Categoría: Actualidad política

Parece que la izquierda española sigue instalada en su particular bucle y no tiene mucha intención de salir de él. Siempre que tiene un fracaso electoral se habla de abrir un proceso de reflexión para conjurarse y salir de la deriva en la que se encuentra desde hace tiempo, pero la realidad es que desde 2016 es incapaz de superar esta tendencia en la que se ha instalado.

La situación ha pasado de ser preocupante a, si se me apura, dramática, puesto que el reloj corre en su contra. El calendario electoral se le va echando encima y se me antoja un tanto complicado que sea capaz de salir de la tormenta que tiene encima. No hay territorio, comunidad autónoma o nación del Estado español en la que no haya tenido un fracaso electoral.

A todo esto, hay que añadirle que la extrema derecha empieza a ver reflejados sus resultados de las elecciones generales de noviembre de 2019 en las CCAA donde se han realizado elecciones, como es el caso de Castilla y León. Y parece que algunas élites pensantes de la izquierda española, para tapar los fracasos propios y evitar buscar respuesta a sus problemas, han puesto el foco en el peligro que supone la extrema derecha, actitud que no es nueva, y algunos se han metido en la espiral de siempre; que si un cordón sanitario para aislar a la extrema derecha, que hay que blindarse contra VOX, etc… En relación con esto, ha habido una catarata de análisis en medios de comunicación digitales del espacio de la izquierda, así como en redes sociales, en las que se analiza el fenómeno del ascenso de la extrema derecha, pero echo en falta una crítica profunda sobre lo que le sucede a la izquierda estatal. Es lo de siempre, más preocupados por los demás que por los problemas propios. Y ahora con los enredos existentes en el PP, estamos todos más pendientes del adversario que de corregir la deriva que se vive en nuestra casa.

Ante esta descomposición de la izquierda que se está viviendo, a mí me vienen a la mente algunas preguntas-reflexiones de lo más sencillas.

¿Cuál es el problema que se da en la izquierda? ¿su caída se debe al crecimiento de la extrema derecha o es producto de sus propios errores? O dicho de otro modo ¿No será que el crecimiento de la extrema derecha es consecuencia de los errores de la izquierda? Entonces ¿No sería lo lógico profundizar donde falla la izquierda y preguntarse por qué mucha gente que votaba esta opción ahora le ha dado la espalda? Lo que está claro es que esos ciudadanos que no hace tanto tiempo votaban a la izquierda nacida del 15M no se han esfumado por arte de magia. Siguen en el mismo lugar donde se encontraban hace unos años, pero han dado la espalda a la izquierda surgida del 15M para vaya uno a saber si se han ido a la abstención, por sentirse defraudados o, por el contrario, se han dejado seducir por ese discurso de la extrema derecha.

En la izquierda siempre ha flotado esa actitud en la que cuando se cosecha algún fracaso se mira con cierta superioridad intelectual a ese votante que por su condición socioeconómica debería de ser un voto fiel de la izquierda y, en cambio, vota opciones diametralmente opuestas. ¿Alguna vez hemos pensado si el problema radica en nosotros?

Para buscar respuestas a la crisis en la que está sumida la izquierda quizá haya que recurrir a análisis sencillos y no perderse por las ramas. Voy a exponer de forma somera algunas pequeñas ideas al respecto para que luego cada cual saque sus propias conclusiones.

Si un gran porcentaje de votantes han dejado de votar a la izquierda es porque el grado de satisfacción ha desaparecido y/o porque no ha cumplido con las expectativas creadas. Este es un mal endémico en la izquierda. Cuando llega al poder le cuesta tremendamente tomar iniciativas de calado, se pierde en grandes discursos. Luego esas decisiones que toma llegan tarde y mal al BOE, y algunas veces ni llegan. Se quedan en auténticos brindis al sol. 

Tiene una grandísima incapacidad de legislar para revertir las políticas que realiza la derecha. Y lo voy a resumir en dos temas de sobra conocidos: el fracaso de la derogación de la reforma laboral, pues sólo se ha derogado una parte minúscula de lo que aprobó la derecha cuando gobernó y la Ley Mordaza, que vuelve a ocurrir lo mismo que con la reforma laboral. En el caso de la Ley Mordaza, hasta tal punto es preocupante, que ha tenido que llegar el Consejo de Europa para solicitar que realicen una reforma de calado para adecuar la legislación española a los estándares democráticos y equipararla a las normas europeas e internacionales de derechos humanos. Que después de dos años de gobierno tenga que venir un organismo internacional y te diga eso, no cabe duda que algo falla en una acción de gobierno que se define como progresista y/o de izquierdas.

Es muy preocupante que después de algo más de dos años de gobierno hayan sido incapaces de sacar adelante la ley de vivienda, que ha ocasionado continuos enfrentamientos entre los socios de gobierno, la ley del “solo si es si”, la Ley de Memoria Democrática y la reforma fiscal, y por lo que respecta a la nueva Ley de Universidades ni está ni se la espera a corto plazo. El anterior ministro de Universidades Manuel Castells, que pasó con más pena que gloria por el ministerio de Universidades, lo que logró es poner en pie de guerra a toda la comunidad universitaria, sobre todo al alumnado de la universidad pública, llegando a organizarle una huelga en otoño pasado.

De la situación de Catalunya poco o nada hay que añadir. Este Gobierno está dando largas a sentarse con el Govern en la mesa de diálogo y lo apuesta todo a las disensiones entre los partidos que forman el bloque independentista. No tiene interés alguno en abordar este tema. Actúa en clave electoral y quiere evitar la pérdida de votos en otros territorios ¿no sería más lógico que hiciera una política didáctica en el resto del Estado explicando que la cuestión de Catalunya se resuelve dialogando, con más dosis de democracia y escuchando a la opinión de la ciudadanía catalana?

Si todo esto es grave, lo es mucho más ver cómo esta semana el PSOE se ha unido a PP, VOX y Cs para tumbar las propuestas de reforma fiscal pactadas por UP con los socios de investidura. El PSOE puede votar tranquilamente junto con la extrema derecha sin inmutarse. Eso sí, en los días previos a la votación de la reforma laboral, en un estado de semi histeria, salía el ministro Félix Bolaños acusando a otras formaciones de izquierdas de salir en la foto votando junto al bloque de extrema derecha. La desvergüenza no tiene límites.

Anteriormente he mencionado que el Gobierno no ha sido capaz de sacar adelante la Ley de Memoria Democrática que está invernando en el Congreso, porque es consciente que con la redacción actual no le dan los números para aprobarla, pero es que en sus actuaciones diarias es incapaz de cumplir con la ley vigente (La Ley de Memoria Histórica). Esta semana ha vuelto a salir publicado que en el cuartel de Loyola hay una exposición sobre la División Azul. Y lo grave es que tiene todas las bendiciones de la ministra de Defensa y equipara esa exposición a otras exposiciones vinculadas a republicanos ¡Hay que tener estómago! Luego nos extrañamos de que haya grupos de Whassap de militares que digan las barbaridades que dicen. Tienen barra libre.

Con este tipo de políticas erráticas ¿alguien se extraña que no se dé una sangría de votos en la izquierda? y para tapar toda esta inacción de gobierno queda muy bien sacar el fantasma que viene la extrema derecha. De hecho, eso harán cuando se acerquen los procesos electorales y nos dirán que viene el lobo y apelarán a la responsabilidad para evitar que el fascismo entre en las instituciones. El problema es que igual ni yendo a votar y pasando lista se logra pararlo, porque el crecimiento de la extrema derecha es directamente proporcional a la incapacidad de este gobierno por hacer políticas en beneficio de las clases populares. Claro, luego tocará encomendarse a que en Catalunya, Euskal Herria y Galiza, las izquierdas soberanistas obtengan unos buenos resultados que impidan la mayoría absoluta de la extrema derecha. Lo que se suele decir, que vengan otros a sacar las castañas del fuego.

