“Esperanza y libertad”, un paso en el camino hacia la República catalana

“Esperanza y libertad”, un paso en el camino hacia la República catalana

Hoy es 11 de septiembre, fecha en la que se celebra la Diada de Cataluña y me parece que es un día apropiado para comentar el libro que Raül Romeva ha publicado hace unos meses. “Esperanza y libertad” (Editorial Ara).

Allá por el mes de abril tuve la oportunidad de asistir en Madrid a su presentación en la librería Blanquerna. La presentación del libro corrió a cargo de Daniel Innerarity, Ignacio Sánchez Cuenca y, ante la imposibilidad de que Raül Romeva pudiera asistir, al estar privado de libertad, estuvo presente su esposa Diana Riba. No quisiera pasar por alto el hecho de que la presentadora fuera  la directora de “Público”, Ana Pardo de Vera y pienso que tiene mucho valor que esa labor la realizase una  periodista de fuera de Cataluña.

Todas las intervenciones estuvieron a un gran nivel y algunas llegaron a ser emotivas, pero en un acto realizado en Madrid, con esta temática, la presentación de Ana Pardo de Vera fue muy interesante porque enlazó dos cuestiones que ponen en tela de juicio el Régimen del 78: el proceso llevado en Cataluña y que cuestiona la estructura territorial del Estado y la monarquía como modelo de jefatura del Estado. En el primer caso el proceso tuvo como objetivo la realización de una consulta, que es lo que la moderadora reivindicó para la segunda cuestión, la posibilidad que la ciudadanía pueda elegir entre monarquía y República. Y si en el momento de la presentación le pudo llamar la atención a alguien el sacar a colación esta segunda cuestión, sin duda, le quedaría totalmente aclarada una vez que lea el libro.

Del resto de intervinientes, destacar la intervención que el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, nada sospechoso de independentista, realizó una exposición desde la racionalidad democrática y la ciencia política para situar el problema dentro de la esfera política y sacarlo de la esfera judicial, que es donde se encuentra.

Después de esta presentación y de leer el libro de Raül Romeva, tengo que decir que me ha parecido interesantísimo, enriquecedor y muy constructivo. No me imaginaba un libro de esta calidad y escrito con tanto cariño. Jenn Díaz dice en el prólogo que Raül Romeva ha realizado un ejercicio de generosidad -continúa- escrito sin odio, sin resentimiento, tendiendo la mano. A estas palabras de Jenn Díaz habría que añadir que todo el libro es un acto de dignidad, valentía, coherencia y humildad política,  con unas dosis de ética casi imposibles de superar. Romeva es una persona que lleva más de año y medio en prisión, sufriendo uno de los mayores ataques político y mediático que se conoce. Ha reiivindicado en sede judicial y en su libro las acciones que llevó a cabo como conseller, porque tenía la convicción que es lo que tenía que hacer, aun sabiendo los costes que ello podía conllevar. No cabe duda que es un acto de dignidad política y ética muy pocas veces visto en la política española.

En todo momento escribe con mucha humildad. Nunca saca la bandera de las verdades absolutas e irrefutables y hace un elogio de la duda. Para ello trae la siguiente cita de Bertrand Russell que me parece muy acertada: “el problema del mundo es que los idiotas y los fanáticos están seguros completamente seguros de sí mismos, mientras que a los listos les asaltan las dudas continuamente”.

Raül Romeva nos habla de esperanza no en términos idílicos  ni como una necesidad de agarrarse a ese término. La esperanza es incertidumbre, pero es necesaria para huir del fatalismo y “la esperanza conlleva asumir riesgos” que él y sus compañeros presos asumieron a la hora de poner en marcha el Proces, porque la esperanza también es una apuesta para logar un objetivo. Asume que para ser creíbles cara al exterior y  lograr su objetivo es necesario estar dispuesto a sufrir, porque del sufrimiento y las derrotas surge la semilla de las futuras victorias.

