estándares democráticos.
Desde los días previos a la votación de investidura en enero de 2020 hasta hoy no han escatimado recursos para derribar a este gobierno y la inmensa mayoría de ellos al margen de los cauces democráticos. Los días previos a la investidura de Sánchez ya enseñaron sus credenciales, cuando algunos diputados del PSOE recibieron amenazas para que votaran en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Esto no era más que el principio de la estrategia de acoso y derribo al actual gobierno y para ello la única solución que se les pasa por la cabeza es un golpe de estado, ahora bien, ¿qué tipo de golpe? ¿a la antigua usanza? Es aquí donde a algunos les pueden surgir las dudas. La extrema derecha no ha tenido ni tiene dudas al respecto, ha realizado varios guiños a los militares y en algunos casos, sencilla y llanamente, ha solicitado su intervención. El resto de la derecha no es que le haga ascos, pero son más de guardar las formas. Ellos no van a hacer un llamamiento de esa naturaleza, pero si se da la oportunidad, les faltará tiempo para apuntarse.
Ante esta disyuntiva, la derecha ha apostado por el comodín del Poder Judicial. Es consciente que mientras este Gobierno no se atreva a presentar en el Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que se cambien las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siguen teniendo el control de la Justicia. Esta estrategia ya la utilizaron durante el periodo en el que Zapatero fue presidente del Gobierno y la siguen utilizando, viendo los excelentes réditos que obtienen.
Desde que en 1985 el Gobierno de Felipe González aprobó la LOPJ la derecha ha tenido fijación con esa ley. Nunca le gustó la fórmula de elección del CGPJ. No olvidaré aquellos años en la facultad de derecho en la que el profesorado conservador aprovechaba cualquier clase que impartían para denunciar que esa ley quebrantaba la separación de poderes, los mismos docentes que no dudaban en alabar la legislación administrativa o procesal aprobada durante la dictadura franquista. Así funcionan las cosas en la derecha española.
Curiosamente, la contradicción le surge a la derecha cuando suele llegar al gobierno porque nunca ha tocado esa ley. Se ha beneficiado de ella y como el PSOE no deja de ser un partido del régimen siempre ha aceptado los acuerdos que le han ofrecido los diferentes gobiernos del PP para la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, pero en los que el PP salía beneficiado, pues era el partido que gobernaba.
La derecha siempre ha intentado hacer un discurso tramposo en lo referente a la elección del Poder Judicial. Plantean que sean los jueces los que elijan a los órganos del Poder Judicial, todo ello sustentado en la separación de poderes y sin que intervengan en su elección los otros dos poderes, el Legislativo y Ejecutivo. Este planteamiento obvia algo tan importante como que la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. Y con la actual Constitución en la mano la única fórmula para que el Poder Judicial emane del pueblo es mediante su elección por parte de quienes son sus representantes.
En los países con democracias representativas hay diferentes sistemas de elección, pero me voy a quedar con el existente en EEUU, nada sospechoso de izquierdoso ni de bolivariano. En el caso norteamericano el Tribunal Supremo es elegido por el presidente de EEUU con el consejo y consentimiento del Senado que lo tiene que confirmar. Los jueces federales suelen ser elegidos de forma similar a los del Tribunal Supremo. Y por lo que respecta al resto de los jueces, suelen ser elegidos de varias formas: Los hay donde los elige la Asamblea Legislativa de cada Estado, es decir, el poder legislativo, en otros Estado es el Gobernador el que los elige, es de decir, el poder ejecutivo y hay estados donde son elegidos mediante votación directa. En ningún caso son elegidos entre los propios jueces.
El problema radica en dos cuestiones: En primer lugar, la judicatura española no fue depurada de elementos franquistas, puesto que los mismos que dictaban sentencias en el Tribunal de Orden Público contra militantes antifranquistas, pasaron a impartir justicias desde la Audiencia Nacional y siguieron subiendo en el escalafón hasta llegar en algunos casos al Tribunal Supremo ¿se puede imaginar uno un juez leal a los principios del movimiento nacional impartiendo justicia bajo unos parámetros democráticos? La derecha es la mejor conocedora de todo esto y en segundo lugar, algo tan o más importante es que el acceso a la judicatura, como a otros cuerpos de la Administración del Estado, en la realidad es muy restringido para la población. Son cuerpos en los que los apellidos pesan mucho, no es extraño encontrar sagas familiares. No hay que olvidar que son oposiciones que su preparación conlleva un coste económico nada desdeñable. En ese caldo de cultivo la derecha sabe que tiene todas las de ganar. Así las cosas hay una oligarquía judicial que controla el Poder judicial.