Dentro de la necesidad de hacer un análisis crítico dentro de la izquierda habría que lanzar de nuevo algunas preguntas, que reconozco que a día de hoy la respuesta puede ser un tanto ventajista después de haber visto lo que ha sucedido en estos dos últimos años ¿merecía la pena desgastarse en un gobierno de coalición con el PSOE en el que los choques han sido continuos? ¿Ha valido la pena renunciar a la calle y centrarse únicamente en la política institucional para ser la muletilla del PSOE? porque el vacío dejado en la calle lo ha ocupado la extrema derecha y ahora va a ser complicado recuperar el terreno perdido y ¿ha merecido la pena entrar en un gobierno que se ha limitado a hacer políticas neoliberales? ¿Lo poco que se ha conseguido en lo que va de legislatura se podía haber conseguido mediante un acuerdo de legislatura sin necesidad de abrasarse en un gobierno con tintes neoliberales?

Si la izquierda tiene que brillar por algo es por pisar el suelo de las ciudades y pueblos para conocer los problemas de la gente. No puede encerrarse en un despacho en el que llegan los datos de la subida del IPC, la energía, los carburantes o los alquileres en un informe frio. Las estadísticas son incapaces de transmitir los problemas de la gente y no vale ocultarse tras factores externos aunque los haya. Los números dicen que la economía crece, pero la realidad es que la brecha social sigue acrecentándose y cada vez aumenta más las personas en riesgo de exclusión.  

En el fracaso de la izquierda en las elecciones de Castilla y León hay que añadir dos problemas que la izquierda no se ha molestado en afrontarlos. En primer lugar su jacobinismo, pues todo lo relativo a los territorios es diseñado y decidido desde las direcciones ubicadas en Madrid, se hace y deshace de arriba abajo. En las elecciones de 2015 se pudo entender esa forma de actuar por la situación de excepcionalidad para echar al PP de las instituciones, pero a día de hoy esa forma de actuar está abocada al fracaso. Hay que respetar la plurinacionalidad del Estado español, pero con hechos. No basta con frases grandilocuentes.

El segundo problema es su desapego por el mundo rural. Respecto a esto último, en cuanto se saca a la izquierda de los problemas de las grandes ciudades o núcleos urbanos de cierta entidad se difumina. En los programas electorales lleva ideas muy importantes de y calado para afrontar los problemas que tiene el mundo rural, pero le falta realizar un trabajo a pie de obra. Da la impresión que da por perdida esa batalla, obviando que en algunos momentos ha obtenido buenos resultados o, al menos, mucho mejores que los cosechados en estas elecciones autonómicas. Porque no quisiera pensar que se deba a ver el mundo rural como algo de menor importancia y que no está a la altura intelectual de la izquierda urbanita, porque en muchas ocasiones esa es la sensación que uno puede percibir.

Ahora un sector de la izquierda se quiere volver a encomendar a un proyecto que su atractivo es la persona que lo va a liderar, Yolanda Diaz, o al menos esa es la esperanza a la que se intentan agarrar. De entrada soy bastante escéptico con los resultados que se vayan a obtener. Si el objetivo es parar la sangría de votos, puede ayudar algo, pero un proyecto tiene que ser algo más que la imagen de una persona, por mucho carisma que tenga, porque no vale de nada que lo tenga entre los convencidos, su imagen tiene que servir para atraer a otros y no sólo mantener a los incondicionales. Pero el problema es más profundo, es de agotamiento del proyecto y de distanciamiento entre los votantes y los dirigentes de la izquierda. En el fondo, la sensación es que se está apostando por un proyecto personalista para no poner sobre debatir sobre los problemas de fondo.

En esta reflexión he dejado a un lado de forma consciente el debate existente para que haya una única candidatura de izquierdas. Ese es un tema importante, pero sin un diagnóstico profundo de la situación actual, de nada sirven montar nuevas plataformas y proyectos. En esto último la izquierda tiene una experiencia contrastada, pero crear nuevas candidaturas no garantiza ganar elecciones.

Desde hace tiempo la calidad de la democracia en el Estado español está en la UCI. Realmente cuando se supone que fue concebida la democracia española, ésta ya nació con más de una tara y anomalía por todos conocidas. La herencia franquista en los diferentes estamentos del Estado es algo que no es necesario volver a recordarla.  Ni tampoco es necesario resaltar que el Poder Judicial del régimen del 78 no era ni más ni menos que el Poder Judicial franquista. Las mismas togas pasaron de aplicar la justicia franquista a dictar resoluciones bajo el paraguas del nuevo régimen.

A lo largo de los años ese Poder Judicial ha coexistido con el régimen existente sin grandes sobresaltos. Cuando ha tenido que dictar sentencias para apuntalar el régimen 78 ha tenido grandes alabanzas de los partidos que llevan sustentando este entramado desde hace más de cuarenta años (PSOE-PP). Y han sido varias las ocasiones en las que se han dado circunstancias que se han roto más de una costura del traje del supuesto Estado de derecho. Generalmente en la inmensa mayoría de esos casos el origen del conflicto procedía de la periferia territorial. Cuando han tenido que juzgar hechos cuya procedencia había que buscarla en disputas políticas procedentes de Euskal Herria y Catalunya, las más altas instancias de la judicatura española no han tenido ningún reparo en hacer volar por los aires todo lo que suene a un modelo de justicia garantista o a cualquier derecho fundamental que tengan las personas encausadas.

El problema es que estos casos de vulneración de los derechos civiles y políticos han sido vistos desde el resto del Estado como una cuestión lejana, que parecía que no iba con ellos. Pero de un tiempo a esta parte, en concreto, desde que en enero de 2020 fue investido el Gobierno de coalición actual, las togas empezaron a disparar a otros objetivos. De hecho, hace un año publiqué un artículo que lo titulé “Golpe de Estado de baja intensidad”[1], pues ya se venían dando ciertos episodios que eran muy preocupantes.

Este golpe de estado de baja intensidad, como hasta la fecha no ha logrado su objetivo, que no es otro que derrocar a este gobierno para que la extrema derecha acceda al poder, ha ido subiendo peldaños y el último ha sido la retirada del acta del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. En esta tesitura, la izquierda española empieza a vivir auténticas pesadillas desde que ha pasado a estar en el punto de mira de los poderes del Estado, convirtiéndose en el blanco de sus ataques con el objetivo de finiquitarlos políticamente y que vuelvan a la irrelevancia política.

El caso de Alberto Rodríguez es de una gravedad enorme, que se puede resumir con la siguiente frase: el Poder Judicial, con sus resoluciones, pisotea la separación de poderes para dejar sin efecto la voluntad de la soberanía popular que está representada en el Parlamento. Pero como he dicho anteriormente, esta forma de actuar por parte del Poder Judicial no es nueva. Existen precedentes que tienen muchos elementos en común con el caso de Alberto Rodríguez y que es necesario tenerlos presentes para poder tener una mejor visión de la involución que se está viviendo en algunas instituciones del Estado.

Los ataques e injerencias del Poder Judicial hacia el Poder Legislativo han logrado condenar a presidentes y miembros de la mesa de órganos legislativos, como son los casos vividos en el Parlamento Vasco y en el Parlament de Catalunya.

En el primer caso la mesa del Parlamento Vasco se negó a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak a requerimiento del Tribunal Supremo. Por dicho motivo condenó a su presidente, Juan Maria Atutxa (PNV) y a otros dos miembros de la mesa, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB Berdeak). Un caso de injerencia del Poder Judicial sobre el Legislativo autonómico vasco. El presidente del tribunal que les condenó era Marchena. El caso, como no podía ser de otra forma, acabó en TEDH, que dio la razón a los condenados y anuló la condena impuesta.