El autor resume la actitud que se debe tener, en todo este proceso, en los siguientes términos: la cabeza alta, la mirada larga, verbo sereno y la mano tendida. Lo fácil hubiera sido que hubiese escrito un libro en el que cavase una trinchera o pintase líneas infranqueables, que sirviese para alimentar a los suyos construyendo un enemigo. Pero, por el contrario, realiza un ejercicio de empatía en el que tiene palabras de reconocimiento y afecto para personas que no son independentistas, pero que han puesto dosis de cordura en todo el proceso. Nos deja muy claro que para construir la República en Cataluña es necesario crecer a lo ancho y en palabras de Oriol Junqueras, el camino para la República consiste en aunar mayorías amplias y transversales para “ganar confianzas, tejer complicidades, construir una casa común”

Las reflexiones que realiza a lo largo del libro, en cierta forma, no dejan de ser un manual de instrucciones para entender los procesos de lucha política que se dan en la actualidad en cualquier otro lugar. Una de esas situaciones nos la encontramos cuando nos habla de ese activismo identitario, más preocupado en reafirmarse mirando para adentro que en salir fuera de su trinchera, que deja al margen la construcción de soluciones si no tiene la certeza del triunfo.  

El libro está plagado de citas de pensadores, políticos y activistas que utilizadas por el autor de una forma muy fina sirven como ejemplos en los diferentes pasajes del relato que recoge el libro. Es una apología al dialogo, de la negociación y el acuerdo para tender puentes con una visión largoplacista.

A través de diversos temas el autor va plasmando lo que han sido estos últimos años de la política catalana, hasta desembocar en el periodo de preparación de la consulta ciudadana del 1 de octubre de 2017 y los hechos que sucedieron con posterioridad.

He querido dejar para el final dos cuestiones que son fundamentales, para que los que no vivimos en Cataluña podamos entender todo lo que lo que ha sucedido en la última década. Me estoy refiriendo a cómo se inicia todo este proceso y el papel que desempeñan la sociedad catalana y los políticos del bloque republicano.

En primer lugar, desde fuera de Cataluña, pero, sobre todo, desde Madrid se ha vendido un relato de que los políticos independentistas han “arrastrado” o “engañado” al pueblo con un objetivo imposible de llevarse a cabo, lo que ha generado una frustración. Nada más lejos de la realidad, la batalla por el derecho a decidir, como muy bien explica Jaume López en su libro “el derecho a decidir. La vía catalana” (ed. Txalaparta), la gana la sociedad. El movimiento social gana “la batalla del frame” o de los nuevos cognitivos de gran impacto social en el que la sociedad va por delante de las organizaciones políticas. Y esta cuestión, que es vital para poder tener una foto no distorsionada de todo lo que sucede en Cataluña, aparece en el libro de Raül Romeva. En el libro explica cómo, los presos políticos, han recibido mensajes de ciudadanos catalanes en los que les piden perdón por haberlos empujado a esta situación. Los políticos recogen el guante que lanza la sociedad civil.

En segundo lugar, para poder entender muchas de las cosas que están sucediendo, es fundamental el relato que realiza Raül Romeva acerca de cómo decidieron Junqueras y él afrontar todo el proceso judicial. Primero, no eludiendo el juicio, ellos deciden afrontarlo porque consideraron que se  limitaron a escuchar un clamor pacífico y democrático. Además, ponían en juego su credibilidad.

Romeva deja claro en su libro que, Oriol Junqueras y él, decidieron salir de su zona de confort. Ellos acordaron no defenderse de nada para encarar el juicio desde un prisma político, aun sabiendo de los riesgos que corrían. Querían decir con la cabeza muy alta que “un referéndum no es ningún delito” y que no indujeron al uso de la violencia.

Esperanza y libertad
Esperanza y libertad

Aquellos polvos trajeron estos lodos. Lifting a la dictadura franquista

El refranero popular es muy rico y la experiencia me dice que siempre o casi siempre se cumple. El pasado martes en el Tribunal Supremo se produjeron dos hechos que van a tener una trascendencia política y jurídica muy profunda: Una resolución jurídica y una manifestación de un fiscal en las conclusiones de un proceso penal. Ambas tienen una trascendencia política y un importante toque de relectura de la historia, porque hacen una reinterpretación de la historia del siglo XX de este país.

El primer hecho de trascendencia que se produjo el pasado martes en el Tribunal Supremo fue consecuencia del auto de suspensión de la exhumación del cadáver del dictador Franco, que ha dictado este tribunal. En ese auto hay un párrafo que dice “habida cuenta de la significación de don Francisco Franco Bahamonde. El hecho que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”. Esta resolución ha provocado un sinfín de comentarios en artículos y tertulias en los que se ha dicho de todo. Por ejemplo, que “la democracia española está seriamente tocada” o que “el Tribunal Supremo ha legalizado el franquismo” y expresiones similares.