Ante esta situación el Gobierno de coalición ha actuado acomplejado y en cierta forma dividido, porque desde Unidas Podemos siempre han tenido claro que era primordial modificar las mayorías para la elección del CGPJ. La propuesta de UP era reformular el concepto de mayorías, pasando de tres quintas partes a mayoría absoluta y que estuviera apoyada por un número de grupos parlamentarios. Estuvieron a punto de sacar esta reforma adelante pero al final el PSOE, que no deja de ejercer de partido del régimen dio un paso atrás.
Ahora el problema es que al no haber actuado con anterioridad y dejarlo para el final de la legislatura le está pasando factura, pues la derecha política y judicial se veían que lograban llegar a las elecciones del año que viene siguiendo todo como hasta ahora. Al impulsar el Gobierno esta reforma con cierta urgencia, la derecha que probablemente no se esperara este movimiento ha decido romper el juego parlamentario e intentar dar un golpe de estado a través de los jueces conservadores del TC.
El acto de recurrir al Tribunal Constitucional para que paralice el debate de la modificación de una ley en el Congreso, no es que vaya contra el Estado de derecho, es que va en contra de toda esencia democrática. Esto va más allá de la judicialización de la política, es un intento de golpe de Estado para lo que necesita la cooperación necesaria de quien va a estudiar dicho recurso, en este caso el TC. Si finamente prohíbe el poder debatir y votar una modificación legislativa, sería de facto la suspensión de la potestad legislativa del Parlamento. Esto no sería una intromisión de un Poder en otro, sino la toma del Poder por parte de una aristocracia judicial.
Lo que se está dilucidando no es que el TC estudie si una ley aprobada por el Parlamento es constitucional o, por el contrario, vulnera algún precepto constitucional. Lo que se está poniendo sobre la mesa es si el Poder Legislativo tiene potestad para poder realizar su labor legislativa sin tutelas externas. Sería entendible que después de que se aprobase el proyecto de ley fuese recurrido ante el TC, pero si todavía no se sabe ni cómo va a quedar redactado, y con el añadido que posteriormente tiene que pasar por el Senado ¿qué amparo constitucional solicita la derecha? ¿que el TC consiga lo que en el Congreso y Senado no puede lograr porque es minoría? Sin duda, esto es un golpe de Estado.
Es curioso ver como en el PSOE y los medios de comunicación progresistas han saltado todas las alarmas, sobre todo porque el TC va a estudiar el amparo solicitado por el PP para evitar el debate y aprobación de una ley por parte del Congreso. Habría que recordarles que el PP no es la primera vez que utiliza este método para cercenar debates en un órgano legislativo. El Gobierno de M. Rajoy lo hizo de forma reiterada para prohibir debates en el Parlament de Catalunya. En ese momento el PSOE no ofreció ninguna resistencia y la prensa progresista no se manifestó con la misma fuerza que ahora. Y en ese momento se estaba creando un precedente gravísimo, porque se llamó golpistas a los que ponían urnas y demócratas a los que aplicaban el 155 y amordazaban al Parlament al prohibir adoptar debatir y adoptar resoluciones.
He dejado para el final una cuestión que desde este lado del Atlántico parece que no se le está dando la importancia que tiene. Todos los think tank de las derechas golpistas latinoamericanas tienen conexiones con las derechas españolas que últimamente está muy activas en Latinoamérica, sobre todo VOX. Y los resultados en esa parte del globo los estamos viendo a diario Cada vez que pueden las derechas utilizan cualquier fórmula para derrocar a los gobiernos de izquierdas.
Es imposible saber cuál será la decisión del TC, si prosperarán las recusaciones presentadas por el PSOE y UP contra algunos magistrados por tener interés directo en que no se renueve el TC. Lo que no cabe dida es que la situación es de extremada gravedad y, como es de suponer, no se espera ninguna comparecencia del inquilino de la Zarzuela.
Este sitio utiliza tecnologías como cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo con fines exclusivamente estadísticos y evidentemente totalmente anomizadas. El consentimiento para estas tecnologías permite procesar datos como el comportamiento de navegación o identificaciones únicas en este sitio.
Functional
Siempre activo
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.