El segundo caso es la condena a Carmen Forcadell (ERC), siendo presidenta del Parlament de Catalunya. Los motivos que justificaron la condena es que facilitó el debate y aprobación de las leyes de desconexión. Por ello fue condenada por sedición, es decir, por dejar que en el Parlament se pudiera discutir una ley, que es para lo que se supone que sirve una cámara legislativa, para que sus miembros debatan y aprueben leyes, y luego ya se verán si se ajustan a la legislación o no, pero a priori, en un parlamento todo es discutible y debatible. Este procedimiento no ha tenido tiempo material de llegar a Estrasburgo, pero no cabe duda que ese es su destino, y en este caso el presidente del tribunal que condenó a Forcadell también fue Marchena.

Ambos casos citados tienen un denominador común: una injerencia por parte de un poder, el judicial, sobre otro, el legislativo. Y en ambos casos el mensaje es muy claro: cuidado con salirse de la línea, que los jueces guardianes del actual régimen están por encima de la representación popular y la separación de poderes no es que sea inexistente, sino que uno de ellos, el Judicial, está por encima del Legislativo que es la expresión de la soberanía popular.

Ahora el Tribunal Supremo ha dado un paso más en su injerencia ante el Poder Legislativo. Esta vez la víctima ha sido la mesa del Congreso de los Diputados. Pero en este caso, se ha encontrado una presidenta, Meritxell Batet, que es de un partido (PSOE), que lleva sustentando el régimen del 78 desde su inicio y obviando los informes de los letrados de la cámara que rechazaban que se inhabilitara al diputado de UP, Alberto Rodríguez, se ha plegado a las exigencias del Tribunal Supremo que lo condenó y que estaba también presidido por Marchena. Curioso, el mismo magistrado que actuó en los anteriores casos mencionados y que salía en los mensajes de Whassapp de los parlamentarios del PP como persona idónea para presidir el Tribunal Supremo y controlar la Sala Segunda por parte del PP. Si en algún momento cabía alguna duda por parte de algún despistado, con todo esto cual duda debería de estar más que de sobra despejada.

La actitud de la presidenta del Congreso no es casual. El hecho que no haya tenido en cuenta los informes realizados por los letrados del Congreso, lleva a pensar que ha obedecido instrucciones provenientes de otras instancias, porque los letrados no están como figuras decorativas.  Quizá sea casualidad que esta semana pasada PSOE y PP hayan pactado la renovación del Tribunal Constitucional y algunas otras instituciones, pero la verdad es que da que pensar.

Si la sentencia contra Alberto Rodríguez fue un atropello jurídico en lo concerniente a las pruebas practicadas y la valoración que de ellas hizo el tribunal, el retirarle su acta de diputado por parte de la presidenta del Congreso, ha sido un castigo político. Es preocupante, que la presidenta del Congreso no haya tenido presente los reiterados varapalos que el TEDH ha dado a las resoluciones que el TS, que de la mano de Marchena, ha emitido en procesos judiciales de un marcado cariz político. Da la sensación que no les debe de preocupar la imagen cara al exterior. En la actualidad, con toda la secuencia de ridículos judiciales a nivel internacional del Tribunal Supremo para intentar sin ningún éxito la extradición de Carles Puigdemont, es como para que la presidenta del Congreso hubiera tenido muy en cuenta la opinión de los juristas del Congreso, más que nada por una cuestión de higiene democrática. Si se me apura, hasta por preservar la imagen del régimen al que representa cara a Europa. Pero da la sensación que ante ciertas cuestiones, la imagen que pueden proyectar hacia el exterior no les importa absolutamente nada.

Todo esto no tendría un cierto tono surrealista, si no fuese porque el PSOE y UP forman parte de un Gobierno de coalición, que está siendo atacado por la extrema derecha a través de los elementos que tiene colocados dentro del Poder Judicial.

Lo realmente grave es que cada vez que hay un conflicto de esta naturaleza la posición del PSOE es nítida. Elige apuntalar al régimen del 78. Lo lleva haciendo desde hace años con el tema de la monarquía y, sobre todo, desde los escándalos que ha protagonizado el Emérito y que han salido a la luz en los últimos meses. Lo hace cuando tiene que tapar temas relacionados con los abusos policiales y violencia de Estado durante el franquismo como los ocurridos en los últimos cuarenta años. Y después de lo que se ha visto en el último congreso del PSOE, en que sólo ha faltado que sacasen a hombros a Felipe González, lo único que se puede uno preguntar ¿hasta cuándo Unidas Podemos va a seguir haciendo de palmeros de este gobierno?

[1] Enlace del artículo “golpe de Estado de baja intensidad” https://mikelcastrillourrejola.wordpress.com/2020/10/18/golpe-de-estado-de-baja-intensidad/

La derecha española no ha podido aguantar más y ha decidido quitarse la careta. Han intentado durante algo más de cuarenta años vender a la opinión pública que era una derecha demócrata y civilizada, pero al final la cabra siempre tira al monte y en este tema no iba a ser una excepción. La semana pasada hemos podido ver como el Partido Popular ha llamado a las cosas como les pide el cuerpo. Debe de ser que el calor veraniego ha ayudado a que se derrita la capa de cera democrática que se impregnaron en el rostro para dar el pego al personal.

Para ellos, Franco no dio un golpe de Estado, la culpa de todo la tuvo la II República y les ha faltado decir que la responsabilidad todo lo sucedido fue de las personas que no votaron a las candidaturas de la CEDA en las elecciones de febrero de 1936. La derecha española y sus satélites, encabezados por la Brunete mediática, acabarán echando en cara a la población de la época que no introdujeran en la urna la papeleta correcta ¡al tiempo! De poco les sirve que diferentes historiadores de reconocido prestigio hayan manifestado que lo sucedido fue un golpe de Estado contra un régimen legítimo y legalmente constituido. A partir de aquí, cualquier cosa que digan pasará a un segundo plano.

Después de la muerte del dictador la inmensa mayoría de la clase política que medraba a la sombra del franquismo inició un proceso de desembarco en una multitud de partidos políticos que acabaron convergiendo en lo que fue UCD y Alianza Popular (PP). Ambos partidos estaban a rebosar de líderes políticos que hacía menos de dos años se paseaban con la camisa azul falangista, la boina roja requeté o con esos uniformes tan pomposos que hemos visto en las imágenes en blanco y negro de las Cortes franquistas o conmemoraciones del régimen ¿Quién no recuerda a Fraga Iribarne con ese uniforme blanco impoluto con una banda con los colores de la bandera franquista y saludando al dictador Franco? Eran los líderes políticos de un régimen basado en la represión y el terror pero que no renunciaban a seguir dominando los resortes políticos y económicos del Estado después de la muerte del dictador. Para ellos el Estado español no era más que su cortijo donde podían campar a sus anchas.

Con la muerte de Franco en noviembre de 1975 las élites franquistas tenían todos los medios a su alcance para realizar una reforma política que les permitiera tener impunidad por todos los delitos cometidos durante el régimen franquista y les permitiera seguir controlando las instituciones para preparar la operación de lifting que daría como resultado la aprobación de la Constitución de 1978. La verdad sea dicha que no lo tuvieron muy complicado, el dictador tuvo una muerte sin muchos sobresaltos, a excepción de los dolores de cabeza que le producían los movimientos de protesta que se daban sobre todo en Euskal Herria y en algunas zonas concretas del Estado.