Ante todos estos comentarios sólo puedo decir que me quedo atónito. Da la impresión que en este país periodistas, intelectuales y algunos políticos no se han querido enterar hasta ahora de nada. Absolutamente de nada. Es más, voy a decir una cosa que no debería escandalizar a nadie: La frase que se recoge en el auto del Tribunal Supremo es correcta y tiene su lógica, aunque a cualquier demócrata de verdad nos genere sarpullidos y se nos revuelvan las tripas. No es correcta desde un punto de vista histórico pero, desgraciadamente, es correcta desde un punto de vista legal. Para ello es necesario hacer un pequeño ejercicio de memoria histórica.

Es indiscutible que el nombramiento de Franco como Jefe del Estado el 1 de octubre de 1936 es un acto ilegítimo y que no se ajusta a derecho porque es producto de una rebelión militar contra la Republica, mediante el uso de la fuerza y contra un régimen legal y democráticamente constituido tras el abandono por parte del Rey Alfonso XIII de la jefatura del Estado. Tras el triunfo de esa rebelión militar los alzados imponen una dictadura sangrienta y genocida durante 40 años que se supone que finalizó cuando el dictador fallece.

El problema radica en que desde la muerte de Franco en toda la legislación que se aprueba no se recoge ningún párrafo en el que se declare a esa dictadura como un régimen ilegal. Es más, la Ley de Reforma Política de noviembre de 1976 no cuestiona ni el Régimen franquista ni las leyes emanadas de él. Tiene una finalidad muy clara: Realizar una serie de reformas legales en el edificio legal de la dictadura, sin cuestionar en ningún momento este régimen, para desembocar en un nuevo régimen heredero de la dictadura. Una democracia formal, pero en el que en ningún momento se cuestiona todo lo anterior y como botón de muestra tenemos varios ejemplos: El nuevo Jefe del Estado (Juan Carlos de Borbón) fue designado por el Jefe del Estado surgido del golpe de Estado. Las fuerzas de seguridad (Policía y Guardia Civil), que durante 40 años fueron el baluarte de la represión contra la disidencia política, no fueron depuradas. El Ejército español, baluarte del golpe de Estado-rebelión de julio de 1936 siguió intacto. Pero, sin duda alguna, lo más grave fue que uno de los poderes del Estado, el Poder judicial, que conforme la Constitución de 1978 iba a ser uno de los pilares del nuevo régimen, estaba copado por magistrados procedentes de la dictadura, los cuales defendieron en todo momento toda la legislación y esencias jurídico-políticas franquistas. Con estos antecedentes mal comenzaba la nueva etapa porque todas las instituciones anteriormente mencionadas mantuvieron en todo momento el espíritu heredado del franquismo.

Si todo lo expuesto hasta este momento no deja lugar a dudas, menos dudas quedarán si se tienen presentes las palabras del que fuera Ministro de Justicia del Gobierno de Adolfo Suarez a la hora de defender La Ley de Reforma Política. Se expresó en los siguientes términos desde la tribuna de las Cortes franquistas: “nadie incurre en el intento insolidario de rechazar período alguno próximo o lejano de nuestra historia de otra que sería estéril pretender fundar nuestro futuro sobre sobre un presente que reviva con pasión e ira antiguos antagonismos”. No creo que sea necesario recordar algunos discursos de Suarez, en los que se subrayaba que en ningún momento se cuestionaba la legalidad existente hasta ese momento. Pero ¿cómo iba a cuestionarlo si había sido ministro secretario general del Movimiento?

Posteriormente, en ninguno de sus artículos de la Constitución de 1978 se declaró ilegal el régimen surgido del golpe de Estado de 1936 y nombró garante de la Constitución a los mismos poderes que lo fueron del Régimen franquista. Es decir, se puso a la zorra a guardar el gallinero. Por tanto, no puedo entender que ahora llame la atención el auto del Tribunal Supremo. Si es que cuando a los poderes del Estado heredados del franquismo se les toca la fibra sensible sacan a relucir su ardor guerrero y a tener presente el discurso y esencias de la dictadura.

No quiero pasar por alto un dato histórico importante. En este contencioso, cuando el Tribunal Supremo ha tenido que fijar la fecha desde la que Franco estuvo al frente de la jefatura del Estado, ha designado la del 1 de octubre d e1936, sin tener presente que hasta febrero de 1939 la II República era el gobierno legítimo reconocido por la Comunidad Internacional, pues hasta la caída de la Republica coexistían dos gobiernos enfrentados por la soberanía nacional. Dato que resaltan muchos historiadores.

Desde 1978 no ha habido ningún gobierno que haya aprobado una ley en la que se diga de forma expresa que los 40 años de franquismo carecen de legalidad y que reconozca la legalidad republicana como la inmediatamente anterior a la actual. Y nadie puede negar que posibilidades ha habido para esto y para mucho más. A todo esto, la prensa ha sido de lo más dócil con todos los hechos que acabo de relatar y la izquierda ha pasado olímpicamente de liderar la respuesta democrática a todo este proceso de lavado de cara del franquismo. Se han condecorado a torturadores, a responsables de la represión franquista y durante un cierto tiempo el papel de jefe de la oposición lo desempeñó un antiguo ministro de Franco que firmó sentencias de muerte. Entonces ¿A qué viene este escándalo cuando el Tribunal Supremo habla de Franco como Jefe del Estado? Por tanto, duele reconocer que con la legislación vigente esa frase que tanto ha escandalizado es correcta. Realmente el escándalo se arrastra desde 1976 cuando esta izquierda mojigata acepta como propio el discurso del olvido, del borrón y cuenta nueva y de la reconciliación con los responsables del golpe de 1936.

Por tanto, no puedo entender que esta resolución del Tribunal Supremo genere tanta indignación. Si lo único que hacen es ser coherentes con la legislación existen y el espíritu que emana de ella. Aquellos polvos trajeron estos lodos. El problema radica que reconocer la argumentación que realizo implica denunciar el régimen que surgió en 1978 y ello conlleva cuestionar todos los pilares de ese régimen (monarquía impuesta por Franco, unidad indivisible de España, no cuestionar el Régimen franquista, etc…) y esto ya obliga a posicionarse de verdad. En el Estado español no ha habido la voluntad política que han tenido otros países para aprobar leyes de punto final, juzgar a los que durante la dictadura cometieron crímenes y no ha habido una ley de reparación y restitución que derogara las sentencias dictadas por los tribunales franquistas en las que condenaban y difamaban a los represaliados políticos. De hecho cuando se ha solicitado anular algunas de esas sentencias el Tribunal Supremo ha denegado dichas peticiones.

El segundo hecho que se dio ayer en el Tribunal Supremo lo protagonizó uno de los fiscales del Juicio del Procés. En su alegato, para defender la acusación por rebelión y querer demostrar el uso de la violencia, invocó el golpe de Estado del 23-F diciendo la siguiente frase: “Ya que la existencia de la violencia física queda limitada a aquellas zancadillas y zarandeos al general Gutiérrez Mellado que en paz descanse”. Menos mal que los hechos están grabados y los hemos visto infinidad de veces en televisión. Tiene la desfachatez de reducir la violencia al zarandeo a un miembro del Gobierno. Omite la utilización de armas de fuego y el secuestro durante más de 12 horas de 350 diputados. Esto es reescribir la historia, pero encima de forma cutre y tomar por tonta a la ciudadanía. En un país con un cierto pedigrí democrático, el ministro de Justicia de la mano del Fiscal General del Estado hubiera cesado ipso facto a este fiscal, que para eso depende de él. Pero aquí no pasa absolutamente nada ¿Cómo van a adoptar alguna medida contra un fiscal que está haciendo la inmensa labor de apuntalar al Régimen del 78? Lo normal es que le den una medalla pensionada como a Billy el Niño.

Lo más curioso es que entendía que, este segundo tema era tan importante, que merecía que esta noticia hubiese ocupado un espacio relevante en las cabeceras de los periódicos que todavía tienen una inspiración democrática. Pero es lo que hay. No vamos a pedir imposibles. Hay que tener presente que la intervención de este fiscal se ha realizado en el marco del Juicio al Procés, y cualquier cuestión en este tema conlleva poner en tela de juicio este proceso y, por tanto, cuestionar la actuación de los poderes del Estado. Y eso son palabras mayores. Así que nadie se escandalice si a partir de ahora los jueces y fiscales de este país deciden quitar el trabajo a los historiadores y ponerse a redactar los nuevos libros de historia. Por si acaso, guardemos los actuales para leerlos de vez en cuando e intentar protegernos de la que se nos avecina.