La mayor parte de esa clase dirigente, representada en la UCD, como no podía ser de otra forma, dio su apoyo sin ningún tipo de reservas al texto constitucional. No dejaba de ser una garantía para que pudiesen seguir controlando los resortes del Estado aunque no gobernasen. Hubo un sector más pequeño, representado por Alianza Popular, que en su momento se opuso. Las huestes de Fraga Iribarne no acababan de asumir lo que suponía para ellos la muerte del dictador, aunque con el paso del tiempo, supieron entender que en esta nueva etapa se podían mover como pez en el agua, pues lo aprobado no dejaba de ser una reforma del franquismo, hasta el extremo que en la jefatura del Estado estaba la persona que designó Franco, algo inaudito en cualquier régimen que se quisiera equiparar a una democracia. Las mentes más avezadas del régimen franquista no tenían dudas al respecto, sabían que el nuevo escenario seguía siendo propicio para que pudieran controlar los aparatos del Estado y seguir haciendo negocios, antes con Franco y luego con el inquilino de la Zarzuela. Y a todo esto habría que añadir que el PSOE y el PCE se plegaron a toda ese bodrio mal llamado Transición española.

No voy a traer a colación lo que en los últimos años de la dictadura se denominó el bunker, y que su expresión política era Blas Piñar y los grupos de extrema derecha que se movían entorno a Fuerza Nueva, pues no dejaban de ser un grupo de nostálgicos que tenían el reloj parado en el 18 de julio de 1936. Con posterioridad muchos de los acólitos de Blas Piñar fueron recogidos con cariño en el regazo primero de AP y posteriormente del PP. Al fin y al cabo el hijo pródigo no dejaba de sentar la cabeza y volver a la casa común de la derecha. Dicho de otra forma, habían logrado reunir en un mismo partido todo el espectro que va desde el centro hasta la extrema derecha. Esa fue la gran obra de Aznar.

El actual Partido Popular (PP), por mucho que se disfrace de lagarterana, tiene su inspiración política en la antigua AP, complementada con la manada de políticos que abandonaron el barco de la UCD cuando este se hundía y teniendo como presidente fundador a un ex ministro franquista, Fraga Iribarne. Es de todo el mundo conocido que durante  su mandato como ministro de Información y Turismo (1962-1969) se produjeron acontecimientos siniestros como el fusilamiento de Julián Grimau o el asesinato de Enrique Ruano y como Ministro de Gobernación (1975-1976) se produjeron los asesinatos de cinco trabajadores el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz y dos asesinados en Montejurra por grupos de extrema derecha con la connivencia de los cuerpos policiales. Un personaje tan siniestro que en cualquier país democrático hubiera sido sentado en un banquillo, en España presidió el partido más importante de la derecha ¡Atado y bien atado!

Teniendo claro los orígenes de la actual derecha española, no debería coger de sorpresa a nadie el posicionamiento de los dirigentes del Partido Popular. Con la aparición de VOX se ha proyectado una imagen que tiene como pilar fundamental el colocar a VOX en la extrema derecha para de esta forma situar al PP en el espacio del centro-derecha y conforme a esos estándares democráticos equiparar el PP a la CDU de Ángel Merkel o a La República en Marcha de Emmanuel Macron. Lo que no deja de ser la cuadratura del círculo, algo habitual en la política española.

Este arranque de sinceridad por parte del PP y su entorno que han tenido al blanquear el golpe de Estado de julio de 1936 no se puede pasar por alto. Después de todo lo visto, una vez más no hay lugar a dudas que el PP no reúne los estándares de la derecha democrática europea. Las diferencias entre el PP y la CDU de Ángela Merkel son abismales. Mientras la líder alemana tiene prohibido a los políticos de su partido de llegar a acuerdos con la extrema derecha alemana, el PP no sólo no pone reparos a pactar con VOX, sino que en muchos momentos asimila el discurso de VOX como suyo. Prueba palpable que las diferencias entre ambos partidos son de matices. Otro tanto ocurre con el líder francés, Macron, que ha dibujado una línea muy nítida que separa a su partido de la extrema derecha francesa y europea.

En muchos momentos se está diciendo que VOX está ganando la batalla ideológica, cosa que es cierta, pero si tenemos presente que muchos de los dirigentes de VOX hasta fechas recientes militaban en el PP, ostentando cargos políticos de cierta relevancia, la conclusión es que el PP de forma más o menos expresa siempre ha sido el heredero político del franquismo, aunque hayan moderado su discurso. Ahora, con la irrupción tan importante de VOX, el PP se ha visto obligado a abrir el baúl de sus esencias y a rescatar su verdadera ideología, lo que le lleva a hacer declaraciones todo pelaje y a posicionarse del lado de los militares golpistas del 36.

No parece que haya ayudado a solventar esta situación la pertenencia del Estado español a algunas estructuras supranacionales como son la UE y la OTAN. El hecho que el PP haya convivido con partidos demócratas y, por tanto, antifascistas de la Europa Occidental, no ha servido para nada. Si acaso para blanquear a la derecha franquista española, lo cual no deja de ser un fracaso para la derecha europea.

En el modelo político de las democracias parlamentarias que se dan en la Europa Occidental nos encontramos con una serie de partidos que se desenvuelven entre el centro-derecha y la derecha, marcando distancias con la extrema derecha. Son partidos herederos de una tradición conservadora, liberal o democristiana que marcan sus diferencias de forma muy nítida con la extrema derecha. Esa es la gran diferencia existente con la derecha española.

Para encontrar una derecha que tenga un pedigrí democrático en el Estado español hay que poner la vista en los partidos de derechas que hay tanto en Catalunya como Euskal Herria. En Catalunya la antigua CiU y los que hoy son sus herederos: PNC y PDeCAT, así como en Euskal Herria el PNV, son los únicos representantes de una derecha que no tienen ningún nexo de unión con el régimen franquista. El hecho que pertenezcan a naciones con reivindicaciones históricas dentro del Estado español, como el hecho que se posicionaran en favor de la II República cuando el golpe de Estado de 1936, lo que les acarreo sufrir la represión de la dictadura franquista, hace que sirva para poder ver con mayor nitidez la diferencia entre la derecha franquista y la derecha democrática.

A esta derecha de las naciones históricas del Estado español, que no voy a poner en cuestión su trayectoria demócrata lo que si se le puede exigir es que no cometan algunos de los errores que cometieron en el pasado, al llegar a acuerdos con el PP que fueron funestos y que con posterioridad se les volvieron en su contra. Pactos como el del Majestic, firmado entre el PP y CiU que sirvió para que Aznar llegase a la Moncloa o el acuerdo que firmaron Arzallus y Aznar en Génova 13, sede del PP en 1996, con la finalidad de apuntalar aún más al Gobierno del PP, sólo sirvieron para blanquear y fortalecer a la extrema derecha española.

Después de lo acontecido la semana pasada con el bochornoso espectáculo que dio Pablo Casado rodeado de franquistas convictos, en el que se jaleo el golpe de Estado de julio de 1936, se ha abierto la veda para reescribir la historia. Para esa labor la derecha franquista tiene a su disposición a un gran número de dirigentes políticos del PP, VOX y Cs y a una legión de periodistas y tertulianos de la prensa más reaccionaria, alguno de los cuales ya llevan tiempo haciendo gala de ese revisionismo histórico. Ante este intento de reescribir la historia la única postura de los demócratas pasa por reivindicar el papel de la II República, como régimen legal y legítimamente constituido que fue derrocado mediante el uso de la violencia y trazando una línea muy nítida que separa a los demócratas de los golpistas franquistas y sus amigos.

En octubre de 1981 se celebró un pleno en el Congreso de los diputados para aprobar la entrada de España en la OTAN. En aquel momento Felipe González tuvo una intervención en la que manifestó que “debemos responder a los planes del Gobierno diciendo que si entramos en la OTAN por mayoría simple del Parlamento saldremos de la OTAN por una decisión de mayoría simple del Parlamento”.

A partir de aquí la historia es de sobra conocida. Cuando el PSOE llegó al Gobierno ni hubo votación en el Congreso para salir por mayoría simple, ni se posicionó en contra de la OTAN en el referéndum que organizó en vísperas de finalizar su primera legislatura. En esa consulta Felipe González echó toda la carne en el asador para que saliera el sí y aquí paz y después gloria.

La realidad nos demostró que una vez que España entró en la OTAN esa decisión vino para quedarse. Han pasado casi cuarenta años desde que se aprobó la entrada y a día de hoy parece harto complicado que se produzca una salida de esta organización supranacional.

Todo lo que aconteció con todo lo relativo a la OTAN a principios de los ochenta me está recordando, salvando las distancias, el proceso abierto para la derogación de la reforma laboral. Un proceso que viene precedido por una posición nítida tanto en los programas electorales que los dos partidos que gobiernan (PSOE y UP), como en el documento que elaboraron para gobernar en coalición. Esa posición se resumía en la derogación de la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP. Pero en la actualidad una vez más, no se sabe muy bien que es lo que está persiguiendo el Gobierno, ni los objetivos que se ha marcado. Esto que estamos viviendo, como lo que se vivió con el tema de la OTAN o en otros temas políticos, tienen un denominador común: todas esas decisiones que aprueban los gobiernos y que tienen como objetivo políticas en contra de las mayorías sociales una vez que han salido adelante vienen para quedarse, bien en su totalidad o en parte. Pero siempre sobrevive algo de lo que han aprobado. Esa es su victoria.

La ministra de Trabajo en la actualidad tiene abiertas unas conversaciones-negociaciones con los agentes sociales para no se sabe muy bien si derogar la reforma laboral que aprobó el PP en febrero de 2012, realizar una reforma de la reforma del PP, valga la redundancia, o ni una cosa ni la otra.

En los acuerdos de Gobierno que firmaron PSOE y UP en diciembre de 2019 se recogía una batería de medidas que se podían estructurar en dos grandes apartados formados, por una parte, por la derogación de la reforma laboral de febrero de 2012 y por otro, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Dentro del apartado referente a la derogación de la reforma laboral, a su vez, se podría hablar de dos subapartados. El primero sería la derogación de la reforma laboral en su conjunto y el segundo, la derogación “con carácter urgente” de algunas materias de esa reforma laboral hasta que se procediera a la derogación total de la reforma laboral. Alguna de esas materias de derogación urgente ya ha sido aprobada, como es el caso de “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”.

Lo que no tiene ningún tipo de explicación racional es la inacción del Gobierno, a través de la ministra de Trabajo para derogar de forma urgente  cuestiones que se recogen en el pacto de Gobierno como “las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo”, “la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, modificaciones como la del “art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”, la limitación de “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa” y la revisión del “mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.

Estas cuestiones que he relacionado vienen recogidas de forma expresa en el acuerdo firmado por los partidos que forman el Gobierno de coalición y en buena lógica debía de haberlas derogado de forma urgente, como así han hecho con “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”.

En buena lógica, los esfuerzos del Gobierno se deberían de dirigir a la derogación de la reforma laboral por el mismo mecanismo que utilizó el gobierno del PP, decreto-Ley, sin tener que entrar a negociar con los agentes sociales. No es que sea malo negociar con ellos, para escuchar sus puntos de vista, pero hay que señalar dos cuestiones que muchas veces se omiten con facilidad.

La primera es para resaltar que esta forma de proceder es perniciosa para una de las partes, en este caso los trabajadores. Cuando el PP aprobó la reforma laboral no abrió ningún tipo de negociación con los representantes de los trabajadores y ahora para derogarla el Ministerio de Trabajo ha abierto un proceso negociador que no se sabe muy bien en qué va a acabar. No se está siguiendo ni el mismo criterio ni lo que en un primer momento acordaron los integrantes del Gobierno de coalición: la derogación de la reforma laboral de 2012.

La segunda cuestión se asienta en tener claro donde reside la soberanía popular y de donde emanan los poderes, para a partir de ese punto tener claro el proceso que se debe seguir para hacer un cambio legislativo de esta naturaleza. Si la soberanía reside en el pueblo, éste elige a los órganos legislativos (Congreso y Senado), y si los elegidos han sido bajo un programa electoral, todo lo que sea salirse de ese cauce no deja de ser una adulteración del mandato popular. Hay una diferencia grandísima entre escuchar a los agentes sociales y sentarse con ellos para acordar un texto legislativo para luego presentarlo en las Cortes. Con esta forma de actuar, se les ha dado capacidad legislativa a unos señores que sin necesidad de presentarse a unas elecciones van a poder participar en la elaboración de la legislación laboral. De ahí que un proceso interminable de reuniones con patronal y sindicatos a lo único que lleva es a que los primeros estén tensando las negociaciones para dilatarlas en el tiempo y que no se cambie nada de la legislación vigente y en el supuesto que se cambie que sea lo menos posible.

A la patronal la reforma laboral de Mariano Rajoy le pareció fantástica, porque el PP no deja de ser el partido que defiende los intereses de las élites y los empresarios de este país, y no deja pasar la oportunidad de legislar en favor de los colectivos a los que representa. Sutil diferencia con la izquierda cuando gobierna, que suele ser incapaz de llevar al BOE las propuestas de su programa electoral.

Por todo ello, lo razonable en estos momentos sería su derogación mediante otro decreto-ley para volver a la situación previa. Cualquier otro camino es alejarse del documento que los partidos que forman el Gobierno suscribieron para presentarse a la investidura y lo único que consigue es generar muchas dudas a los partidos que facilitaron tanto la moción de censura como la investidura del Gobierno actual.

Tampoco es comprensible que todos los temas que iban a derogar “con carácter urgente” no se hayan realizado a día de hoy en su totalidad. Un decreto-ley de esa naturaleza no requiere más que de voluntad política, pues técnicamente no tiene gran complejidad.

Si pasamos a leer la prensa de estos días es significativo que utilizan frases como “la reforma laboral de Díaz” o “la reforma laboral del Ministerio de Trabajo”, etc…  No es casualidad que usen estos términos, pues de las informaciones existentes lo que lleva a pensar es que el Gobierno no está planteando una derogación de la reforma laboral que aprobó el PP, sino de una reforma de la reforma, es decir, ¿lo podríamos llamar la contrarreforma? El chiste fácil que a uno le viene a la mente es que esperemos que no sea como la Contrarreforma de la Iglesia en tiempos de Lutero.

Esta forma de proceder únicamente beneficia a la patronal, representada en la negociación por la CEOE y CEPYME. Su estrategia es clara, pero sencilla al mismo tiempo. Pasa por dilatar estas negociaciones con el objetivo de arañar todo lo posible y que se apruebe lo más tarde posible y esperar a que en las próximas elecciones acceda al Gobierno otros partidos más cercanos a sus intereses, sin olvidar que los empresarios juegan con la carta del Caballo de Troya que tienen dentro del Gobierno, la ministra Calviño. No van a encontrar mejor aliado que ella y con la remodelación del Gobierno ha obtenido más poder aún si cabe.

A la opinión pública nos pueden contar lo que sea pero al final la realidad suele ser tozuda y lo que nos estamos encontrando es que cada miércoles el BOE no publica ningún decreto-ley que recoja lo que acordaron los partidos que forman parte de este Gobierno y todo lo que no se publica en el BOE no deja de ser política virtual.

La victoria contundente que el PP ha obtenido en las elecciones autonómicas madrileñas está alertando la posibilidad de un cambio de ciclo político. Si nos guiamos por las encuestas que se están publicando, la derecha podría obtener una mayoría absoluta en el Congreso de los diputados.

Este nuevo panorama que hace unos meses parecía harto improbable, es producto de un desgaste del actual Gobierno de coalición que en poco menos de dos años ha sido incapaz de poner todos los medios para ejecutar el acuerdo de Gobierno que aprobaron en diciembre de 2019 y plasmarlo en una batería de leyes e iniciativas que sirvieran para dejar sin efecto la involución que fue la etapa del PP en el Gobierno de la mano de Mariano Rajoy.