La hegemonía del discurso liberal en las políticas socioeconómicas

Durante las últimas semanas estamos asistiendo a un bombardeo continuo de declaraciones por parte de los partidos que representan el liberalismo económico, en las que se enuncian las medidas fiscales que van a tomar en el caso que logren gobernar. El hecho que nos encontremos en una precampaña, de facto, para las elecciones municipales y autonómicas, también está sirviendo para que hablen sobre medidas de gobierno que competen al Gobierno Central.

En el Estado español en estos momentos el discurso liberal en materia económica está representado por el bloque que forman PP, Ciudadanos y VOX, porque en materia económica no hay grandes diferencias entre las tres formaciones, pero me atrevería a decir que en las políticas fiscales también son muy similares, estando inmersos en una carrera por ver cuál de los tres partidos realiza las propuestas más liberales en esta materia.

La ofensiva de estas formaciones es la rebaja y, en algunos casos, supresión de impuestos directos. Algunas de sus propuestas oscilan entre una rebaja en IRPF y Sociedades y la supresión del impuesto sobre patrimonio y de sucesiones. Ni que decir tiene que no se plantean rebajar el coste de las innumerables tasas existentes sobre todo en las CCAA y en los municipios, que son las que afectan de forma directa a la ciudadanía.

Esta ofensiva no siendo nueva, pues ya la han realizado en otros momentos, en este caso se me antoja mucho más preocupante por diversos motivos de sobra conocidos.

Desde un enfoque puramente técnico-fiscal a estos planteamientos, hay que plantearles muchas objeciones por las que pueden ser refutados. Cuando todavía las administraciones públicas no han recuperado, en algunos impuestos, los niveles de ingresos anteriores a la crisis ya están planteando nuevas rebajas fiscales.  Si bien las previsiones eran que casi se recuperara el nivel de recaudación en el ejercicio de 2017, hay un dato importante: la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en 2017 se situaría en el cincuenta por ciento de la recaudación de 2007, año anterior al inicio de la crisis.

Están focalizando la rebaja en el impuesto sobre sociedades cuando en realidad las grandes empresas en el mejor de los casos no llegan ni al diez por ciento en su tipo efectivo[1] (el tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades es del veinticinco por ciento). Ello se debe a la cascada de deducciones a las que se pueden acoger y a la ingeniería fiscal que aplican las grandes empresas al no tributar todos los beneficios obtenidos en el Estado español.

En la rebaja que pretenden aplicar en el IRPF, sin duda alguna, el segmento más beneficiado es el de las rentas medias-altas, pues tiene como objetivo reducir los tramos de tributación y rebajar el tipo en las rentas más altas.

Todas estas medidas no sólo son obstáculo para la recuperación de los ingresos públicos con los que poder hacer frente al gasto social, inversión pública que genere empleo de calidad, sino, lo que es más grave: se va ensanchando la grieta en lo que respecta al aumento de las desigualdades sociales.

Pero, siendo importante lo que he expuesto hasta ahora, lo más preocupante es sin duda alguna el triunfo de la hegemonía ideológica liberal que se está dando no solo en el Estado español sino en toda Europa y que está llevando a dilapidar el Estado del bienestar del que hemos disfrutado en la Europa Occidental además de hacer retroceder muchas décadas en lo que respecta a la consecución de derechos y libertades en el ámbito socioeconómico.

Para analizar esta deriva es necesario remontarse a los precursores de estas políticas liberales: Reagan y Thatcher. En los años 80 del siglo XX, ellos pusieron en marcha medidas con el objetivo de la reducción radical del Estado. Esto se reflejó en la minoración de los ingresos públicos y en el adelgazamiento del gasto público, excepto en defensa y orden público –política de fortalecimiento del Estado como instrumento coactivo- lo que va abocar a los recortes en todo lo relativo al Estado del bienestar. A esto hay que sumar por un lado la caída de la URSS y de los países representantes de la economía estatalizada lo que conllevó la desaparición de un enemigo estratégico para la ideología liberal. Ante esta situación la socialdemocracia no sólo no ha sabido dar una respuesta a todos estos cambios sino que ha terminado siendo asimilada por las teorías liberales, como se refleja en la Tercera Vía auspiciada por el Partido Laborista británico de la mano de Tony Blair y que posteriormente se propagaron por toda Europa Occidental.