El documento que firmaron en su día PSOE y Unidas Podemos (UP), sin ser la panacea, era lo suficientemente interesante como para poder avanzar en el camino de la recuperación de derechos fundamentales civiles y sociales. Este Gobierno durante el tiempo de legislatura que ha consumido debía de haber impulsado una batería de leyes e iniciativas que negociadas previamente con las formaciones políticas que posibilitaron su investidura, sirvieran para derribar toda la involución que se vivió durante la etapa neoliberal del PP.

Cierto es que los primeros meses de la pandemia trastocaron ese calendario de actuaciones y hasta se podría admitir que el Ministerio de Trabajo diese prioridad a toda esa batería de Decreto-leyes que están siendo imprescindibles para sofocar la situación laboral de millones de trabajadores como consecuencia del confinamiento y la pandemia y durante los primeros meses dejase a un lado la derogación de la reforma laboral del PP. Lo que no tiene lógica es que diese un auténtico parón en el resto de temas y que este Gobierno no haya avanzado en el cumplimento de su propia hoja de ruta que elaboró y que fue instrumento fundamental para que los socios que lo sustentan facilitasen la investidura.

Con la perspectiva que está dando el transcurso de casi año y medio de gobierno, y la inacción en la que está sumido, la conclusión que se obtiene es sencilla. Todo se resume en el bloqueo que existe desde dentro de la mayoría del gobierno a la hora de sacar adelante el programa pactado por PSOE y UP y el modus operandi está siendo diáfano.

Para ello es necesario tener una mirada retrospectiva. La situación que está viviendo este Gobierno tiene su origen en las circunstancias que llevaron a que se diese este acuerdo de coalición. Este gobierno es producto de una repetición electoral, pues las elecciones de abril de 2019, aun dando a los dos partidos que forman la coalición de gobierno una mayoría superior a la que tienen en la actualidad, fue imposible que llegasen a un acuerdo.

En los meses posteriores a las elecciones de abril de 2019 un hipotético acuerdo entre PSOE y UP se antojaba harto complicado. No sólo hay diferencias ideológicas y políticas entre ambas formaciones. La cuestión va a allá. Estos dos partidos representan dos conceptos diametralmente opuestos de modelo jurídico-político que quieren para el Estado. El PSOE es un ferviente defensor del Régimen del 78, lo que lleva aparejado que no cuestione la monarquía y las instituciones surgidas a partir de 1978, posicionándose en contra del derecho de autodeterminación de los diferentes pueblos del Estado español y, a nivel socioeconómico cuando ha gobernado ha realizado políticas neoliberales, bordeando esa línea casi inapreciable que le separa del PP, teniendo una relación de gran complicidad con los poderes económicos.

Frente a esta posición de partido sostenedor del régimen heredero del franquismo, está UP que se alinea en una posición crítica contra las esencias de este régimen, manteniendo una actitud muy crítica con todos esos poderes con los que el PSOE no tiene problema alguno para salir en la misma fotografía.

Ante esta situación era tremendamente complicado que hubiera cierto grado de química entre ambas partes, aunque alguien dirá que la política es el arte de lo imposible y cosas más raras se han visto. La realidad se imponía y no hubo acuerdo, entre otras cosas, porque lo que realmente seducía al PSOE era llegar a un acuerdo con Ciudadanos (Cs), pues la suma de ambos partidos en el Congreso les daba una mayoría absoluta, sin tener que necesitar ningún otro apoyo. Que el PSOE se decantaba por esta opción es algo que está probado porque algunos líderes del PSOE han reconocido que esa era la opción que barajaban en su partido. La negativa reiterada por parte del líder de Cs para hablar con Sánchez y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con UP, abocó a una repetición electoral, pero el nuevo escenario que surgió en noviembre dejó al PSOE sin margen de maniobra. Con un Cs reducido a la mínima expresión, el PSOE tuvo que hacer de la necesidad virtud y negociar con UP un acuerdo de gobierno y un programa que a día de hoy todo hace iniciar que no cree mucho en él.

Eso y no otro motivo es lo que empujó a Sánchez a mover ficha a las pocas horas de las elecciones de noviembre de 2019. El PSOE, además de representar lo que representa, uno de los pilares del régimen, no deja de ser una máquina electoral que le obliga imperiosamente a estar en el poder para poder mantener su estructura como partido. Este tipo de partidos tienen muchos estómagos que alimentar y para ello su oxígeno es ostentar el poder en las diferentes administraciones. Eso le abocó a Sánchez a olvidar todo lo que había dicho en campaña y a abrirse a negociar no sólo con UP, sino con otras fuerzas políticas para que los números le dieran la presidencia del gobierno.

En el caso hipotético que se hubiera dado la posibilidad de haber llegado a un acuerdo con Cs después de las primeras elecciones, la relación entre ambos partidos no hubiera estado tan salpicada de diferencias y enfrentamientos entre ambos socios. Sólo hay que ver como el PSOE comparte gobierno con el PNV en la CAV y las diferencias son mínimas. Alguna que otra surge cuando se habla de un nuevo Estatuto, porque ahí le sale al PSOE la vena jacobina, pero por el resto de temas suele ser una balsa de aceite. Y algo similar se puede decir del gobierno de coalición que comparte en Cantabria con el PRC. Las diferencias son de andar por casa.

Este Gobierno está controlado por el PSOE y en algunos momentos los ministros de UP dan la sensación que son auténticos jarrones decorativos, surgiendo las profundas diferencias cuando se tropiezan con algún tema de los que vienen recogidos en el acuerdo de gobierno.

En el caso de los proyectos de ley que tienen que sacar adelante los ministerios controlados por el PSOE, el ministro en cuestión suele ignorar bastante el contenido y el espíritu del documento de forma casi sistemática, sacando adelante borradores de documentos que lo que consiguen es el enfrentamiento con sus socios de gobierno, que frecuentemente se traslada a los medios de comunicación con declaraciones cruzadas. Todo esto lo único que logra es soliviantar a los socios del Gobierno de coalición y, a partir de ese momento el esperpento está servido. Casos como el de la ley de vivienda que se tramita a través del ministerio de que controla Jose Luís Ábalos o la reforma de las pensiones que controla Escrivá están siendo la muestra palpable que los ministros del PSOE están ignorando un día sí y otro también los acuerdos firmados.

En el caso de los proyectos de ley que elaboran los ministerios controlados por UP, la estrategia del PSOE está siendo tanto o más sangrante. Al llegar los borradores a las inmediaciones del Gobierno. Es decir, cuando el ministro de turno de UP los lleva a la comisión de secretarios y subsecretarios, que la preside la vicepresidenta del gobierno, es el momento en el que la lugarteniente de Pedro Sánchez pone en marcha toda la maquinaria para aparcar esas iniciativas. Utilizando todo tipo de argucias jurídicas, como la solicitud de informes, la duda de la constitucionalidad de las iniciativas que se presentan, etc… La realidad es que ministerios como el de Igualdad han sido incapaces hasta el momento de aprobar ningún proyecto de ley en todo este tiempo. Ni el proyecto de  del “Solo sí es sí”, que es la ley estrella de este ministerio y que lleva una tramitación de más de un año, ni la ley trans han sido capaces de llegar al Consejo de ministros para que sea aprobada y se remita al Parlamento.

A todo esto hay que añadir la imagen que están dando en los medios de comunicación, que ávidos de carnaza informativa, esto les viene como anillo al dedo. Pero lo más grave es la percepción que recibe la ciudadanía. Porque todo esto acaba generando frustración en el electorado y al final se acaba imponiendo la decepción.