Es necesario recordar que en la década de los 80 las políticas liberales fueron aplicadas de forma generalizada en Latinoamérica, lo que generó un empobrecimiento de la población, dando lugar al crecimiento de las diferencias sociales de forma exponencial. Estas líneas de actuación  son las que estamos viviendo en la Europa Occidental desde finales de los 90 y han ido in crescendo hasta nuestros días.

En la Europa Occidental, en lo referente a las políticas económicas, las diferencias entre los partidos denominados socialdemócratas y los que representan las teorías liberales y reaccionarias son de matiz. En caso del Estado español durante los gobiernos de Felipe González ya se dieron los primeros pasos para la aplicación de reformas que podían haber sido firmadas por la derecha, y esta línea fue seguida por los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Reformas fiscales en las que se beneficiaba a las rentas más altas y a las grandes empresas pactadas con la derecha catalana (CiU) y vasca (PNV), aprobación de la ley de empresas de trabajo temporal, reformas laborales, etc. La integración del Estado español en la CEE con el PSOE trae consigo la destrucción del tejido industrial, sobre todo dentro de la esfera del sector público, para convertirlo en un país de servicios, siendo el precursor de la cultura del pelotazo. Han avanzado hacia la desaparición del modelo productivo existente en favor de sectores íntimamente unidos a la especulación: sector de la construcción y sector financiero, fomentando la precariedad en el empleo. Y como colofón, las élites políticas del Estado español (PP-PSOE) haciendo una dejación de la soberanía popular, modifican la Constitución para anteponer los intereses de la oligarquía y de los poderes financieros europeos a los de la ciudadanía. Algo similar se ha vivido en toda Europa con las peculiaridades de cada Estado.

Uno de los objetivos de las élites políticas ha sido desclasar a la sociedad, para que pierda el nexo de unión con otras personas de su misma clase y así fortalecer la cultura del individualismo, base de la ideología liberal, en detrimento de la concepción colectiva de la sociedad. Hoy en día, cuando a alguien que percibe un salario se le dice que es clase trabajadora huye del término y buscan otra denominación para evitar definirse de esa forma, sobre todo prefieren definirse como “clase media” aun siendo asalariados. No dejan de ser eufemismos que ocultan la realidad. El filósofo Slavoj Žižek tiene un término que entiendo que puede ser válido: “burguesía asalariada”, pues no hay que olvidar que una persona que vive de un salario por sí misma no tiene independencia económica, lo que en términos socioeconómicos le hace ser una persona vulnerable.

 A lo anteriormente expuesto hay que añadirle el interés existente de los poderes económicos y políticos porque la población pierda el interés por la política. Todo ello lleva a esa hegemonía que tiene el discurso liberal en la sociedad actual.

Las diferencias entre las élites políticas son de matices porque, en lo que respecta a su contenido, las diferencias han desaparecido. La población lo percibe en gran medida, lo que en muchos casos llevan a sectores de la población a conclusiones como “qué más da votar a unos y a otros si van a hacer lo mismo” o a pensar “entre el original (la derecha) y la copia (la socialdemocracia) siempre el original”. Es aquí donde se visibiliza la hegemonía del discurso liberal que domina en Europa y que ha conducido a la situación que estamos viviendo en la actualidad, pues el liberalismo ha conseguido que la estructura jurídico-política de los regímenes existentes se sustente en normas de profundo contenido liberal, lo que les da la ventaja que aunque el que gobierne sea el adversario no tenga margen de maniobra para poder hacer otras políticas.

Para romper con esta dinámica, lo primero que se tiene que dar es una transformación en la hegemonía del discurso existente en la sociedad. Es imposible  invertir esta situación si en amplias capas de la población no hay un cambio en la forma de ubicarse dentro de la sociedad. El cambio no se producirá mientras la mayor parte de la población ignore que forma parte de una gran franja en la que están olvidados a la hora de la toma de decisiones que les afectan de forma directa. Además el control de la toma de decisiones está en manos de unas élites minoritarias que aglutinan el poder gracias a esa inacción social. Por tanto, es fundamental que la sociedad dé el paso de convertirse en sujeto político activo e intervenga de forma activa para influir en la toma de decisiones. Si bien es verdad que últimamente ha habido diferentes movimientos políticos, en Europa, que han intentado canalizar el descontento de la población, el balance a fecha de hoy no parece que sea muy alentador.


[1] La Agencia Tributaria ha publicado que el tipo efectivo sobre el resultado contable de las grandes empresas es del 6,14%.