La táctica que está siguiendo UP de criticar a posteriori algunas de las decisiones que previamente han sido aprobadas en Consejo de ministros, no pasa de ser una forma bastante burda de hacer oposición desde dentro del Gobierno. Las decisiones que se adoptan en ese órgano son colegiadas y no es muy coherente actuar de esta forma. UP realmente quiere actuar como si fuese un socio del Gobierno a través de un acuerdo de legislatura, en el que le permite tener una libertad mucho mayor. Pero la apuesta de la dirección de Podemos fue la de gobierno de coalición por encima de todo. Entrar en el Gobierno al precio que fuese y el resultado es que en menos de dos años han quemado al líder del partido y de la coalición. Pésimo negocio pues no parece que su estancia en el gobierno les esté deparando mejores perspectivas electorales.

Por el contrario, estas cosas no le pasan a la derecha. Cuando gobiernan no se andan con miramientos si una ley se ajusta a la Constitución o si puede levantar ampollas en la opinión pública. La derecha llega al Gobierno para servir unos intereses, tienen muy claros que tener a su disposición el Boletín Oficial del Estado es la mayor herramienta existente para aplicar sus políticas. Cuanto antes sea publicado en el Boletín la norma que quieran sacar adelante, ellos ponen todos los medios para lograr sus objetivos. Entonces ¿por qué le pasa a este Gobierno? Por una combinación de factores. El nulo entusiasmo del PSOE en sacar adelante la hoja de ruta acordada con su socio y la incapacidad política que está demostrando UP en el Gobierno.

Al margen de la pandemia y lo que ha acarreado, Podemos se ha volcado en el trabajo institucional, olvidando sus origines que no son otros que las calles y plazas. Lo del partido movimiento se ha quedado para los documentos políticos. Ha obviado la importancia que tiene la presión en la calle para poder azuzar a su socio de gobierno y lo que ha conseguido es que la extrema derecha se haya adueñado de la calle y que este partido se distancie más de su verdadero pulmón que es la capacidad movilizadora que se supone que es una de las esencias de la izquierda.

Todo esto siendo algo obvio, es una situación que se repite con gran frecuencia allá donde la izquierda llega a gobernar, exceptuando honrosas excepciones. La izquierda para que llegue al poder tienen que darse unas condiciones muy determinadas y a eso hay que añadir que los obstáculos que tiene que sortear no tienen comparación con la facilidad que tiene la derecha para ganar unas elecciones. Por ello no es comprensible que cuando la izquierda logra constituir gobiernos más o menos progresistas se diluya en ellos. Entran en una especie de burbuja y, lo que es más grave, se abre una brecha entre el gobierno y la calle.

Este gobierno olvida que las posiciones no están ganadas de por vida. El votante ya no es como hace cuarenta años que era fiel a unas ideas o a unas siglas. La ciudadanía está en constante movimiento y evolución y cuando observa que no hay diferencia entre las políticas de la derecha y la izquierda acaba votando a la extrema derecha populista porque les vende un discurso plagado de demagogia pero que les suena bien.

A este gobierno ya le empieza a correr el cronómetro, pues casi ha consumido la mitad de la legislatura y hay que tener presente que sacar adelante las diferentes leyes lleva unos plazos en función del tipo de norma que sea. Si a esto le añadimos que para que la ciudadanía pueda percibir la aplicación de toda esa nueva legislación tiene que pasar un periodo para que se vean los resultados. Los plazos se acortan y este año es fundamental para dar un impulso político. Las dudas radican de la voluntad política que tenga el PSOE en cumplir el documento de gobierno de coalición.

Toda esta inacción no hace sino allanar el camino a la derecha para que en las próximas citas electorales pueda lograr mayorías suficientes para poder gobernar. En estos momentos en los que por Europa corre el viento de los populismos de extrema derecha, los partidos que forman el Gobierno tienen la responsabilidad de retomar la iniciativa para hacer de muro de contención. No pueden estar pendientes de que los números salgan gracias a que en Catalunya y Euskal Herria los partidos de la foto de Colón son testimoniales. Ellos tienen que poner los mimbres necesarios para recuperar la ilusión en el electorado que les votó. En sus manos está limpiar el horizonte de los nubarrones que representa las derechas o que se oscurezca el futuro más inmediato.

Si a alguien le podía quedar alguna duda, esta se ha despejado en los dos debates electorales que ha habido la semana pasada. Ha quedado claro que hay dos partidos de extrema de derecha que se presentan a las elecciones a la Comunidad de Madrid y uno, VOX, hace de mamporrero del otro, el PP de Ayuso. El PP y VOX están teniendo una actuación con un cierto grado de coordinación.

Para entender todo esto, es imprescindible hacer un diagnóstico claro de lo que representan PP y VOX. Ello ayudará a buscar la hoja de ruta más adecuado para luchar contra los movimientos de extrema derecha, fascistas o trumpistas. La verdad sea dicha, que en estos momentos los adjetivos no dejan de ser sinónimos, pues realmente todos estos adjetivos se están refiriendo a ideologías que tienen como misión principal apuntalar al capitalismo cuando ve que peligrar su dominación sobre la humanidad.

Es necesario precisar algunas cuestiones imprescindibles para entender todo lo que se está viviendo cara a las elecciones autonómicas de Madrid. El PP madrileño siempre ha sido el ala de extrema derecha dentro de la derecha extrema que representa el PP. La historia está ahí y no se puede ocultar. Por el PP de Madrid han pasado personajes de todo pelaje, pero todos han tenido un denominador común: han sido los exponentes más claros de lo que es la extrema derecha madrileña. Desde el siniestro Ángel Matanzos, concejal en el Ayuntamiento de Madrid,  pasando por Ruiz Gallardón. Un lobo de la extrema derecha con piel de cordero. El que era considerado progre en el PP, pero en cuanto tuvo la oportunidad enseñó la patita y terminando con Esperanza Aguirre, que llegó a ser la lideresa gracias al tamayazo y actual madrina política de Isabel Díaz Ayuso. La lista es superior, pero no es cuestión de extenderse en ella. Y VOX es el hijo que ha engendrado el PP.

Para definir a Diaz Ayuso se podría resumir diciendo que podría ser la candidata perfecta de VOX. Tendría que afinar alguna que otra frase suya a la hora de hablar al votante, pero quitando algún que otro matiz de barniz y pintura, el resto es lo mismo. Quizá por eso VOX en estos momentos siga subiendo el tono en sus manifestaciones, para que quede claro que la esencia de esa ideología les pertenece a ellos y no verse fagocitados en las urnas por Díaz Ayuso.

La estrategia de la extrema derecha para afrontar la campaña electoral de la Comunidad de Madrid no pasaba por asistir a los debates. Lo que ha ocurrido en el debate organizado por la Cadena SER no fue una forma aislada de actuar de VOX.  Se podría decir que en cierta forma ha sido una estrategia calculada al milímetro.

La extrema derecha madrileña, formada por VOX y Díaz Ayuso, no se podía permitir otro debate como el del miércoles pasado en Telemadrid. La candidata del PP tuvo que tragar con el debate que se celebró el pasado miércoles en esta cadena. Su no asistencia la hubiera dejado demasiado evidencia. La imagen de una candidata que huye de todo lo que sea confrontar ideas y propuestas con sus contrincantes políticos, con el agravante que la cadena organizadora era, nada más ni nada menos, que la televisión pública autonómica. Pero declinó asistir al resto de debates programados. Pasó el mal trago del miércoles dando una imagen de mala educación y un tanto chulesca. La señorita no da para más. La que fue responsable de la cuenta de Twitter de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre. Bueno, como esta señora está muy preocupada por el bilingüismo en la Comunidad de Madrid voy a coger prestada la denominación que le doy Gabriel Rufián: Community manager del perro de Esperanza Aguirre. Así queda más british. Ella sabe perfectamente que en el ámbito de contratar ideas tiene más posibilidades de perder que de ganar y no está para tomar riesgos innecesarios.

A partir de este momento, en todos los debates que se iban a producir se daba un desequilibrio que a nadie se le podía escapar. Los tres candidatos de la izquierda tenían claro cuál era el objetivo: Dejar al descubierto las políticas del PP en Madrid durante los últimos veinticinco años, la colaboración necesaria que ha tenido de Ciudadanos en los últimos seis años y la dependencia de un partido que representa el fascismo del siglo XXI, VOX. En el debate de Telemadrid la confrontación entre Gabilondo, Mónica García y Pablo Iglesias fue de guante blanco. Pero la actitud de la representante de VOX ya empezaba a dejarnos pistas de lo que nos podían deparar los debates futuros. Descalificaciones, insultos, interrupciones y mala educación por doquier.

La actitud de Pablo Iglesias en los preliminares del debate que se celebró el viernes en la Cadena SER entraba dentro de la lógica. El hecho de recibir una carta amenazando a él y a toda su familia con cuatro balas de cetme no es muy agradable y su postura de negarse a debatir con alguien que se niega a condenarlo hay que entenderla. Ahora bien ¿Fue inteligente el abandonar el debate? ¿Ha sido una decisión acertada que los candidatos del PSOE y Más Madrid no solo abandonaran ese debate, sino que se nieguen a hacer más debates con VOX? El tiempo lo dirá, pero lo que ocurrió en la Cadena SER ha sido una victoria que ha obtenido VOX, que en ningún momento ha querido que haya debates donde cada partido pueda exponer sus propuestas. El partido de extrema derecha es más de sacar ruido y lanzar bulos. Teniendo presente que a esos debates no iba a asistir Diaz Ayuso, uno acaba pensando que la más favorecida de la bronca que organizó la candidata de VOX haya sido Díaz Ayuso, pues en cada debate que se celebrase ella iba a ser la gran ausente y la representante de VOX se llevaría honor de defender el discurso de la extrema derecha en solitario.

Después de todo lo que ha sucedido, que nadie se llame a engaños, el votante de la extrema derecha madrileña está muy ufano. El perfil que ansían es el que ha tenido la representante de VOX en todos los debates y el que tuvo Díaz Ayuso el miércoles en Telemadrid. Insultos a otros candidatos, faltando al respeto, interrupciones, etc… Esto no deja de ser una copia de los líderes en los que se inspiran. Sin ir más lejos, en la campaña a las elecciones presidenciales norteamericanas Trump actuó de forma similar en los debates a los que asistió. Que nadie piense que los dos partidos de la extrema derecha madrileña vayan a perder un voto con las formas que han utilizado en los medios de comunicación. Muy al contrario. Su electorado es la esencia de la radicalidad que se alimenta de todo tipo de fake news a través de las redes sociales.

La izquierda española hasta ahora no se ha percatado que la actitud que la extrema derecha está teniendo con ella es la que tuvo hace unos años con los políticos independentistas catalanes ¿Ya nadie se acuerda de esas despedidas a la Policía y Guardia Civil que trasladaban a Catalunya y en la que se coreaba el grito de “a por ellos”? o¿La impunidad que tienen los ultras que asaltaron la librería Blanquerna de Madrid? Impunidad hasta el extremo que a día de hoy el Tribunal Constitucional ha suspendido el ingreso en prisión de los condenados. La extrema derecha lo único que ha hecho es cambiar el blanco de sus ataques y ahora la izquierda es la que está en su punto de mira.

Todo lo ocurrido ha dado un vuelco a la campaña y la izquierda ha pasado a enfocar la campaña entre democracia o fascismo. Algo que es real. Pero no hay que olvidar que la bandera del fascismo no solo la porta VOX. El PP de Ayuso se afana por alzar esa enseña con el mismo ahínco. Pero otra cosa muy diferente es si esa dicotomía ayuda a ganar las elecciones, porque todo lo que no sea obtener la derrota de la extrema derecha no deja de ser secundario. Y entrar en ese debate de democracia versus fascismo quizá sea restar fuerzas al debate en el que prima desmontar las políticas del PP en temas tan importantes como sanidad, educación, cuestiones sociales, corrupción, etc…

El discurso en un barrio de gente trabajadora, en el que sus habitantes, en el mejor de los casos, salen de su casa cuando las calles no están puestas para regresar justo para cenar y al día siguiente vuelta a empezar, todo ello para llevar un sueldo con el que es imposible llegar a fin de mes tiene que centrarse en sus problemas. Además de la denuncia del fascismo hay que explicarle que la Comunidad de Madrid es la que menos gasta por habitante en sanidad y educación y es la que lidera el gasto de sus habitantes en seguros sanitarios privados. Es decir, ciudadanos que pagan por tener una sanidad privada. Hay que recordarles que los recortes en educación han servido para llenar de dinero a la educación concertada y privada y esas son las políticas de la extrema derecha en Madrid y en otras partes del mundo. Y así en innumerables temas que los sufren diariamente. En resumen, no existe la democracia sin derechos fundamentales de carácter social.

Tengo la sensación que en el debate de polarizar entre democracia y fascismo, la extrema derecha de Madrid tiene todas las cartas para ganar. Olvidamos con facilidad que el dictador tuvo una muerte placida en una cama de un hospital, que los que controlaron el poder durante la dictadura han continuado los siquientes cuarenta años en puestos relevantes en los ámbitos políticos, económicos, judiciales, en los aparato policiales y militares siendo los que han controlado el relato. Y a todo eso hay que añadir la no desdeñable cantidad de medios de comunicación que controlan. Debería de hacernos pensar que el partido heredero del franquismo, el PP, en Madrid durante varias décadas ha obtenido mayoría absoluta sin despeinarse. En el Estado español todavía no se ha pasado la página del franquismo y la masa del partido que en la actualidad lo vitorea, VOX, hace menos de una década estaba toda en el PP.

En la izquierda hay una frase que se suele utilizar con frecuencia que dice que “con el fascismo no se discute, se le combate”. La literalidad de la frase no deja lugar a dudas, pero a día de hoy, el significado que en este caso se da al verbo combatir hay que ponerlo en contexto. La acepción actual va dirigida a combatir sus ideas y para ello cualquier foro de debate, tribunas o plató de medios de comunicación son las armas que hay que utilizar contra el fascismo. La extrema derecha no tiene cabida en nuestra sociedad, pero es necesario que en todo tipo de debates no se sienta cómoda y ello es imposible si no tienen enfrente a los partidos que les pueden hacer frente ante ese discurso. Y es evidente que no se puede caer en las provocaciones que andan buscando, utilizando como siempre los mismos recursos dialécticos. No sería de extrañar que esta semana utilizaran el comodín de ETA, porque el de Venezuela ya lo han utilizado Díaz Ayuso.

La misión de lograr un cambio en Madrid es lo suficientemente compleja y difícil como para renunciar de la noche a la mañana a asistir a ningún debate y entiendo las razones que han dado los tres partidos que se han negado.

En todo esto que se ha vivido no se puede olvidar el papel que han jugado los medios de comunicación, porque no hay que olvidar que la inmensa mayoría pertenecen a grupos económicos, lo que conlleva que anteponen sus intereses crematísticos al derecho a la información. Esa inmensa mayoría de medios de comunicación han normalizado el discurso de la extrema derecha española y un número no despreciable de ellos se han convertido en el altavoz de sus soflamas. Estos medios de comunicación han tildado de gobierno ilegítimo al gobierno de coalición PSOE-UP, utilizando términos como golpistas. Han reído las gracias a los grupos de Whatsapp, en los que se han vertido amenazas y frases de odio. Todo ello tiene como finalidad el normalizar en la sociedad este discurso y este lenguaje golpista.

Cuando Xabier Arzallus denominó a un sector de la prensa madrileña como la Brunete mediática no fue un recurso verbal. Los definió de esa forma porque representaban los ideales del 18 de julio de 1936. Y el tiempo le ha venido a dar la razón.